viernes, 30 de julio de 2010

El TSJ imputa por un supuesto delito de cohecho al alcalde de Totana

MURCIA.- La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región de Murcia ha imputado hoy de un supuesto delito de cohecho al alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y al promotor inmobiliario Juan Francisco Casanova, informan fuentes judiciales.

En un auto, el TSJ ha declarado nulas las escuchas telefónicas ordenadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de esa localidad a varios números de los que era titular el ex alcalde de Totana Juan Morales, ex diputado autonómico del PP, que lo expulsó del grupo, por lo que está ahora en el mixto del Parlamento murciano.

La causa investiga la presunta trama de corrupción urbanística descubierta en 2007 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en ese municipio.

Con la imputación de Martínez Andreo y Casanova, la sala estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el fiscal, y deja sin efecto el sobreseimiento provisional respecto al supuesto delito de cohecho que ambos habrían cometido.

La sala acuerda que se remita lo actuado al decanato de los juzgados de Totana, al no tener los hechos conexión con Morales, que es lo que determina la competencia del TSJ al estar aquél aforado.

Además, ha desestimado la petición del fiscal respecto del supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios que éste atribuía al actual primer edil de Totana.

La sala declara también la nulidad de algunas de las resoluciones que acordaban las intervenciones telefónicas ordenadas por el juzgado instructor de Totana, sólo en lo que se refiere a las conversaciones realizadas a partir del 18 de junio de 2007 desde los teléfonos de Morales.

Además, determina que "no existe, en cambio, motivo de nulidad en el resto de pronunciamientos con relación a las otras personas que no tienen la condición de aforado".

El fiscal pidió el pasado mayo al TSJ de la región de Murcia que incluyera entre los imputados del denominado caso Tótem a Morales y Casanova.

En este recurso, en contra del criterio mantenido por el instructor de la causa en el TSJ, el magistrado Julián Pérez-Templado, el fiscal consideraba que de la conversación mantenida por el regidor y el empresario se deducían indicios de una posible solicitud o percepción de comisiones ilegales, que hacían aconsejable investigarlos.

Pérez-Templado, en un auto del pasado 29 de abril, sobreseyó la causa respecto a Morales y Casanova porque no consideró que de esas conversaciones se entreviera un pacto para eliminar al ex alcalde Morales de la percepción de comisiones ilegales y colocarse Martínez Andreo en la alcaldía.

El magistrado imputó entonces a Morales de los delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos, receptación e infidelidad en la custodia de documentos.

Junto a Morales, el instructor imputó a otras doce personas en la trama de presunta corrupción, y decretó el sobreseimiento provisional de algunos presuntos delitos de otras nueve personas, entre ellas, el actual alcalde, Martínez Andreo.

Éste, suspendido de militancia por el PP, permaneció en prisión durante tres meses por su presunta relación con este caso.

Petición de IU+Los Verdes

La noticia viene a dar una nueva vuelta de tuerca al culebrón en el que se encuentra sometido el Ayuntamiento "por la grave irresponsabilidad del alcalde, del PP local y de Ramón Luís Valcárcel, que continúa apoyando cargos públicos acusados de graves delitos por la Justicia", dice un comunicado de IU+Los Verdes.

Los concejales del Grupo Municipal de IU + Los Verdes en Totana, exigen del PP regional, que adopte medidas contundentes y ponga fin a esta situación "o darán la razón a los que apuntan que Martínez Andreo puede estar presionando al presidente regional del PP, sobre el presunto conocimiento de los hechos antes de celebrarse las últimas elecciones autonómicas y municipales", en las que Valcárcel nominó a Juan Morales como candidato a diputado y a Martínez Andreo, como alcaldable, por el PP en el Municipio de Totana.

En la mañana de hoy, la concejal de Cultura, Ana Belén García, ha renunciado por escrito a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Totana, siendo la segunda edil que abandona el PP y el Ayuntamiento en el último mes.

“Otros cuatro ediles del Equipo de Gobierno podrían dimitir en las próximas horas o días, si se mantiene la actual situación de depresión económica, moral y política en la que el PP tiene sumida la institución municipal…”, afirma el concejal de IU y coordinador de esa formación política en Totana, Juan José Cánovas.

“Un Ayuntamiento arruinado, en el que continúan las practicas caciquiles y sin la adopción de medidas razonables, se hunde cada día más en un pozo sin fondo, ante la pasividad de los dirigentes regionales del PP…”, aseveran desde la formación de izquierdas.

El desempleo se atempera en Murcia con la llegada del verano y los contratos-basura

MURCIA.- El paro descendió en 13.900 personas en la Región de Murcia en el segundo trimestre de 2010, un 8,15 por ciento respecto al trimestre anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 156.300 personas y la tasa de paro se situó en el 21,27 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación al mismo trimestre del año anterior el volumen de desempleados aumentó en la Región en 8.500 personas (5,73 por ciento); mientras que el número de ocupados descendió en 6.800 personas, lo que supone un descenso porcentual del 1,16 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior.

