lunes, 18 de enero de 2010

La presidencia española promoverá medidas en la Unión Europea para garantizar un precio "justo" a los agricultores

BRUSELAS.- La presidencia española promoverá medidas en la UE para mejorar el funcionamiento de la cadena de comercialización de los alimentos y proteger a los agricultores de la especulación en el precio de los productos agrícolas, según anunció hoy la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa.

Espinosa explicó que su objetivo en tanto que presidenta del Consejo de Agricultura de la UE es lograr la "unanimidad" de los Veintisiete para "poner en marcha mecanismos o bien acciones legislativas en el caso que sean necesarias para resolver un problema que afecta a todos los Estados miembros".

"Muchas delegaciones han recalcado la importancia de tomar medidas necesarias para conseguir un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria y, sobre todo, para conseguir una contraprestación justa para cada eslabón de la cadena por el trabajo realizado, haciendo un especial hincapié en aquellos eslabones que son más débiles", dijo Espinosa al término de la primera reunión de ministros de Agricultura de la presidencia española.

Explicó que durante el primer debate entre los Veintisiete detectó "muchos puntos de convergencia", pero admitió que no hubo unanimidad al 100%. Entre las iniciativas que se pusieron sobre la mesa se encuentra la coordinación entre los diferentes observatorios de precios que existen en varios Estados miembros para detectar "dónde puede haber mayores distorsiones en precios en contexto europeo".

Otra de las prioridades de la presidencia española será reforzar el papel de la mujer en el mundo rural. Para ello, Espinosa no descarta proponer iniciativas legislativas, por ejemplo para permitir la discriminación positiva en la concesión de ayudas comunitarias para desarrollo rural. España ya ha introducido este tipo de discriminación en los fondos nacionales para financiar seguros agrarios, pero la normativa comunitaria no lo permite.

Una eurodiputada pide que España dé explicaciones sobre el informe del Parlamento Europeo que denuncia abusos urbanísticos

ESTRASBURGO.- La eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken instó hoy al presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, a exigir al Gobierno español una reacción al informe de la Eurocámara que denuncia abusos urbanísticos en España y las "gravísimas" consecuencias de un modelo de desarrollo "insostenile".

Esta petición, que no obtuvo respuesta de Buzek, coincide con la comparecencia que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizará este miércoles ante el pleno de la Eurocámara, reunido en Estrasburgo, para explicar el programa de la presidencia española de la UE este semestre.

En su intervención durante la apertura del pleno que se celebra en Estrasburgo (Francia), Auken hizo referencia a la "preocupación" que generó su informe, aprobado en marzo de 2009, por la "violación" de las leyes urbanísticas en España.

"Muchos ciudadanos españoles tienen la sensación de que han de aceptar fraudes y corrupción por parte de sociedades inmobiliarias que pueden expulsarles de sus domicilios sin que reciban ningún tipo de compensación", criticó.

La eurodiputada de Los Verdes se quejó de que "el Gobierno español no ha respondido hasta ahora" a las críticas recogidas en dicho informe y consideró necesario que Buzek pida a España que explique "su posición" en relación al citado texto.

El informe de Auken recogía también la amenaza de congelar las ayudas regionales a España si no se resuelven los abusos urbanísticos.

El acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos no se aprobará durante la presidencia española

BRUSELAS.- La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, aseguró este lunes que el nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que permitirá la entrada al mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido, no se aprobará durante los próximos seis meses que durará la presidencia española de la UE.

"El calendario que tenemos a fecha de hoy es que (la aprobación) no se llevará a cabo durante los próximos seis meses", explicó Espinosa al término de la reunión del primer Consejo de Agricultura bajo su presidencia. En todo caso, avisó de que "el calendario puede cambiar".

La firma del acta del acuerdo entre la UE y Marruecos se produjo el pasado 17 de diciembre tras cuatro años de negociaciones. Además de liberalizar el intercambio de productos agrícolas entre las partes, también abre el mercado marroquí a la pesca comunitaria, de la que el 91% de sus productos tendrán libre entrada en un periodo de cinco años.

El nuevo marco de relación comercial con Marruecos en materia agrícola, cuyo objetivo era lograr una liberalización lo más amplia posible, contempla una mejora "sustancial" de las cuotas de importación al mercado europeo de los productos marroquíes.

Uno de los productos que se beneficiarán del arancel especial, y que más protestas ha despertado entre los productores europeos, es el del tomate. Actualmente, la UE permite la entrada de 233.000 toneladas de tomate marroquí con un arancel especial.

En virtud del nuevo acuerdo, el gravamen reducido se aplicará a 254.000 toneladas en el primer año tras la entrada en vigor del acuerdo, y de 285.000 a partir del cuarto año.

