lunes, 7 de junio de 2010

El Gobierno ecuatoriano designa a Marjorie Ulloa nueva consulesa de Ecuador en Murcia

MURCIA.- El Gobierno de Ecuador nombró el pasado viernes nueva consulesa de este país en la Región de Murcia a Marjorie Ulloa, quien sustituirá al frente de este organismo a Patricio Garcés, que regresará al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador para asumir otras funciones.

Tras desempeñar durante más de seis años este cargo, Garcés precisó que "hasta la incorporación de la nueva consulesa, será la viceconsulesa, Maria Elena Granja, quien estará al frente de la oficina consular en la Región de Murcia".

Garcés, quien el 1 de julio estará en Quito para que se le dé el destino que le corresponda debiendo permanecer en Ecuador unos dos o tres años para después marchar al nuevo destino, dijo partir de Murcia "con la satisfacción del deber cumplido", y reconoció que "dejamos a muy buenos amigos que nos visitarán y que también visitaremos".

Sobre la futura consulesa, que permanecerá al frente de este destino durante un plazo de cinco años, Garcés comentó que el Gobierno ecuatoriano "ha creído necesario mantener la profesionalización de este consulado, ya que esta persona ha desempeñado en varios países tanto en América como en Europa", por lo que, consideró, "tiene experiencia consular".

Asimismo, adelantó que "dentro de un mes y medio o dos estará ya en Murcia".

En este punto, subrayó que la actividad consular "es una de las materias que hay que cuidar mucho", para lo que se le ofrecerá a Ulloa una memoria sobre los temas del Consulado.

Las tareas "importantes" actuales del Consulado, según comentó, y que están "prácticamente listas con la necesidad de afinar algún tema para su aplicación", pasan por "poder otorgar los certificados de antecedentes penales, ya que el problema es la fase de legalización en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid".

Del mismo modo, destacó, "ya están instalados los equipos que permitirán entregar los documentos de registro civil, como las partidas de matrimonio; y de quienes tienen inscrita su información en Ecuador".

El objetivo es que estos documentos "antes de fin de año ya se puedan emitir y se evite el gasto en tiempo y dinero que demandan los ciudadanos para obtener esos papeles desde Ecuador".

Otra de las aspiraciones que se ha convertido en un hecho real es la que tenían los ciudadanos ecuatorianos de "poder mantener el censo electoral abierto".

Sobre esta cuestión, anunció que el próximo lunes se celebrará una reunión en Madrid a la que asistirán técnicos del Consejo Nacional Electoral, encabezados por el presidente de dicho organismo, "para decir la aplicación inmediata de ese registro electoral que permitirá a quienes no están inscritos que lo puedan hacer, y a quienes han cambiado su domicilio dentro de España pues que también puedan realizar esos cambios, para que el número de electores sea parecido al de inscritos".

En dicha reunión, la vicecónsul de Ecuador en Murcia transmitirá al presidente del Consejo Nacional Electoral "la necesidad de crear subsedes electorales, una en la zona del Guadalentín y otras en el norte, con el fin de que no exista necesidad de desplazarse desde diferentes puntos de la Región a la ciudad de Murcia".

Por otro lado, Garcés indicó que en lo que va de año "se ha inscrito el nacimiento de 1.100 niños ecuatorianos en el Consulado, lo que compensará con creces el número de compatriotas que han vuelto a su país por la crisis".

Y es que, según los últimos datos de los que dispone, son 45.000 los ecuatorianos con tarjeta de residencia que hay en la Región, cifra que ha descendido con respecto al pasado año, que se situaban del orden de 48.700.

De igual modo, también es "alto" el número de ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española y que en la Región supera los 20.000.

Por último, Garcés se despidió con la satisfacción de "labor cumplida" durante su mandato, periodo en el que ha asistido a varios procesos que calificó de "importantes", como el inicio de la regularización de los ciudadanos ecuatorianos, "lo que ha permitido la integración de la mayoría de ellos".

En este tiempo, manifestó, "también se han podido realizar por primera vez en el exterior el empadronamiento de ecuatorianos y que tenga representantes a la Asamblea Nacional Ecuatoriana, hasta el punto de que uno de los representantes por la zona de Europa es una ciudadana ecuatoriana radicada en Murcia".

En definitiva, precisó, "el peso específico que ha ido ganando Murcia en relación con Ecuador, y que ha hecho que tengamos el segundo número de empadronados para votar en el exterior, con más de 30.000 inscritos".

