domingo, 17 de octubre de 2010

Fernando Jiménez, profesor de la UMU: «La ola de corrupción nace de la sensación de impunidad»

MURCIA.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es Profesor Titular de Universidad en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia desde septiembre de 2003. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es también evaluador en el Programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. En estos momentos dirige un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I titulado «El control de la integridad de los representantes públicos en España-I: La corrupción política asociada a la actividad urbanística (2009-2011)». Lo entrevista hoy el diario 'La Verdad'.

Marbella. Menorca. Lanzarote. Tres modelos de desarrollo urbanístico diferentes y tres modelos de corrupción diferentes. El primero de ellos, Marbella, máximo exponente de los abusos de poder por parte de los representantes públicos, con un partido, el GIL, que llegó a poner la ciudad entera a su servicio. El segundo, Menorca, ejemplo de crecimiento sostenible y de respeto medioambiental. Y, por último, Lanzarote, que lo tenía todo para convertirse en un paraíso (la declaración de Reserva de la Biosfera, la labor de la Fundación César Manrique...) y donde proliferan los atentados urbanísticos. ¿Qué distingue unos lugares de otros? ¿Por qué la corrupción campa a sus anchas en un sitio y no en otro? Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y evaluador del programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, lleva años estudiando el fenómeno y tratando de hallar respuestas. Aquí ofrece algunas de ellas.
-¿Hay alguna fórmula para atajar los comportamientos desviados?
-La literatura sobre corrupción se dirige en último término a tratar de ofrecer respuestas prácticas. No hay una solución única, porque las causas de la corrupción son siempre complejas y la lucha debe abarcar un abanico amplio de medidas. Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad. Cuando uno estudia los sumarios judiciales y escucha las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la absoluta sensación de impunidad que tienen.
-Habla, pues, de medidas policiales y judiciales...
-Sí, judiciales, procesales... Hay que mejorar mucho la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con medidas como dejar la instrucción de los casos a los fiscales, que creo que sería algo clave. El juez debe quedarse para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Pero las investigaciones deben ir orientadas a un fin, y eso debe hacerlo el fiscal, contando con más medios técnicos y humanos. Lo primero , insisto, es romper la sensación de impunidad, que es lo que ha hecho crecer la ola de la corrupción.
-Es que estos delitos, en un enorme porcentaje, salen gratis.
-Exacto. Eso hay que cortarlo de manera radical. Pero otro problema es que en España tenemos un clima social bastante particular, y en algunos territorios bastante preocupante, que es de tolerancia hacia la corrupción y hasta de emulación picaresca: 'Ya me gustaría estar a mí en ese cargo para hacer lo mismo'.
-Además se está dando la paradoja de que aquellos cargos públicos sospechosos de corrupción no sólo no acaban pagándolo en las urnas, sino que encima obtienen un mayor respaldo popular.
-El propio Jesús Gil tuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. Las causas de esto son muy diversas. Muchos de estos corruptos establecen relaciones clientelares muy sólidas y el sindicato de beneficiarios de la corrupción suele ser muy amplio. Por ejemplo, Gil convirtió Marbella en el tercer ayuntamiento con más plantilla de personal de toda Andalucía: 3.500 familias vivían de eso. Lo cual, unido a políticas muy populistas, como sacar la prostitución del casco urbano, da buen resultado. Los corruptos que juegan bien a esto son muy populistas y eso les da una gran base social.
-Y si encima se le suma la justificación, por parte de muchos ciudadanos, de esos abusos de poder...
-Esa tolerancia tiene una razón muy a largo plazo, que se explica por nuestra reciente historia política, por nuestro enorme recelo hacia las instituciones públicas... Parece que lo público no sea nuestro.