La liberalización es completa para las frutas y hortalizas a excepción de determinados productos considerados "sensibles" y para los que se aplicará contingentes tarifarios. Además del tomate, la lista de alimentos sensibles incluye las fresas, el ajo, las clementinas, el calabacín y el pepino.

'Ikea' seducida por las posiblidades estratégico-comerciales del área metropolitana de Valencia

VALENCIA.- El director de expansión de Ikea Ibérica, Udo Knappstein, destacó hoy que "Valencia es la única área metropolitana europea con más de un millón de habitantes en la que no existe, al menos, una tienda Ikea", y agregó que están "muy comprometidos con Paterna por estar convencidos de que es la ubicación idónea".

Aseguró que la cadena sueca "no ha decidido nunca romper las negociaciones con Paterna" para su implantación en el municipio, al tiempo que abogó por "trabajar conjuntamente para solucionar los problemas conjuntamente" y recalcó que llevan "dos años trabajando exclusivamente con Paterna".

"Seguimos comprometidos con Paterna y queremos seguir con ese proyecto", insistió.

Knappstein se pronunció así en la rueda de prensa convocada hoy en Valencia después de que el consistorio anunciara el pasado sábado la ruptura de negociaciones y de que el alcalde, Lorenzo Agustí, achacara hoy en rueda de prensa esa "voluntad de ruptura" de las negociaciones a que la empresa "ha querido buscar mejor postor".

Al acto también asistió el director de Desarrollo Inmobiliario de Ikea Ibérica, Sylvain Laval, y el propio Agustí, que sorprendió con su presencia a los responsables de la cadena sueca, dado que éstos aseguraron haber estado intentando ponerse en contacto con el primer edil, sin éxito, a lo largo del fin de semana.

Desde la multinacional se mostraron "extremadamente sorprendidos y desilusionados de que se haya podido decir que las negociaciones están rotas" y ratificaron su intención de abrir en Paterna su primer establecimiento en la Comunitat Valenciana, después de "diez años trabajando para que sea una realidad" su implantación en la región y de que "cada año, los valencianos gastan más de 50 millones de euros en tiendas Ikea de otras comunidades autónomas".

Knappstein destacó que "sólo queremos plena transparencia, un apoyo político importante y unos plazos concretos y controlables con los que podamos trabajar", dijo.

"Queremos seguir con el proyecto y queremos que sea el Ayuntamiento quien diga si quiere seguir con ese proyecto o no", recalcó Knappstein, quien negó que los responsables de Ikea abandonaran la reunión del pasado viernes dando por rotas las negociaciones y sostuvo que únicamente "pidieron dos semanas para trasladar los cambios propuestos por el Ayuntamiento" a fin de "dar contestación y avanzar en las negociaciones".

Al respecto, precisó que el consistorio expuso "un plan absolutamente distinto al hablado hasta ahora", en el que "proponía volver al proyecto inicial", que fue "descartado hace un año conjuntamente con el Ayuntamiento" después de que el Ministerio de Fomento elaborara unos informes que impedían que se instalara "más cerca de 500 metros de la A-7".

Pese a considerar "muy curioso" no haber conocido previamente la intención de recuperar la "hipótesis inicial de ubicación", motivada por las alegaciones vecinales al borrador de convenio, Knappstein se mostró "dispuesto a tener en cuenta las alegaciones de los vecinos" por considerar que "no tiene ningún sentido montar una tienda y no estar a buenas con los ciudadanos" de su entorno, aunque remarcó que "es necesario alcanzar un acuerdo económico".

Así, en cuanto a los 34 millones de euros que está dispuesta a pagar la cadena sueca para asumir los "costes y obras de urbanización e infraestructuras", que se unen a la cuantía desembolsada para comprar el suelo y a la inversión de 220 millones de euros que conlleva la apertura de la tienda, reivindicó que "esos 34 millones son más que suficientes para hacer las infraestructuras y accesos necesarios para que Ikea esté en Paterna" y "sería, de lejos, la inversión más grande que realiza en España para obras de este tipo".

"Ikea no quiere financiar otras obras ajenas a su proyecto", agregaron los responsables de la compañía, quienes se comprometieron a "pagar todas las obras necesarias para que funcione el proyecto Ikea", pero puntualizaron que "Ikea tiene que resolver sus problemas, pero no necesariamente tiene que resolver los problemas del Ayuntamiento o del área donde se pretende instalar", en alusión a los problemas de tráfico existentes en la actualidad en la zona.

En cuanto a la decisión de aplazar tres meses el concurso para la constitución de la empresa mixta que, entre otras cosas, debía construir los accesos a la tienda, Knappstein comentó que pueden "esperar tres meses", pero indicó que "después de seis meses de espera y constantes retrasos", se preguntan "si realmente llegarán o no" las ofertas privada para adjudicarse el concurso.

