jueves, 24 de junio de 2010

Griñán aboga por una gran caja andaluza con Unicaja, Cajasol y CajaGranada

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró este jueves en el Parlamento que en la situación del sector financiero actual la "mejor opción" supone crear una "gran entidad con domicilio en Andalucía", fruto del entendimiento entre Unicaja y Cajasol, un proceso al que "podría y sería bueno" que se incorporara CajaGranada, fruto de una "reflexión profunda de sus órganos de gobierno".

No obstante, añadió que este proceso puede estar abierto a otras cajas de ahorro no andaluzas y que podría completarse con la suma de CajaSur, si finalmente se quedara en Andalucía.

Griñán se pronunció así en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta formulada por el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, donde también anunció que la semana que viene se reunirá con el presidente del PP-A, Javier Arenas, con Valderas y con el vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, con el objetivo de alcanzar un acuerdo político en materia de cajas de ahorro.

El líder del Ejecutivo andaluz insistió en que el Gobierno andaluz trabaja para que el proceso de reestructuración del sector financiero pueda desembocar en la configuración de "una gran caja netamente andaluza", que sería una de las primeras en el ranking de crédito nacional.

"Es un reto importante y posible", agregó Griñán, quien afirmó que con esta dimensión la entidad que resultar podría "impulsar la recuperación de la economía y, además, revertir los beneficios de su gestión en Andalucía".

Asimismo, destacó que "desde el convencimiento de que el proceso ha de ser impulsado desde las cajas de ahorro, invito desde aquí a las cajas, a sus presidentes y consejos de administración, a todos los órganos decisorios y a todas y cada una de las instituciones que están representadas en las cajas andaluzas a que trabajen en la construcción de este gran proyecto de integración financiera netamente andaluz en la seguridad de que va a beneficiar a Andalucía y al conjunto del sector financiero español".

Griñán describió el panorama actual financiero andaluz y mencionó la fallida operación de fusión entre Unicaja y CajaSur, "que fue imposible y no por la decisión de Unicaja", dijo que Cajasol y Caja Guadalajara han abordado su fusión; que Unicaja y Caja de Jaén ya han inscrito su fusión en el registro mercantil; que CajaGranada ha firmado un protocolo de intenciones para lograr un SIP con otras cajas no andaluzas; y que Cajasur se encuentra intervenida y pendiente de adjudicación.

Griñán dijo que va a "luchar" por el objetivo de una gran caja andaluza y que ha querido dejar clara la posición del Gobierno andaluz porque se trata de un tema que "no admite tanto dimes y diretes y tantos rumores".

"El objetivo es muy claro, aunque sabemos que la iniciativa a la postre le compete a los órganos de gobierno de las cajas y el futuro de CajaSur al FROB".

De igual modo, consideró que cualquier fusión tiene que realizarse por motivos económicos y financieros. "No vamos a apoyar procesos que nos arrojen unos resultados que no pudiéramos soportar a la postre, como fue en su día el caso de Unicaja y CCM", apuntó el presidente, quien afirmó que dichos procesos tienen que estar avalados por la voluntad de las cajas.

El líder del Ejecutivo andaluz, que aseguró que la naturaleza de las cajas no está en cuestión, dijo no tener ninguna duda acerca que la eficiencia de estas entidades. Además, afirmó no tener "ningún temor" a decir que la representación política en las cajas es "positiva".

"La caja que peor está en Andalucía no tenía un presidente designado por los partidos", apostilló Griñán, quien subrayó que "no es verdad" que las fusiones entre entidades de distintos territorios supongan solapamientos. "Es algo que no tiene sentido y yo no reniego de las fusiones interterritoriales, aunque muchas veces puedan ser un pretexto para retirar la competencia autonómica sobre las cajas", concluyó.

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró previamente a la intervención del presidente de la Junta que el Gobierno andaluz camina en la "línea contraria" para alcanzar una gran caja y que éste es un "asunto pendiente" en Andalucía y una exigencia para la salida de la crisis económica.

Valderas dijo que el Gobierno andaluz ha demostrado su "falta de orientación y posicionamiento político" frente al futuro de las cajas con el "fracaso" de fusión entre Unicaja y CajaSur y al aceptar fusiones que vayan más allá del territorio andaluz y que, a su juicio, no favorecen al sector financiero andaluz.

Asimismo, el líder de IULV-CA pidió al presiente de la Junta de Andalucía, que "cuando peligra el mapa financiero de la gran caja", no sea neutral y que no esté "al dictado de Madrid". "Esperamos que explique su hoja de ruta y cuál es la orientación del acuerdo entre Zapatero y Rajoy, que creemos que pretende bancalizar las cajas de ahorro", agregó.

Valderas propuso a Griñán un nuevo modelo de cajas que garantice su naturaleza pública y la pervivencia de la obra social, siendo mantenedoras del empleo en la comunidad. "Hay que pasar de las palabras a los hechos y abandonar neutralidades ineficaces y torpes", apuntó el dirigente de izquierdas, quien destacó "el deterioro del prestigio de las cajas de ahorro que quiere llevar a cabo la derecha".

