viernes, 27 de noviembre de 2009

La Región de Murcia aboga por una reforma de la PAC en beneficio de la agricultura mediterránea

MURCIA.- El director general para la Política Agraria Común (PAC), Joaquín Maestre, defendió esta semana en Bilbao la necesidad de una reforma de la PAC en beneficio de los estados miembros de la Unión Europea y, en concreto, de la agricultura mediterránea, en el marco del encuentro internacional 'La PAC más allá de 2013. Un debate necesario', organizado por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Maestre, que intervino en la mesa redonda 'El posicionamiento de las comunidades autónomas españolas ante el futuro de la PAC', explicó que la reforma debería cumplir los requisitos de "las cuatro eses: segura, sencilla, sostenible y social".

Así, defendió la conveniencia de una seguridad económica "que vendría dada por la preferencia de los productos comunitarios, la regulación de las relaciones producción-distribución, el control de fraudes en el comercio interestatal y la existencia de una red de seguridad frente a la crisis y la volatilidad de precios".

Durante su intervención, remarcó la importancia de la seguridad alimentaria de los productos importados por Europa "que se destinan a 500 millones de europeos".

Es por ello por lo que consideró que "se debe exigir una garantía de calidad e igualar los requisitos y controles para todos los productos importados", además de proteger las figuras de calidad en los productos.

En cuanto a la seguridad jurídica, el director general defendió una "estabilidad jurídica exenta de continuos cambios", y también el establecimiento de los convenios que permitan la apertura y la estabilidad de mercados en países terceros.

En esta línea, fuentes del Ejecutivo murciano informaron que Maestre abordó la complejidad de la política comunitaria, de la que dijo, "debería existir una legislación clara y coherente, con una disminución de cargas burocráticas tanto para el agricultor como en la gestión administrativa".

Tras lo que resaltó que la PAC debería "reforzar el carácter sostenible del medio ambiente" y, en este sentido, destacó "el papel del agricultor como conservador de zonas rurales, recordando la faceta de la agricultura como sumidero de CO2". Por otra parte, defendió una mayor claridad de las normas de la condicionalidad y unas sanciones proporcionadas.

La importancia social del sector agrario también debería ser un condicionante para la reforma de la PAC, según el representante del Gobierno regional, "ya que es una actividad que crea en Europa 40 millones de empleos y se convierte en un sector estratégico de cara a la necesidad de alimentos".

Dicha reforma podría asegurar, además, "un mejor relevo generacional, al incluir una mayor protección social y laboral, y un apoyo a las zonas con dificultades naturales", afirmó.

En opinión de Maestre, "el principal objetivo de la PAC debe ser conseguir precios justos para la producción agraria que permitan la autonomía de los productores, y evite así la necesidad de una política basada en las subvenciones".

El Gobierno aprueba la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.

La nueva regulación, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea de prevención de estos delitos y los criterio para su aplicación, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.

La nuevas obligaciones y medidas administrativas afectarán a los sujetos de carácter financiero y no financiero más expuestos a este tipo de delitos como las entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros y anticuarios, entre otros.

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos, los sociales, que favorecen indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente "legitimar" el producto del delito, y los económicos, que introducen distorsiones en los movimientos financieros, e indirectamente en los reales, ya que los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.

Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados serán identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Además, deberán abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo, conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre los sectores de especial riesgo, la nueva Ley regulará por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés), con lo que se reforzará el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.

En el terreno de la prevención, la normativa considerará todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal, incorporará nuevos sujetos obligados como por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a 15.000 euros. Todas estas medidas se harán extensibles a la financiación del terrorismo.

Asimismo, la nueva Ley regulará las medidas de diligencia debida con el cliente, y hará distinción entre las simplificadas como la obligación de identificación del titular real de un producto u operación y las reforzadas para sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención entre los 27. Asimismo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS).