"En relación con otras zonas donde la colonia ecuatoriana es mucho más grande, como Nueva York, con 700.000 ecuatorianos radicados en la zona de influencia, pues los inscritos con derecho a voto no llegan a 5.000", concluyó.

(En la imagen, Marjorie Ulloa, durante una reunión de UNASUR)

Retegui quiere conocer el coste de vídeos promocionales y folletos de "lujo" de Cruz

CARTAGENA.- La viceportavoz del PSRM-PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, anunció que su Grupo Parlamentario va a presentar en la Asamblea Regional iniciativas para conocer "cuál es el coste de los vídeos promocionales y los folletos de lujo de los que se sabe que sólo su diseño tiene un presupuesto de más de 66.000 euros".

Tras conocer las nuevas piezas de la campaña de comunicación 'No-Typical', integrada por nuevas guías turísticas y un nuevo spot publicitario, García Retegui dijo entender que en situación de crisis, "elaborar 100.000 folletos de lujo, con el coste que eso significa, no es una apuesta por que vengan turistas a la Región, sino una muestra más del despilfarro del consejero, que parece que la crisis no va con él".

Sostuvo, por tanto, que "en una situación en donde todas las comunidades, el Estado español y todos los Estados en Europa están haciendo recortes, y cuando la propia Región está dejando de pagar a los proveedores, no abona el transporte escolar, tiene más de 500 millones pendientes de pago, además de los 300 millones en el SMS, parece una broma de mal gusto que el consejero saque unos folletos de lujo".

"Estamos a favor, lógicamente, de promocionar el turismo, pero la promoción de Cruz da unos resultados inversamente proporcionales, en cuanto a la llegada de turistas que aporten algo a la economía regional, al despilfarro que hace el consejero", subrayó la diputada, quien se preguntó "si Pedro Alberto Cruz ha contado con los representantes del sector turístico", informó el PSOE en una nota.

PSOE de Granada: "El protocolo de intenciones firmado requerirá ahora de un proceso de negociación"

GRANADA.- El PSOE granadino insistió hoy en su posición de "respeto" a lo que decidan los órganos de gobierno de CajaGranada, que esta tarde firmaron en Madrid junto a CajaMurcia, Sa Nostra y Caixa Penedés un protocolo para poner en marcha un Sistema Integrado de Protección (SIP) después de que así lo aprobaran los consejos de administración de las cuatro entidades la pasada semana.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Entrena (en la imagen), incidió en que los socialistas granadinos han sido "bastante claros" desde que comenzó a hablarse de una posible 'fusión fría' de CajaGranada con otras cajas de fuera de la Comunidad Autónoma, siempre "convencidos" de que lo que decidan los órganos de gobierno de la granadina será "bueno para la provincia" y, en consecuencia, "bueno para Andalucía".

En cuanto a las declaraciones efectuadas por otros dirigentes socialistas a nivel regional, Entrena consideró que éstas son "opiniones". "No hemos llegado aún al final de ningún viaje, se ha aprobado un protocolo de intenciones que hoy se está firmando y que requerirá un proceso de negociación", mantuvo.

Por otra parte, en Sevilla, el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, manifestó que no sabe si la operación de 'fusión fría' que llevará a cabo CajaGranada es buena para el sistema financiero andaluz, por lo que pidió que se explique.

En rueda de prensa tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Velasco quiso dejar claro que si ese proceso es bueno para el sistema financiero andaluz, estarán encantados, pero que ni no es así, "no estaremos contentos".

Durante su comparecencia, Velasco garantizó que los socialistas van a trabajar por que haya alianzas estratégicas en Andalucía, sin descartar también con entidades de fuera, para que haya en la Comunidad una "gran caja andaluza".

CajaMurcia, CajaGranada, Sa Nostra y Caixa Penedés firman el protocolo para el SIP

MADRID.- Los presidentes de CajaMurcia, CajaGranada, Sa Nostra y Caixa Penedés, entidades que forman un Sistema Integrado de Protección (SIP), firmaron hoy en Madrid el protocolo para poner en marcha un nuevo grupo que va a aglutinar a las cuatro cajas a partir de 2011, informaron en un comunicado.

La firma del protocolo de intenciones, que deberá ser validado por el Banco de España, se produce en virtud de los acuerdos adoptados el pasado miércoles por los consejos de administración de las cuatro cajas.