Además, confirmó que reciben ofertas de otros municipios valencianos continuamente y que siguen interesados en abrir otro establecimiento en Rabasa (Alicante), aunque insistió en que durante dos años han centrado sus esfuerzos en el proyecto de Paterna.

Por su parte, Lorenzo Agustí celebró el "cambio de postura" de la compañía y se mostró "abierto a negociar" y a "intentar que no se dispare el presupuesto" del proyecto, así como "convencido" de que el abandono de la reunión del viernes "no ha sido un malentendido, sino una estrategia de la negociación para establecer una discordia, alterar las conversaciones y poder generar una situación de incertidumbre en el ayuntamiento".

"Me satisface retomar las negociaciones", resaltó Agustí tras mantener un breve contacto con los responsables de Ikea al término de la rueda de prensa, cuando avanzó que éstos le propusieron "venir la semana que viene al Ayuntamiento" para "seguir trabajando".

Abogó así por sumar esfuerzos para no "malgastar las inversiones", aunque recalcó que "la inversión tendrá que ser la justa y adecuada para asegurar que se producen las entradas y salidas al centro sin mermar en ningún momento la calidad de vida y la movilidad en Paterna y el área metropolitana, y asegurando la calidad del proyecto".

Agustí reconoció que "los plazos son muy ajustados" y alertó de que lo serán "cada vez más, si no se llega a ese primer punto que es la firma de convenio y se empieza a invertir en el municipio de Paterna", firma que estaba prevista para el mes de marzo y que el consistorio "propondrá la semana próxima que se mantenga".

Por último, explicó que la dificultad para elegir al socio privado que se encargará de construir los accesos radica en que "se trata de localizar empresas que participen de la gestión publica del ayuntamiento durante 25 años, lo que genera un expediente complejo".

Jordi Pujol habla de la potencia de Murcia dentro del arco mediterráneo

ALICANTE.- El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, afirmó hoy que es "urgente" que Cataluña y la Comunitat Valenciana colaboren en la defensa de sus "intereses económicos comunes", como la construcción de infraestructuras ferroviarias que permitan vincular el arco mediterráneo con el resto de Europa.

Con motivo de su visita hoy a Alicante para ofrecer una conferencia sobre 'L'eix mediterrani en el context espanyol i mediterrani' en el Aula CAM de Alicante, Pujol recordó que entre ambas comunidades se ha mantenido una "batalla" debido a "un cierto sectarismo" existente en España y a una "concepción rabiosamente radial" del país.

Pujol se refirió a la potencia de los territorios que conforman el arco mediterráneo español, y subrayó que "no tiene sentido no aprovechar la oportunidad que presenta la fachada mediterránea" que constituyen territorios como Almería, Murcia, la Comunitat Valenciana y Cataluña, indicó.

En este sentido, destacó el potencial que tienen los puertos de Valencia y Barcelona como vía de entrada de los productos procedentes de Asia, así como la importancia de que exista un tren de alta velocidad dotado de ancho europeo para mercancías que vincule estos puertos con el resto de las capitales europeas.

El ex presidente indicó que Barcelona y Valencia tienen "buenas cartas", pero "es urgente" actuar en esta dirección, porque ya se ha "perdido mucho tiempo", según dijo, y existen otros puertos --como el de Marsella o de Rotterdam-- que son competidores en este campo.

El imputado alcalde de Totana se desata con una nueva oleada de impuestos

TOTANA.- Tal y como denunció el Grupo Municipal de IU + Los Verdes, de Totana, en noviembre, son centenares los vecinos que están recibiendo notificaciones del Ayuntamiento, bajo amenazas de sanciones que pueden llegar a los 6.000 euros para ampliar los impuestos de contribución urbana, mediante la incorporación al catastro de piscinas y pequeñas construcciones en las pedanías y casco urbano.

"Es la primera vez en 16 años que una Corporación toma este tipo de medidas sobre los vecinos, que en la mayoría de casos, ya pagaron los impuestos por obras o la correspondiente sanción. El conocido, popularmente, como “Impuesto de las Piscinas”, es una medida más de Martínez Andreo y el PP para sacar dinero del bolsillo de los totaneros, ante la desesperada situación de las arcas municipales, que están recibiendo estos días notificaciones de Iberdrola, por la devolución de recibos y la morosidad extrema del Ayuntamiento de Totana que no hace frente ni al pago de la luz", dice un comunicado de esta formación política.