La cifra de ocupados aumentó en 14.300 personas en el segundo trimestre de 2010, lo que supone un incremento del 2,53 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados alcanza las 578.400 personas.

Por su parte, el número de activos ascendió en 400 personas en segundo periodo de 2010, un 0,06 por ciento más, con lo que la población activa quedó constituida por 734.700 personas. En relación al mismo trimestre del año anterior creció en 1.700 personas, un 0,23 por ciento.

La tasa de paro masculino se situó en el 21,84 por ciento hasta junio de 2010 en la Región de Murcia, dos puntos por encima de la media nacional entre los hombres (19,72 por ciento). El paro entre las mujeres murcianas se situó en un 20,49 por ciento, prácticamente igual que la media nacional, situada en el 20,56 por ciento.

Por lo que respecta a la tasa de actividad regional, alcanzó el 61,89 por ciento, casi dos puntos por encima de la media nacional, que es del 60,11 por ciento.

El PSRM quiere que Mendoza no pueda especular con los terrenos de la UCAM en Los Dolores

CARTAGENA.- La portavoz socialista Caridad Rives pide que los terrenos que la Universidad San Antonio en el antiguo cuartel de Los Dolores se destinen a servicios generales de equipamiento. Rives recuerda que el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, ya ha anunciado que no se construirá en campus de Cartagena y exige al Ayuntamiento que retire del Plan General de Ordenación Urbana la recalificación de la mitad de la parcela.

“El presidente de la UCAM obtuvo los terrenos de Los Dolores a un coste muy inferior al precio de mercado del metro cuadrado de suelo urbanizable por su compromiso de construir un campus universitario en Cartagena. Un campus que ya no se va a hacer y no podemos consentir que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma fomenten la expeculación inmobiliaria. Por eso deben paralizar, antes de la aprobación definitiva, el cambio de uso del suelo”, explica.

Rives indica que el PSOE ya presentó una alegación al PGOU en la que solicitaba que estos terrenos se destinasen a servicios de equipamiento.

“El uso de parte de estos terrenos se modificó como servicios de equipamiento educativo, pero la otra parte, en caso de que la Comunidad Autónoma apruebe el Plan General, se convierte en urbanizable”.

La portavoz quiere hacer hincapié en el hecho de que, de estos terrenos, tan sólo el 10% pertenecen a la Fundación San Antonio, a pesar de haber adquirido el 90% del suelo preteneciente a Defensa.

Pedro Saura: ´Necesitamos una política turística real, no faraónica´

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, acompañado de los diputados regionales, Teresa Rosique y Antonio Martínez Bernal, ha visitado hoy el aeropuerto de San Javier, donde ha denunciado la desidia y la ausencia de una auténtica política turística realista y ambiciosa del Gobierno de Valcárcel en la Región de Murcia, basada en proyectos faraónicos, de grandes fastos, pero no una política realista acorde con las necesidades de la Región.

Este es por ejemplo el caso del aeropuerto de San Javier. Saura calificó como “auténtico disparate” el hecho de que no exista en estas instalaciones ningún stand ni oficina para la promoción turística de la Región, a pesar de que al año la transitan alrededor de 1.600.000 personas; turistas que en muchos casos sólo están de paso y para las que no existe ningún reclamo para que vuelvan y nos visiten.

La presencia esta mañana en San Javier se enmarca en el periplo de visitas que el secretario general de los socialistas murcianos está realizando para conocer de primera mano el estado de las principales infraestructuras de la Comunidad.

El secretario general del PSRM mostró preocupación también por el sucesivo anuncio de “fugas de compañías aéreas” que se ha producido en los últimos días, como ha ocurrido con Ryanair y con Air Berlin que han anunciado su intención de abandonar el aeropuerto de San Javier.

Las consecuencias de esta decisión serán muy perjudiciales para la Región, ya que 150.000 turistas al año dejaran de venir a la Región de Murcia y se perderán en torno a 100 millones de euros con la marcha de estas dos empresas aéreas. “Esta falta de sensibilidad y de una acertada política turística del Gobierno de Valcárcel tendrá un coste muy elevado para nuestra Región”.

Asimismo destacó que existen motivos para la preocupación en el sector. La reducción que se está produciendo en cuanto a ocupación hotelera en la Región, en los últimos 6 meses, es significativa ya que ha disminuido un 1,5 por ciento, mientras en España se ha incrementado en torno a un 5 por ciento, según los datos oficiales.

Saura manifestó que hay un consenso regional en cuanto a que el turismo es una de las palancas de cambio del modelo de crecimiento y para la recuperación económica. “A pesar de eso, en la Región de Murcia no hay política turística realista, la gestión del Gobierno regional es equivocada, ya que se basa en proyectos faraónicos, que nos cuestan mucho dinero y que no son rentables”.

Por último, añadió que parece que el Gobierno de Valcárcel quiere dejar caer el aeropuerto de San Javier. “El problema es que no sabemos cuándo se va a terminar y cuándo va a funcionar el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, una obra que Valcárcel viene prometiendo desde hace mucho tiempo y a la que el consejero no se atreve a poner fecha”.