El acuerdo establece que cada una de las cuatro entidades que constituyen el nuevo grupo mantendrá su personalidad jurídica, su marca, su lealtad territorial y su negocio minorista, así como sus propios órganos de gobierno y su obra social, independientes.

La sociedad central, que adoptará la forma jurídica de banco, con sede en Madrid, será la responsable de la definición y gestión de las políticas financieras y operativas del grupo, entre ellas, gestionará la solvencia; diseñará la estrategia corporativa; el negocio mayorista; definirá la gestión de riesgos o la planificación tecnológica.

El consejo de administración del grupo, en el que estarán representadas las cuatro entidades, contará con 16 miembros, cinco, en representación de CajaMurcia; cuatro, en representación de Caixa Penedès; tres, en representación de CajaGranada; dos, en representación de Sa Nostra y dos independientes.

La sociedad central estará participada en un 39 por ciento por CajaMurcia; en un 27 por ciento por Caixa Penedès; un 19,5 por ciento por CajaGranada y un 14,5 por ciento por Sa Nostra.

Además de la firma del protocolo, hoy se han constituido las mesas de trabajo encargadas de estudiar la estructura de esta "fusión fría", que deberá ser refrendada por las distintas asambleas generales de las cajas. Quedan por determinar los aspectos sobre la sede central.

Esta alianza intentará mantener plantillas y que los trabajadores, como máximo, puedan ser recolocados en los servicios centrales de la nueva entidad o en la reorganización de la red de oficinas.

Además, indicaron que, si la reestructuración de oficinas conlleva la reducción de la plantilla, se acometerá mediante jubilaciones anticipadas, aunque todas estas medidas se discutirán en las mesas laborales de las cajas.

El SIP propuesto posibilitará aprovechar la oportunidad de solicitar fondos del FROB, según la normativa del Banco de España, en una cantidad aún no concretada.

El presidente CajaMurcia, Carlos Egea, destacó que "el grupo nace con absoluta vocación de liderazgo en el Arco Mediterráneo entre otras zonas, porque las entidades que lo forman son a su vez líderes en sus respectivos ámbitos de actuación".

Por su parte, el presidente CajaGranada, Antonio Jara, resaltó que el nuevo grupo "ha puesto el acento en el mantenimiento de la propia marca y de las señas de identidad históricas de cada una de las cuatro cajas integrantes del mismo", a la vez que ha preservado fielmente la lealtad territorial de cada una de las entidades.

El presidente Caixa Penedès, Josep Colomer, subrayó que "esta alianza permite mantener las singularidades territoriales de cada entidad y, al mismo tiempo, reforzar la solvencia y ganar la dimensión suficiente para ser más competitivos en el futuro".

Por último, el presidente Sa Nostra, Fernando Alzamora, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado e indicó que "el grupo quiere resaltar la voluntad de aumentar en su zona de actuación la inversión crediticia, el apoyo a las empresas como factor fundamental para generar puestos de trabajo y dinamizar la economía del país".

"La importancia del grupo, al que hoy hemos dado el punto de partida, radica en que, las comunidades, las zonas de nuestro ámbito de actuación, suponen el 70% del PIB de España", concluyó.

El comisario europeo de Transportes insta a finalizar las infraestructuras pendientes

ZARAGOZA.- El comisario europeo de Transportes, Siin Kallas, afirmó hoy en Zaragoza que se puede aprovechar la construcción de infraestructuras para superar los actuales "momentos difíciles" que atraviesa la economía española.

De visita en Zaragoza para participar mañana, martes 8 de junio, y pasado mañana en la Reunión de ministros de Transportes de la UE, con motivo de la Presidencia española de turno de la UE, Siin Kallas expresó que es preciso "presionar, mover e intentar que se cumplan" y se ejecuten los proyectos pendientes, entre otros el denominado Proyecto 16, que incluye la construcción de la Travesía Central del Pirineo (TCP) para conectar España con Francia a través del Pirineo aragonés.

Siin Kallas recordó que, históricamente, "se han utilizado las inversiones para generar empleo". También indicó que están aprobados por la UE el Proyecto 16 y el denominado Eje Mediterráneo, que enlazaría España con Francia a través del Levante y Cataluña, con el que compite Aragón como eje de comunicaciones terrestres a largo plazo.