La Asamblea de la CAM vuelve a las andadas con las cuotas participativas

ALICANTE.- La Asamblea General de la CAM aprobó hoy la propuesta del consejo de administración de autorización de emisión de cuotas participativas por un plazo de tres años, con amplia delegación en dicho consejo, incluyendo la posibilidad de emitir valores de renta fija, convertibles en cuotas, según indicó hoy en un comunicado la entidad financiera.

Los detalles de la aprobación contemplan volver a disponer de un plazo máximo de tres años para una posibles emisión, por un importe no superior al 17,5% del excedente de libre disposición atribuible a los cuotapartícipes.

La asamblea ya aprobó en noviembre del pasado año la petición del consejo de una autorización para una nueva emisión de cuotas participativas por un plazo de tres años.

En su momento, la caja ya indicó que esta petición se hacía "no con un objetivo" inmediato, sino para que cuando "llegue el momento --adecuado para emitir-- sólo necesite la aprobación del consejo", ya que la autorización de la asamblea tiene un periodo de vigencia de tres años.

Así, con esta nueva aprobación, la caja dispone de nuevo de tres años, a contar a partir de ahora.

El Gobierno Zapatero dió hoy luz verde a la variante ferroviaria de Camarillas

MADRID.- El Consejo de Ministros dio hoy luz verde a las obras de la variante de Camarillas, en el tramo Minateda-Cieza de la línea Chinchilla-Cartagena, de la red ferroviaria convencional por un importe de 26,25 millones.

La construcción de esta variante permitirá acortar la longitud del citado tramo ferroviario a casi la mitad (hasta 27,48 kilómetros desde los 44,25 kilómetros actuales), lo que redundará en una reducción del tiempo de viaje de quince minutos.

Esta actuación se enmarca en los trabajos que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento para mejorar el equipamiento y las prestaciones en la línea Chinchilla-Cartagena. El eje del que forma parte el proyecto se incluye dentro de la planificación para el desarrollo de la red de Altas Prestaciones para tráfico mixto definida en el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte (PEIT) 2005-2020.

Una vez ejecutadas las obras de plataforma, esta actuación tiene por objeto la definición exacta del montaje de vía, renovación y elementos auxiliares de superestructura entre las estaciones de Agramón y Cieza (ambas incluidas), considerando la nueva variante de Camarillas.

El proyecto incluye la supresión del paso a nivel 366/051, ubicado en las inmediaciones de la estación de Agramón, mediante un camino que enlaza con el paso superior existente ubicado en el punto kilométrico 366/667.

La longitud total de la actuación es de 27 kilómetros de vía única general sin electrificar (9,7 de renovación y 18,3 de vía nueva). Debido a que la nueva variante da lugar a un tramo de 27 kilómetros sin paradas intermedias, se proyecta un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes que divide el tramo en dos cantones de 10 y 16 kilómetros respectivamente.

La solución adoptada supone el montaje y renovación de la vía general de ancho ibérico con carril UIC-60, traviesa polivalente PR-01 y balasto silíceo tipo 1. El tramo del túnel se monta con vía en placa tipo RHEDA 2000 polivalente.

Para la renovación de las estaciones, la vía general se montará con carril UIC-60, mientras que las vías de apartado se montarán con carril UIC-54. El resto de materiales en estaciones serán traviesas polivalentes PR-01 y balasto silíceo tipo 1.

Se sustituyen los aparatos de desvío existentes en las estaciones y el trazado en las mismas se optimiza para poder instalar estos aparatos de vía y conseguir mayores longitudes de apartado.

La CAM se siente "totalmente independiente" para decidir sobre posibles fusiones e incluso de continuar "sola"

ALICANTE.- El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, afirmó hoy que la entidad se siente "totalmente independiente" a la hora de decidir sobre posibles fusiones e incluso de "valorar como una posibilidad importante el continuar solos en este proceso", aunque, según dijo, "al final" se valorará "entre todos" y se optará "por la mejor decisión para CAM".