De momento, apostilló, lo que deberían hacer es apoyar el aeropuerto de San Javier y tener una política turística “consistente, ambiciosa y que nos ayude a salir de la crisis económica”.

El TSJ archiva una querella contra Valcárcel y parece que Mazón no se conformará

MURCIA.- La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha acordado archivar las actuaciones en relación a la balsa Jenny y no admitir a trámite la querella contra el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; y el que fuera consejero de Economía Hacienda, Juan Bernal.

No obstante, contra el mismo auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días. Los querellantes Cano Vera y Mazón han calificado el auto de "un acto de filibusterismo judicial que deja al descubierto la inexistencia de un poder judicial independiente murciano frente a Válcárcel".

Los querellantes consideran que los magistrados autores del auto "han quebrantado de forma ostensible sus más elementales deberes de lealtad al principio de legalidad y que deben de responder de su desafuero".

Estas diligencias son origen, según el auto dictado por la Sala compuesta por los tres magistrados titulares de la misma --Juan Martínez Moya, Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero--, de la querella que formuló el periodista José Juan Cano Vera y el abogado José Luis Mazón al entender de la existencia de los presuntos delitos de malversación en modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita.

En concreto, la querella se contrae a la actuación de estos dos cargos del Gobierno murciano y de un ex alto cargo con respecto a la parcela conocida como la balsa Jenny, situada en el Llano del Beal y destinada a residuos mineros que "presentaba el peligro de que las escorrentías por fuertes lluvias pudieran provocar daños a las personas, viviendas y medio ambiente".

Esta parcela, que contenía más de un millón de metros cúbicos de estériles, era propiedad de Portman Golf, sucesora de la empresa minera Peñarroya, quien al objeto de resolver el problema que presentaba, la Comunidad aceptó la cesión gratuita de las 8,75 hectáreas que ocupaban la balsa, ofrecida por la propietaria, para realizar actuaciones de repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona, valorada en aproximadamente 25.000 euros.

Señala el auto que la Consejería de Agricultura y Agua adjudicó a Tragsa las obras de limpieza por 5,4 millones de euros; empresa que contrató con Portman Golf la cesión de terrenos adyacentes para arrojar los residuos procedentes de la balsa Jenny sin que causaran perjuicio al medio ambiente.

Por esta razón, Tragsa abonó a Portmán Golf 2,7 millones de euros y un año más tarde, en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente requirió a la Comunidad para que reclamara a Portman Golf los gastos de limpieza, puesto que desde 1995 existía un convenio entre ambas administraciones para financiar a partes iguales la descontaminación de suelos en Murcia; convenio que se habría aplicado también al caso de la balsa Jenny.

Finalmente, en 2006 se firmó el acuerdo final entre el Ministerio y el Ejecutivo murciano por el que se daba por liquidada la ejecución de la balsa Jenny.

En esta línea, el escrito añade que en lo concerniente a la cesión gratuita de los terrenos de esta balsa, además de la inversión de fondos públicos, "no ha quedado suficientemente acreditado la comisión de delito".

Tras los hechos acontecidos estos años, La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, una vez que Anticorrupción le remite los antecedentes de la balsa Jenny, se pronuncia en un auto, con fecha de 27 de abril de 2010, acordando "no haber lugar al procedimiento de reintegro por alcance por resultar de las actuaciones de modo manifiesto e inequívoco la inexistencia en caso alguno de responsabilidad contable".

Concluye el escrito argumentando que "las fundadas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas han concluido en la inexistencia no ya de delito, sino ni tan siquiera de responsabilidad contable", tras lo que añade que "no hay asomo alguno de malversación en la modalidad de estafa, ni prevaricación, ni una supuesta asociación para delinquir".

Caixa Penedès gana en el primer semestre un 30,6% menos que en 2009

BARCELONA.- Caixa Penedès ha obtenido un resultado neto consolidado de 25,12 millones de euros el primer semestre del año, un 30,6% menos que en el mismo periodo de 2009, según ha informado la entidad en un comunicado.

La caja catalana, que ya se ha integrado en el SIP Mare Nostrum junto a Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, ha obtenido un margen de intereses de 143,3 millones, lo que representa una caída del 27,5%. El margen bruto ha sido de 281,5 millones, un 10,5% menos, y el margen de explotación ha llegado a los 50,5 millones, un 45,8% inferior al año anterior, después de destinar 59 millones de euros a dotaciones voluntarias complementarias.

Los recursos totales de clientes se han situado en los 12.290 millones de euros, con una tasa de variación interanual del 1,04%, mientras que el total de recursos gestionados es de 19.677 millones, lo que representa un incremento del 3,43%. Según la entidad, la demanda de hipotecas sigue moderada, así como el dinamismo en la financiación de las empresas. La inversión crediticia se ha mantenido estable, situándose en los 17.209 millones de euros.

La ratio de morosidad ha sido del 5,14%, y el fondo de cobertura, con y sin garantías hipotecarias, se ha situado en el 198% y el 43%, respectivamente. La actual ratio de solvencia total es del 15,2%, mientras que la de eficiencia se sitúa en el 55%.