En este sentido, aseveró que "hay que cumplir con estos proyectos", tras lo que consideró que "no hay competitividad" entre ambos, sino "complementariedad", ya que ambos formarán parte de las Redes Transeuropeas.

Siin Kallas se entrevistó con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autónomo, y después ambos se trasladaron a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), donde conoció el proyecto y visitó el área ferroviaria.

Los alcaldes piden ayuda al Gobierno para que no les corten la luz

MADRID.- A las Administraciones Públicas se les ha atragantado la liberalización del mercado eléctrico. Ayuntamientos y comunidades autónomas (una fuente tradicional de morosidad para las eléctricas) están en pie de guerra ante la perspectiva de que las compañías les corten el suministro de luz, sin contemplaciones y con todas las de la ley, según 'Expansión'.

El problema viene de lejos, pero estalla ahora. Las Administraciones han pedido auxilio al Gobierno y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que les proteja de posibles apagones. El regulador ha abierto un expediente para ver qué se puede hacer. Intenta buscar una solución, aunque debe ser el Ministerio de Industria el que decida.

¿Qué está ocurriendo para que la situación se pueda calificar de grave? Hasta hace un año, los organismos públicos podían marear a las eléctricas a la hora de pagar sus recibos de luz (tarde, mal o nunca, en muchos casos). La ley forzaba a las compañías a dar el suministro obligatoriamente. Pero todo cambió en julio de 2009, con la llegada de la liberalización eléctrica, destinada a eliminar los precios y los contratos regulados de luz.

Con los cambios legislativos, ahora son las compañías las que tienen la sartén por el mango. Legalmente, no tienen obligación de firmar contratos ni hacer ofertas a clientes de alta tensión, o a aquellos de baja tensión con 10 kilovatios o más de potencia contratada.

Entre esos clientes están miles de ayuntamientos y las comunidades autónomas. Estos cubren sus propias necesidades de luz, y también los servicios públicos esenciales, como bomberos o policía. El suministro de luz en estos servicios públicos esenciales sigue estando protegido por ley. Pero para el resto, los organismos públicos tienen la obligación legal de firmar un contrato de luz en el libre mercado.

Sin ofertas
Las eléctricas, que tradicionalmente han estado en posición de desventaja con los organismos públicos debido a leyes que limitaban su capacidad de negociación como proveedores, han dado ahora la vuelta a la tortilla. Las compañías se niegan a hacer ofertas a los organismos públicos. Ya no están obligadas por ley y nadie les puede exigir que lo hagan. La CNE ha recibido quejas de los organismos públicos en las que alegan «la falta de ofertas presentadas por las comercializadoras». La CNE lleva desde hace meses analizando la situación. Ha comprobado que el problema está extendido entre ayuntamientos y comunidades, al margen de otros posibles clientes privados.

En el caso de los organismos públicos, subyace el espinoso asunto de la morosidad, explican fuentes cercanas a la propia CNE. Las eléctricas no están siendo especialmente generosas en sus ofertas a los organismos públicos. En eso, ayuntamientos y comunidades tienen razón. Pero es una verdad a medias. En muchos casos, las eléctricas sí hacen ofertas, pero exigiendo garantías. Piden avales que, al menos, garanticen el cobro del servicio de suministro de luz durante varios meses; incluso un año.

"Están en su derecho de hacerlo", dicen desde la CNE, que consideran que el asunto es muy complejo jurídicamente. Y muy acuciante. La esencia de la liberalización eléctrica es el libre mercado. Es decir, los contratos deben ser acuerdos libres entre las partes. No se puede obligar a nadie, por ley, a firmar un contrato ni tampoco a ofrecerlo en unas condiciones determinadas. Además, los organismos han ido agotando prórrogas sucesivas para adaptarse: la última, diciembre de este año. Está también el problema de la contratación pública, con concursos, que limitan a los organismos.

Un experto ve los SIP como algo "descafeinado"

SEVILLA.- El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Málaga Joaquín Aurioles consideró que la fórmula de 'fusión fría' o Sistema Integrado de Protección (SIP) es una "figura de fusión descafeinada" y consideró que con los actuales SIP que se están constituyendo "no se está avanzando en la despolitización de las cajas de ahorros, e incluso se está ahondando en localismos".

Aurioles consideró que los SIP es una figura con "ciertas limitaciones" e "incompleta", por lo que espera que la reforma legislativa que planea el Gobierno para el segundo semestre de 2010 "incluya una emisión de cuotas participativas o similar que sirva para completar la fórmula de los SIP".

