viernes, 4 de junio de 2010

¿Qué pasa en Cremofruit? / Ángeles Trujillo *

Hace unos siete años, participé en un grupo o curso de reflexión, que organizó el Foro Ignacio Ellacuría, sobre el tema de la Globalización. Teníamos como manual todos los documentos recopilados sobre los movimientos altermundistas derivados en gran parte del Foro Social Mundial de Porto Alegre, y a través de ellos y con el apoyo de José Antonio Zamora que coordinó al grupo, descubrimos, tal vez de una forma un poco anticipada para esta región, los grandes problemas que un mundo GLOBALIZADO dominado por una filosofía neoliberal, iba a generar.

Como siempre, parecen lejanas las cosas que se tratan en muchos momentos, pero al final siempre recurrimos al principio de reflexión-acción: PIENSA EN GLOBAL Y ACTÚA EN LOCAL. Porque las cosas llegan hasta los lugares más recónditos del planeta, en este caso a este punto del mapa del mundo mundial que se llama Calasparra. Eso del neoliberalismo, - me preguntaba- ¿qué tendrá que ver con un espacio en donde convivimos poco más de diez mil personas? Y la gente aquí lo único que pide es cambiar su fuerza de trabajo por unos recursos mínimos que les permitan vivir con dignidad y sacar adelante a su familia.

En los últimos años, y sin ánimo de ser pesimista, van sucediendo una serie de hechos que, como mínimo, nos sorprenden, tanto por su significado, como por la celeridad con que ocurren. Parecía que un gran impulso económico nos iba a llegar y casi estábamos tocando un nivel de empleo que permitía otra vieja aspiración, como es la de de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Se sustituyó la vieja factoría de Conservas Calasparra por otra mucho más moderna, se gestionó una cooperativa de segundo grado, se ampliaron los polígonos industriales…

Pero de pronto empieza a desinflarse el globo y tenemos dos situaciones que nos parecen graves: la primera y muy sonada, el cierre de la factoría de Conservas Calasparra, que lleva aparejada un grave conflicto laboral, sin que al día de hoy se le vean atisbos de solución. Amplia plantilla, personas en su mayoría jóvenes con familias a su cargo, muchas de ellas excelentes trabajadoras. Una serie de despropósitos van ocurriendo Algunos sospechamos que la premeditación ha sido total e incluso ha existido un planteamiento de “cargarse la empresa”. No en vano sabemos que hay grupos dedicados a generar procesos de este tipo y a continuación irse de rositas.

Grave el tema, muy grave, cuando además habían recibido toda clase de apoyos por parte de gobiernos local y autonómico en diferentes momentos. Nos dice eso que en este mundo globalizado y con la deslocalización como forma de buscar nuevas personas a quien explotar ¿fiarse?, como dicen, ni de tu padre.

Pero otro nubarrón se cierne sobre nuestras cabezas, llevado esta vez de manera silenciosa, sigilosamente, sin ruido. `¡Que no zurra! Sería una mala imagen, ¿de quien?, me pregunto yo.

La cooperativa de segundo grado, formada por otras cooperativas de distintos municipios próximos está bastante “tocada” o al menos eso es lo que se comenta. Dicen que están vendiendo las máquinas por la puerta trasera. Dicen que hay por medio hasta un politiquillo con ambiciones de candidato. Dicen y se cuentan muchas cosas, pero la que más suena es la de una disparatada mala gestión, no sabemos si espontánea o intencionada.

Y si grave es que una empresa privada nos deje con el culo al aire, este último caso, el de Cremofruit, nos parece demencial. Porque esta cooperativa nació básicamente con un primer objetivo: dar salida a los excedentes del mercado de fruta, principalmente albaricoque y melocotón, convirtiéndolo en cremogenados, dado que se acercaba el momento en que las subvenciones europeas para destruir productos frescos, se acababan. Solución que era la salida para las economías de pequeños y medianos productores.

Empresa de economía social, con grandes apoyos financieros, con facilidades de todo tipo, con apoyo político y ciudadano…y esto es lo que nos hacen. Y sobre todo porque el asunto va con casi nocturnidad y, como mínimo, nula o mala información, ya que tenemos como único “medio” la técnica del rumor con las deformaciones que la misma produce. Y quede claro, por si alguien tiene la tentación de pensar el “qué nos importa” a la ciudadanía, que esto y otras muchas cosas están en nuestro derecho de opinar, criticar y denunciar. Son bienes casi públicos

Para acabar una propuesta: ¿Por qué no recoger en los medios locales, comarcales y regionales este tema? ¿ Se podría dar respuesta a la pregunta que algunos y algunas nos hacemos ¿QUÉ PASA EN CREMOFRUIT?

Porque ya va siendo hora de poner en práctica algunos modelos nuevos ante una crisis que, entre otras cosas, reclama mayor participación y mayor corresponsabilidad, para poder controlar qué se hace. Mayor transparencia y la incorporación de buenas prácticas, cosas de las que se ha adolecido en múltiples situaciones en esta cooperativa. Las cosas no nos suceden solo porque hayan sinvergüenzas sueltos, sino porque hemos caído en el mayor de los individualismos posible y, si no nos afectan directamente, miramos para otro lado, y hasta cuando nos afecta aguantamos estoicamente, por si acaso me fuese en ello algún interés.

