viernes, 11 de diciembre de 2009

El tráfico de mercancías en los puertos españoles cae un 15% hasta octubre

MADRID.- El tráfico de mercancías en los puertos españoles cayó un 14,9% en los diez primeros meses del año en comparación con igual periodo de 2008, hasta situarse en 341,43 millones de toneladas, como consecuencia de la crisis económica, según datos de Puertos del Estado.

En la evolución mensual, el tránsito de mercancías por los puertos muestra no obstante una subida del 4,24% frente al mes de septiembre, si bien la comparación con octubre de 2008 aún arroja un descenso del 9,35%.

Estas tasas están en la línea de "atenuación" que los descensos del volumen de mercancías portuarias registran en los últimos meses, desde las caídas de más del 20% de comienzos de año, según indican en fuentes de Puertos del Estado, que prevé que a cierre de ejercicio la reducción de tráfico de mercancías se sitúe en el entorno medio del 12%.

Por tipo de mercancía, y por lo que al acumulado a cierre de octubre se refiere, todos contabilizaron descensos, salvo el tránsito de pesca fresca, que creció un 12,5%, hasta 203.768 toneladas.

Del lado de las caídas, destaca la del 26,9% registrada por el tránsito de graneles sólidos, la del 19,59% de la mercancía general convencional y la del 14,4% de las cargas transportadas en contenedores.

Todos los puertos registraron descensos en el volumen de mercancías gestionadas entre enero y octubre, entre los que sobresalen los de Gijón, con una caída del 33,6%; Pasajes (-32%), Almería (-28,9%) y Vigo (-25,1%).

No obstante, grandes puertos como los de Valencia, Algeciras, Bilbao y Barcelona resistieron mejor a los descensos, ya que en los nueve primeros meses se anotaron descensos de tránsito de mercancías del 5,53%, 7,9%, 18,6% y el 20,16%, respectivamente.

El PSRM propone que el aval del Aeropuerto regional sirva para garantizar su construcción, puesta en marcha y explotación

CARTAGENA.- La diputada socialista Teresa Rosique explicó que ante la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la ley de Presupuestos regionales para 2010, en la que propone la concesión de un aval de 200 millones de euros para la construcción de esta infraestructura, el PSOE va a presentar el próximo lunes una enmienda alternativa.

Rosique manifestó que el primer objetivo de la enmienda consiste en garantizar, además de la construcción del aeropuerto, su puesta en marcha y explotación, tal y como se recoge en el contrato firmado por la concesionaria en julio de 2007. De la enmienda del PP se desprende que sólo se está garantizando la construcción del aeropuerto.

Desde el PSOE "no queremos que la Comunidad Autónoma se pudiera encontrar en un futuro con un escenario en el que tuviera que asumir una infraestructura aeroportuaria sin tener garantizado quién lo va a gestionar".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido un nuevo punto a la enmienda del PP en el que se establece que la finalidad de este aval sea garantizar la construcción, puesta en marcha y explotación del aeropuerto. Compromiso que el concesionario, en esta ocasión prestatario, está obligado a cumplir por la firma del contrato y ahora por la concesión de dicho aval.

El segundo objetivo es preservar los recursos públicos. Para ello Rosique considera necesario que la cuantía del préstamo y, por tanto, del aval se cuantifique de manera pormenorizada, fijando todas las actuaciones recogidas en el contrato y pendientes de realizar, para poder establecer la cuantía necesaria del aval.

Rosique explicó que el Partido Popular en su enmienda deja la puerta abierta a que el aval llegue hasta los 200 millones de euros. Esta cuantía no se ha justificado y, además, no coincide ni siquiera con lo que públicamente la empresa había dicho en base a que necesitaba 160 millones de euros de financiación.

"Es fundamental establecer que el coste máximo del aval no exceda de lo que realmente se necesita, por razones obvias, pero además porque todo el dinero que la Comunidad Autónoma dedique al aval del aeropuerto se resta del disponible para el resto de empresas de la Región, ya que para los Presupuestos del próximo año, la Administración regional dispondrá de 300 millones de euros para este fin", precisó.

El tercer objetivo es cumplir la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. El PP en su enmienda suprime "el beneficio de excusión establecido en el artículo 1.830 del Código Civil, al que la Administración pública sólo puede renunciar según el texto refundido de la Ley de Hacienda regional en el caso de que los avales fuesen para organismos públicos o entidades locales".

