martes, 27 de julio de 2010

El Gobierno descarta dar más tiempo a las CC.AA. para que devuelvan los anticipos a cuenta

MADRID.- El Gobierno ha rechazado la posibilidad de dar más tiempo a las comunidades autónomas para que devuelvan al Gobierno los anticipos a cuenta que recibieron en 2008 y 2009, tal y como pidieron algunas regiones durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Las comunidades adeudan un total de 5.700 millones de los anticipos recibidos en el año 2008 y casi 20.000 del año 2009, cantidades que tendrán que devolver en un periodo de cinco años, tras el acuerdo de uno de los CPFF del año pasado.

Salgado admitió que, durante el turno de ruegos y preguntas de la reunión algunas comunidades solicitaron al Gobierno que este tiempo se ampliara a diez años, petición que el Gobierno rechazó porque, a su parecer, "no hay razones para cambiar la Ley vigente".

En este sentido, la vicepresidenta económica recordó que la propuesta del año pasado, que ampliaba de cuatro a cinco años el periodo para hacer frente a los pagos, fue firmada y aprobada por todas las comunidades, que ya eran "perfectamente conscientes" de las dificultades presupuestarias.

Además, recordó que el periodo de cinco años ya está contemplado en el objetivo de estabilidad presupuestaria que ha planteado el Gobierno, por lo que no hay razones para cambiar la Ley por una petición que no ha sido general, sino que ha sido planteada por tres o cuatro comunidades.

Las CCAA apoyan la reducción del déficit

MADRID.- Las comunidades autónomas han apoyado unánimemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la única abstención de Ceuta, la reducción del déficit hasta 1,3 por ciento el próximo año, aunque han pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas que garanticen el cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria.

A la salida de la reunión, las comunidades del PSOE han reconocido la necesidad de realizar este esfuerzo adicional y han valorado el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado para que la economía española transmita confianza en los mercados internacionales, sobretodo habiendo sido posible su aprobación con todos los votos a favor.

Sin embargo, los consejeros de las comunidades 'populares', aunque han apoyado la medida, han criticado la falta de concreción del Gobierno y han censurado que el Ejecutivo no haya aprovechado el encuentro para trasladarles las entregas a cuenta del próximo año, con las que ya podrán elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha comprometido a hacerles llegar estos datos antes del próximo jueves a las tres de la tarde.

Por su parte, el consejero Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha denunciado "el ejercicio de fariseismo" que ha tenido lugar en la reunión del Consejo, ya que "se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo", y ha criticado que el Gobierno haya convocado una reunión en la que "no se ha puesto ninguna medida sobre la mesa para concretar la necesaria toma de decisiones para controlar el gasto y el déficit público".

Dicho esto, ha evitado hacer comentarios sobre la proposición de la ministra, quien ha sugerido "hacer un seminario en noviembre". "Se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo y lo dice la única comunidad que tiene sus cuentas cuadradas, porque 16 de las 17 no las tienen, y el Estado tampoco", ha señalado Beteta.

En este sentido, el consejero canario de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, ha remarcado la necesidad de concretar "medidas de ajuste adicionales", a las planteadas por el Gobierno, "con modificaciones en la legislación básica". Sin embargo, según ha explicado, se ha encontrado igualmente con la negativa de la vicepresidenta segunda, quien le ha emplazado a plantear estas consideraciones en los foros sectoriales, considerando que el Consejo no era el lugar adecuado para discutir las mismas.

Respecto al límite máximo de endeudamiento de las comunidades, Soria ha pedido que el cálculo del mismo se realice en base al PIB bruto per capita, y no en relación al PIB bruto en su conjunto, porque "tomarlo en su conjunto supone partir de una posición de desventaja para algunas comunidades", y ha solicitado que se tenga en cuenta que "el endeudamiento medio en Canarias está muy por debajo del endeudamiento medio de otros territorios".

Además, ha reclamado al Ejecutivo que recupere el compromiso incumplido sobre los conceptos del extinto impuesto sobre el tráfico de empresas, por el cual el Gobierno debe compensar al territorio insular con 50 millones de euros. "Un compromiso incumplido, cuyas consecuencias han sido 50 millones menos de ingresos y un ahorro bruto negativo de 26 millones de euros. De esta manera, Canarias no ha podido incurrir en un déficit adicional del 0,25 por ciento para inversiones productivas en el 2010 y tendrá una menor previsión de ingresos", ha argumentado.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera gallega de Economía y Hacienda, Marta Fernández, quien ha afirmado que su comunidad, a pesar de haber vuelto a recibir una negativa ante la petición de aplazamiento de la devolución de los anticipos recibidos en base al sistema de financiación autonómica, "continuará solicitando esta operación, que ya no tiene ninguna consecuencia financiera para España como Estado miembro de la UE", y que resulta "una mera operación de caja".