(*) Ángeles Trujillo es maestra nacional y forma parte del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

IBM gestiona la plataforma tecnológica de la CAM dentro del proyecto 'Mare Nostrum'

MADRID.- Caja Mediterráneo ha suscrito un contrato de servicios tecnológicos con IBM, que se enmarca dentro del proyecto de la Caja denominado Mare Nostrum, para la renovación de su plataforma tecnológica y sistemas centrales.


Caja del Mediterráneo acaba de finalizar su proyecto de renovación que se inició en 2005 cuyo objetivo es incrementar la contribución de la tecnología a la estrategia del negocio, mejorando su eficiencia. La nueva plataforma tecnológica y sistemas de información de CAM permitirán que los costes tecnológicos por transacción de la Caja sean un 35% inferiores a la media de las entidades financieras en España.

Caja del Mediterráneo acaba de finalizar su proyecto de renovación que se inició en 2005 cuyo objetivo es incrementar la contribución de la tecnología a la estrategia del negocio, mejorando su eficiencia. La nueva plataforma tecnológica y sistemas de información de CAM permitirán que los costes tecnológicos por transacción de la Caja sean un 35% inferiores a la media de las entidades financieras en España.

Con el fin de contribuir con esta estrategia, IBM durante los próximos cinco años va gestionar la plataforma tecnológica central de la Caja, formada por dos mainframe de IBM (IBM System z10) con procesamiento paralelo. El servicio comprende la gestión del sistema informático central y todas las actividades de diseño, implantación, prueba, operación y soporte, bajo estándares ITIL e ISO 20000.

Según su fabricante, los servidores IBM System z10 son un 50% más rápidos que sus predecesores (System z990) y tienen un 100% más de mejora del rendimiento y un 70% más de capacidad.

Este contrato amplía otro anterior por el que IBM colaboraba con la Caja en la gestión de parte de sus sistemas de información.

Con este proyecto la CAM quiere conseguir controlar los costes de la gestión de la plataforma tecnológica, además de disponer de una estructura que le permita responder a la demanda de los clientes, incrementar los niveles de servicio referentes a la seguridad seguridad y la continuidad del negocio con el fin de asegurar que las actividades de esta institución financiera estén siempre en funcionamiento y que no sufran interrupciones en caso de alguna incidencia no prevista.

Caja Mediterráneo lanza una campaña de identificación con la Región de Murcia

MURCIA.- Caja Mediterráneo ha puesto en marcha una agresiva campaña publicitaria institucional para destacar su cercanía y compromiso con la sociedad murciana. Se desarrolla en una primera fase durante los meses de junio y julio, en prensa, radio, internet y exterior, según informaron hoy fuentes de la entidad.

Los diversos anuncios reflejan su compromiso con la sociedad murciana y evidencian los motivos de la actuación de Caja Mediterráneo: trabajar para las personas y para apoyar sus proyectos, para mejorar la sociedad y revertir en ella sus beneficios.

Mensajes como "la 1ª caja fundada en la Región es la única que cotiza en Bolsa", hace referencia a la capacidad de innovar y la experiencia en hacer bien las cosas. Caja Mediterráneo es la primera entidad en emitir cuotas participativas y cotizar en bolsa o la primera caja fundada en la Región lideró la concesión de créditos ICO para las empresas y los autónomos entre las cajas, evidencia el apoyo a estos colectivos. Caja Mediterráneo es la caja líder en la concesión de créditos ICO.

Así como la 1ª caja fundada en la Región apuesta decididamente por el sector agrario, muestra el apoyo decidido al campo murciano y la primera caja fundada en la Región ha sido considerada la más eficiente de España , resalta que Caja Mediterráneo es la entidad más eficiente en 2009.

La 1ª caja fundada en la Región es la que puede llevarte más lejos, muestra cómo Caja Mediterráneo cuenta con una amplia red de oficinas en el extranjero a disposición del sector empresarial murciano, de claro perfil exportador.

Y una última como la 1ª caja fundada en la Región llegó en 2009 a más de 5,6 millones de personas, señala el compromiso con una sociedad más justa y equitativa. Caja Mediterráneo es la empresa cotizada que más destina a acciones de responsabilidad social y a Obra Social.

En las cuñas de radio se recogen diversos testimonios de clientes sobre su relación con la Entidad.

Con 'Aquí nos tienes', Caja Mediterráneo reafirma su carácter de caja cercana, que está al lado de la gente desde 1893, que entiende que su misión es compartir sus ilusiones y proyectos, ayudando a las familias y a las empresas de la Región e invirtiendo en obras que benefician a la sociedad. En definitiva, personas que trabajan para las personas de forma eficaz y sólida.

El CESE busca reequilibrar la cadena alimentaria

VALENCIA.- El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se reunió hoy en Valencia con representantes europeos de todos los eslabones de la cadena alimentaria para "corregir los desequilibrios" existentes y "estabilizar" las fuerzas de todos los agentes, con medidas como la creación un seguro de ingresos que limite las pérdidas de los agricultores o la "reinterpretación" de las leyes de competencia para evitar "abusos" en la composición de los precios.