-Es realmente curioso, porque nadie consentiría que en su casa o en su empresa alguien metiera la mano en la caja. Y, sin embargo, no preocupa en absoluto que se esquilmen las arcas públicas.
-Es que no las consideramos nuestras. Nunca nos hemos identificado con las instituciones públicas.
-Lo cual supone una diferencia brutal con otros países, como los del norte de Europa.
-Exacto. Los países nórdicos tienen una cultura política totalmente distinta. Está el protestantismo, la cultura de la responsabilidad individual, de la transparencia... Como miembro del GRECO, cuando hemos ido a hacer evaluaciones a estos países vemos que apenas tienen mecanismos contra la corrupción. ¡Pero es que no los han necesitado! Allí los funcionarios tienen un sentido de la ética pública y del interés general muy fuerte. Y los países anglosajones son los que más han desarrollado políticas anticorrupción; han tenido problemas, pero han puesto instrumentos para atajarlos. El que la hace la paga, vamos. Han reaccionado bien.
-Y, en cambio, los mediterráneos...
-...pues hemos tenido muchos problemas de corrupción y no hemos sacado lecciones de ello. Hemos hecho algunas cosas, como la reestructuración de la Fiscalía, que ha dado un giro importante y ha hecho aumentar exponencialmente las diligencias de investigación abiertas, incluso las condenas por corrupción.
-¿Pero no cree que responde más a la voluntad de algunos fiscales que a una política general de la Fiscalía? Porque la persecución de esos delitos varía mucho por zonas...
-Sí. Efectivamente. No hay dos provincias iguales. Aquí tenemos suerte de contar con un grupo de fiscales que se mueve mucho y que está muy bien valorado a nivel nacional.
-Y, sin embargo, está siendo la institución más castigada y con ataques más serios dirigidos a desacreditarla.
-Claro, porque es la que está moviendo el árbol. Por otro lado, esa estrategia para desacreditarla no es nada tonta; es eficaz. Y es así porque la valoración que los españoles tienen de la Justicia ya era muy mala de entrada. De ahí que si dejas caer que los fiscales o los jueces de instrucción no son imparciales, sino que están condicionados por alguien, eso cae en terreno abonado.
-¿No ocurre que la relación de muchos ciudadanos con los partidos políticos es de llevar puesta la camiseta, como si se tratara de un equipo de fútbol, y así se justifica todo lo que hagan: hemos perdido por el árbitro, han detenido a este alcalde porque el fiscal actúa condicionado...?
-La reacción del grupo mayoritario de votantes es propia..., no de 'hooligans', que sería un término excesivo, pero sí de hinchas. Es ahí donde calan esos mensajes, del tipo Cospedal o Trillo. Pero hay un porcentaje de personas con más capacidad de crítica y de distanciamiento.
-Este tipo de reacciones por parte de los partidos políticos, tratando de desacreditar la acción de las fuerzas de seguridad, de los fiscales, de los jueces..., ¿no supone estar minando los cimientos del Estado de Derecho? ¿No se está cuestionando la actuación de unas instituciones que son básicas para nuestro sistema democrático?
-Por supuesto. Absolutamente. Es una estrategia suicida, peligrosísima, para el sostenimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Socava sus cimientos. Es peligrosísimo, insisto. Cuando un partido mayoritario dice sentirse maltratado por la Administración de Justicia, en este caso es el PP, pero que antes era el PSOE, con el 'caso Filesa', el que se decía perseguido..., eso es muy peligroso. Son ellos, como legisladores, los que tienen la mayor responsabilidad en que una institución como la Justicia funcione bien. Si están convencidos de que no funciona bien, que no hagan una campaña de ello, ya que supone un descrédito absoluto para nuestras instituciones; y, en segundo lugar, habrá que preguntarles por qué cuando gobernaron no pusieron las medidas para garantizar que fuera imparcial. ¡Es que todos han estado antes en el gobierno! Llevan una estrategia suicida y equivocada.
Responsabilidad política 
 
-Estos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, ¿están sabiendo asumir sus responsabilidades política ante estos casos de corrupción?
-No todos están reaccionando igual; unos actúan un poco más, y otros un poco menos. Hay un problema general, que tiene un formato de dilema, y es que, si vas contra tus militantes, te puedes quedar sin partido en esa localidad: el alcalde expulsado forma su propio partido y acaba sacando mejores resultados. Por eso no se toman decisiones drásticas: no tanto por proteger a sus afiliados, sino por estrategia electoral. Y es que tenemos unos partidos que para existir necesitan tener el poder en las instituciones. Pero hay una última razón, que consiste en que en muchos de estos asuntos de corrupción ha acabado saliendo la financiación...
-...la financiación ilegal del propio partido, ¿verdad? Quería llegar ahí. Nos encontramos con militantes que están pidiendo dinero para su partido, que incluso son premiados con cargos públicos por esa labor recaudatoria, y a los que, claro está, difícilmente se les podrá convencer de que es lícito pedir dinero para el partido, y que no lo es pedirlo para ellos mismos.
-Este ha sido uno de los grandes problemas y de las grandes coartadas de la corrupción. La necesidad de contar con esas líneas irregulares de financiación ha llevado a desactivar mecanismos de control que existían. En gran medida, los escándalos de principios de los 90..., aunque el primero fue el de la adjudicación de los contratos de las basuras en Madrid, aquel caso de Alonso Puerta en 1982 o 1983, y luego el 'caso Flick'..., pues de ahí se pasó a escándalos como el de Juan Guerra, que causaron gran rechazo entre los propios militantes del PSOE porque se dieron cuenta de que se estaba quedando para sí mismo con el dinero. No se pueden hacer distinciones sobre si es más moral recaudar para el partido o para uno mismo. Es totalmente rechazable siempre.
-Pues seguimos sin aprender mucho al respecto, porque en los actuales casos de corrupción siguen estando presentes la financiación ilegal de los partidos y la 'financiación' personal.
-Efectivamente. Los circuitos que se crearon para financiar irregularmente a los partidos han ido haciéndose cada vez más autónomos y se ha ido compatibilizando la 'alimentación' del partido y la propia. Y se han llegado a dar redes totalmente autónomas, que aparentaban recaudar para el partido cuando en realidad lo hacían para esas propias personas.
-¿Está el urbanismo en la base de todos estos grandes escándalos?
-Casi todos giran en torno a la contratación administrativa y, más recientemente, en los años del 'boom' inmobiliario, entre 1995 y 2006, en torno al urbanismo, que es la gran fuente de corrupción.
Plusvalías millonarias 
 
-Debe ser muy difícil sustraerse al hecho de que, por una simple decisión política, se generan unas plusvalías millonarias. Muchos de esos políticos pedirán 'su' parte.
-Las conversaciones de los sumarios de corrupción desvelan cómo el alcalde o los concejales, o redes de funcionarios, o redes mixtas..., plantean a los promotores que se están llevando muchos millones gracias a su decisión, y que algo deben repartir..., para el partido o para ellos.
-¿Por qué aparece tanto Murcia? ¿Por el empeño de los fiscales, porque hay más corrupción que en ningún otro sitio...?
-No sólo Murcia. También Comunidad Valenciana, Baleares, Costa del Sol, Canarias... Tenemos una de las mejores fiscalías y además compartimos muchas cosas con Alicante, la Costa del Sol... Y teníamos mucho territorio virgen y con un gran atractivo turístico. Creció mucho el parque de viviendas turísticas y por eso había más ocasiones para la corrupción.
-¿La corrupción responde a una crisis de valores?
-No exclusivamente. Por supuesto, los valores influyen en el comportamiento. La integridad debe venir puesta de casa, como me decía un alto cargo andaluz. Pero, por si acaso fallan los valores, deben existir instrumentos de control eficaces.
-Los mecanismos de control de los propios partidos...
-Eso es un desastre (se ríe).
-...¿se están aplicando?
-Se presentan medidas, y documentos, y decálogos hechos 'ad hoc', como estrategia electoral o política, pero nunca como aplicación real de un código moral o de conducta. Los códigos son de risa en el caso de los dos grandes partidos, y la aplicación a sus militantes es también de risa. No hay ningún órgano independiente que haga la investigación y decida si corresponde imponer una sanción; finalmente es la propia ejecutiva la que toma las decisiones. Hay un desprecio absoluto... Los partidos podían haber hecho mucho para atajar la corrupción, porque ese fenómeno va más allá del Código Penal. Por ejemplo, con los conflictos de interés y las incompatibilidades.
-El otro día decía el presidente del PP murciano, Ramón Luis valcárcel, que a la hora de exigir responsabilidades a los afiliados sospechosos de corrupción sólo se fiaba de su pálpito personal, de su olfato...
-Es ridículo. Eso es ridículo. Pero en estos casos no existen diferencias entre el PP y el PSOE. Hace un tiempo hice un estudio sobre los mecanismos internos de control de la integridad en el PSOE y en el PP y me costó horrores encontrar sus códigos de conducta. ¡Es que ni los tenían en su web, cuando tendría que ser su catecismo! Eso te da una idea de la voluntad real que tienen de erradicar esos comportamientos.

La Región de Murcia sigue haciendo el ridículo en Bruselas, ahora por 'Novo Carthago'

MURCIA.- La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado, revela hoy 'La Verdad'..

«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.

La crisis y el fin de Bretton Woods II / Alejandro Nadal *

La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó con la persistencia de desacuerdos básicos, que son un mal presagio. Ninguna de las dificultades fundamentales de la economía mundial pudo resolverse en estos días. La guerra de las divisas está a la vuelta de la esquina y los peores días de la crisis podrían estar de regreso en unos meses. Hasta se dice que 2008 podría ser un día de campo, comparado con lo que viene en 2011.

En Washington nadie esperaba milagros. Después de todo, el FMI perdió la brújula desde el 15 de agosto de 1971. Ese día Nixon ordenó cerrar la ventanilla de compra-venta de oro y terminó el mundo de los tipos de cambio fijos para el que fue creado el FMI en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Al cabo de unos años, el Fondo redefinió su misión como promotor de la liberalización financiera a escala global. Y en este nuevo papel pudo presidir sobre una larga lista de crisis financieras, cada vez más frecuentes y profundas. Como se sabe, en numerosos casos la medicina recetada por el FMI resultó peor que la enfermedad.

Poco a poco se fue consolidando un sistema que recibió en los años noventa el nombre de Bretton Woods II. Al igual que antes, el dólar seguía siendo el referente monetario en la economía mundial, pero en el nuevo esquema, Estados Unidos mantenía una posición de consumidor en última instancia y era subsidiado por China y los países exportadores de petróleo interesados en mantener su propio tren de exportaciones. 

Mientras hubo crecimiento, las cosas marcharon más o menos de manera estable. Claro, los gigantescos desequilibrios se fueron acumulando y adoptaron la forma de un astronómico déficit en las cuentas externas de Estados Unidos y su dual, las gigantescas reservas del banco central en China.

Este esquema podía durar mientras las tasas de crecimiento hicieran pensar a todos que el porvenir era brillante y siempre lo sería. Pero ese tipo de expectativas terminan por ser desmentidas por la dura realidad. Siempre se supo que Bretton Woods II era un sistema insostenible y que terminaría por reventar. Pero mientras dura el carnaval, nadie se preocupa por la cruda del día siguiente.

Al estallar la crisis, el conocido dilema de Triffin se manifestó con una claridad deslumbrante. El desplome en la demanda efectiva en Estados Unidos dejó un vacío que había que llenar. El caos en el sector financiero imposibilitó a los bancos estadunidenses fungir como intermediarios entre el ahorro y el consumo, y el gobierno tuvo que entrar al quite con sus estímulos fiscales y rescates de las hipotecarias semioficiales.

Pero el estímulo fiscal y la inyección de la Reserva Federal de más de un billón (castellano) de dólares para adquirir bonos del Tesoro terminaron por sacudir al mundo entero. Para colmo, aunque el estímulo fiscal permitió una especie de recuperación, resultó insuficiente. 

En lugar de mantenerlo y aumentar su volumen, la clase política estadunidense dejará que expire este otoño. La política monetaria, en su esquema de flexibilización cuantitativa, seguirá inyectando liquidez a un sistema que permanece estancado y con altas tasas de desempleo. Encima de todo, la pérdida de valor del dólar no fue suficiente para corregir el déficit comercial.

Hoy las principales economías del mundo están a punto de sufrir una recaída de proporciones alarmantes. En Estados Unidos el sistema bancario no acaba de digerir el desastre del sector hipotecario. El incremento en los costos de operación de los bancos debido a la ejecución de hipotecas vencidas es la peor amenaza del sector bancario. Esta es la cicatriz que dejarán las hipotecas subprime en los estados financieros de los bancos. Lo importante es que para un banco con problemas en la línea de flotación, el incremento en los gastos de operación puede ser el tiro de gracia.

Europa está amenazada por el regreso a la austeridad fiscal de su absurdo Tratado de Maastricht y Japón porque, en el fondo, nunca superó la crisis de los años noventa. La recesión en forma de W para la economía global es casi inevitable. Para las llamadas economías emergentes el problema se agrava porque sus exportaciones se verán afectadas.

Los desequilibrios acumulados en los últimos 20 años tocan a la puerta hoy para reclamar atención. A China se le exige disciplina cambiaria y mayor énfasis en la demanda interna. Pero la percepción en Pekín es que el gigante asiático no puede darse el lujo de perder competitividad en los mercados internacionales. Eso sucedería si aumentan sus costos laborales y se permite la apreciación del renminbi. Por eso China reclama a su vez disciplina monetaria al país que emite los papelitos verdes, que otrora fueron la piedra de toque del sistema monetario internacional.

Es la terminación del sistema de Bretton Woods II. No será un final tranquilo. Y sí, 2011 puede muy bien ser el peor año de la crisis.

(*) Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

Las CC AA, incluida la de Murcia, descartan emitir bonos para particulares

BARCELONA.- Las 16 comunidades autónomas, al margen de Cataluña, no tienen previsto lanzar una emisión de bonos para particulares como ha hecho el Gobierno de José Montilla, con el objetivo de financiarse.

   La Generalitat colocará deuda a un tipo de interés del 4,75%, con un mínimo de 1.000 euros de inversión por particular, por un importe global de hasta 2.500 millones de euros.
   Entre las comunidades que no adoptarán una iniciativa similar figuran Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Cantabria y Extremadura.
   Fuentes de la Xunta de Galicia han explicado que, por el momento, el Gobierno gallego no se lo plantea y ha recordado que cada comunidad elabora su estrategia "como entiende que le es más favorable a sus intereses".
   La Xunta ha marcado distancias con Cataluña y ha señalado que no todos los gobiernos tiene los mismos problemas de tesorería, y ha recordado que los inversores "están diferenciando claramente a unas y otras autonomías y aplicando primas de riesgo muy diferentes".
   Mientras Canarias ha asegurado que tiene "cubiertas" sus necesidades y no tienen pensado emitir bonos, la Generalitat valenciana ha afirmado que no contempla la necesidad de tener que hace una emisión porque sigue colocando la deuda al ritmo que tiene previsto y al que los mercados lo permiten.
   "Aunque no se pueda descartar en un futuro, en estos momentos no se contempla", aseguró esta semana el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que recordó que "lo más probable es que se acabe el ejercicio sin necesidad de realizar una emisión de este tipo".
   Por su parte, el Gobierno cántabro ha señalado que no tienen previsto nada parecido porque no lo necesita y ha explicado que está negociando operaciones de colocación de deuda a plazo más largo y "en condiciones más ventajosas para la comunidad autónoma".
   La Comunidad de Madrid tampoco valora llevar a cabo una emisión para particulares, lo mismo que Extremadura.
   El resto de comunidades --Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla y León-- ha optado por no valorar la emisión que desde Cataluña se ha presentado como una operación que es "perfectamente normal y necesaria" y que "no es fruto de una situación de emergencia e improvisada", según dijo el conseller de Economía catalán, Antoni Castells, esta misma semana.
   El gobierno catalán ha insistido en que la propuesta no nace de un problema de las finanzas de la Generalitat, ya que los mercados se cerraron en mayo y se están abriendo "muy lentamente".

El letrado Diego de Ramón parece que desea llegar al fondo del blanqueo de capitales en la 'Operación Umbra'

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, como compareciente en las diligencias previas penales abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia a instancia de la Fiscalía Anticorrupción en relación a un supuesto perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Murcia y varios presuntos delitos derivados de la actuación anterior, ha solicitado como medios indiciarios de investigación judicial varias pruebas para ahondar en el conocimiento de la 'Operación Umbra'.

"1.-Que se re quiera a la Consejería de Economía y Hacienda, en su Dirección General de Tributos, CUANTO DINERO SE HA RECABADO POR LOS IMPUESTOS DERIVADOS DE LAS TRANSMISIONES PRODUCIDAS en los dos millones y medio de metros cuadrados que han adquirido como consecuencia de los seis convenios urbanísticos de Nueva Condomina, objeto de esta instrucción judicial.

¿Qué valoraciones económicas se han dado a dichos terrenos, para ser objeto de base imponible de los impuestos? y ¿Qué funcionarios peritos han dado a esas valoraciones?.y ¿Si aceptaron las tasaciones realizadas por los sujetos pasivos, o les realizaron alguna complementariacon tasaciones propias de la Administración?.

2.-Que se requiera al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma, en su Consejería de Obras Públicas y Transportes, como así al Consejo de Gobierno de la Comunidad, que aprobaron las modificaciones de planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana, para poder recalificar dichos terrenos.

3.-Que se requiera a las entidades financieras que han participado en la financiación de dichos seis convenios urbanísticos, para que describan las tasaciones económicas de dichos terrenos, para acceder a los créditos que recibió de las mismas.

4.-Que se contrasten dichas tasaciones anteriores, con las realizadas por la Intervención General de la Agencia Tributaria que las tasó en 300 millones de euros.

5.-Que se requieran INFORMES:

5.1.- Por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

5.2.-, de la Agencia Tributaria.

5.3.- y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional.

Dichos informes, deberán rastrear a través de dichas propias Agencias Nacionales españolas y las de colaboración de Agencias Norteamericanas y la Interpol, sobre las sociedades con domicilio fiscal en paraísos fiscales como Islas Caimán, México, Panamá, Luxemburgo, Gibraltar, Suiza, que hayan tenido PARTICIPACION LAS ENTIDADES FINANCIERAS que han dado para la financiación de dichos seis convenios urbanísticos (a nombre de sociedades con participación de dichas entidades financieras, y a nombre de todos los imputados en esta causa, políticos, funcionarios, más los que todavía no están imputados, y han sido cómplices necesarios para la consecución de este fraude fiscal y evasión de capitales.

Y por último, comprobar a TRAVES DE SOCIEDADES DE TASACION HOMOLOGADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA, PARA QUE A INSTANCIAS DE LA POLICIA JUDICIAL, INFORMEN SI HAN DEVALUADO DICHAS TASACIONES,CON MOTIVO DE FRAUDE FISCAL DEL PRECIO REAL,QUE ALCANZARIA,UNA VEZ TASADAS INICIALMENTE COMO LOS 2 MILLONES Y MEDIO DE METROS CUADRADOS COMO RUSTICO NO URBANIZABLE Y DESPUES COMO URBANIZABLE, dichas PLUSVALIAS Y VOLUMEN DE EDIFICABILIDAD como precio real, despues de su aprobación. 

Y SI DESPUES DE SU RECALIFICACION FUERON REALIZADAS TASACIONES POSTERIORES POR LA DIRECCION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA,PARA RECABAR LOS CORRESPONDIENTES IMPUESTOS DENTRO DEL PLAZO DE LOS CUATRO AÑOS,O SI POR EL CONTRARIO SE DEJARON DE REALIZAR DICHAS COMPROBACIONES".