La consejera de la Xunta ha afirmado que Galicia ha contado con el apoyo explícito de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, pero ha apuntado que, una vez más, la ministra les ha remitido al turno de ruegos y preguntas, en el que Salgado ha defendido que "esto forma parte de una ley, que ha ya ha sido debatida, que no tiene nada que ver con la ley orgánica, y que no está dispuesta a reabrir ese debate".

"Estamos realmente preocupados porque el escenario del 2009 hace pensar que esto sea una especie de círculo vicioso, porque se prevén unos ingresos superiores a los que corresponden a la estimación de crecimiento del conjunto de España, y se ha pedido un poco de prudencia, porque se ha demostrado una vez más que esto es una bomba financiera para las comunidades", ha subrayado.

El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, ha destacado que el compromiso de la comunidad con la estabilidad presupuestaria es "evidente", aunque ha censurado que el Ejecutivo ha incumplido "su compromiso" de llevar a la Conferencia las propuestas de manera que pudieran ser debatidas. "No ha sido así, las propuestas han brillado por su ausencia", ha resaltado.

De la misma manera, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado que ha votado a favor por "responsabilidad" pero "haciendo un acto de fe". "En estos momentos hay que empujar todos en la misma dirección para que España cumpla con los requisitos de Bruselas", ha destacado Del Olmo.

Por su parte, la consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que su voto ha sido un "sí crítico", ya que el objetivo de la comunidad era que el déficit fuera "individualizado" para cada región porque Andalucía tiene un endeudamiento dos puntos por debajo de la media y "siempre ha cumplido" con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

También ha mostrado sus reticencias a este compromiso el conseller de Hacienda de Cataluña, Antoni Castells, quien ha insistido en la necesidad de tomar "medidas adicionales" para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que éste es "muy ambicioso". A su juicio, se deberán adoptar "medidas que tengan un impacto financiero relevante" para pasar del 2,4 por ciento de déficit al 1,3 por ciento aprobado.

Para el consejero aragonés, Alberto Larraz, lo importante del encuentro es que el acuerdo ha sido apoyado por todas las autonomías más allá de las críticas puntuales, lo que, a su juicio, ofrece una sensación de "confianza" a los mercados. "Es bueno que se siga manteniendo la unanimidad aunque haya pequeñas críticas", ha insistido.

Larraz ha recordado que nunca las CCAA han tenido límites de déficit diferentes y ha apuntado que, para cumplir con esa reclamación de algunas autonomías, sería necesario poner en marcha un proceso de negociación similar al de la financiación autonómica.

En este punto ha coincidido el responsable de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, quien también ha defendido que lo más importante es la unanimidad alcanzada más allá de las posiciones críticas. "Luego ha habido diferentes reflexiones de los consejeros que hay que abordar en el futuro con más tranquilidad", ha explicado.

También se ha referido a la petición de aplazar la devolución de las entregas a cuenta, algo con lo que, según ha reconocido, todas las comunidades estarían "encantadas". En este sentido se ha manifestado el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha reconocido que estas devoluciones podrían generar un problema de tesorería.

Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, ha asegurado que la comunidad trabajará "igual que todas" las autonomías con el techo de déficit del 1,3 por ciento del PIB regional en el diseño de sus cuentas públicas en 2011.

Las comunidades podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013

MADRID.- El Consejo de Política ha aprobado los objetivos de estabilidad de cada comunidad autónoma, que podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013, según informó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Si a dicha senda de consolidación se le incorpora el efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica el déficit máximo en 2011 pasaría a ser del 3,3% del PIB.

Salgado aseguró que los objetivos han sido aceptados por unanimidad y que, durante el encuentro, diversas comunidades han manifestado su compromiso a la hora de cumplir con la senda de consolidación fiscal poniendo "todo de su parte" para conseguirlo.

"Ese resultado es muy satisfactorio", señaló la vicepresidenta económica, quien adelantó que el Gobierno y las comunidades celebrarán una nueva reunión en el mes de noviembre para comentar las nuevas medidas que se aprueben en Europa.

En este sentido, Salgado se refirió a las conclusiones del grupo de trabajo creado por el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, que apuntan a la mejora de la coordinación y a una nueva forma de presentar los Presupuestos.

Según Salgado, la reunión ha transcendido en un "buen ambiente" y se ha convertido en una "discusión serena y rica en contenidos".