La jornada 'Claves para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria', organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y el CESE, contó con la participación de los presidentes Asaja y AVA-Asaja, Pedro Barato y Cristóbal Aguado, así como de numerosas personalidades del ámbito económico valenciano y de representantes de los Gobiernos central y autonómico.

Camps recalcó que "a pesar de las dificultades actuales, el campo es presente y futuro no solo de la Comunitat Valenciana y de España, sino también de Europa" porque "Europa sin el campo, sin la agricultura, prácticamente no tendría razón de existir". Así, abogó por fomentar la competitividad y capacidad de generar empleo del sector y por garantizar la "estabilidad económica" del agricultor.

"Necesitamos que la agricultura sea un lugar atractivo" y "una salida potente, de nivel, fuerte y de mucho prestigio social" para los jóvenes, subrayó Camps, quien señaló que todos los valencianos tienen "alma de agricultor, lo que significa trabajo de sol a sol, esfuerzo, compromiso con la tierra e intentar ver siempre una oportunidad a un obstáculo y una posibilidad a una circunstancia de complejidad", pero "siempre lealmente con el resto de los españoles".

Por su parte, Pedro Barato exigió "medidas urgentes, que algunas no cuestan ni dinero", para afrontar la "falta de rentabilidad de las explotaciones" agropecuarias españolas, así como la modificación de la legislación comunitaria y nacional para "sancionar los abusos que se están cometiendo en la composición de los precios".

"Necesitamos unos precios con los que todo el mundo pueda vivir", recalcó el presidente de Asaja, quien señaló que "hace falta mucha claridad".

"No digo que haya que intervenir como en el siglo XIX, pero sí actuar para que haya esa transparencia", con medidas como el "establecimiento de precios mínimos en base al coste de la producción", como sucede para calcular el coste del seguro agrario.

Cristóbal Aguado reivindicó que "la política agraria común (PAC) y las leyes de competencia tienen que adaptarse o reinterpretarse" para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda", y destacó que "hay una mayoría de países de la UE que piensan que ha llegado el momento de intervenir", con iniciativas como "crear un seguro de rentas".

Al respecto, celebró "cómo ha evolucionado en el último año y medio" la opinión de los responsables de la Comisión Europea sobre esta cuestión, hasta considerar ese seguro como "algo que es interesante estudiar y aplicar dentro de la PAC".

"La Comisión Europea ya está debatiéndolo" y "en sus documentos ya hace referencia a que hay que estudiar un seguro de ingresos porque puede ser una de las garantías que se pongan en marcha para garantizar más estabilidad en la cadena alimentaria", dijo.

"Esa apertura antes no existía", aseveró Aguado, quien explicó que "ese seguro de ingresos no es un seguro de garantía de renta, sino un seguro que podría limitar las pérdidas" de los agricultores, para que únicamente se arriesguen a sufrir "pérdidas asumibles, pero no a perderlo todo" y tener que abandonar su profesión y la explotación.

Aguado urgió a dar "viabilidad económica rápidamente" a todos los actores de la cadena y destacó la importancia de que el CESE incorpore las conclusiones de la jornada de hoy al dictamen que presentará en septiembre, a petición del Parlamento y la Comisión Europea, con "medidas correctoras" que "serán tenidas muy en cuenta por los legisladores comunitarios".

Por su parte, el secretario general de Eurocommerce en Bruselas, Xavier Durieu, garantizó que la gran distribución considera la jornada de Valencia como "una oportunidad para ayudar al sector agrario, y es bienvenida, pero no de un modo proteccionista, sino para intentar ayudarles a estabilizar su renta y, sobre todo, para que sean también competitivos".

Valoró también que la CE haya decidido estudiar los precios de la cadena alimentaria, aunque hizo hincapié en la responsabilidad de los intermediarios en las subidas de precio que experimenta el producto desde el origen hasta que llega a la gran distribución, dado que "el margen de beneficio del comercio oscila entre el 2 y el 4 por ciento, debido a la fuerte competencia del sector, y el margen comercial de los grandes productores entre el 10 y el 25 por ciento".

Criticó, en este sentido, que "a menudo, el populismo de las instituciones europeas conduce a criticar el comercio sin tener en cuenta y olvidándose de aquellos actores que están entre los agricultores y el comercio".

"La cuestión a plantearse es si queremos proteger a un sector o aumentar su competitividad", sentenció Durieu, quien se mostró de acuerdo con modificar la normativa europea de la competencia para garantizar la estabilidad de los agricultores.

Por último, el subdirector general de Estructura de la Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, José Miguel Herrero, destacó las actuaciones del Gobierno para garantizar la "transparencia" y "vertebración" de la cadena alimentaria, así como su intención de restablecer el "equilibrio de fuerzas" en la misma. Exigió también que se establezca un "equilibrio normativo" en todos los países de la UE en materia de competencia.

Los premios de Ecologistas en Acción señalan a Viudes como ¿un presunto malversador de fondos públicos?

MURCIA.-Ecologistas en Acción concede los Premios Atila Región Murciana con motivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías principales denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”, a las que cada año el jurado se ve obligado a añadir varios “accesit”, debido a la gran cantidad de candidaturas que se reciben.

