lunes, 5 de abril de 2010

El modelo económico de Valcárcel se hunde y sepulta en el paro al 22,47% de los murcianos

CARTAGENA.- El responsable de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Mariano García, afirmó que “en año y medio de crisis se han derrumbado 13 años de modelo insostenible de Valcárcel. El último año y medio hemos tirado por la borda el crecimiento de los últimos 13 años, ya que la tasa de paro actual es del 22,47 frente al 20,93 del año 1997”.

Para el diputado socialista en estos años pasados “se construyó un castillo de naipes sin cimientos que se ha derrumbado bruscamente. Valcárcel, alentó un modelo insostenible y ahora tenemos unas cifras de paro insostenibles”, recoge 'Teleprensa'.

Indicó que desde el 2º trimestre de 2008, la tasa de paro de la Región de Murcia es superior a la media nacional y cada trimestre ha ido aumentando más la brecha con el resto de España.

Los datos hablan por sí solos: Del 6,6 por ciento de paro en 2007, pasamos al 22,5 en el cuarto trimestre de 2009, superando en casi 4 puntos a la media nacional y aumentando la diferencia respecto a la Unión Europea.

Igualmente, durante el último año, esta situación ha perjudicado por igual a hombres y mujeres, mientras que la tasa de paro juvenil ha aumentado casi 12 puntos, situándose en el 37,7 por ciento.

En cuanto a la tasa de paro de los inmigrantes que es más del doble que la de los trabajadores españoles, situándose casi en un 40 por ciento.

“Somos la Región donde más se incrementa el paro y el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, oculta esta cruda realidad, consecuencia de su modelo de crecimiento, que ha enriquecido a unos cuantos pero que se está llevando por delante a miles de trabajadores”, denunció.

Concluyó que “no se puede afrontar la crisis esperando a verlas venir, presentando planes vacíos, aparentando hacer algo y repitiendo promesas que nunca se cumplen”.

Se reduce la flota pesquera murciana ante la indiferencia de Valcárcel

CARTAGENA.- El diputado regional socialista, Bartolomé Soler, reclamó hoy al Gobierno regional medidas efectivas de apoyo al sector pesquero que eviten la reducción de la flota. La falta de rentabilidad de este sector esta llevando a muchos armadores, como los de las cofradías de Pescadores de Águilas y Cartagena, a reducir sus embarcaciones.

En una moción presentada por el diputado socialista en la Asamblea Regional el pasado mes de enero, que no ha sido admitida a trámite, urgía la necesidad de que la Consejería de Agricultura y Agua, con la participación de las Cofradías de la Región, elaborará un documento que sirviera de referencia para recabar medidas de apoyo al sector y que permitieran compensar las consecuencias económicas derivadas de la nueva reglamentación comunitaria, según 'Teleprensa'.

Asimismo, proponía que la Consejería de Agricultura planteará, a través del MARM, ante las autoridades comunitarias, la necesidad de fondos adicionales al Fondo Europeo de la Pesca, que posibilitaran ayudas directas al sector, tendentes a minorar los daños derivados de la reducción del esfuerzo pesquero.

Igualmente consideraba necesaria la elaboración de un Programa de ayudas con fondos propios para inversiones en los buques pesqueros de nuestra Región.

Bartolomé Soler recordó que cuando el Partido Popular llegó al gobierno de la Región, el sector pesquero empleaba a 1.274 trabajadores. Diez años después, la ocupación había descendido a 564 empleados, un descenso del 126 %.

La edad media de los ocupados es de 45 años, hecho que indica un envejecimiento de quienes se dedican a esta actividad laboral. A los datos anteriores hay que añadir que el 80% de quienes faenan en el mar consideran que su empleo carece de futuro; que su confianza en el sector es escasa y, más de la mitad, desean cambiar de actividad; circunstancia que comparten los armadores de los barcos.

La considerable reducción de la flota, en cada una de las modalidades y en todas las Cofradías del litoral murciano, especialmente Águilas y Cartagena y la elevada edad media de la misma, que se encuentra entre las tres menos renovadas de España, concita un panorama desalentador tal y como manifestaba el Patrón Mayor de Cartagena a finales del pasado año 2009.

Con esta desalentadora situación, el presidente de la Comunidad Autónoma ha propuesto, ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea, que las ayudas comunitarias sean concedidas solamente a pescadores y armadores que cumplan las Normas de la PPC (Política Pesquera Común) y que ejerzan su actividad de forma respetuosa con el medioambiente. “Propuesta que compartimos pero, a nuestro juicio, insuficiente para encarar los problemas del sector”.

Este año entra en vigor el nuevo Reglamento de Control y parte del Reglamento de Medidas Técnicas del Mediterráneo, que conllevará nuevas actuaciones en el desarrollo de la observancia de la pesca, así como las nuevas disposiciones de reducción de cuotas de capturas del atún rojo.

Por ello, a juicio del diputado socialista se hace necesaria la urgente adopción de medidas que ayuden a los pescadores murcianos a adaptarse a la nueva reglamentación europea y que eviten la reducción de la flota.

La Policía se emplea en Murcia para perseguir el blanqueo de dinero

MADRID.- Una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal que, desde hace cinco años al menos, venía operando en las zonas costeras y áreas metropolitanas de Murcia y Almería, ha sido desmantelada por efectivos de la Policía Nacional, adscritos a la autoridad judicial y por las brigadas especializadas del citado Cuerpo, según ha confirmado hoy la Agencia Tributaria tras quedar levantado el secreto sumarial de las actuaciones.

Una veintena de personas han quedado imputadas, de momento, por su presunta participación en una trama organizada para blanquear capitales de procedencia ilícita y, en consecuencia, defraudar a la Hacienda Pública, aunque no se descartan nuevas implicaciones de residentes en la provincia de Madrid antes de que concluya la instrucción de las actuaciones judiciales, según la agencia NEM.

Las investigaciones llevadas a cabo han servido, además, para detectar la emisión de facturas falsas por parte de diversas empresas relacionadas con el sector de la Construcción y operaciones de compra-venta escrituradas muy por debajo del valor real de mercado que, en realidad, es el que se había satisfecho y en metálico.

Entre esas personas imputadas, o que puedan serlo más adelante, se encuentran empresarios de ambas provincias, así como empleados de banca y oficiales de notaría, sin cuya necesaria cooperación presuntamente no se podrían haber consumado los supuestos delitos que se les imputan.

Todas parecen haber sido participantes o colaboradores en operaciones inmobiliares fraudulentas por medio de sociedades instrumentales insolventes sobre las que cargar las plusvalías generadas en ficticias operaciones de compra, en claro perjuicio del Erario público y en beneficio de los verdaderos compradores posteriores y de los vendedores iniciales.