Para Teresa Rosique, eliminar el beneficio de excusión supone que en caso de impago del préstamo, las entidades financieras no recurrirían al concesionario o prestatario sino que acudirían directamente a exigir el pago a la Comunidad Autónoma.

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista no aceptamos la supresión del beneficio de excusión planteado por el PP y, en base al interés general de la Hacienda regional, queremos que dicho beneficio de excusión no se elimine y se garantice", concluyó el comunicado.

El PSOE de Murcia exige la protección del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia exigió hoy la protección con carácter de urgencia del yacimiento de San Esteban y que se inicie de inmediato el expediente para declarar el yacimiento Bien de Interés Cultural, según informaron fuentes socialistas en un comunicado de prensa.

En este sentido, el edil del PSOE José Manuel Abellán esperó que la resolución del contrato no se convierta en un inconveniente para proteger y conservar el yacimiento y recordó que el solar de San Esteban pasó a manos del Ayuntamiento con la finalidad de construir el aparcamiento.

Ahora, apuntó, la titularidad queda en el aire porque se ha incumplido la condición establecida para la cesión, por lo que lo más razonable es que éste pasara de nuevo a la Comunidad Autónoma o se firmara otro acuerdo de cesión.

Abellán esperó que mientras se soluciona lo de la titularidad "ni el Ayuntamiento ni el Gobierno regional abandonen la protección de los hallazgos y actúen al unísono en su defensa y puesta en valor".

Por otra parte, las asociaciones Pro-Patrimonio piden que continúen los trabajos de estudio arqueológico del yacimiento para su consolidación y futura musealización.

La paralización determinada por el juzgado solo afecta a las obras de “extracción, almacenamiento y reubicación” de los restos arqueológicos que fueron acordadas el pasado 30 de noviembre por una resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, por lo tanto esta paralización cautelar no afecta a la continuidad de los trabajos en el yacimiento referidos a su estudio, consolidación y protección de los restos hallados.

Las asociaciones declaran que el yacimiento arqueológico de San Esteban no puede ser abandonado a su suerte para seguir el desdichado camino de deterioro que ya hemos visto recorrer a muchos de los monumentos y yacimientos que forman parte del patrimonio histórico de la Región de Murcia. Es necesaria y obligada la adopción de medidas urgentes de protección del yacimiento.

El yacimiento debe ser tratado como un ente vivo y deben protegerse las débiles y valiosas estructuras que contiene de las inclemencias climatológicas, ya que las lluvias pueden afectar gravemente mermando e incluso destruyendo elementos importantes del yacimiento.

Desde HUERMUR se apremia a que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales incoe expediente para la declaración de bien de interés cultural del yacimiento solicitada desde el 28 de noviembre.

Además, las entidades solicitan la creación de una Comisión que estudie la forma más adecuada de musealizar el yacimiento. Y que el proceso sea abierto a la participación pública, con total transparencia, y siguiendo las leyes y recomendaciones internacionales en materia de gestión y conservación del patrimonio arqueológico.

La CROEM vuelve a arremeter contra Zapatero antes de reconocer errores propios

MURCIA.- La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) celebró hoy una Asamblea General Extraordinaria para dar a conocer la "insostenible" situación en que se ha colocado al sector empresarial y "ante la falta de una política económica decidida e integral" que impulse la recuperación económica.

La patronal murciana defiende que las empresas de la Región luchan "por la supervivencia del tejido productivo" y "por mantener el empleo", pero, advirtió, "la vulnerabilidad de las empresas" en la crisis se hace patente "en las dificultades de acceso a la financiación", tanto para proyectos de inversión como para capital circulante.

Consideró "incomprensible" el "brusco cambio" experimentado por las entidades financieras que "han pasado de estimular actividades, a dejarlas ahora a mitad de camino", al tiempo que advirtió que mientras no se normalice el sistema financiero no se va a iniciar la recuperación de "manera continuada y sin recaídas imprevistas".

En este marco, urgió al Gobierno central a que "afronte y resuelva el problema", pero también le reclamó que "controle los recursos" que ha aplicado al sistema pero que "no han llegado a las empresas con la eficacia anunciada", lo que ha convertido "los problemas de liquidez en problemas de solvencia".

