lunes, 10 de mayo de 2010

En España sube la preocupación por los políticos y la corrupción

MADRID.- El paro seguía siendo el pasado mes de abril el principal problema de los españoles, pero aumenta la preocupación por la clase política, que repite en tercer lugar pero subiendo más de tres puntos, y por la corrupción, que sube hasta el sexto puesto, desplazando a la inseguridad ciudadana y la vivienda.

Así se refleja en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado mes de abril, realizada en un total de 2.479 entrevistas personales realizadas en 239 municipios de 49 provincias entre los días 6 y 14 de ese mes, justo cuando se levantó el secreto de sumario del 'caso Gürtel' y se preparaban las medidas económicas surgidas de las conversaciones de 'Zurbano'.

Si el desempleo se encontraba en el 82,9 por ciento de las respuestas en marzo, ese porcentaje descendió 3,2 puntos en abril, hasta situarse en el 79,7 por ciento, bajando del 80 por ciento por primera vez en el presente año.

La segunda preocupación seguía siendo los problemas de índole económica en general, presente en el 46,8 por ciento de las respuestas, un porcentaje que supera en 1,5 puntos el registrado el mes anterior pero por debajo de los datos de enero y febrero.

En tercer lugar, aunque con una importante distancia en relación con las dos principales preocupaciones de los españoles, repite la clase política, pero ahora es citada por el 19,4 por ciento de los encuestados, 3,6 puntos por encima del dato reflejado en marzo y marcando la cota más alta del último año.

Además, y mientras la inmigración (13,3 por ciento) y el terrorismo de ETA (12,3 por ciento) se mantienen en los puestos cuarto y quinto, la corrupción y el fraude emerge como sexta preocupación de los españoles, al ser citada en el 9,4 por ciento de las respuestas, superando por primera vez en los últimos años A la inseguridad ciudadana (9,3 por ciento) y a la vivienda (6,5 por ciento). A ello se añade un 4,6 por ciento que entre los problemas del país citan al Gobierno, los políticos y los partidos.

En cuanto a la percepción subjetiva, los problemas que afectan más personalmente a los españoles continúan siendo, al igual que en el mes anterior el paro (42,5 por ciento), seguido de los problemas económicos (38,3 por ciento). En tercer y cuarto lugar se encuentran la vivienda (6,7 por ciento) y las pensiones (6,5 por ciento).

Asimismo, el estudio del CIS de abril indica que dos de cada tres españoles (63,4 por ciento) califica de 'mala' o 'muy mala' la situación política de España, mientras que la situación económica es percibida así por el 74,4 por ciento de los encuestados (2,4 puntos menos que en marzo), frente al 2,8 por ciento que cree que es 'muy buena' o 'buena'.

Además, crece el optimismo de quienes creen que la economía estará mejor dentro de un año. Un 26,9 por ciento augura que estará peor, lo que supone 2,3 puntos menos que en marzo, frente al 22 por ciento que confía en que mejorará, casi un punto más que el mes anterior.

Alarte cree "urgente" que Camps se pronuncie sobre si ha habido contactos para una fusión Caja Madrid-CAM

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, manifestó hoy su "prudencia" preguntado por una hipotética fusión entre Caja Madrid y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). No obstante, apuntó que sí sería "urgente" escuchar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "si se han realizado contactos oficiales entre la vicepresidencia económica del Gobierno Valenciano, las entidades o alguna otra institución".

Alarte señaló que el Consejo de Administración de la CAM se iba a reunir en breve y apostó por la prudencia en tanto no se produzca esa reunión.

No obstante, apuntó que sí sería "urgente" escuchar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "si se han realizado contactos oficiales entre la vicepresidencia económica del Gobierno Valenciano, las entidades o alguna otra institución".

Inquirido sobre si el PSPV apoya una fusión de este tipo, dijo que los socialistas son partidarios de "las mejores decisiones para el futuro del sistema financiero español, para el futuro del sistema de cajas y para el futuro de los intereses de las cajas valencianas y por tanto, de nuestra sociedad".

Reiteró la intención de ser prudente y discreto, porque "cualquier declaración precipitada o cualquier otra valoración no adecuada podría poner en cuestión la credibilidad de alguna de nuestras entidades o poner en cuestión cosas con las que, desde luego, no se debe jugar".