“El objeto de este catastrazo encubierto, que está llevando a cabo el PP, cuando los vecinos totaneros sufren la peor crisis de la historia reciente, contrasta con los dispendios y derroches, llevados a cabo por Martínez Andreo y su Equipo, que han gastado a manos llenas, los recursos, endeudando hasta las cejas a los vecinos, de una forma irresponsable, carente del mínimo rastro de buenas prácticas en la gestión del dinero público…”, manifiesta el concejal de IU + Los Verdes, Juan José Cánovas.

Desde IU, se recuerda que el PP en la Oposición, alentó el asalto, apedreo del Ayuntamiento, así como graves insultos a los concejales de Izquierdas, cuando al finales del 2009, tuvieron que incrementar impuestos, en una proporción mucho menor de las bestiales subidas llevadas a cabo por Martínez Andreo desde el año 2007 hasta ahora.

“Más de 2100 parados, los comercios y pequeñas empresas cerrando, una deuda por habitante que supera los 3000 euros, sueldazos de 7000 euros al mes, 8 concejales liberados y una pésima gestión política, son resultados de un Gobierno del PP, al que solo le queda incrementar impuestos, aumentar los préstamos con bancos o crear nuevos arbitrios, como el Impuesto de las Piscinas…”, afirman desde IU en Totana.

Barreda califica de "ofensa" el texto legislativo murciano sobre el futuro del Tajo-Segura

GUADALAJARA.- El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, calificó este lunes de "ofensa" la iniciativa legislativa aprobada esta mañana en la Asamblea Regional de Murcia pidiéndole al Gobierno central que legisle en el Congreso de los Diputados, por vía de urgencia, a favor del mantenimiento del trasvase del Tajo-Segura sin las restricciones que señala el Estatuto de Castilla-La Mancha.

"Es una ofensa el texto que proponen los murcianos, que piden que en el Estatuto de Autonomía no se hable nada de agua y ¿por qué va a ser así si en todos los estatutos se ha contemplado, en el de Aragón, Andalucía o Valencia?", agregó. En ese sentido, recordó que en el Estatuto valenciano se contemplan "los derechos sobre las aguas supuestamente excedentarias".

El texto definitivo de la Asamblea Regional de Murcia remitido al Gobierno central le insta a aprobar este mismo año un Plan Hidrológico Nacional que no renuncie "a la captación y transferencia de recursos de cuencas excedentarias a otras deficitarias en alternativas técnica, económica y medioambientalmente viables".

UPyD denuncia que en el barrio de La Paz se deja a niños de tres años en aulas prefabricadas de forma indefinida

MURCIA.- UPyD en Murcia expresó este lunes su malestar por la "precaria" situación de la guardería municipal de La Paz, al tiempo que denunció que los retrasos en la remodelación de La Paz "dejan a niños de tres años en aulas prefabricadas de forma indefinida".

El barrio está inmerso en el gran proyecto de remodelación aprobado por el Ayuntamiento de Murcia, que fuera encargado al constructor López Rejas. La intención institucional, señaló en comunicado de prensa, "es mantener las actuales condiciones hasta que se construya la nueva guardería. Por desgracia, en nuestro municipio, la educación de 0 a 3 años no está siendo bien atendida ni desarrollada por el Consistorio".

No hay suficientes guarderías municipales para atender la demanda; de hecho, "sólo se han admitido en este curso el 40 por ciento de las solicitudes. Una escandalosa cifra que habla por sí sola". Para la portavoz del Comité local de Murcia, Anabel Díaz "la educación pública de 0 a 3 años no parece despertar ningún interés en el gobierno local".

Prueba de ello, aseguró, "es el desamparo de medios y recursos de que dispone la guardería municipal del barrio murciano de La Paz".

Por esta razón, desde UPyD exigen al Ayuntamiento de Murcia que mejore inmediatamente la guardería municipal de La Paz y acelere los procedimientos para que sea construida cuanto antes la nueva sede. "Se deben aumentar las plazas en el servicio municipal de guarderías y dejar de favorecer las guarderías de sector privado", concluyó.

Se adjudicará el miércoles la redacción para proteger el yacimiento de San Esteban

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia procederá el próximo miércoles a realizar la adjudicación provisional de la redacción del proyecto que desarrolla las medidas a adoptar para la conservación temporal del yacimiento arqueológico de San Esteban, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Un informe de la Comisión Técnica determinará antes qué empresa resulta adjudicataria del proyecto y, entonces, siempre según el procedimiento legal, la Mesa elevará a la Junta de Gobierno la propuesta para su aprobación provisional y, en el plazo de diez días, podrá convertirse en definitiva cuando la empresa deposite la correspondiente fianza.

Además, el Ayuntamiento indicó que el procedimiento de urgencia "permite iniciar los trabajos dentro de ese mismo plazo".