Los objetivos de estabilidad fijados están condicionados a que las comunidades autónomas presenten o actualicen sus preceptivos planes económico financieros de reequilibrio y a que las medidas incluidas en éstos sean declaradas idóneas por el CPFF.

En el caso de que alguna comunidad no cumpliera este requisito, su objetivo de estabilidad presupuestaria se ajustaría a los límites de déficit estipulados en la ley: el 0,75% del PIB regional en 2011 y equilibrio presupuestario en los ejercicios 2012 y 2013.

Dada la necesidad de garantizar el "estricto cumplimiento" de la senda de consolidación fiscal hasta 2013, los importes máximos contemplados en la propuesta aprobada hoy no podrán verse superados por el déficit excepcional derivado de los programas de inversiones productivas, lo que se tendrá en cuenta a la hora de actualizar dichos programas.

Sobre la posibilidad de que alguna comunidad pueda registrar un déficit superior al 1,3% por sus necesidades de financiación, Salgado explicó que esta posibilidad existe, aunque para que sea posible es necesario que otra comunidad registre un déficit un poco inferior que lo compense.

En este sentido, aseguró que ninguna comunidad se ha ofrecido a registrar un déficit menor al 1,3% , tal y como suele pasar en otras ocasiones, al tiempo que resaltó la importancia de cumplir con el objetivo de déficit general, sobre todo un año en el que España atraviesa un procedimiento de déficit excesivo.

Preguntada por las peticiones que hicieron algunas comunidades sobre la necesidad de que el Gobierno adopte más medidas para reducir el déficit, Salgado recordó que las últimas iniciativas ya afectaban a todas las regiones, como la rebaja salarial de los funcionarios o la disminución del gasto farmacéutico.

En este sentido, aprovechó para criticar al Partido Popular por pedir más medidas al Gobierno y no apoyarlas cuando llegan al Parlamento. "Un poco de coherencia", pidió al principal partido de la oposición.

Aún así, recordó que los consejos territoriales siguen trabajando en medidas que permitan mejorar la eficacia del gasto, que es dónde se tienen que discutir estos asuntos y no en el CPFF. "Las propuestas que lleguen desde ahí serán bien recibidas y espero que, si llega el caso, votadas por el PP", indicó.

Por otro lado, Salgado también informó al CPFF del techo de gasto aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que asciende a 122.256 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,7% en comparación con el año anterior.

CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria firman el contrato de integración

MADRID.- Los presidentes de Caja Extremadura, CAM, Cajastur y Caja Cantabria han rubricado el contrato de integración que dará lugar al quinto grupo financiero del país, han informado las entidades en un comunicado.

Los presidentes de las cuatro entidades han manifestado su "satisfacción" por participar en un proyecto que supondrá la creación del tercer grupo español de cajas de ahorros. El acto de signatura ha tenido lugar esta misma tarde en Madrid.

Añade el comunicado que la firma del contrato de integración supone la creación de "una nueva estructura que combina solvencia, eficiencia y flexibilidad con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros, un volumen de negocio en torno a los 160.000 millones, un ratio de solvencia de 12,1% y un Tier 1 del 9,3% a cierre de 2009, lo que garantiza la fortaleza del proyecto".

La Comunidad Autónoma reconoce la quiebra virtual de la mayoría de ayuntamientos murcianos

MURCIA.- La Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) ha acordado este martes, por unanimidad, que el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, remita una carta esta misma semana al vicepresidente tercero del Gobierno de la nación, Manuel Chaves, solicitándole una reunión "urgente" al objeto de que la Comunidad pueda actuar de aval y los 45 ayuntamientos de la Región dispongan de una línea de crédito de hasta 300 millones a partir de 2011 con el fin de que puedan hacer frente a los gastos corrientes.

Así lo han anunciado, al término de la reunión de la Comisión de la FMRM, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte; y el alcalde de Murcia y presidente de la FMRM, Miguel Ángel Cámara, en una rueda de prensa a la que también asistió la primer edil de Cartagena, Pilar Barreiro.

Y es que, la propuesta del jefe del Ejecutivo regional de actuar de aval para que los ayuntamientos dispongan de esta línea de crédito tiene que salvar una dificultad derivada del Real Decreto que aprobó el Gobierno de la Nación, mediante el cual se prohíbe a las entidades locales acudir a créditos para financiar inversiones a partir del 1 de enero de 2011.

Por tanto, el objetivo de esta reunión "urgente es impulsar las modificaciones legislativas precisas que permitan que las CCAA concedan avales crediticios que alivien la situación de asfixia financiera de los ayuntamientos".