Crespo y el director general de la caja, Roberto López Abad, atendieron a los medios tras la reunión del consejo de administración y de la asamblea general, acto en el que el presidente, preguntado por si la entidad se siente libre a la hora de tomar decisiones sobre posibles fusiones, aseveró que "por supuesto" que CAM se siente "totalmente independiente" sobre su futuro.

Además, indicó que, en caso de fusionarse, "trasladaría su cultura e ideal de caja también en ese futuro proceso que tengamos, sea con quien sea".

Respecto a una posible fusión con Bancaja, reiteró que es "una posibilidad más de las muchas que existen", ya que el "mercado está abierto a muchísimas posibilidades" y comentó que está "hablando con unos, con otros, porque hasta la propia cortesía obliga".

"La opción de Valencia sería una opción más a valorar y a estudiar, de las muchas que hay", y "tiene sus ventajas y sus grandes inconvenientes".

López Abad apuntó, en este sentido, que las "preguntas de los consejeros, todos representantes del personal, han ido dirigidas a expresar su preocupación ante un proceso de integración sobre si tendría costes de empleo".

Subrayó que "no hay planteado ningún proceso de integración hoy", aunque "sí es posible que se dé en un futuro", puesto que, según dijo, "todo el sector se está reestructurando" y la caja, "como una parte importante, líderes del sector, está estudiando alternativas y ya veremos si cuajan o no", dijo.

En relación con los costes laborales, consideró que "no hay costes significativos de empleo en los operaciones que ha hecho el sistema financiero español hasta hoy y no es previsible que los haya en el futuro en este contexto".

Preguntado por si esa afirmación descartaría la fusión con Bancaja por su coincidencia geográfica, indicó que "depende del tipo de operaciones que se busquen".

"A lo mejor optas por operaciones que tengan un coste menor en integración, porque las cosas en esta vida no son neutras, todas tienen algunas ventajas e inconvenientes", comentó.

No obstante, apuntó que "las integraciones suelen hacerse por la vía de prejubilación", de modo que "hay que valorar y arbitrar" porque esto "tiene un coste y hay que ver si eres capaz de asumirlo o no".

Por otro lado, respecto a si se produjo en la sesión de hoy alguna pregunta por las supuestas declaraciones del conseller Gerardo Camps sobre los resultados de la CAM de 2010, Crespo reconoció que "ha podido haber alguna valoración", pero opinó que la "valoración más positiva es el presupuesto que se ha aprobado para el año que viene, con unos beneficios estimados del orden de 200 millones de euros".

López Abad precisó que están presupuestando "un cierre en el entorno de los 200 millones que repetiríamos al año que viene".

Según resaltó, "2009 va a ser un año para CAM absolutamente excepcional" porque "el margen operativo de la cuenta de resultados más que se duplica en relación con el año anterior y, no obstante, lo que hemos hecho es dotar provisiones para un año que nos parece complicado para la economía española, que es 2010".

Durante la asamblea y el consejo, la dirección expuso que "las integraciones tienen sentido, en el contexto de crisis actual, para conseguir las ayudas que se precisan a nivel del conjunto del sistema financiero español, con el objetivo de afrontar con garantías los retos inmediatos a los que se debe hacer frente".

Además, agregó que "también se tendrá que hacer frente a la remodelación del sector porque muchas entidades se están planteando operaciones de integración para conseguir ayudas, y aquel que no lo haga se puede ver descolgado y en desventaja competitiva".

En esta situación, la CAM considera que "puede hacer frente sola a este contexto sin tener que recurrir imperiosamente a un proceso de integración" y, de hecho, "en esta línea se encuadran los presupuestos elaborados para 2010".

En cuanto a los criterios que la caja consideraría necesarios para seleccionar alternativas ante un "hipotético proceso de integración", citó que la resultante "sea viable en términos económicos, suficientemente solvente, capaz de generar recursos recurrentes en el medio plazo, estar mejor diversificada en los riesgos, con incremento de tamaño, y en resumen, con aspiración y capacidad para ser uno de los líderes del sector".