De igual modo, exigió al presidente que convocara a las fuerzas políticas y sindicales para alcanzar un acuerdo en materia de cajas y tras escuchar la intervención de Griñán agradeció que "nos dé la razón", argumentando que su formación es la única que lleva seis o siete años apostando por una gran caja, "que hoy día supondría la cuarta en el conjunto de España".

Por último, el máximo dirigente de IULV-CA pidió a Griñán que apoye que el Parlamento andaluz emita una declaración institucional instando al Banco de España a que la entidad cordobesa CajaSur se quede en Andalucía, tras el proceso de saneamiento.

La Comunidad Autónoma otorga el aval de 200 millones de euros al proyecto de un aeropuerto en Corvera

CARTAGENA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, informó hoy de que esta misma mañana, "a las nueve y cuarto, he hecho efectivo el otorgamiento del aval para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia".

García dio a conocer a los diputados de la Asamblea Regional este hecho, al comienzo de su intervención para presentar la modificación del presupuesto regional para aplicar el decreto anticrisis del Gobierno central.

"Me consta que todos los diputados de la Asamblea y los partidos políticos que les sustentan, excepto José Antonio Pujante, del Grupo Mixto, están convencidos y respaldan este despegue de la infraestructura oportuna y que colaborará a la creación de empleo y crecimiento de la Región", indicó García.

Ballesta responde a Rosique que el Plan parcial de Novo Carthago se aprobó sin el informe preceptivo de la Comunidad

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique manifestó que el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, le ha confirmado en una respuesta remitida al Grupo Parlamentario Socialista que el Plan parcial de Novo Carthago se aprobó sin el informe preceptivo de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma.

Según el artículo 140 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, los planes parciales deben someterse a informes de la dirección general competente en materia de Urbanismo sobre aspectos de legalidad y oportunidad territorial, antes de que los ayuntamientos los aprueben definitivamente.

Este protocolo no ha sido seguido con el Plan Parcial de Novo Carthago, que fue aprobado definitivamente por el ayuntamiento de Cartagena, en marzo de 2006, sin el informe preceptivo de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma, incumpliéndose así el citado artículo de la Ley del Suelo regional.

Para la parlamentaria socialista “es inconcebible que este Plan parcial se haya podido aprobar sin el informe preceptivo de la Dirección General de Urbanismo, que ha hecho la vista gorda ante tal hecho”. Recordó la importante dimensión de este Plan parcial, que prevé la construcción de 10.000 viviendas y una población de 35.000 habitantes, además de afectar su desarrollo a espacios protegidos de la Red Natura 2000, como es el caso del Saladar de Lo Poyo y el Mar Menor.

Para la diputada socialista es “aún más inconcebible, que la Consejería competente en materia de Urbanismo haya seguido adelante con la tramitación del proyecto Novo Carthago, como si todo se hubiese realizado ajustándose a lo establecido en la Ley del Suelo”. Así la Consejería ha pasado por alto lo sucedido con el Plan Parcial y ha procedido a informar el proyecto de urbanización sin la más mínima advertencia de irregularidad, olvidando que una de sus competencias es precisamente garantizar la disciplina urbanística.

El Grupo Parlamentario Socialista solicitó al consejero copia del informe emitido por la Consejería en relación con el Plan parcial Novo Carthago. La Consejería remitió copia del proyecto de urbanización, ante lo cual se solicitó amparo al presidente de la Asamblea debido a que la respuesta dada por la Comunidad se refería a un expediente diferente y a un trámite distinto del solicitado.

Ante la reiterada solicitud del PSOE, el consejero Ballesta ha contestado, remitiéndose al informe emitido por su Consejería sobre el proyecto de urbanización, no sobre el Plan parcial que es lo que se le requería. Lo más sorprendente, según Rosique, “es que considera que con el informe del proyecto de urbanización, emitido con fecha 19 de junio de 2009, queda informado dicho Plan parcial que fue aprobado definitivamente en marzo de 2006”.

Con esta respuesta, a juicio de la diputada, el consejero demuestra varias cosas: primero, “una falta absoluta de respeto hacia los grupos parlamentarios, por lo absurdo de la respuesta”; segundo, reconoce que no existe informe emitido por la Dirección General de Urbanismo antes de la aprobación definitiva del Plan parcial Novo Carthago por parte del ayuntamiento, tal y como exige la Ley del Suelo de la Región de Murcia; y además, pretende dar por informado un Plan parcial con el informe de un proyecto de urbanización.

Teresa Rosique considera “inaceptable esta respuesta porque no hay por donde cogerla” y por ello ha pedido la comparecencia del consejero, José Ballesta, en la Asamblea Regional para que explique las actuaciones del Gobierno regional en relación con el Plan parcial de Novo Carthago.

El PSRM no se cree nada del supuesto recorte del gobierno regional

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, manifestó hoy que el anuncio de la consejera de Economía, Inmaculada García, de llevar a cabo una reducción gradual de los entes y fundaciones de la Comunidad “es como escribir en un bloque de hielo y ponerlo al sol, es decir, nulo recorte”.