Una vez presentado el proyecto de las actuaciones a realizar, el Ayuntamiento de Murcia lo remitirá a la Dirección General de Bellas Artes, organismo encargado de autorizarlo, y la empresa adjudicataria deberá reunirse con técnicos municipales y de Bellas Artes para compatibilizar el proyecto con los dictámenes de la Comisión de Expertos celebrada el pasado día 11 de enero, en la que ya se especificó que, en ningún caso, habrá de cubrición con grava.

Sigue la explotación de ciudadanos extranjeros en Murcia

MURCIA.- El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete, en el marco de la Operación denominada 'Mi tierra', ha procedido a la desmantelación de una red organizada, que se dedicaba a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en las provincias de Albacete, Murcia, Alicante, Almería y Granada, según informaron fuentes policiales en comunicado de prensa.

La citada red se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal, mediante la comisión de delitos Contra los Derechos de los Trabajadores, Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, amenazas, coacciones, extorsión y Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

La investigación se inició a finales del mes de enero del año 2008, como consecuencia de una información proporcionada por una de las víctimas de la red, de nacionalidad extranjera, la cual trabajaba en un locutorio situado en la provincia de Albacete, encontrándose en situación ilegal en España, careciendo de contrato de trabajo y sin estar dada de alta en la Seguridad Social.

El jefe de la red se aprovechaba de las referida situación de necesidad y precariedad económica de la víctima, así como de su situación irregular en España, para imponerle condiciones laborales indignas, suprimiéndole todo tipo de derechos reconocidos por disposiciones legales del ámbito laboral.

Investigaciones realizadas a partir de dicha denuncia, permitieron determinar que no se trataba de un hecho puntual, sino que existía una red organizada que se dedicaba de forma habitual a tales prácticas delictivas.

La red captaba extranjeros en situación irregular en lugares donde radican importantes bolsas de inmigrantes (zona de Murcia, principalmente), utilizaba a los mismos en establecimientos tipo 'Locutorio' en condiciones laborales abusivas, previo desarrollo de un período de aprendizaje en un Locutorio de Albacete capital durante el que no se formalizaba ningún tipo de contrato laboral.

Posteriormente, los trasladaban hasta los establecimientos donde iban a desempeñar finalmente su trabajo, lugares estos que no eran de elección voluntaria, vigilados con cámaras de seguridad y se les ubicaba en pisos alquilados por la organización, para un mejor control de los mismos.

Se les imponían condiciones laborales ilegales -ausencia de días de descanso y de vacaciones, no cobertura médica y de la Seguridad Social, sueldos mínimos, realización de horas extras sin recibir prestación económica, procedimientos intimidatorios-, abusando de la situación de necesidad de los empleados.

Además de trasladarlos forzosamente a otros establecimientos al objeto de eludir posibles inspecciones de trabajo, aconsejando la utilización de otras identidades y otros subterfugios para eludir los controles y utilizaban un importante entramado de empresas (25), con objetos sociales variados, así como existencia de numerosas sedes o delegaciones de las empresas registradas mercantilmente, todas ellas bajo un mismo CIF.

Cuando los trabajadores no cuadraban la caja, algún cliente se marchaba sin pagar del Locutorio, rompía o estropeaba algo del establecimiento, les descontaban de su salario dicho importe, llegando incluso en varias ocasiones, tras haber sido víctimas de robos, a obligarles a reponer, mes a mes y de su salario las cantidades sustraídas. Incluso, a los pocos que formalizaban contrato de trabajo, les impedían regresar de vacaciones a su país, bajo la amenaza de que serían despedidos al volver a España.

Otra de las actividades detectadas de forma habitual a esta organización consistía en la contratación ficticia de trabajadores, siempre extranjeros, a los cuales se daba de Alta en la Seguridad Social, sin trabajar de manera real en la empresa, para que completaran determinados períodos de cotización que les faltaban para cobrar prestaciones de desempleo, a cambio de pagar a la empresa la cantidad que ésta abonaba a la Seguridad Social aumentada en su importe, para la obtención del beneficio correspondiente.

Tras casi dos años de investigación, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, en la que participaron, además de la totalidad de los componentes del Grupo de Información (GIC), varios miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), y personal perteneciente a Áreas y Equipos de Investigación de Unidades Territoriales de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

En la fase de ejecución de la operación, se llevaron a cabo inspecciones en los establecimientos dirigidos por la red, un total de 38 locales tipo Locutorio o similar, desplegados en las provincias de Murcia (29 de ellos, situados en las localidades de Torre-Pacheco, Totana, Alhama, Cartagena, Yecla, Lorca, Fuente Álamo, Jumilla, Puerto Lumbreras, Molina de Segura, Santomera, Torres de Cotillas y Murcia capital), Alicante (4 de ellos, situados en las localidades de Albatera, Elche, Elda y Orihuela), Albacete (3 de ellos, en las localidades de Hellín, Almansa y Albacete capital), Almería (1 de ellos, situado en la localidad de Pulpí) y Granada (1 de ellos, en la localidad de Baza).