Asimismo, también apunta a que esa entidad "mantenga el liderazgo que se caracteriza en aspectos sociales", sea "capaz de generar un nivel elevado de confianza y responder a las expectativas que la sociedad --gobiernos regionales, representantes laborales, asociaciones empresariales y colectivos sociales--, tiene depositadas", además de "tener garantizada vinculación con los territorios de origen", Comunitat y Murcia, para "mantener un nivel importante de empleo cualificado, relación con sus clientes y proveedores y desarrollo de actuaciones en materia de Obra Social".

Por otro lado, el consejo decidió elevar a la Asamblea General los presupuestos de la Obra Social para 2010, que están "en consonancia con la evolución experimentada por los beneficios de la entidad a lo largo de 2009, por lo que la propuesta de presupuestos para 2010 se ve marcada por una fuerte contención del gasto, al objeto de poder desarrollar actividades con criterios de máxima calidad".

El consejo aprobó también la designación de Román Bono y Vicente Sala como presidentes honorarios de la caja y, a propuesta del presidente, acordó por unanimidad solicitar a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que proponga la entrega de la Medalla al Mérito en el Ahorro a Vicente Sala Belló, presidente de CAM desde febrero de 1998 hasta junio de 2009, por "su papel destacado en defensa de los intereses de Caja Mediterráneo".

La patronal valenciana afirma que la caja resultante de la fusión Bancaja-CAM sería "más eficiente" y "con mucha más capacidad"

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José Vicente González, manifestó hoy que la entidad resultante de una hipotética fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) sería "mucho más eficiente" y "con mucha más capacidad" que cualquiera de ellas, tras "haber reestructurado y haber racionalizado" sus plantillas por la "duplicidad tremenda de oficinas" que presentan.

González se pronunció así al ser preguntado por la posibilidad que Bancaja y CAM participen en procesos de fusión, acto en el que recalcó que "en circunstancias normales, ninguna de las dos cajas necesita fusionarse con nadie" y apuntó que, si esas circunstancias cambiaran, deberían estudiar fusiones con cajas de menor peso que aporten un importante volumen de negocio.

"Y si todas esas cosas no se dan, hay que empezar a pensar en la fusión regional, que tiene ventajas e inconvenientes".

Así, precisó que "la gran ventaja" de la fusión entre Bancaja y CAM sería "tener una caja muy potente" en la Comunitat Valenciana, "con centro de decisión aquí".

En cuanto a los efectos negativos que conllevaría la operación, apuntó que "el inconveniente seguramente mayor es que hay una parte que tiene serias reticencias", al que se une la "duplicidad tremenda de oficinas" existente, que obligaría a "racionalizar, y eso conlleva necesariamente una reducción del empleo".

Al respecto, puntualizó que "ese inconveniente tiene también una ventaja", ya que "en estos momentos hay ayudas en el FROB para hacer esas reestructuraciones y si eso se hace, y se hace bien, después de haber reestructurado y haber racionalizado, la caja que quedará como conjunto" de la fusión, será "mucho más eficiente y con mucha más capacidad, porque ambas se habrían quitado la grasa de encima".

Preguntado por si esa operación implicaría acumular demasiados productos inmobiliarios, indicó que "en la Comunitat Valenciana, ese inmobiliario ya está acumulado, lo único que haría sería ponerlo con un nombre solo, pero eso ya está", sentenció.

González reiteró que "en circunstancias normales, ninguna de las dos cajas necesita fusionarse con nadie" porque "superan ampliamente" la recomendación del Banco de España de poseer "como mínimo 50.000 millones de euros como activos", aunque matizó que "esas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, con alguna directiva del Banco de España, por ejemplo, en cuyo caso a lo mejor una fusión se hace inevitable", agregó.

