En concreto, la Asociación denunció a principios de mes al presidente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia por declarar públicamente que "no hay razones suficientes para acatar" la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo "pues no está en su punto final", lo que "podría ser constitutivo de un delito de suspensión ilegítima de disposición general del artículo 506 del Código Penal en vigor", según la denuncia.
Para la Asociación, la conducta de Valcárcel es típica de este artículo 506, que indica que "la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 12 años".
La vicepresidenta de la Asociación, Encarnación Martínez, calificó la conducta de Valcárcel de "inaudita temeridad de un presidente de una Comunidad Autónoma", y añadió que "si la Justicia actúa con seriedad como es lo debido", le puede costar "el cargo y hasta prisión".
Todo ello por "insubordinación contra el texto legal aunque sea de forma temporal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la petición de suspensión cautelar, ya que carece de todo tipo de atribución para ello", según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.
La Asociación considera que "ni Valcárcel tiene cultura de la legalidad ni el Gobierno del Estado ejecuta sus funciones al no llevarle ante los tribunales de justicia por semejante arbitrariedad que reviste indicios de delito".
Por otra parte, el TSJ de Murcia ha rechazado la recusación contra el magistrado Enrique Quiñonero Cervantes, en un auto hecho público hoy por el bufete del abogado José Luis Mazón.
El 26 de enero, el abogado José Luiz Mazón y el periodista José Juan Cano Vera presentaron escrito de denuncia por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y estafa cometidos por funcionarios públicos, prevaricación y asociación ilícita en el caso de la Balsa Jenny contra el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el que fue consejero de Hacienda Juan Bernal.
Con fecha de 18 de junio, se presentó escrito que amplia la querella contra Ramón Luis Valcárcel Siso, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Cuatro días después, los denunciantes presentaron escrito de recusación contra el magistrado Quiñonero, “por menoscabo de la apariencia de imparcialidad. El nuevo querellado, Ramón Luis Valcárcel, era el jefe político del grupo parlamentario (PP) que propuso al magistrado recusado para el cargo de Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Además, señalaban, podría existir una relación de simpatizante con el PP antes de ser nombrado magistrado y de amistad con una hermana del presidente, Ramón Luis Valcárcel, lo que sería causa de menoscabo de la apariencia de imparcialidad que justificaría la recusación.
Para el TSJ, el hecho de ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial sobre terna presentada por la Asamblea Regional de Murcia, para el cargo de Magistrado, “ni es motivo de recusación ni afecta en nada a la imparcialidad”.
Lo que se ha admitido por el Tribunal Constitucional incluso en quien ha sido precisamente militante de un partido político, concejal y senador, afirma el TSJ.