Se procedió a la toma de manifestación de los trabajadores de los referidos establecimientos (alrededor de 80 personas) en relación con su situación laboral, todos ellos extranjeros (ecuatorianos, bolivianos, colombianos, rumanos y marroquís), así como a otras personas relacionadas con la investigación, los cuales pusieron de manifiesto su precaria situación laboral, careciendo muchos de ellos de contrato de trabajo, llevándose a efecto incluso la detención por infracción a la Ley de Extranjería de una persona, por encontrarse irregularmente en España.

La operación culminó con la detención en la localidad de Torre Pacheco, donde tenían su sede central, de dos de los cabecillas de la red, imputándose a uno de ellos, que actuaba como empresario, como supuesto autor de un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, 76 delitos contra los derechos de los trabajadores, 5 delitos de extorsión y cuatro delitos de coacciones y a la otra persona detenida, que actuaba como "jefe de personal", como supuesto autor de un delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, un delito de allanamiento de morada, 3 delitos de extorsión y un delito de coacciones.

La investigación económico-patrimonial permitirá imputar a los detenidos la comisión de delitos Contra la Hacienda Pública, Contra la Seguridad Social y otros delitos contables.

El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de Albacete instruyó las correspondientes diligencias que junto con los detenidos fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de San Javier, el cual se hizo cargo del procedimiento tras inhibición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de Almansa, que conoció de la denuncia inicial.

El PSRM exige a Cámara la anulación del pliego de condiciones, que propone el entierro inminente del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- El Grupo Socialista exigió hoy al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que anule de "forma inmediata" el pliego de condiciones que propone en uno de sus puntos el entierro del complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban con arena y geotextil.

Tras las decisiones adoptadas por el comité de expertos sobre la conservación y exposición de los hallazgos arqueológicos, el edil del PSOE José Manuel Abellán considera "absurdo e innecesario" mantener un pliego de condiciones contrario a la continuidad de las excavaciones.

"Ahora hay que pensar -manifestó Abellán- en consolidar y proteger inmediatamente lo que ya está excavado hasta su puesta en valor y seguir con los trabajos de excavación donde sea necesario para, que una vez concluida al completo las tareas de excavación y redacción de los informes arqueológicos pertinentes, poder convocar un concurso público para la musealización y puesta en valor del yacimiento".

Por lo tanto, "es imprescindible que se anule ya el pliego de condiciones para el soterramiento de los hallazgos de San Esteban iniciado por el Ayuntamiento de Murcia", insiste el edil del PSOE.

La Asamblea aprueba unánimemente el texto de defensa del trasvase Tajo-Segura, tras eliminar la referencia al Ebro

CARTAGENA.- La Asamblea Regional aprobó hoy por unanimidad una iniciativa legislativa dirigida al Gobierno de la Nación para que legisle en el Congreso de los Diputados, por vía de urgencia, a favor del mantenimiento del trasvase del Tajo Segura sin las restricciones que señala el Estatuto de Castilla-La Mancha.

El texto definitivo remitido al Gobierno central le insta a aprobar este mismo año un Plan Hidrológico Nacional que no renuncie "a la captación y transferencia de recursos de cuencas excedentarias a otras deficitarias en alternativas técnica, económica y medioambientalmente viables".

La eliminación de la referencia a los recursos del Ebro y del Tajo Medio del texto inicial fue la que hizo posible que el PSOE e IU se sumaran a un acuerdo regional sobre el agua que "nunca debió perderse" y que "debe resultar suficiente si hay voluntad política de Rodríguez Zapatero para instar a su partido a que lo apoye en el Congreso", según el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá.

Más pesimista se mostró la diputada nacional del PP, Pilar Barreiro, quien echó en falta "un pronunciamiento claro del PSOE a favor de los trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias", con lo que dudó de que Rodríguez Zapatero "se sienta obligado a defender los intereses de la Región de Murcia".

El cambio sobre el Ebro y el Tajo fue pedido explícitamente por IU y aceptado sobre el papel por el PP, que seguirá no obstante "sin renunciar al trasvase del Ebro como la solución definitiva y haciendo notar que su derogación es la culpable de los actuales problemas", según su portavoz parlamentario, Juan Carlos Ruiz.

Ruiz indicó que espera que Zapatero haga caso a la propuesta e inste al debate de la misma en el Congreso. Pero también indicó que su grupo ha registrado para su debate en la Asamblea cuando comience el periodo de sesiones otra iniciativa de texto idéntico dirigida directamente al Congreso, para el caso de que la remitida a Moncloa no tenga efecto.