El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) celebrará mañana por la tarde una reunión ordinaria en Alicante, en la que el presidente de la entidad, Modesto Crespo, informará a los consejeros sobre la actual coyuntura económica, según confirmaron fuentes de la entidad financiera.

Esta convocatoria responde al compromiso adquirido por Modesto Crespo de informar sobre cualquier cuestión relativa a la situación del sistema financiero que pueda ser de interés para CAM

Espinosa rechaza que un posible acuerdo con Mercosur perjudique a los agricultores europeos

BRUSELAS.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró hoy que los agricultores europeos no deben tener "absolutamente ningún" temor respecto a los daños que podría tener para ellos un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur si la próxima semana se acordara en Madrid reanudar unas negociaciones que llevan paralizadas desde 2004.

En declaraciones a los medios en Bruselas, Espinosa advirtió además de que "tampoco hay mucha seguridad" de que sea posible adoptar la decisión para retomar las conversaciones durante la cumbre UE-América Latina y Caribe del día 18, pese a que el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso así lo anunció a finales del pasado mes.

La semana pasada, Francia se mostró en contra de reiniciar las negociaciones para un acuerdo comercial con el bloque de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), por los perjuicios que teme que podría tener para los agricultores europeos en general, y los franceses en particular.

Sin embargo, Espinosa subrayó este lunes que la decisión que podría tomarse en Madrid sería en cualquier caso un "acuerdo de carácter político" equivalente al "arranque de las negociaciones", que después deberían seguir su trámite.

"Temores cero, porque no hay nada encima de la mesa", insistió la ministra, tras defender que una negociación "nunca perjudica" y recordar que el primer paso será "iniciar" las conversaciones y que, en lo que respecta a los términos del acuerdo, "lógicamente no está ni plasmado en un papel".

Espinosa dice que el tomate marroquí que entra en el mercado comunitario "cumple" las exigencias sanitarias

BRUSELAS.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó hoy que el tomate importado de Marruecos al mercado comunitario "cumple las mismas exigencias" en materia de seguridad alimentaria que los productos europeos, pero pidió a este país "reciprocidad" en las normas fitosanitarias aplicadas durante "todo el proceso" de trazabilidad.

En declaraciones a los medios al término de su participación en un seminario en el Parlamento Europeo sobre criterios de calidad de los alimentos, Espinosa subrayó que "nunca nadie ha podido demostrar" las acusaciones de que los contingentes de tomate que Marruecos exporta al mercado de la UE no cumple las normas sanitarias.

"Por tanto, el tomate que entra cumple las mismas exigencias en cuanto a seguridad alimentaria", continuó la ministra, que sí admitió que queda por aclarar "cómo lo hacen" y en este sentido pidió "reciprocidad" a las autoridades marroquíes.

En cualquier caso, indicó que cualquier país tercero que firma un acuerdo con la Unión Europea debe respetar la "equivalencia" con los acuerdos de la UE, de modo que "el resultado final no pueda causar ningún daño al consumidor ni al medio ambiente".

La ministra explicó que "la diferencia más importante" radica en que los productos comunitarios deben cumplir estos estándares durante el proceso de trazabilidad, a lo largo de toda la cadena, mientras que los alimentos de países terceros "no tienen esa obligación" y sólo importa el "resultado final".

Los economistas murcianos hacen un llamamiento a la responsabilidad cívica fiscal

MURCIA.- Los economistas de la Región de Murcia hicieron hoy un llamamiento a la "responsabilidad cívica fiscal" en la Campaña de Renta de 2009, a tenor de la disminución de los ingresos que se viene experimentando.

El vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, José Ignacio Gras, puso de manifiesto que esta campaña en épocas de crisis como la actual "adquiere una mayor importancia, dado que es el impuesto pilar central del sistema fiscal".

De hecho, puntualizó Grass, "supone el 40 por ciento del total de los ingresos de recaudación del Estado", seguido del IVA (30 por ciento).

En esta línea, recordó que desde 2007 y hasta 2009 "los ingresos por renta han disminuido el 12 por ciento" y aunque se trata del impuesto que menos ha descendido, puesto que el impuesto de sociedades ha caído un 55 por ciento por "la reducción de la actividad" y el del IVA un 50 por ciento en esos dos años, se trata "de una caída importante de ingresos al configurar como el pilar fundamental".