De igual forma, la patronal murciana se quejó de "la excesiva morosidad" de las Administraciones Públicas a la hora de pagar a sus proveedores, lo que ocasiona "graves problemas de supervivencia" y receló de que se pueda hacer efectiva la reducción del plazo de 30 días para pagar a proveedores propuesta en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Además propuso reducir los costes empresariales e igualar las condiciones tributarias de las empresas españolas con la de sus competidores y abogó por una reforma del mercado laboral, no para "tener despido libre", sino "flexiseguridad interna de la empresa" y evitar el absentismo, "uno de los males mayores de la empresa".

Los empresarios murcianos no se olvidaron de la agricultura, que está "gravemente amenaza" por los costes de producción y el precio final del producto; por la pérdida de competitividad por acuerdos preferenciales de la Unión Europea con terceros países; por el incremento de cotización por Régimen Especial Agrario; por la escasez de agua y el precio aplicado a los caudales disponibles y por su futuro si prospera la pretensión de Castilla-La Mancha reflejada en la reforma de su Estatuto.

Sobre este último punto, el sector empresarial quiso dejar claro que no aceptará un Estatuto de Castilla-La Mancha, ni ninguna otra norma, que conlleve la caducidad del trasvase Tajo-Segura, ni tampoco "elevación de las reservas estratégicas en el río excedentario que lo limite o condicione".

En relación a los otros sectores económicos, Croem pidió que no se siga "demonizando" la Construcción y lamentó que el sector Industrial, por diferentes causas, no pueda tomar el relevo a la Construcción. Por ello, abogó por apostar por el sector Servicios, concretamente por potenciar el turismo, el comercio minorista frente a grandes superficies y el transporte de mercancías.

Por último, solicitó que se fomente la internacionalización de las empresas de la Región, que se reduzcan las cargas administrativas para la creación y desarrollo de empresas, se apliquen criterios de austeridad en el gasto público corriente y la adaptación de la oferta educativa de Formación profesional a las necesidades actuales de las empresas.

Viva la gente / Ángel Montiel

Qué día el pasado miércoles. El Seprona, advertido por la Plataforma en favor de la conservación de los restos arqueológicos de San Esteban, avisaba a la Fiscalía, que a su vez se dirigía al juzgado de guardia para paralizar las obras en la zona, donde parecían producirse movimientos de desmontaje de los restos encontrados, y el juez de turno dictó a favor de esa demanda, estableciendo además que deberían requerirse dictámenes técnicos ajenos a los existentes emitidos por Bellas Artes.

A otra hora, antes o después de este hecho –no me ha sido posible precisar la cronología–, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, grababa para la televisión autonómica, La 7, desde Bonn, donde se encontraba de viaje, unas 'declaraciones bomba', en las que se pronunciaba por primera vez sobre la polémica y se decantaba por la renuncia al parking y por la conservación en su integridad y la puesta en valor de los restos arqueológicos en su actual cota.

Esas declaraciones quedaron 'embargadas' –término con que se significa en el argot periodístico la potestad de una fuente para administrar el momento en que puede difundirse una información dada, imposible de ser transmitida por otra–, de manera que no fueron emitidas ni en los avances de la mañana ni en el informativo de mediodía.

La paradoja es que a eso de las once de la mañana, en el programa Mur-y-Cía, que Miguel Masotti dirige en la radio autonómica, Onda Regional, se emitía una entrevista con el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, en la que éste insistía en la 'solución oficial' sin variante alguna, con el subrayado de que era la primera vez que se pronunciaba al respecto, ya que hasta entonces había actuado de cortafuegos el director de Bellas Artes, Enrique Ujaldón.

Por tanto, la tesis del desmontaje adquiría mayor consistencia, es decir, la Administración no daba su brazo a torcer a pesar de las crecientes movilizaciones.

Por si fuera poco, el consejero empleó en esa intervención algún concepto irritante para valorar la actitud de quienes se venían oponiendo de manera activa al traslado provisional de una parte de los restos: la palabra 'esquizofrenia', aunque en el contexto en que fue pronunciada pudiera entenderse en términos políticos, se interpretó, con toda lógica, además, como un insulto sin precedentes, no ya a un adversario, sino a todo un colectivo cada vez más diverso y heterogéneo, con en el que empezaban a simpatizar ya abiertamente incluso muchos allegados al PP ajenos a su nomenclatura, y de manera todavía velada, como me consta, algunos diputados y altos cargos.