Así, remarcó que, en caso de estudiar fusiones, no se debería mirar "hacia las cajas que están por encima de las cajas valencianas en el ranking de cajas", en el que Bancaja figura en el tercer puesto y CAM en el cuarto, sino "de ahí hacia abajo", dado que "hacia arriba no seria una fusión, seria una absorción, y nosotros queremos que los centros de decisión se queden en la Comunitat Valenciana", subrayó.

El presidente de la CEV alertó, no obstante, de que las "fusiones interregionales con cajas muy pequeñitas realmente no iban a resolver ningún problema", dado que únicamente permitirían "añadir un 5 o un 10 por ciento al negocio", mientras que en las fusiones con cajas que "podrían añadir mucho más, también hay que pensar si se dejan, porque una cosa es lo deseable y otra cosa es que quieran".

Llamazares cree contradictorio que el PP quiera luchar contra la corrupción y "pida la impunidad de corruptos"

VALENCIA.- El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, afirmó hoy que sería "contradictorio" que el PP "dijese que lucha contra la corrupción y propusiese medidas para ello y, al mismo tiempo, pidiese la impunidad de los corruptos", como ocurre, dijo, al "cuestionar" el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), que calificó como un "instrumento esencial de lucha contra las redes ilegales" que "debe fortalecerse y consolidarse".

Por ello, consideró que el PP "no está luchando contra la corrupción, sino buscando la impunidad de los corruptos".

Llamazares se pronunció así hoy, en una rueda de prensa en Valencia, en la que explicó las 30 medidas que plantea su grupo en el Congreso de los Diputados para luchar contra la corrupción, que, según dijo, procede de un "modelo económico especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto" y que "debe pasar a un modelo económico sostenible y social".

Para ello, propuso medidas contra la economía sumergida, que en España "supone el 20 por ciento"; de regeneración fiscal y de lucha contra la corrupción política. En este último aspecto, concretó que se debe modificar la Ley de contratos de la Administración Pública para evitar el fraccionamiento de los contratos; modificar la Ley electoral, puesto que "las enormes campañas que endeudan a los partidos son parte de la economía corrupta" y modificar el Código Penal, con el fin de endurecer las penas relativas a la corrupción política y económica, como el cohecho.

A su juicio, la "regeneración política en España tiene que pasar por medidas de transparencia y control de la financiación de partidos y la Ley de contratos públicos", entre otras cuestiones. Asimismo, instó a "dejar de utilizar la corrupción como instrumento de confrontación política y a adoptar medidas para luchar contra el origen de la misma" que es, dijo, la "economía especulativa".

Preguntado sobre la Ley de Economía Sostenible que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, manifestó que el Gobierno la ha "guardado como oro en paño" y los grupos parlamentarios "no saben nada", por lo que comentó que la espera con "expectación" porque cree que será "el inicio de un cambio del modelo de desarrollo", pero, al mismo tiempo, con "escepticismo y preocupación".

En esta línea, señaló que la crisis "está sobrepasando al Gobierno", que "da palos de ciego" y las medidas adoptadas hasta ahora en materia medioambiental no están dirigidas a un modelo de economía sostenible y resaltó que, además, el Ejecutivo "ha profundizado en una política fiscal regresiva".

Igualmente, se mostró "preocupado" por que en el caso de que dicha ley implique una reforma laboral, suponga un "recorte" en los derechos de los trabajadores. Por ello, pidió al Gobierno que "plantee un esfuerzo compartido" en el que "los que más tienen den más y los trabajadores no se vean perjudicados".

Por su parte, EUPV ha presentado en las Corts una Proposición No de Ley con 13 medidas contra la corrupción que Marga Sanz espera que se pueda debatir en un pleno del próximo periodo de sesiones, puesto que el modelo de crecimiento económico de la Comunitat Valenciana "ha sido --dijo-- paradigma del modelo corrupto, que compra volutandes".