Consideró que los SIP "puede ayudar a garantizar la estabilidad financiera a largo plazo, aportando liquidez y solvencia a las entidades", aunque, a su juicio, esta fórmula "no resuelve el problema de fondo sobre el control político de las cajas, por lo que habrá que esperar a la nueva normativa".

Recordó que una parte del problema de solvencia de las cajas está en las posibilidades de capitalización de las mismas, algo que "el SIP resuelve parcialmente, puesto que esta figura sólo supone plantear una fórmula de solidaridad entre las cajas".

Asimismo, apuntó que las cajas tienen como "principal limitación que no pueden acudir al mercado de capitales para que se puedan invertir en las entidades".

Auguró que la reforma normativa que plantea el Gobierno irá encaminada a "intentar profesionalizar las cajas de ahorros y despolitizarla, algo que deben acometer decididamente y de forma valiente".

Sobre los movimientos emprendidos entre las cajas de ahorros, Aurioles precisó que "el Banco de España venía reclamando esas uniones para acabar con el agujero financiero que existía, y las cajas empiezan a reaccionar".

Precisó que estos movimientos "son una solución en el momento en que les da sentido el FROB", aunque se lamentó que las diversas operaciones que se están emprendiendo "se están orientando fundamentalmente a la permanencia de los actuales órganos de dirección que en este momento tiene cada una de las cajas, no están primando intereses económicos ni el interés general, sino que siguen primando intereses políticos, en algunos casos de carácter muy local, como el de CajaGranada, por encima de cualquier estrategia de vocación andaluza".

"No creo que se esté avanzando en la despolitización de las cajas sino todo lo contrario, se incide en una politización más localizada aún en un territorio; se está perdiendo algo de lógica", aseveró.

No obstante, expresó su deseo de que estas operaciones "al menos sirvan, con la ayuda del FROB, para que las entidades recompongan su desequilibrio financiero".

Recordó que el sentido de estos movimientos "lo da el FROB, que procede del dinero de los contribuyentes, por lo que no son buenas las soluciones de carácter político, sino que se debe exigir medidas de responsabilidad social y emprender operaciones con perspectiva más amplia".

Las nuevas tecnologías de la sociedad de la información incrementan la jornada y la presión laboral / Pedro Costa Morata *

Entre los mitos –numerosos, descarados– que la sociedad de la información (SI) nos hace asumir destaca uno especialmente frustrante: el que mantiene aquellas miríficas promesas que se nos hacía en los años de 1960 y 70 para el Año 2000: que debido precisamente al benéfico efecto de la tecnologización creciente de la sociedad el futuro nos llevaría a una neta reducción de la jornada de trabajo y al aumento del tiempo libre y el ocio. El tiempo, sin embargo, nos ha traído una realidad caracterizada por todo lo contrario por lo que éste es uno de los aspectos más hirientes que presenta la SI.

El mito persiste porque renunciamos al análisis y a reconocer que el impulso económico que genera esas técnicas busca en primer lugar (y no pocas veces, en exclusiva) la explotación intensiva del empleo humano inevitable. Así, con la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde la década de 1980 hemos ido asistiendo al continuo aumento de la carga de trabajo y actualmente “descubrimos” que en las sociedades informatizadas el incremento de la jornada de trabajo es un hecho (legal o no).

Con una novedad adicional, directamente relacionada con la intermediación de las TIC: que la disponibilidad del trabajador ante su empresa o empleador tiende a ser de 24 horas por día, lo que viene facilitado por el despliegue incesante de eficaces aparatos cuyo empleo generalizado (y tantas veces obligado) facilita la conexión/sumisión: el teléfono móvil, el ordenador portátil, el correo electrónico…

Todavía hay que describir otro paso más en el recargo de trabajo, cuya novedad principal es que cuenta con una cierta voluntad de autoexplotación por parte del ciudadano (sea o no trabajador). Esto sucede cuando asumimos la realización de tareas –informáticas– que hasta ahora se inscribían en el proceso productivo, digamos, especializado, y que ahora las TIC –y ciertos señuelos que nos despistan con eso del ahorro de tiempo o de dinero– facilitan bajo el estímulo, siempre al acecho, de la dinámica empresarial.