García Retegui consideró como una falta de respeto el hecho de que la consejera haya dado a conocer a los medios de comunicación y no durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Regional su intención de reducir gradualmente 25 entes públicos. “La consejera debería haberlo hecho vía enmiendas a través del PP y no como otro anuncio más”.

El PSOE considera que esto es una nueva muestra de que no existe voluntad política alguna ni interés por reducir estos entes. Además, añadió que la medida “llega tarde y es de entrada insuficiente”, ya que si de un total de 104 organismos reducen sólo 25, quedan todavía 79, lo que multiplica por dos, el número que tienen otras comunidades autónomas con mayor número de habitantes.

García Retegui criticó que la consejera tampoco haya precisado cuánto supondrá de recorte esta medida ni la fecha en que lo aprobará el Consejo de Gobierno. “No se trata de reducir por reducir, sino de aplicar verdaderos criterios de austeridad y evitar el despilfarro que se viene produciendo en estos entes y que a la vista de lo que ha dicho la consejera se va a seguir produciendo”.

La diputada socialista no aprueba que mientras a todos los ciudadanos “se nos sigue pidiendo que colaboremos para salir de la crisis, el Gobierno regional siga escaqueándose y eludiendo su responsabilidad”.

La Comunidad Autónoma rebajará el sueldo de sus funcionarios entre el 1 y 5,7%

CARTAGENA.- La consejera de Hacienda, Inmaculada García, presentó hoy la modificación presupuestaria que aplica en la Región el decreto ley estatal contra la crisis y que significará una reducción salarial media del 5 por ciento para los empleados públicos, que irá desde el 5,7 por ciento del nivel A hasta el 1 por ciento para la categoría E.

García añadió que junto al grueso de la ley de modificación, que introduce los cambios salariales para funcionarios todos los cargos del Gobierno regional, se incluye la eliminación de 25 organismos autónomos de la Administración, con la desaparición de "casi todos" los consorcios turísticos, "cuyos servicios serán asumidos por otras áreas administrativas, la eliminación de varias fundaciones y la reducción de sociedades mercantiles "mediante procesos de absorción".

Asimismo, el proyecto de ley incluye la "prohibición de crear organismos públicos, otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales, consorcios ni fundaciones del sector público autonómico, excepto las que se produzcan como consecuencia de la reestructuración autonómica prevista y previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos".

Los recortes llegarán también al gasto en inversión y llevan a acentuar el endeudamiento financiero para afrontar el pago de 22 infraestructuras educativas y deportivas.

Las condiciones adicionales para su financiación facultan a establecer un aplazamiento de pago de hasta tres años la fecha tras la entrega al uso o servicio de esas obras, incluyendo el importe los correspondientes intereses, previo informe del Instituto de Crédito y Finanzas, pero admitiendo, a priori un encarecimiento financiero de hasta el 50 por ciento en el coste de las obras, según el proyecto de ley.

Pese a acatar la trasposición del decreto, García recordó que el déficit público que se intenta recortar y que asciende al 11,2 por ciento "es la suma del 2 por ciento de las autonomías, el 0,5 por ciento de los ayuntamientos y los ocho puntos de la Administración central", lo cual demuestra, que a su juicio, el problema lo ha generado el Gobierno central.

La portavoz de Economía del PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, cuestionó que "esta ley no incluya el compromiso de reducir entes públicos de entre los 104 existentes" y puso en duda la efectividad de una ley que "viene sin detalles del ahorro que supone la modificación presupuestaria".

A su juicio, "esta normativa es mero humo" porque "no incluye lo necesario para contener el despilfarro de las arcas públicas". "Es un proyecto de ley insuficiente porque no trae las medidas necesarias para reconducir la economía", indicó.

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Mixto y diputado de IU, José Antonio Pujante, -único grupo que presentó una enmienda a la totalidad-, pidió a la consejera que "plante cara al Gobierno central, no aplique las medidas como se las plantea y presente una propuesta alternativa que no lo base todo en la rebaja salarial a los funcionarios".

A su juicio, si se quiere enjugar el déficit "en los 55 millones de euros" en los que según sus datos se rebajará con la reducción salarial "se puede ahorrar hasta 15 millones en la televisión autonómica y se puede incrementar el IRPF a las rentas más altas, recuperar el 0,25 por ciento del tramo marginal autonómico que se suprimió y establecer un impuesto a los depósitos bancarios".

En su intervención, el diputado regional del PSOE, Pedro Chico, se empleó a fondo en criticar las actuaciones del Gobierno central que a su juicio han llevado al decreto que traspone a modificación de la ley regional.

"El decreto fue improvisado, dañará a la economía, no generará empleo y es injusto e insolidario porque pagan los sectores más frágiles y vulnerables de la sociedad", apuntó y añadió que en la traslación del decreto "se ha intentado aplicar de la manera más perjudicial para los funcionarios, estableciendo una rebaja menor al 5% en los complementos específicos que fija la Comunidad".