Esta medida es una de las incluidas en el Plan de Rescate para los 45 ayuntamientos murcianos que anunció el presidente Valcárcel en el Debate sobre el Estado de la Región y que, aunque "no es la solución definitiva que requieren los consistorios, que es que se aborde de una vez por todas la financiación local por parte del Estado, pues se pretende que se les dé estabilidad a largo plazo", ha incidido Reverte.

Dicho plan de rescate es "a la carta" atendiendo a la situación financiera particular de cada municipio; en definitiva, ha manifestado la portavoz del Ejecutivo regional, "una ayuda adicional y un paso más que se dará desde dicho Gobierno, ya que la situación de los 45 ayuntamientos no es la misma".

De esta forma, ha adelantado que se mantendrá reuniones bilaterales de la Comunidad con cada ayuntamiento al objeto de que los planes sean individualizados.

Así, la Comunidad asesorará a los ayuntamientos para reducir sus gastos, reduciendo costes en sus facturas de proveedores, luz y agua, y en cualquier otro tipo de ahorro. Se trata de que los ayuntamientos hagan sus propios planes de ahorro financiero y tengan mayores recursos.

Como ejemplo orientativo, los municipios cuya población supera los 50.000 habitantes podrían disponer de hasta 15 millones de euros cada uno, en función de las necesidades económicas que precisen, según Reverte.

Otra de las medidas que se incluyen en el referido plan es la de fijar un fondo "incondicionado" para los ayuntamientos de los presupuestos correspondientes a la Consejería de Presidencia, que contemplan algo más de 100 millones de euros al año.

Y es que, actualmente los ayuntamientos reciben de la Comunidad fondos por dos vías: del capítulo 4, para gasto corriente; y del capítulo 7, para gastos de inversión; de tal forma que "las cantidades que les lleguen por esos capítulos de gasto exclusivamente se pueden gastar para esa finalidad".

Sin embargo, lo que se hará respecto al presupuesto correspondiente al ejercicio de 2011 será "incondicionar esos fondos, para que el Ayuntamiento sea el que decida si lo destina a inversión o a sus propios gastos corrientes".

En segundo lugar, del dinero que los ayuntamientos reciben de otras consejerías se analizará qué parte de ese importe podrán recibir de forma incondicionada. Así, Reverte ha indicado que "se está en negociación con los distintos departamentos para que los consistorios puedan utilizar ese dinero y hagan frente a la deuda que tienen con los proveedores y para lo que decidan".

La creación de este fondo incondicionado se suma a otras medidas facilitadas por el Gobierno regional ya en vigor, como el incremento de la dotación destinada a gasto corriente de los ayuntamientos --que se ha duplicado con respecto a 2009-- y la eliminación de la cofinanciación municipal en determinadas actuaciones, de tal modo que obras subvencionadas por la Comunidad no tengan que contar también con fondos locales.

Por último, el alcalde de Murcia ha criticado que "en momentos donde los ayuntamientos ven como el Gobierno de la nación nos va dejando de lado, en los dos últimos ejercicios se ha registrado un 20 por ciento menos de transferencias corrientes a éstos".

Es decir, ha puntualizado, se habla de que en 2009 y este año "los ayuntamiento en el conjunto nacional han recibido 6.000 millones de euros menos en comparación con el ejercicio de 2008", por lo que no ha dudado en afirmar que "es un Gobierno que no está ni se le espera a la hora de echar una mano a los ayuntamientos".

Por contra, ha subrayado el también presidente de la FMRM, el presidente Valcárcel, a través de la Consejería de Presidencia, "pone encima de la mesa una línea especial de financiación y de crédito para posibilitar que los ayuntamientos hagan frente a sus obligaciones".

Jódar sólo ofrecerá bonificaciones fiscales a empresas chinas en Lorca

LORCA.- El portavoz de Asuntos Económicos y concejal del PSOE, Isidro Abellán, ha lamentado que el PP sólo vaya a aplicar bonificaciones fiscales a las empresas chinas. Y es que ayer el Grupo Municipal Popular rechazó en el Pleno la moción en la que los socialistas pedían que dichas facilidades se hicieran extensivas a todas las empresas de similar volumen que pretendan implantarse en el municipio.

En la misma moción el PP también rechazó la realización de un estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de la implantación de la Zona Especial de Inversiones Chinas en el municipio.