Es lo que sucede cuando adquirimos por Internet un billete de avión u operamos en línea con nuestro banco, y lo que irá sucediendo según se generalice la e-administración, el e-comercio, el llamado proceso interactivo en el enseñar-aprender…

Se trata de una autoexplotación que nos absorbe crecientemente e incluso nos cautiva, añadiéndonos trabajo “voluntario”, pero que incrementa instantáneamente las ganancias empresariales; éstas se relacionan ante todo con el ahorro de trabajo empleado así que actuando de esta forma no sólo realizamos un trabajo no remunerado sino que al mismo tiempo inducimos desempleo en la cadena productiva: y todo ello envuelto en la euforia que producen las maravillas de las TIC.

(*) Pedro Costa Morata, murciano de Águilas, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Autor de Electromagnetismo: silencioso, ubicuo, inquietante (1996). Premio Nacional de Medio Ambiente.

Las consecuencias de un modelo de crecimiento equivocado / Pedro Saura *

La semana que ahora termina ha generado sensaciones confusas en lo económico. Por un lado, la crisis de la deuda está forzando a todos los gobiernos de Europa a diseñar planes de austeridad valientes que demuestren a los especuladores que no vamos a perder el pulso que están echando a la democracia y al estado del bienestar europeo.

Ni los niveles de deuda actuales ni sus perspectivas futuras justifican estos ataques, y una respuesta más tímida o menos coordinada supondría un colapso tal que nadie en Europa entiende la postura del PP respecto al Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno de España.


Esta crisis de la deuda es una más de las caras que está mostrando la crisis económica que atravesamos, y coincide con datos de empleo que muestran un claro cambio de tendencia. No podemos pecar de optimismo, pero el aumento en mayo en España en más de 113.000 en el número de trabajadores ocupados es una buena noticia que no debemos dejar de ponderar.

Estamos en un punto de la crisis en el que las expectativas, que siempre son importantes, lo son todavía más, y, si entre todos somos capaces de generar las medidas adecuadas y con ellas la confianza necesaria, estaremos dando los pasos para remontar una crisis que va a poner a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad y como país.


La situación en la Región de Murcia, por desgracia, es radicalmente distinta. Nuestra tierra entró antes en la crisis, la ha sufrido más, y todo hace pensar que va a salir más tarde y peor. Los datos de paro registrado conocidos esta semana y relativos al mes de mayo son demoledores.

Si usamos las comparaciones con mayos anteriores observamos que en este último año el paro ha crecido aquí más que en ninguna otra Región, más de un 20 %, 8 puntos más que la media nacional y 4 más que la siguiente Región. Respecto a 2008, el crecimiento en España y Murcia es, respectivamente 73 % y 108 %. Si nos vamos a mayo de 2007, el final de la pasada legislatura autonómica, el crecimiento es de 106 % y 199 %.

Y estas cifras se refieren a comparaciones con la media, donde estamos incluidos nosotros y otras comunidades que, como Canarias o la Valenciana, nos han seguido en el despropósito; si nos comparamos con regiones, alguna incluso gobernada por el PP, que llevan tiempo trabajando de verdad por paliar esta crisis, veríamos que una parte importante de España tiene una situación difícil, pero mucho menos, sin comparación, que la que atravesamos nosotros. En términos ciclistas, no es que vayamos en cabeza en esta lamentable carrera, es que vamos escapados y aumentando la ventaja.


Dado que en la legislatura actual del presidente Valcárcel el paro en la Región se ha triplicado, y ha crecido el doble que la media nacional, podemos afirmar que, de cada dos nuevos parados en la Región, uno puede ser imputable a Wall Street, a la política económica nacional, a la competencia china o a lo que cada uno considere, pero el otro lleva el sello inconfundible Made in Valcárcel.

Dicho en cifras absolutas, de los 86.000 nuevos parados que hay en esta Región desde las últimas elecciones autonómicas, la mitad, 43.000 personas con nombre y apellidos, están viviendo un drama personal que está relacionado directamente con lo que el PP regional ha hecho, ha dejado hacer, o ha dejado de hacer.


El pasado no se puede cambiar, aunque no estaría de más que Valcárcel, el que tiene que girar el rumbo de la nave, reconozca los errores que ha cometido. En cualquier caso, lo importante ahora son los errores de esta legislatura, la forma en que ha dilapidado unas finanzas saneadas sin tomar ninguna decisión; nuestra capacidad de respuesta como Región se está yendo por el sumidero del despilfarro autonómico sin que el señor Valcárcel se decida a cortar la sangría y dedicar los recursos y los esfuerzos a intentar poner remedio a esta situación.