Es por ello por lo que consideró que "merece la pena prestar una atención especial al cumplimiento de las obligaciones fiscales del impuesto de la renta, ya que será el soporte del mantenimiento del sistema fiscal".

Al mismo tiempo, Gras subrayó que "de los 18 millones de declaraciones, sólo un 4 por ciento de contribuyentes tienen ingresos superiores a 600.000 euro, mientras que el bloque fuerte, el 28 por ciento de declarantes, están en el tramo de 12.000 a 20.000 euros".

El nuevo recorte del gasto público impuesto por Bruselas afecta a la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó hoy que aún "hay margen" para reducir más de lo inicialmente previsto el déficit en 2010 y sugirió que este recorte adicional se centrará más en el gasto que en los ingresos públicos. Además, dejó claro que este nuevo recorte afectará a las comunidades autónomas, con las que habrá que volverse a sentar para hablar de ajustes.

Así, afirmó que en el entorno europeo "el debate (del ajuste adicional) tiene más que ver con los gastos que con los ingresos" a lo que añadió que "España entrará en la generalidad". Además, afirmó que el Gobierno descarta una gran subida de impuestos y "no está pensando en un cambio de orientación en la política fiscal".

Por otro lado, Ocaña avanzó que habrá "líneas rojas" a la hora de dar un nuevo 'tijeretazo' como el gasto en desempleo y, sin embargo, aseguró que el recorte tendrá que llevarse a cabo también por el lado de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Ocaña insistió en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tendrá que revisar el acuerdo marco firmado con las comunidades para acelerar su senda del déficit. "Habrá que volver a sentarse" afirmó Ocaña, quien aseguró que la convocatoria del próximo CPFF no se demorará y que, además, "la discusión será relativamente fácil".

Más aún, señaló que ya hay grupos de trabajo en el seno del CPFF que están estudiando los márgenes de recorte existentes en políticas de sanidad o educación y otros servicios que aportan las comunidades autónomas y que cuyas conclusiones podrían dar lugar nuevas medidas "de carácter normativo o de gestión".

"Hay mucho margen" afirmó para añadir a renglón seguido que ello no tiene por qué afectar a la calidad de los servicios que actualmente prestan los entes autonómicos.

Unos 50.000 millones

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que realizar una reducción del gasto de 50.000 millones de euros, similar a la anunciada por el Gobierno, "para soportar una parte del ajuste presupuestario en proporción al déficit que han contribuido a generar", según los cálculos del economista y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, José Barea.

En una entrevista a la revista de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Barea alerta de que "más de la mitad" del 11,4% del déficit público registrado al cierre de 2009 es estructural, por lo que subrayó las dificultades que tendrá España para situar su déficit por debajo del 3% en 2013 como exige la UE.

"Alcanzar este objetivo representa 800.000 millones de euros, casi un billón, y tienen que colaborar todas las administraciones públicas, entre otras cosas para dar confianza a los mercados de capitales y colocar bien la deuda del Estado, y también las de estas entidades", puntualizó.

En este sentido, el economista argumentó que para reducir el déficit en más de 8 puntos del PIB en cuatro años "harán falta recortes muy drásticos, para los que parece que no hay la suficiente decisión política".

En este sentido, apuntó que como los funcionarios públicos "gozan del privilegio de la estabilidad en el empleo", deberían someterse a congelación durante el próximo cuatrienio la totalidad de sus contribuciones fijas, así como un recorte del 10% en las retribuciones complementarias en cada una de los cuatro años.

En relación a los gastos de funcionamiento de servicios, el economista propone la reducción de los créditos en el 10% de sus importes en cada uno de los años de este periodo de contracción del gasto.

Respecto a cómo obligar a las autonomías y a las corporaciones locales a reducir su gasto, José Barea indica que una forma sería mediante acuerdos con el Gobierno, que de no cumplirse se les deduciría de la recaudación correspondiente por su participación en los principales impuestos generados por el Estado.

En cuanto a la subida del IVA proyectada por el Ejecutivo para el mes de julio, el catedrático explicó que con un alza de dos puntos los ingresos previstos ascenderían a unos 3.000 millones de euros, algo que consideró positivo si se destinasen a reducir el déficit, pero que se tendría que aplicar durante este año y los tres siguientes.

"No sé qué resultado dará, pero en un periodo de recesión subir los impuestos no es lo aconsejable", concluyó el economista.