Cientos de personas se han dirigido a esta asociación proponiendo, desgraciadamente, numerosos candidatos que superan con creces el número de premios concedidos, y de entre los cuales el Jurado ha elegido a los siguientes:

Premio “Atila Región Murciana 2010”

D. José Ballesta. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Por la “des-ordenación” del territorio que ha promovido en los últimos años, dando el visto bueno a proyectos urbanísticos demenciales y promoviendo una red de grandes infraestructuras que contribuye a la fragmentación social y medioambiental del territorio.

Premio “Caballo de Atila 2010”

D. Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua.

Por haber diluido la importancia del medio ambiente dentro de una consejería en la que los asuntos relacionados con la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático han pasado a un segundo (o cuarto orden) frente a las políticas urbanísticas y de “des-fragmentación” del territorio que el Gobierno Regional (a través del Consejero D. José Ballesta) promueve.

Repite por segundo año consecutivo, por no haber perdido vigencia los motivos que le hicieron merecedor de este premio el año pasado:

No reaccionar ante los graves episodios de contaminación del aire que se producen en Cartagena y Murcia, minimizando el problema y justificando que quien vive cerca de un polígono industrial ya sabe a lo que se expone. Por no vigilar los vertederos de la Región de Murcia, y no obligar a los gestores a respetar la legislación vigente. Por no aprobar los “Planes de Ordenación de los Recursos Naturales” algunos de los cuales llevan años redactados y esperando en un cajón su aprobación definitiva. Por no paralizar e impedir definitivamente proyectos que afectan a espacios protegidos como “Marina de Cope”, “Novo Cartago”, “Macropuerto de El Gorguel”… Por no promocionar las energías renovables, la agricultura ecológica, la reducción y eficiencia energética, etc.

Accésit “Actuación más bárbara”

Dña. Pilar Barreiro, Alcaldesa de Cartagena, y Portmán Golf.

Por empeñarse en edificar 4 edificios con 64 viviendas en el Monte Sacro, provocando un grave deterioro del entorno del Castillo del Monte Sacro, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo de Cartagena, y afectando a la muralla del Siglo XVIII, “Muralla de Tierra”, declarada Bien de Interés Cultural.

La Alcaldesa Pilar Barreiro vuelve a demostrar el escaso valor que este Ayuntamiento da al medio ambiente y a sus bienes culturales, permitiendo la degradación irreversible de uno de los signos de identidad de la ciudad. El Monte Sacro es una de las 5 colinas que marcan gran parte de la Historia de Cartagena (Molinete, Monte de San José, Despeñaperros, Monte de la Concepción y Monte Sacro), y cabe destacar que pertenece al Conjunto Histórico-Artístico de Cartagena declarado por el Real Decreto 3046/1980

Accésit “Tontería más destacable”

Plataforma de Defensa del trasvase Tajo-Segura

Especialmente a sus promotores (Andrés Hernández Ros, Pedro Antonio Ríos Martínez y Juan Ramón Calero Rodríguez). Por su campaña de recogida de firmas a favor del trasvase Tajo-Segura (cuya vigencia y gestión corresponde al organismo de cuenca). Por contribuir con su campaña al “Nacionalismo murciano hidráulico” que encubre y tapa la corrupción en la gestión del agua, utilizando la imagen falaz del agricultor sediento y del pueblo convertido en víctima nacional. También por su contribución a la irresponsable e hipócrita lucha entre territorios, que acaba enfrentando a los ciudadanos, y que responde sólo a estrategias electoralistas.

Accésit “Mayor presunta malversación de fondos públicos”

D. Adrián Ángel Viudes, Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Por la promoción y especial empeño en llevar a cabo proyectos megalómanos, irracionales, innecesarios y totalmente insostenibles como el proyecto de un “Macropuerto de Contenedores en la Bahía del Gorguel”, mintiendo además, descaradamente, sobre sus efectos nocivos sobre el medio ambiente de la zona. Este proyecto es inviable ambiental, social y económicamente.

También por utilizar la institución y su poder para atacar y perseguir a activistas ecologistas que denuncian sus megalómanos proyectos que destruirán una zona de gran valor ecológico en el litoral murciano.

Accésit “Mayor chapuza”

D. Pedro Alberto Cruz, Consejero de Cultura, la empresa La Generala y el Ayuntamiento de Murcia.

Por su vergonzosa actuación con el caso del yacimiento arqueológico de San Esteban. Minimizando al principio la importancia del yacimiento, empeñándose en realizar el aparcamiento sin importar el patrimonio cultural, despreciando la oposición ciudadana al proyecto, incluso iniciando el desmontaje de los restos y finalmente, ante la enorme presión social y de expertos, y la paralización por orden judicial del presunto expolio, rectificando su posición y finalmente reconociendo la importancia de los restos hallados, pretendiendo ahora autoimponerse una medalla a la conservación del patrimonio.

También por la nefasta e hipócrita política cultural, más centrada en los grandes proyectos para autobombo, despilfarrando el presupuesto, y recortando en el gasto de centros culturales, bibliotecas, etc.

Accésit “Marketing verde más hipócrita”

Ayuntamiento de Murcia.

Este Ayuntamiento invierte muchísimo tiempo y dinero en difundir su “lavado de cara” verde, mientras la realidad y los hechos demuestran las malas prácticas ambientales y nulo compromiso real con la sostenibilidad.