Cuando a mediodía del miércoles empezó a filtrarse en ámbitos muy reducidos que existían unas declaraciones de Valcárcel, retenidas desde San Esteban –tal vez a la espera de que el presidente pudiera advertir sobre ellas al alcalde de Murcia o a su propio consejero– la sensación de pasmo fue espectacular entre quienes tuvimos acceso al dato.

¿Cómo era posible que casi a la misma hora de la mañana el presidente dijera una cosa, aunque no fuera de conocimiento público, y el consejero de Cultura insistiera en mantener la decisión contraria? Más tarde ha sido posible saber que las declaraciones de Cruz a Onda Regional habían sido registradas el miércoles día 2... ¡exactamente una semana antes de su emisión! Lo cual no deja de ser también muy raro, aun sin poner en duda alguna la veracidad del dato.

Y seguimos avanzando por la jornada de anteayer. A media tarde, en La 7, no se había recibido aún indicación para el levantamiento del embargo de las declaraciones de Valcárcel, pero el conocimiento en su entorno mediático de que la noticia había empezado a difundirse facilitó el plácet para que se emitiera en el informativo de las 20.30 y, además, el presidente decidió hacerla extensiva al conjunto de los medios a través de las agencias.

La noticia, que fue recibida con alborozo en todos los ámbitos, por unas u otras razones, dejó sobre la mesa la contradicción política principal, derivada de la sucesión de hitos relacionados con el asunto a lo largo del día. Quedaba claro, a todos los efectos, que el presidente desautorizaba al consejero de Cultura, pues aquél decía por la tarde –y más, a sabiendas ya por muchos de que lo había grabado por la mañana– justo lo contrario que a las mismas horas había expuesto Pedro Alberto Cruz.

La situación se pintaba como en el caso de González Sinde con Zapatero: al poco de que hace unos días la ministra de Cultura defendiera la posibilidad de que el Gobierno pudiera disponer sobre el cierre de web que facilitan el pirateo, el presidente salió a matizar que su Administración no cerraría ninguna página de Internet.

El PP se apresuró entonces a pedir la dimisión de la ministra, por entender que había sido desautorizada. El PSOE murciano, en la encrucijada Valcárcel/Cruz, reprodujo al instante el mismo argumento con idéntica consistencia.

Pero, además, hay otras incertidumbres políticas en el caso: la decisión de Valcárcel, tomada con temporizador, deja descolocado a Miguel Ángel Cámara, justo cuando como alcalde debiera haber estado en primera fila de lo que ahora, por fuerza, todo el PP ha de defender como si nunca hubiera estado en la práctica al otro lado de la trinchera.

El movimiento ciudadano ha dado una lección a la vez que ha aprendido otra. Ésta: como dijo aquel negrito, 'podemos'.

www.laopiniondemurcia.es

Alberto Aguirre de Cárcer, nuevo director del periódico 'La Verdad'

MURCIA.- Alberto Aguirre de Cárcer ha sido nombrado director de 'La Verdad' en sustitución de José María Esteban. Alberto Aguirre de Cárcer, hasta la fecha subdirector de ABC, nació en Madrid hace 48 años, está casado y tiene un hijo. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en ABC en 1987. Una parte importante de su trayectoria profesional ha estado vinculada a la información científica, de salud y nuevas tecnologías.

Con amplia experiencia docente, Alberto Aguirre fue nombrado subdirector de Información de ABC en 2006. Desde septiembre de 2008 ha sido subdirector de Fin de Semana, con responsabilidad, igualmente, sobre los suplementos D7, Empresa, ABCD y Madrid 360. Desde su nombramiento como subdirector en 2006, Alberto Aguirre ha colaborado decisivamente en el proceso de relanzamiento que viene experimentado ABC.

Alberto Aguirre de Cárcer sustituye como director de 'La Verdad' a José María Esteban, quien ha estado al frente del periódico durante más de seis años.

Dentro de los cambios se incluye, como otra de las medidas, la supresión del cargo de director adjunto, que ha venido desempeñando Mariano Caballero durante los últimos trece años.