No obstante, es Rodríguez Zapatero el "que tiene la llave del trasvase Tajo-Segura, no las Cortes de Castilla-La Mancha , ni los líderes regionales de PP o PSOE en esa comunidad", subrayó Ruiz.

Tras garantizar que no será el PSOE el que rompa consensos sobre agua, el portavoz del PSOE, Pedro Saura, indicó que espera que esa segunda iniciativa llegue al Congreso para su debate como muy tarde el 25 de marzo, si la Asamblea Regional la aprueba al principio del periodo de sesiones.

En esa tesitura pidió que el Gobierno regional sea capaz de "convencer a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal de que la apoyen".

Por su parte, el portavoz de IU, José Antonio Pujante Dieckman, indicó que, según sus fuentes, ya se ha llegado a un acuerdo entre PP y PSOE para desbloquear el Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso y sobre el trasvase Tajo-Segura, razón por la que "este tipo de iniciativas en su defensa pueden llegar tarde".

El consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, expresó su deseo de que "el acuerdo que pueda alcanzarse sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha "incluya la eliminación de los nueve artículos inconstitucionales, entre los que están el de la reserva hídrica genérica y el de la caducidad del trasvase Tajo Segura".

Por su parte la diputada nacional del PP, Pilar Barreiro, indicó que espera que "no se apruebe el texto que llegó al Congreso, aunque si es cierto que el PSOE se está inclinando hacia los nacionalistas en el debate del agua, los que perderán serán no sólo la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, sino también Castilla-La Mancha".

Expertos universitarios darán a conocer en un seminario la influencia de Alfonso X el Sabio en la historia de España

MURCIA.- Alfonso X el Sabio es considerado el monarca español de toda la Edad Media. Para dar testimonio de su legado e influencia en la historia hispana, Caja Mediterráneo, Consejería de Cultura y Ayuntamiento de Murcia han organizado un seminario en el que catedráticos y expertos de universidades españolas, europeas y norteamericanas analizarán la repercusión del reinado del rey Sabio en el ámbito social, cultural y político.

El seminario, dirigido por el catedrático de la Universidad Complutense José Luis Villacañas, se desarrollará del miércoles 20 al viernes 22 a partir de las 17.00 horas en el Museo Arqueológico de Murcia, según informaron fuentes de la entidad.

En la primera jornada, tres expertos procedentes de universidades californianas, italianas y de la de Murcia abordarán la temática política de su reinado, los orígenes y condicionantes de su idea imperial, sus relaciones con el imaginario alejandrino y siciliano de los Stauffen.

La primera conferencia, titulada 'Imperio de un dios menor: Alejandro Magno y Alfonso X', la impartirá Vincent Barletta de la Universidad de Stanford; después Andrea Romano de la Universidad de Mesina hablará sobre 'Federico II y Alfonso el Sabio'; y cerrará la tarde Enrique Álvarez Cora de la Universidad de Murcia con su charla sobre 'El Derecho Penal de Alfonso X y su Política foral'.

En la segunda tarde se abordarán temas relacionados con los diferentes aspectos de la cultura visual y literaria de la época del rey, su integración en la cultura cortesana, la recepción de modelos preexistentes y su capacidad de innovación debido a la incorporación de un nuevo ideal de conocimiento científico que ahora se ve compañero del poder imperial.

Así, Adelina Rucquoi del Centro Nacional de Investigación Científica de París (CNRS) comenzará hablando sobre 'Amores lícitos e ilícitos en la época de Alfonso X el Sabio'; Ana Domínguez de la Complutense de Madrid analizará 'Los retratos de Alfonso X y su significado'; y José Luis Villacañas cerrará la tarde con la conferencia 'Idea imperial y representación del espacio'.

En la tercera jornada, se estudiará el efecto de Alfonso X el Sabio en las diferentes épocas históricas de la cultura española: su recepción por la época del Barroco, la capacidad que tiene de inspirar los ideales políticos ilustrados y la centralidad de su figura alrededor de los debates de las Cortes de Cádiz de 1812.

De esta forma, tres historiadores darán cuenta de los aspectos políticos, culturales y sociales de un rey que ha contribuido como nadie a la construcción del imaginario de la monarquía hispánica y que por tradición se ha sentido como propio por las tierras y las gentes de la Región de Murcia.

Imparten las conferencias Antonio Rivera de la Universidad de Murcia, quien hablará de 'El Barroco y la leyenda sobre la blasfemia de Alfonso X'; Javier Guillamón de la UMU, se centrará en 'Alfonso X el Sabio y la apologética de la soberanía en el siglo XVIII'; y concluye Faustino Martínez, de la Complutense, con la ponencia 'Constituciones medievales y Constitución moderna: Alfonso X en Cádiz y alrededores'.