Este año especialmente por su marketing en movilidad sostenible y supuesta promoción de la bicicleta, mientras el servicio de autobuses es demasiado caro, poco eficiente y necesita de una reestructuración urgente e inteligente. El tranvía llega antes a los centros comerciales que a los polígonos industriales. También por aprobar un Plan Director de la Bicicleta cuya filosofía es “no afectar ni a carriles ni a aparcamientos de coches” (todo lo contrario de lo que es la verdadera Movilidad Sostenible), y abusar de las vías compartidas, al tiempo que se prepara una ordenanza municipal que criminaliza el uso de la bicicleta en el casco urbano.

Este es uno de los ayuntamientos más insostenibles en materia urbanística, de gestión de residuos, de transporte, de contaminación por tráfico, etc. Gracias a esa mala gestión, Murcia es una ciudad cada día más inhabitable. Sin embargo, el marketing verde se trabaja muy bien con cientos de propuestas, promesas y proyectos que luego quedan en papel mojado, y que se contradicen con la realidad. También acumula una larga lista de “premios verdes", de dudosa imparcialidad. Uno de ellos, el premio “Ciudad Sostenible", se lo da una fundación compuesta por empresas como CESPA, URBASER y GRUPO AGBAR,

que reciben miles de euros públicos en esta Región En esta edición debemos volver a lamentar el que se hayan recibido muchas más propuestas (merecidas) que categorías tienen los premios, siendo nominados, entre otros, numerosos alcaldes por proyectos insostenibles ambiental y socio-culturalmente, instituciones como la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia por entubar las centenarias acequias y la mala gestión del agua, así como todos los cargos públicos y empresas implicados en los numerosos casos de corrupción que se están destapando en los últimos meses. El Jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta.

GANADORES DE LOS PREMIOS "ATILA - REGIÓN MURCIANA" EN AÑOS ANTERIORES: Premios Atila 2009 Premio “Atila Región Murciana 2009”: Gobierno Regional en pleno. Premio “Caballo de Atila 2009”: D. Antonio Cerdá, Consejero de Agricultura y Agua. Accésit “Actuación más bárbara”: D. Adrián Ángel Viudes, Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Accésit “Tontería más destacable”: Alcalde de Calasparra (D. Jesús Navarro) y el Consorcio Turístico de Almadenes. Accésit “Mayor presunta malversación de fondos públicos”: Empresa CESPA. Accésit “Mayor chapuza”: D. Rafael Laorden, Alcalde de Blanca. Accésit “Marketing verde más hipócrita”: Ayuntamiento de Murcia. Premios Atila 2008 Premio “Atila 2008”: D. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Premio “Caballo de Atila 2008”: Benito J. Mercader, Consejero de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. Accésit “Tontería más destacable”: Antonio Tamayo González, Alcalde de Cieza. Accésit “Peor gestión de fondos públicos”: Miguel Ángel Cámara, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia. Accésit “Actuación más bárbara”: Ayuntamientos de Águilas y Lorca, y el Consejero José Pablo Ruiz Abellán. Premios Atila 2007 Premio “Atila 2007”: D. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente Accésit “Alcalde Modelo”: Miguel Ángel Cámara, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia Premios Atila 2006 Premio “Atila 2006”: D. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Premio “Caballo de Atila 2006”: D. Miguel Navarro, Alcalde de Lorca. Accésit “los murcianos no te olvidan”: D. Francisco Marqués, Exconsejero de Industria y Medio Ambiente Premios Atila 2005 Premio “Atila 2005”: Francisco Marqués, Consejero de Industria y Medio Ambiente Premio “Caballo de Atila 2005” Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia “Mención especial Atila”: Polaris World, una de las empresas que lideran el importante sector especulativo-inmobiliario de la Región de Murcia

Los murcianos ya se han dado cuenta del presidente que tienen

MURCIA.- La mayoría de los ciudadanos encuestados de la Región de Murcia (el 65,4%) piensa que la gestión de Valcárcel está siendo mala o regular, según el Barómetro de Primavera de la Región de Murcia', realizado por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, con financiación de la oficial Fundación 'Séneca'.

El objetivo de este estudio, realizado con la colaboración de la Universidad de Murcia, es retratar la realidad social y política de la Región en la primavera de 2010, para lo que se han realizado entrevistas telefónicas a 603 personas mayores de 18 años.

A su vez, se divide en tres áreas temáticas referentes a la situación socioeconómica, el funcionamiento de las instituciones y las actitudes políticas.

Así, en el caso de las actitudes políticas, la estimación de voto en las elecciones autonómicas "se mantiene en las mismas coordenadas, habiendo una enorme estabilidad en cuanto a las mediciones de los barómetros de otoño y abril".

Sobre la situación económica se observa que durante el último año apenas han habido variaciones en las percepciones, de forma que uno de cada dos murcianos la valora como "mala" o "muy mala", frente a uno de cada diez que la percibe como "buena" o "muy buena" y dos de cada cinco que opinan que es "regular".

Para más de la mitad de los entrevistados (58 por ciento), el principal problema de la Región sigue siendo el empleo seguido, aunque a mucha distancia, del agua (15,6 por ciento) y de la actual crisis económica (5,5 por ciento). La corrupción ocupa el cuarto lugar, con un 2,5 por ciento.