Así, la iniciativa se estructura en cuatro bloques, el primero de los cuales se dirige a medidas para aplicar en la Administración autonómica y contempla la dotación de medios a la Fiscalía; la ampliación a 30 años de la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público a los condenados; limitación de regalos e invitaciones o exclusión de la contratación pública de empresas colaboradoras con operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes, entre otras.

En segundo lugar, se establecen medidas para el control de las contrataciones públicas, como el establecimiento de comisiones de control en las administraciones públicas y la creación de una Comisión parlamentaria especial en las Corts para el seguimiento de estas actuaciones.

Además, recoge una serie de reformas legislativas como la incorporación en "todo el ordenamiento legal" de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la modificación "urgente" de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en especial la supresión del agente urbanizados, porque, para Sanz, ha sido el "elemento clave para introducir la corrupción" en la autonomía.

El último bloque se dirige a aumentar la transparencia de la gestión pública y solicita una regulación de salarios de los cargos públicos para que no sean "escandalosos", la creación de un registro en el que consten las fuentes de ingresos profesionales y patrimoniales de los cargos de la Generalitat y otro sobre las recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas, con el fin de que los beneficios obtenidos de las mismas "reviertan en la sociedad".

También incluye la redacción de un 'Código ético del cargo público' que respalde la "obligación de denunciar ante la Fiscalía cualquier actuación que pueda considerarse ilícita", fomentar la participación ciudadana en la vida pública y trabajar para hacer "real y vigente el pacto antitransfuguismo en todas sus facetas".

Preguntada sobre si respaldarán la proposición del PP de modificar el Reglamento de las Corts para incluir la obligación de que los diputados hagan pública su declaración de bienes, indicó que lo "estudiarán" porque, según lamentó, pese a las medidas anunciadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, los dirigentes del PP en la Comunitat "no son capaces de cumplirlas, por ejemplo en materia de contratos, porque los fraccionan todos los días".

Saura pide a Valcárcel “que no sea cómplice del expolio que se puede producir en San Esteban”

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, anunció hoy que va a pedir la comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional “para que dé explicaciones sobre lo que está pasando con los restos arqueológicos hallados en el Jardín de San Esteban”, y además para pedirle directamente “que proteja nuestro patrimonio histórico, porque es una gran palanca para nuestra cultura y también para nuestra economía y nuestro futuro”.

“De lo contrario, va a ser cómplice del expolio que se puede producir con los restos de San Esteban”, añadió.

Saura declaró que “como murciano, no quiero que eso termine como muchos otros hallazgos arqueológicos de la Región de Murcia”.

“Le voy a pedir a Valcárcel en esa comparecencia que lidere la declaración de esos restos como bien de interés cultural (BIC). La Comunidad Autónoma tiene responsabilidad. No es algo de algo que pertenece sólo a los ciudadanos de Murcia, sino que compete y es de interés de toda la Región”, afirmó Saura.

Para Saura es importante la protección de los hallazgos arqueológicos de San Esteban porque “hablamos de restos que nos permiten reconocer perfectamente las características de nuestro pasado medieval. Lo que hay ahí es un rastro de vida urbana medieval muy notable, una parte importante de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y cultural”.

En ese sentido, Saura valoró los distintos movimientos ciudadanos que se están produciendo para defender la conservación de los citados hallazgos.

Cultura desmiente que se estén desmontando los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- La Consejería de Cultura desmintió hoy que los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban hayan comenzado a desmontarse ya que "el proceso de desmontaje para poder continuar la excavación y para poder, además, proteger el edificio de San Esteban -protegido en tanto que Bien de Interés Cultural- sólo se hará cuando se presente el proyecto pertinente y nuestros técnicos puedan evaluar que ese proyecto de adecua a todos los requerimientos técnicos necesarios para asegurar la perfecta conservación de los restos arqueológicos hallados", explicó el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Enrique Ujaldón.