Desde el PSOE de la Región de Murcia estamos haciendo propuestas de reformas centradas en la reducción del despilfarro y en la dedicación de esos fondos a una verdadera apuesta por la calidad que permita a nuestras empresas mejorar su posición competitiva; propuestas siempre enmarcadas en una permanente oferta de diálogo.

Pero no hay manera de que Valcárcel asuma que esto va con él, que deje de ponerse de perfil como si esto de la crisis no tuviese nada que ver con un Gobierno que maneja la mayoría de las competencias que realmente nos pueden sacar de esta situación (educación, promoción industrial, turismo, etc.). A pesar de toda su propaganda y su boato (o, en parte, por culpa de ello), el “efecto Valcárcel” es un lastre para la reactivación de nuestra Región de Murcia.

(*) Secretario general del PSRM-PSOE

Teresa Rosique demuestra con datos de la propia Comunidad Autónoma el recorte inversor de Valcárcel

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique manifestó hoy que la Cuenta General de la Comunidad de 2009, publicada por la Consejería de Economía y Hacienda, a fecha de 30 de diciembre de ese año, confirma el tijeretazo de Valcárcel a la inversión pública.

“El propio gobierno regional reconoce según sus propios datos lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos denunciando”.

Los datos que aporta este documento confirman que en 2009, Valcárcel y su gobierno invirtieron, 153,66 millones de euros menos de los que habían presupuestado, es decir, 25.600 millones de las antiguas pesetas, de un importe total de 480,82 millones de euros, lo que supone un 32 por ciento menos.

Este “drástico” recorte en la inversión de obra pública, realizado por el Gobierno regional el pasado año tiene varias consecuencias, según la diputada: la primera, en el empleo, ya que estos 153,66 millones de euros hubieran dado empleo a alrededor de 5.000 personas.

Además, por otro lado, habrían permitido mantener la actividad económica a numerosas empresas del sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis en nuestra Región.

Rosique reprochó que este recorte de las inversiones públicas las realiza el Gobierno regional en un año donde la crisis económica golpea con más fuerza a esta Comunidad que a otras regiones en materia de empleo, “como consecuencia del errático modelo de desarrollo de Valcárcel y su gobierno”.

La diputada considera que esto explica que el paro en la Región de Murcia esté a más de tres puntos por encima de la media nacional y que se haya alcanzado la cifra de parados mayor de la historia en esta Comunidad, con 170.000 parados.

“El tijeretazo” en las inversiones de 2009, por parte del Gobierno regional, se suma a la caída de 91 millones de euros en la inversión de obra pública en 2008 y al recorte en el presupuesto de inversiones para 2010, que ha sido de 157 millones de euros. Todo esto sumado a los incumplimientos del Plan estatal de Vivienda 2009-2012 ha impedido que se crearan 20.000 empleos en la Región de Murcia desde 2008.

“El Gobierno regional es quien menos esfuerzo inversor ha hecho desde que estalló la crisis”. Rosique afirma que sólo hay que acudir a los datos de SEOPAN para comprobar que mientras el Gobierno de España, desde 2008, ha contratado obra pública en nuestra Región por 1.100 millones de euros, Valcárcel y su gobierno se han quedado en la mitad, con 558 millones de euros”.

Teresa Rosique exige explicaciones al Ejecutivo regional sobre el significativo y preocupante recorte de sus inversiones en la Comunidad, lo que pone al descubierto “la hipocresía y el cinismo que demuestra día a día el PP cuando exige a otras administraciones lo que ellos no hacen”.

ERC rechaza la fusión de Caixa Penedés

BARCELONA.- El secretario general de ERC, Joan Ridao, rechazó hoy la fusión que ultiman Caixa Penedés y Caixa Laietana con otras entidades porque incumplen el Estatut, y criticó al Banco de España por "atornillar a las entidades y empujarlas a fusionarse".

En rueda de prensa, recordó que el Govern impulsó un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al considerar que invade competencias, y menoscaba el derecho del ejecutivo catalán a vetar las fusiones.

Ridao calificó ambos procesos de fusión como "absorciones en la práctica", y defendió que el modelo de cajas catalán es un modelo de éxito, aunque algunas entidades puedan tener riesgo de insolvencia, según dijo.