La nota diferenciadora la pone el hecho de que se observa un "incremento de la percepción negativa de la situación económica entre los murcianos, aunque son más optimistas que el conjunto de los españoles".

En concreto, según el barómetro, casi tres de cada diez murcianos consideran como "buena" o "muy buena" la situación política de la Región, siendo los hombres y los ubicados desde el Centro a la Derecha los que mejor la valoran.

Igualmente, sobre la situación económica se observa que durante el último año apenas han habido variaciones en las percepciones, de forma que uno de cada dos murcianos la valora como "mala" o "muy mala", frente a uno de cada diez que la percibe como "buena" o "muy buena" y dos de cada cinco que opinan que es "regular".

En el apartado del funcionamiento de las instituciones, el estudio pone de manifiesto que el 36 por ciento de los entrevistados tiene una valoración "buena" o "muy buena" de la gestión del Gobierno regional, frente al 21 por ciento que la valora como "mala" o "muy mala".

El PSRM pide a Valcárcel que acate la sentencia sobre Puerto Mayor y cumpla de inmediato el mandato judicial

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista pide la comparecencia del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, para que explique qué actuaciones va a realizar el Gobierno regional para cumplir la sentencia emitida por el TSJ de Murcia sobre Puerto Mayor.

La diputada regional Teresa Rosique pidió al presidente Valcárcel y su gobierno que acaten la sentencia y procedan de inmediato a la revisión de oficio de las autorizaciones concedidas para la construcción de este proyecto, tal y como en su día le pidió el Ministerio de Medio Ambiente y ahora le ordenan los tribunales.

La Consejería de Obras Públicas tenía en su poder un informe de los Servicios Jurídicos del año 2001, que advertía de la imposibilidad legal de ejecutar el proyecto de Puerto Mayor; a pesar de ello, el Gobierno regional, haciendo caso omiso de dicho informe, autorizó el reinicio de las obras, levantando en 2003 la suspensión que el gobierno socialista había decretado en el año 1989; Obras que fueron paralizadas cautelarmente por el juez en 2005 a petición del Ministerio de Medio Ambiente.

Hasta ahora el Gobierno de Valcárcel ha ido de la mano de la empresa recurriendo todas las decisiones judiciales que frenaban este proyecto.

“Desde el PSOE esperamos que en esta ocasión, el gobierno acate la sentencia, proceda a la revisión de oficio de todas sus actuaciones y anule las autorizaciones concedidas para la ejecución de dicho proyecto”.

La Generalitat y la Junta intentan evitar que Caixa Penedés y Caja Granada pasen a depender de Murcia y los planes de Egea

MADRID.- Nada más anunciarse la posibilidad de un SIP liderado por Cajamurcia e integrado por la catalana Caixa Penedés y la andaluza Caja Granada, ya han comenzado los movimientos serios de la Generalitat de Cataluña y Junta de Andalucía para tratar de evitar que el centro de decisión política sobre ellas pase de Barcelona y Sevilla a Murcia. Las cuatro cajas de ahorros tienen previsto firmar, en principio el próximo lunes, el protocolo para poner en marcha el SIP. La firma tendría lugar en Madrid en el marco de una reunión de trabajo prevista entre los respectivos presidentes.

El Gobierno catalán, que desde el principio ha expresado su deseo de que las entidades de la Comunidad se refuercen con fusiones entre ellas, no ve con agrado esa dependencia de sectores foráneos al mundo financiero y económico propio, y así lo ha hecho saber a quien corresponde.

El Ejecutivo catalán, que ahora tiene competencias sobre los órganos de gobierno de las cajas de su territorio, no tendrá tutela sobre el Sistema Institucional de Protección (SIP) en forma de banco en que eventualmente participaría Caixa Penedès (con Cajamurcia como líder, más S'a Nostra y Caja Granada), lo que no hace absolutamente ninguna gracia en el Palau de San Jordi.

Parece que la Generalitat ha trasladado a Caixa Penedés que, ya que no ha tomado aún ninguna decisión formal, antes de hacerlo valore todas las posibilidades, y si existen opciones alternativas, que las considere desde su respetada independencia. Está claro que lo de Murcia le parece una salida de tono sin sentido alguno desde la óptica catalana y de los intereses genuinos de Cataluña.

En Andalucía, tanto PP como PSOE, recriminan a la Junta que no haya hecho nada por evitar el primer paso dado por Caja Granada hacia un variopinto SIP liderado desde Murcia (provincia colindante de una región vecina) cuando el objetivo es unificar todo el poder financiero regional en favor de los intereses generales de los propios andaluces en un momento de fuerte desempleo y necesidad de inversiones para superar los efectos de una lacerante crisis económica.

Aspromonte, sindicato mayoritario en CajaSur, exigió hoy a la Junta de Andalucía "que aclare inmediatamente a todos los andaluces por qué no se ha vetado" la creación de un SIP o 'fusión fría' entre Caja Granada y Caja Murcia, "al igual que se hizo en su momento con el proyecto de CajaSur y Caja Murcia. ¿Existen cajas de primera y cajas de segunda?", se pregunta.