Este seminario de reflexión sobre la figura y legado de Alfonso X está abierto a todo el público y tiene como fin complementar la exposición que se exhibe sobre su figura en la sala San Esteban hasta el 31 de enero.

El PCE exige saber qué empresarios controlan el 20% de la agricultura de Marruecos

CÓRDOBA.- El secretario general del PCE, José Luis Centella, anunció este lunes que IU exigirá, en sede parlamentaria, conocer quienes son "los empresarios españoles que controlan el 20% de la agricultura de Marruecos", según el dato difundido por el Gobierno de la Nación, por las consecuencias que ello pueda estar teniendo en la política exterior española.

En rueda de prensa, Centella explicó que dicho dato "hizo al Gobierno dudar entre una causa justa (la de la activista saharaui Aminatu Haidar) o mantener las relaciones" con Marruecos, de ahí que saber "quiénes están detrás del 20% de la agricultura marroquí" pude servir para conocer "por qué el Gobierno tiene tanto interés en llevarse bien con Marruecos".

Así, "el miedo a plantar cara a Marruecos" que, según Centella, ha demostrado el Gobierno con el caso de Aminatu Haidar "tiene que tener una explicación y una puede ser el que primen los intereses" de los citados empresarios españoles que controlan el 20% de la agricultura de Marruecos, "no repercute sus beneficios en el pueblo marroquí, sino que va a parar a su casa real o empresarios foráneos".

A juicio del líder comunista, "no se puede supeditar la política exterior de España" con Marruecos "a esos españoles que están invirtiendo en Marruecos, de los que hay que saber los nombres, porque entre ellos también puede haber gente honesta, que va a hacer allí un trabajo normal, que habrá que apoyar", lo mismo que a la agricultura andaluza, que ahora "está en un momento muy crítico" y que "es una de las grandes sacrificadas" por las nuevas políticas de la Unión Europea (UE).

En este contexto es en el que IU quiere saber "si está desmontando la agricultura andaluza para trasladarla a Marruecos y si esa es una operación del Gobierno", a lo que añadió Centella que el deseo de su partido es que, "desde Europa, se ayudase a la agricultura del Tercer Mundo, pero para que tuviese repercusión en los pueblos, no para que fuese a manos, en este caso, de la familia real marroquí ni de empresarios europeos que van al Tercer Mundo a hacer la explotación que no pueden llevar a cabo ni las élites locales".

Carlos Egea aspira ahora a presidir la CECA

“La intención es crear un modelo AEB, es decir que el nuevo presidente no sea juez y parte, por lo que no se descarta buscar candidatos fuera de la casa” adelanta uno de los empresarios españoles cuyo nombre está sonando en no pocas quinielas para presidir la CECA.

Directivos de varias cajas de ahorro recuerdan en este confidencial que desde que se creó la CECA no ha hecho falta convocar unas elecciones para elegir presidente, ya que “el sistema aceptado por todos” es que, tras meses de contactos, citas y reuniones extra-oficiales, el presidente saliente presenta a los órganos de dirección de la confederación una propuesta “prácticamente oficial”.

“Siempre se ha elegido un presidente de consenso, ya que cuando la candidatura llega de forma oficial a los consejeros, es porque se ha hablado todo lo necesario con anterioridad”.

Ni siquiera la excepcional situación que atraviesan al menos una veintena de cajas, representadas en el Consejo de Administración de la CECA, ‘amenaza’ con cambiar este sistema. “Hasta ahora no se han movido muchos candidatos, pero desde principios de mes se han incrementado las reuniones con este propósito” asegura un directivo de las cajas.

“Juan Antonio quiere zanjar cuanto antes su sucesión para disponer de “dos o tres meses de transición tranquila” durante los que dejar atados todos los temas pendientes de las instituciones de ahorro, “especialmente la legislación autonómica que regula las entidades”.

Tres son los nombres que más suenan en la carrera de sucesión de Quintás, que tras 14 años dedicado a dirigir las cajas de ahorro españolas, se jubiló el pasado verano para poner fin a su último mandato de cuatro años el próximo mes de mayo.

Carlos Egea, presidente ejecutivo de Caja Murcia; José María Arribas, responsable de Caja Burgos y Braulio Medel, presidente de la andaluza Unicaja, ocupan el ‘pódium’ de candidatos. Quien no parece entrar en los planes de la mayoría de consejeros es el director general de la asociación, José Antonio Olavarrieta, quien “además de ser muy mayor –cumplirá 64 años en 2010- tiene demasiados frentes abiertos en la cúpula de la CECA”.

(Braulio Medel, presidente de Unicaja)