Los directores de la excavación han enviado un informe a la Dirección General en el que indican que "no ha dado comienzo el desmontaje y traslado de los elementos o estructuras arqueológicas que conforman el yacimiento de San Esteban", así como que "los elementos o materiales que hasta la fecha se han guardado corresponden exclusivamente a ladrillos, fragmentos de ladrillo y mampuestos extraídos con metodología arqueológico durante el proceso normal de excavación".

Estos restos, continúa el informe, "no forman parte de las estructuras arquitectónicas documentadas que, hasta la fecha, se conservan in situ", señalaron fuentes del gobierno regional en una nota de prensa.

Además, los responsables de la excavación explicaron que, aunque cabría dentro de los procedimientos habituales de los trabajos, ningún material del yacimiento ha salido del mismo a día de hoy.

El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales aclaró al respecto que "se ha ordenado conservar estos elementos porque podían ser útiles para el proceso de restauración posterior". Por ello, estos materiales "fueron recopilados en su momento y están siendo almacenados para que sean conservados convenientemente", explicó.

Así, el objeto de guardar estos materiales es su posible uso posterior en el proceso de restauración de las estructuras de época islámica. Se trata en todos los casos de material constructivo -ladrillos, piedra, losas- amortizado en los niveles de relleno arqueológico y que no han llegado a nosotros en su posición arquitectónica.

Además, con anterioridad se extrajeron y almacenaron elementos estructurales correspondientes a las fases del siglo XVI en adelante para poder proseguir la excavación y llegar al nivel del XIII.

El yacimiento cuenta con las medidas de seguridad que, tanto de día como de noche, garantizan la protección de los restos en todo momento. En todos los casos, los trabajos en el yacimiento de San Esteban se están llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos habituales de cualquier excavación arqueológica.

Sobre este asunto, la portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, pidió hoy que "dejen de hacer demagogia" con este tema e insistió en que se están "siguiendo los informes técnicos".

"No se está desmantelando nada en absoluto. Se está haciendo todo lo que sugieren los técnicos", y ha pedido que se deje de hacer "demagogia" con este asunto porque el Gobierno regional ya ha afirmado que las ruinas se mantendrán, pero ahora son los profesionales los que tienen que decidir de qué modo.

Sospechas de la plataforma

Miembros de la plataforma contra el aparcamiento de San Esteban presentaron anoche una denuncia ante la Guardia Civil porque, según afirmaban, podrían estar desmontándose los restos arqueológicos encontrados en las obras de ese recinto.

Por su parte, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, pedirá la dimisión del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, "si se desmontan, como parece que se empezó a hacer ayer con nocturnidad y alevosía", los restos arqueológicos hallados en las obras del aparcamiento de San Esteban.

En rueda de prensa, ha calificado de "barbaridad" lo que se pretende hacer con esos restos, pues "quienes avalan técnicamente este disparate son los mismos que hicieron la monstruosidad del parador de Lorca con informes contrarios del ministerio de Cultura".

También el secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha pedido al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que promueva la declaración como bien de interés cultural de esos restos para que no sea "cómplice del expolio que se puede producir" con ellos.

Española de Zinc regresa a la Bolsa con una subida del 4,9%

MADRID.- Española del Zinc regresó este viernes parqué con una fuerte subida del 4,9%, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantase la suspensión dictada sobre la compañía al concurrir circunstacias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dicho valor.

La compañía regresó al parqué a las 10.10 horas, tras un periodo de ajuste de diez y minutos, con un precio por acción de 1,39 euros, frente a los 1,32 euros a los que cerró el jueves, lo que supone una subida de casi el 5%.

La suspensión afectó a los títulos y otros valores de la compañía que pueden dar derecho a su suscripción o adquisición en las bolsas de valores y en el sistema de Interconexión Bursátil. La sociedad envió un hecho relevante a la CNMV sobre el acuerdo para recuperar unos terrenos que vendió a la inmobiliaria Quorum Capital.