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, manifestó a continuación haberle "sorprendido mucho" la decisión tomada por el consejo de Caja Granada y añadió que le hubiera "gustado más" una alianza con cajas andaluzas. El consejero de Gobernación insistió en sentirse "sorprendido", ya que recordó que "pusieron pegas a una alianza similar con cajas andaluzas.

No sólo el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha hablado y considera que el máximo responsable de Caja Granada, Antonio Jara, tendrá que "explicar bien" a la opinión pública andaluza el sentido de la fusión, de esa "alianza estratégica" "con dos cajas de Cataluña y una de Murcia", aunque ese SIP le suponga añadir cinco oficinas a su actual red.

También el de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, quien afirmó hoy que, cuando tengan que pronunciarse al respeto, lo harán atendiendo "de manera específica" a los impositores, ahorradores y trabajadores de la caja así como por el desarrollo de la obra social y que velarán igualmente porque "los pasos que se dan suponen un reforzamiento del sistema financiero andaluz".

A su juicio, todavía es una decisión que adoptó el consejo de administración sobre un protocolo de intenciones que se tiene que consolidar por el propio consejo de administración y luego ser remitido a la asamblea de la caja, que tiene que aprobarlo por mayoría reforzada, y "será entonces cuando, con toda la información, que todavía no tenemos sobre el SIP, el Gobierno andaluz tenga que pronunciarse sobre la autorización administrativa, que tiene además un carácter vinculante", ha sentenciado este consejero.

El vicesecretario del PSOE andaluz, Rafael Velasco, pidió hoy explicaciones sobre cómo el recientemente aprobado SIP fortalecerá el sistema financiero andaluz, una postura que, según reiteró, mantiene el partido desde el pasado día 31 de mayo.

Velasco indicó que aún se desconoce la repercusión que tendrá esta unión de cajas para el sistema financiero andaluz.

"Si va a fortalecer el sistema financiero andaluz estamos encantados, pero que se nos explique", dijo el vicesecretario del PSOE-A antes de hacer referencia a ciertos datos "que no nos gustan mucho" relacionados a "prejubilaciones y cierres de oficinas" relativos a los datos del proyecto.

Para terminar, Velasco pidió que se dijeran las "alternativas" que existen a este proceso y que, sobre todo, "que se explique" la decisión tomada por Caja Granada. E indicó que este tipo de acciones "se hacen y se dicen cuando están hechas".

Tal vez es por ésto que el presidente de Caja Granada, el murciano Antonio Jara, en una carta a los empleados, reconoce que los "inevitables" ajustes exigidos por este nuevo escenario, serán "oportunamente negociados" y, a su juicio, "no deben generar inquietud en la plantilla", para concluir que la entrada en el SIP no es la única alternativa.

Debe haber oído al secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, quien consideró que decisiones como la tomada por Caja Granada para entrar en un SIP con CajaMurcia, Sa Nostra y Caixa Penedés, "son muy equivocadas" y lamentó la actuación de PP y PSOE en el consejo de administración de la caja granadina, de forma que "la única que mantuvo sus convicciones y no votó a favor de este SIP fue CCOO, pues apoyarlo sería entregar la caja a la gestión de un banco privado con cédulas propiedad de CajaMurcia, y eso es acabar con la función social de las cajas".

"Los partidos políticos han jugado con una estrechez de miras tremenda en Caja Granada", agregó Carbonero, quien recordó que CCOO no está de acuerdo con la fórmula de los SIP "que no son lo más apropiado".

Precisó que el sindicato "sólo podría estar de acuerdo con los SIP siempre que sea gestionado por una caja de cajas".

"Un SIP podría terminar con las cajas y Caja Granada va en camino de ceder su gobierno y absolutamente todo a la presión de los que provocaron la crisis; aprobar entrar en el SIP supone una cesión sin precedentes a los neoliberales", se lamentó Carbonero.

Se desconocen, pues, si han existido, o no, hasta la fecha movimientos formales de la Junta para que Caja Granada, en manos socialistas, vuelva al redil antes de contraer mayor compromiso con ese SIP que desde Sevilla no ven nada claro para esos intereses generales de Andalucía. Parece que sí y determinantes en el fondo más que en la forma. No sería una decisión sin consecuencias posteriores para sus responsables directos en lo que se puede considerar una especie de traición al resto de andaluces. La situación ya no sería cómoda para nadie si Caja Granada se descuelga.

Aparentemente, el Gobierno andaluz está, por ahora, mudo: ni aclara ni precisa públicamente cuál es su hoja de ruta, mientras ve "impotente" cómo Caja Granada se ha subido a hombros de cajas más fuertes que ella para buscar su supervivencia fuera de Andalucía, lo que ha provocado el pronunciamiento en contra de prácticamente todas las fuerzas políticas y sindicales. Así, Caja Granada nada contra corriente de la mayoría social, posiblemente incluso dentro de su propia ámbito provincial.

Los planes que durante los últimos diez años han vendido los socialistas andaluces de: primero, una caja única; después, una gran caja; y más tarde de un mapa liderado por dos torres, se han roto. También, la idea del Gobierno de José Antonio Griñán de "rechazar cualquier fusión" con cajas de otras regiones, como hace un año aseguraba la entonces consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo.