"La batalla jurídica y constitucional no se ha acabado", destacó Ridao, y aseguró que si la impugnación del FROB prospera, también quedarían impugnadas las fusiones de las cajas catalanas amparadas por el fondo.

Ridao acusó al Banco de España de impulsar un mapa de cajas basado en "la arquitectura y el diseño que acordaron Zapatero y Rajoy" en la reunión de mayo sobre esta cuestión.

Las cajas de ahorros necesitan entre 24.000 y 34.000 millones de euros para recapitalizarse a través de los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta con capacidad de endeudamiento de hasta 99.000 millones de euros, según un informe de Citi conocido hoy.

El fondo articulado por el Gobierno será "suficiente" para elevar el core capital de máxima calidad (Tier 1) de las cajas de ahorros al 8% en cada entidad, y al estar disponible hasta finales de junio, acelerará los procesos de fusiones y adquisiciones entre estas entidades, considera.

Según sus cálculos, las únicas entidades que no necesitarán inyecciones de dinero del FROB son BBK, Cajastur, Kutxa, Unicaja y Vital, entidades que cuentan con un 'Tier 1' superior al 10,5% en la actualidad.

El 65% de las necesidades de capital se concentran en seis instituciones, entre las que figuran CajaSur y Caja Castilla-La Mancha (CCM), ambas intervenidas por el Banco de España por sus problemas de solvencia y elevada exposición al sector inmobiliario y de la construcción.

La decisión del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez de endurecer las provisiones al sector financiero, lo que acelera el reconocimiento del deterioro de los activos inmobiliarios, también espoleará los procesos de reorganización de cajas de ahorros, agrega la firma.

"¿A quién pertenecen las cajas?", se pregunta la firma. A su parecer, "no está muy claro si son compañías mutualistas o fundaciones, ni siquiera está claro si son instituciones privadas o públicas. Se trata de un problema significativo y es fuente de confusión desde el punto de vista de la identidad".

Por otro lado, destaca que las cuotas participativas sin derechos políticos, que sólo han sido emitidas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), no han captado la atención de los inversores institucionales en los mercados.

Los presidentes de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra han firmado hoy en Madrid el protocolo de fusión aprobado por los consejos de administración de las cajas la semana pasada para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP) que empezará a funcionar en 2011 después de que el Banco de España convalide el protocolo suscrito hoy.

El Comité de Empresa del Ministerio de Medio Ambiente en Murcia denuncia despilfarro del dinero público y duplicidad de gasto

MURCIA.- El Comité de Empresa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en Murcia ha aprobado por unanimidad poner en conocimiento de la opinión pública como se dilapidan los fondos públicos en la actual crisis económica en la CHS y M.C. del Taibilla con la contratación de “asistencias técnicas” contratas y subcontratas para relazar los trabajos de los propios funcionarios (personal laboral y funcionario).

"Mediante contratos millonarios de obras y servicios pagados por el Estado, estas “asistencias” ceden trabajadores al Ministerio en Murcia para hacer de auxiliares administrativos, secretarias de directivos, vigilantes de canales, operarios de plantas de tratamiento de agua potable, guardas fluviales y técnicos que actúan en expedientes de alta responsabilidad.

Por el contrario, los propios funcionarios de oposición, se ven, en no pocos casos, postergados por estos “trabajadores cedidos”, relegados e incluso con poca carga de trabajo.

El Comité ha denunciado a la Inspección de Trabajo estos hechos y se ha reunido hoy con el Jefe Provincial de la Inspección de Trabajo de Murcia para que conozca más detalles de esta duplicidad de gasto público y de esta posible cesión ilegal de mano de obra, algo prohibido por Ley en la Administración Pública.

Algunos de estos trabajadores subcontratados no tienen la titulación requerida para el puesto que ocupan (titulación que si se le exige a los funcionarios en la oposición) y son familiares de directivos o mandos intermedios de la CHS y M.C. del Taibilla.

El Comité de Empresa, que apoya la huelga de mañana día 8 junio de los funcionarios por el recorte de sueldo del Gobierno, cree que atajando este despilfarro de dinero público, estimado en uno 10 millones de euros anuales solo en Murcia, se mejoraría más en control de gasto, eficiencia, trasparencia y legalidad en la gestión pública en estos organismos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino".