domingo, 7 de noviembre de 2010

De Ramón quiere saber la situación de solvencia de la CAM de cara a poder devolver el préstamo del FROB

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha solicitado por escrito al Banco de España, con fecha 2 de este mes de noviembre, su intervención sobre entidades “ infracapitalizadas “ o “en situaciones de insolvencia no detectadas”, como a su juicio, pudiera ser presuntamente el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en cuanto al futuro del SIP con Cajastur, que se creará a finales de año o “como muy tarde” a principios de 2011.

El citado letrado recuerda que los beneficios que comunica la CAM a fecha 29 de octubre de este año, de que ha obtenido 142,6 millones de euros, "indica una caída libre del 28,6% de descenso en relación con el ejercicio anterior".

"Tenemos además que los informes de Fitch bajan la nota a la CAM por el ladrillo, además de que debe afrontar vencimientos de deuda en el 2012 cuando no existe “indice” de minimizar la evolución en los años 2010,2011 y 2012, y donde esta Agencia de Calificación fue también la que rebajó la nota a largo plazo,  desde “A” hasta BBB+ con perspectiva negativa, lo que podría suponer otro eventual descenso. Si esto ocurriera, le colocaria a solo un paso de los bonos basura. (información al día 2 de junio del año actual)", explica en su escrito.

A fecha de 19 de septiembre de este año, el SIP de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria tenía unos activos de 135.329 millones de euros, recuerda, pero solo un 10,25% disponible de liquidez, por lo que, según De Ramón, "habría que valorar el patrimonio inmobiliario de la CAM, teniendo en cuenta que estaba ofertando viviendas con hasta un 60% de descuento a fecha 20.10.2010, sin contar con la depreciación del valor inmobiliario, que espero FROB o Banco de España lo tenga tasado de forma distinta a la que haya declarado dicha entidad".

El propio subgobernador del Banco de España reconoce expresamente que existen problemas para cerrar la fusión con Cajastur (fecha 26 de septiembre de este año), recuerda en su escrito De Ramón, quien desea saber si la CAM cumple con los grados de solvencia requeridos al efecto.

"Si a esto añadimos que no se cumple con el Acuerdo de Basilea sobre provisionalidad de morosidad que, por parte de la CAM es del 6%, y que las ayudas financieras conseguidas del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria), se tendrían que devolver al 7,75% del tipo de interés, por lo que en el caso de esta fusión serían 1.250 millones de euros el cálculo de lo que se habría de añadir al principal", concluye el letrado.
A la vista de todo ello, De Ramón solicita una auditoría a la CAM por parte del Banco de España, para que sea examinada y evaluada pertinentemente, y así poder conceder préstamos a dicho SIP con garantías suficientes de devolución.

Y advierte de que dará traslado de esta petición al Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo si el Banco de España persiste en no remitirle la información, veraz y de exámen preciso al respecto, solicitada ya en anteriores escritos en demanda de transparencia con el objeto de que esas entidades supervisoras a mayor nivel sean las que le informen sobre la viabilidad de la fusión de la CAM en el seno del citado SIP.

Una investigación cifra en 285 millones anuales el negocio de la pesca ilegal de atún rojo en el Mediterráneo hasta 2008

CARTAGENA.- En 1996, un barco de la firma Tuna graso -una empresa conjunta de la japonesa Mitsui y la española Fuentes e hijos- subió a bordo un atún rojo de más de 300 kilos de una de sus granjas. Valía 12.000 euros, más aún en Tokio. Los días de llevar atún fresco a Japón solo unos meses al año eran historia. Las granjas de engorde implicaban que los japoneses podrían tener atún rojo de alta calidad para el sashimi todo el año. Ese día, el atún resbaló por cubierta, hirió a varios miembros de la tripulación y cayó al mar. Fue un revés menor. El engorde se convirtió en un negocio millonario. Lo publica hoy, entre otros medios europeos, 'El País'.

En el cerrado mundo de la pesca del atún rojo, autoridades, pescadores y granjeros forman parte de un sistema viciado en el que todos han colaborado en un amplio fraude, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés). Entre 1998 y 2007, más de uno de cada tres atunes pescados acabaron en el mercado negro, que supuso 285 millones de euros anuales, según la estimación de ICIJ.
El destino del atún descansa en la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que incluye a 47 países y la UE. ICCAT ha fijado la cuota de capturas en 13.500 toneladas este año, frente a las 22.000 en 2009. Sin embargo, la capacidad de las granjas es cinco veces superior a la cuota y muchas de ellas están en países con regulaciones laxas, como Turquía y Túnez.
Las granjas son tan controvertidas que Japón, que compra el 80% del atún del mundo, empieza a poner coto a los excesos. El año pasado, Tokio bloqueó la importación de más de 3.500 toneladas de atunes de granjas del Mediterráneo. Según sus inspectores, algunas granjas alegaban ritmos de engorde biológicamente imposibles y otras exportaban más de lo que oficialmente habían adquirido. "Si no se controlan legalmente las granjas, deberían suspenderse", declaró Masanori Miyahara, delegado de Japón en ICCAT.Espoleados por la demanda japonesa, la industria evolucionó a gran velocidad en los 90. Los cerqueros -cuyas redes rodean los cardúmenes cuando desovan- permiten capturar hasta 3.000 ejemplares de una vez. De los cerqueros, son trasvasados a jaulas y transportados lentamente hasta la granja, cerca de la costa. Allí son engordados con sardina y caballa hasta que alcanzan el punto justo de grasa y color.
Las empresas españolas saltaron a Croacia, Malta, Turquía, Italia, Túnez, Chipre y Libia. La mayoría de los atunes llegaban de cerqueros italianos, franceses y españoles. El líder del mecardo es la española Ricardo Fuentes e hijos. Francisco Fuentes, director general de la compañía los últimos 20 años, convirtió un negocio familiar en una multinacional. En los 60 su padre vendía pescado puerta a puerta y ahora Fuentes viaja por el Mediterráneo en un jet privado. Conocido como Paco-san en Japón, este sagaz empresario muestra poca simpatía por quienes sostienen que el atún rojo está en peligro: "Hay una gran cantidad de atunes pequeños en el Golfo de León".
La industria -con ayuda de la UE- modernizó la flota. La inversión creó un círculo vicioso: una vez que habían comprado un cerquero de varios millones, los pescadores se veían obligados a superar las cuotas para amortizar la inversión. Al ir agotando caladeros, la flota fue al sur. El rico banco de Baleares estuvo a punto de "colapsar por la sobrepesca", recuerda Manel Balfegó, pescador y dueño de una granja en Tarragona. El stock cayó un 75%, aunque hay científicos que ven ahora los primeros signos de recuperación. Parte de la caída se debió a las generosas cuotas de ICCAT, cuyos científicos consideraron demasiado altas. Pero mucho vino de pesca ilegal y no declarada.
Un ex responsable de una gran empresa defiende que a veces hay exceso de atunes por errores de cálculo: "Para los peces que tienes por encima de la cuota hay que encontrar una solución: o los comercias ilegalmente o los guardas para la siguiente temporada". Liberarlos no es una opción.
Para combatir el fraude, ICCAT estableció en 2008 un sistema de control. Los barcos dan un número a cada captura, que debe registrarse en cada eslabón de la cadena. Los documentos son escritos a mano, validados por los países y en ICCAT son introducidos en una base de datos. El sistema acaba con información contradictoria e incompleta. Al 44% de las 4.102 entradas de 2009 les faltaba información relevante. Al menos 96 cargamentos hacia Japón (5.000 toneladas) no podían ser trazados hasta la granja de origen. Jean-Marc Fromentin, del comité científico de ICCAT, define el sistema como "un enredo".
Los datos de granjas son especialmente problemáticos. Al menos un 20% de los atunes sacrificados en ellas carecen de información, son atunes fantasma. Algunas incluso parecen capaces de manufacturar atunes. Más de una docena de instalaciones mataron más ejemplares de los que compraron. "Es incomprensible lo mires como lo mires", comentó Miyahara, el delegado japonés en ICCAT. Entre las granjas que han llamado la atención de las autoridades está la croata Drvenik Tuna, copropiedad de Fuentes. En 2008, esta firma fue obligada a liberar 712 atunes, según ICCAT. La empresa declaró que fue un error de los cerqueros franceses a los que compró el atún. Un año después, Japón rechazó la entrada de 560 toneladas de atunes de una granja de Fuentes en Tunez porque los ejemplares, pescados por una flota argelina, no tenían documentos en regla, según el Gobierno tunecino. Los responsables de Fuentes en Cartagena admiten que hubo problemas con Drvenik en el pasado, pero remitieron a su socio croata, Mladen Milakovic, que no quiso hacer comentarios. Hay casos de otras firmas en Malta, Túnez o Turquía.
Aunque criticada por excesiva por algunos científicos, la reducción de la cuota para 2010 ha hecho caer los ingresos caigan desde los 350 millones de euros en 2008 a los 220 millones, según fuentes del sector. La Comisión Europea amenaza con cerrar la pesquería si no hay control y Japón se muestra dispuesto a apoyar un cierre temporal de las granjas. A final de mes, ICCAT se reúne a fijar las cuotas y decidir si acaba con la carrera del oro del atún rojo.

Este es un extracto de la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y que hoy publican The Sunday Times, BBC y Le Soir, entre otros.

Portmán: la bahía más tóxica del Mediterráneo

LA UNIÓN.- Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. "Mire cómo brilla. Es el mineral que queda". Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista, se narra hoy en 'El País'.

Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.
Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.
Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.
El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.
Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.
En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.
La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.
La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.
El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.
Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".

La dirección federal del PSOE obliga a Saura a dejar todos sus cargos pero él se resiste

MURCIA.- El todavía secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha confirmado que dejará su acta de diputado en la Asamblea Regional y la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en este parlamento si es nombrado director general de la entidad pública de suelo SEPES el próximo miércoles porque, explica, ambos cargos son "incompatibles". Lo que no ha dicho es que la dirección federal del PSOE le obliga también a dejar el liderazgo del PSRM para evitar una indeseable bicefalia de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

    Saura aseguró, no obstante, que podrá compatibilizar su actual cargo como secretario general del PSRM-PSOE y su nuevo destino como director general de SEPES, extremo no del todo cierto si se marcha a SEPES en Madrid porque su dedicación le impedirá seguir gobernando 'de facto' el PSRM.
   De hecho, recordó que ya lo hizo cuando compatibilizó su cargo como secretario general del PSRM y como portavoz de la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en distintos periodos.
   Al respecto, justificó que su cargo como secretario general del PSRM-PSOE "fue un compromiso con el PSOE en el último congreso del partido", y dijo haberlo asumido "hasta el próximo año 2012 ó 2013".
   Saura se ha referido de esta forma a las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, que le ha propuesto hoy como nuevo director general de la entidad pública de suelo SEPES, nombramiento que tendrá que aprobar el consejo de administración de la sociedad en su reunión del próximo miércoles.
   En este sentido, Saura ha agradecido la confianza del Gobierno de España, de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y del ministro de Fomento, José Blanco, por pensar en él para poder dirigir SEPES.
   No obstante, quiso dejar claro que "hasta el miércoles no se va a producir el nombramiento oficial en el Consejo de Administración de SEPES", por lo que quiso respetar "la formalidad" y mostró su prudencia en este sentido.
   A su juicio, se trata "de una nueva oportunidad de trabajar por España y por la Región de Murcia", y dijo asumir el cargo en un momento del Gobierno español "que permite incidir directamente en el mercado de suelo de la vivienda, que es un actor directo del Gobierno en la política de suelo industrial y de vivienda".
   Por tanto, dijo aspirar a dirigir ese instrumento que tiene el Gobierno central "de la forma más eficaz y más comprometida, buscando la rentabilidad económica y social".