Los socialistas andaluces van a retomar, por otra parte, la idea de impulsar ahora algo que figuraba en sus planes desde hace tiempo: la fusión de la malagueña Unicaja y la sevillana Cajasol, como primer paso de la fase final de una sola caja.

Y nadie descarta que para esa superior tarea, antes haya que solucionar los flecos de las cajas más díscolas, que utilizan la presión de quedar fuera de control para conseguir una mejor posición negociadora interna.

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, criticó, por su parte, la "miopía" del sector financiero andaluz y advirtió que con la aceptación de que Caja Granada se sume a una alianza estratégica mediante un Sistema Integrado de Protección (SIP) con entidades foráneas, "Andalucía perderá una caja para que Madrid gane un banco".

Además, el líder de IULV-CA consideró que con el hecho de convertir en banco a las cajas de ahorro "se perderá" la naturaleza pública de las mismas, lo que calificó como "un gran problema" debido a que "no va a contribuir a la creación de empleo ni a la recuperación económica".

Por otra parte, Valderas destacó que las cajas de ahorro hacen "caso omiso" a las recomendaciones de la Junta de Andalucía, pese a que "muchos miembros de los consejos de administración pueden llamarse cercanos al partido socialista, pero hacen caso omiso porque juegan a otros intereses por encima del ahorro andaluz".

Finalmente, se preguntó dónde va a liquidar sus ingresos esa nueva estructura bancaria, así como si va a contribuir en Andalucía o en Madrid, ya que en el caso de que contribuya en la capital de España, "Andalucía perderá, digan lo que digan", matizó.

La Asociación Andaluza por la Tasación de las Transacciones Financieras Especulativas también define como una privatización encubierta la fusión fría a la que se somete Caja Granada porque puede desvirtuar la finalidad social de las cajas de ahorro implicadas.

A su juicio, se deja la puerta abierta a una reorientación de sus negocios, a un endurecimiento de las condiciones para acceder al crédito y a la participación de los bancos en las propias cajas mediante la adquisición de acciones.

ATTAC recuerda el deseo de la banca comercial por reducir la influencia de las cajas en el sistema financiero. Sus integrantes consideran que, con estos pasos, se pierde transparencia en la economía andaluza.

"El sistema financiero de nuestra Comunidad muestra síntomas de debilidad pero las fusiones como la pactada entre Caja Granada, CajaMurcia, la balear Sa Nostra y la catalana Caixa Penedés, no contribuyen a reforzarlo, según el presidente de ATTAC, Carlos Martínez, quien recomienda al Gobierno andaluz una vigilancia especial en la nueva composición jurídica de Caja Granada para evitar la entrada en su accionariado de bancos o sociedades especulativas.

El vicesecretario de los socialistas andaluces, Rafael Velasco, mostró, por eso, su intención de profundizar junto con las entidades financieras andaluzas en ver la mejor opción para conseguir que el sistema financiero andaluz culmine "en las mejores condiciones" tras el proceso de renovación marcado por el Banco de España, si bien advirtió que "toda prudencia es poca" a la hora de abordar decisiones y acciones en el sistema financiero.

Finalmente, desde la sociedad civil de las islas Baleares pocos ven clara la inclusión de S'a Nostra, la pequeña caja de ahorros regional, por diluida en un proyecto de intereses tan diversos, algunos inconfesables, y, sobre todo, la pérdida de control sobre sus ahorros e inversión en beneficio de un desconocido y oscuro señor de la lejana y extraña Murcia, en esta especie de fusión a la baja.

Lo explica con contundencia Toni Baos, portavoz de CCOO: "Los financieros han provocado esta crisis y no creo que una fusión que ahonda en la filosofía del gran tamaño para grandes clientes nos devuelva el crédito".

El líder patronal de los hoteleros, Antoni Horrach, piensa que la integración de S'a Nostra en el grupo de Cajamurcia puede suponer una pérdida de poder de decisión. "Nadie mejor que S'a Nostra para evaluar esta decisión, que seguro que es interesante y meditada, pero sí que es posible que se pierda un poco el carácter local. Y es importante, porque S'a Nostra es "sa nostra", nuestra caja".

Es la que menos claro parece tenerlo a día de hoy en espera del pronunciamiento de sus órganos de gobierno para defender los intereses de las islas. Tampoco se ha dicho aún palabra alguna desde La Almudaina, sede del gobierno socialista balear, al margen de las convenientes del conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, aunque se sabe que una asociación en manos de una caja castellana no es la opción ideal para el futuro inmediato de una entidad del mundo identificado por la cuatribarrada que, además, perderá con el SIP 18 sucursales de las que tiene.

Pero se pasaría por todo para ganar la solvencia perdida si la sede del futuro SIP estuviese en Palma ya que no está todavía tomada la decisión de que sea Madrid porque hay quien aún alberga la esperanza de llevársela también a Murcia.

Cajamurcia es la gran beneficiada porque en el intercambio de redes comerciales ganará 26 oficinas y no tendrá que hacer ningún despido entre sus 2.250 empleados, muy al contrario que Caixa Penedés, por ejemplo, que dice sobrarle un tercio de su actual plantilla de 2.800 porque con el SIP encima pierde 23 sucursales.