Durante la reciente visita de un grupo de empresarios chinos al municipio, el Alcalde, Francisco Jódar, hizo público un acuerdo suscrito con éstos por el que el Ayuntamiento se compromete a establecer políticas preferentes para las empresas de la Zona, tales como bonificaciones de hasta un 75% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Además, y en relación con la Zona Especial de Inversiones Chinas cuya construcción está prevista en la finca El Churtal (La Tova), el consistorio se obliga a prestar asistencia técnica y mediación en lo relacionado con la seguridad pública, permisos de residencia y visados.

Jódar también se ha comprometido a la creación de una zona de libre comercio, a facilitar que los Bancos Chinos puedan abrir sucursales y marcas y a que las empresas de la Zona puedan disfrutar de las políticas preferenciales y subsidios aprobados por el Gobierno de España.

Para Abellán es “inconcebible” que Jódar no esté dispuesto a ser tan “complaciente” con otras empresas de similar o mayor envergadura de nacionalidad distinta a la china. A modo de ejemplo, resaltó que el alcalde del PP niega a los ganaderos lorquinos que promueven el matadero municipal lo que sí está dispuesto a brindar a los empresarios asiáticos.

Recordó que el futuro matadero supramunicipal supondrá una inversión de 40 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo. Sin embargo, el PP ha rechazado cualquier tipo de bonificación fiscal a esta sociedad mientras que se ha comprometido a reducir en un 15% el ICIO y el IAE a empresas chinas que tengan prevista una inversión de sólo tres millones de euros.

Para el portavoz de Asuntos Económicos del PSOE la actitud del primer edil es “inverosímil”, “insultante” y constituye toda una “provocación” para las empresas locales. Abellán aseguró que “Jódar debe ser el único Alcalde de España que pone los intereses de empresas extranjeras por encima de los emprendedores de su propio municipio”.

Abellán censuró duramente que el alcalde del PP no sea capaz de defender a los empresarios locales, al tiempo que aseguró que Jódar “no sabe lo que hace” y advirtió que el “favoritismo” del primer edil por empresas de una determinada nacionalidad puede conllevar consecuencias “nefastas” e “irreversibles” para el tejido empresarial del municipio.

El PP impide que Ballesta dé explicaciones en la Asamblea sobre la caída de la inversión pública del Gobierno regional y sobre Ryanair

CARTAGENA.- El PP ha impedido con su mayoría en la Diputación Permanente que el consejero de Obras Públicas, José Ballesta dé explicaciones en la Asamblea sobre la caída de la inversión pública del Gobierno regional y sobre la reducción de rutas en San Javier de la empresa Ryanair, tal y como había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista.

La diputada regional Teresa Rosique señaló que el PP ha demostrado, una vez más, que no actúa por intereses regionales sino sólo por estrategias partidistas. “Sí al PP le preocupara realmente el recorte de inversiones y la pérdida de puestos de trabajo, habría aceptado que el consejero de Obras Públicas compareciera también en la Asamblea para hablar de la caída estrepitosa de las inversiones del Gobierno regional, además de los recortes anunciados por el Ministerio”.

Desde 2008, sumando la caída de la licitación y la de las inversiones se han dejado de contratar, más de 500 millones de euros en obra pública en la Región de Murcia y se han perdido, como consecuencia de esto, 20.000 empleos. Sin embargo, el PP no considera urgente ni necesario que el Gobierno regional dé explicaciones por ello.

El Partido Popular tampoco ha aceptado que el consejero hable en el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo jueves, de las consecuencias que para el turismo regional va a tener el anuncio hecho por la empresa Ryanair, de suprimir siete rutas, 76 vuelos y alrededor de 120.000 turistas, lo que según la empresa, se traduce en una pérdida de alrededor de 60 millones de euros para la Comunidad autónoma.

“Este tema tampoco preocupa al PP, que sólo está interesado en aquellos temas que puede utilizar para desgastar y arremeter contra el Gobierno de España”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado en la Diputación Permanente estar de acuerdo con la comparecencia del consejero, José Ballesta, en un Pleno extraordinario para dar explicaciones sobre los recortes anunciados por el Ministerio, siempre y cuando, en dicho Pleno el consejero, igualmente, diera explicaciones sobre lo sucedido con Ryanair y la caída imparable de las inversiones públicas del Gobierno regional, lo que no ha sido aceptado por el Grupo Parlamentario Popular.

“Nuestro grupo parlamentario no tiene ningún problema con las explicaciones que el consejero pueda dar en la Asamblea sobre los anuncios hechos por Fomento y recuerda que el Ministerio ha escuchado a la sociedad murciana, ha dado la cara y ha garantizado que, a pesar de la crisis, el AVE llegará a la Región en 2014, tal y como había prometido el Gobierno de España; algo que acaba con la manipulación orquestada desde el PP”.