lunes, 3 de enero de 2011

El Ayuntamiento de Murcia 'regala' 150.000 euros a una entidad privada ciclista

MURCIA.- La Junta de Gobierno del ayuntamiento de Murcia ha renovado el convenio con la  privada Real Federación Española de Ciclismo para que el Ayuntamiento se convierta en el principal patrocinador de la RFEC y de las selecciones nacionales de todas las disciplinas y categorías, según versión de parte.

Esta iniciativa permitirá -siempre según la versión oficial municipal- que el nombre de Murcia luzca en las equipaciones de todos los equipos de todas las categorías y modalidades de ciclismo y en todas las competiciones a las que se presenten.

Y es que, más de 1.600 deportistas de las modalidades masculino y femenino desde cadetes hasta profesionales llevarán el nombre del Ayuntamiento de Murcia en todo tipo de competiciones, siempre según la misma versión. 

Además, el nombre del Ayuntamiento de Murcia aparecerá en la página web y en las publicaciones de la Federación Española y en los vehículos oficiales, con una subvención de 150.000 euros, concluye la propaganda oficial del alcalde Miguel Ángel Cámara, aspirante a suceder a Valcárcel en San Esteban.

IU anima a participar en la manifestación de este martes contra unos recortes que "deterioran" los servicios públicos

MURCIA.- El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, anima a la ciudadanía a participar en la manifestación de este martes contra la ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, al considerar que ésta "conllevará un empeoramiento de los servicios públicos y la pérdida de puestos de trabajo".

   Pujante, que ha anunciado su asistencia y la de los miembros de la dirección de IU a esta convocatoria, ha indicado que la citada norma "arruinará" las expectativas laborales de los licenciados universitarios que desean acceder a la función pública y afectará al funcionamiento de la educación, la sanidad y las políticas sociales.

   Asimismo, ha asegurado que su organización es la única fuerza política que ha presentado una alternativa para evitar que se produzcan recortes en el sector público, con un conjunto de propuestas que pasan por una mayor contribución fiscal de las rentas más altas para  incrementar los ingresos de la Comunidad Autónoma.

   "Los recortes del Gobierno regional a los empleados públicos suponen una muestra más de que el Partido Popular de la Región de Murcia va en la misma línea que el PSOE en el Gobierno central, sólo a base de recortes a los trabajadores y trabajadoras, haciendo caer sobre ellos el peso de una crisis que no han generado", ha concluido.

El Consejo de la Profesión Médica no descarta una huelga salvaje contra las medidas del Gobierno regional

MURCIA.- El Consejo de la Profesión Médica de la Región de Murcia mantendrá una reunión este lunes, a las 18.00 horas, con el objetivo de pactar medidas de protesta contra los recortes salariales y de jornada laboral establecidos por el Gobierno regional. En principio, miembros del Consejo no descartan ningún tipo de movilización, que oscilaría desde no protestar hasta hacer una posible "huelga salvaje".

   Así lo ha hecho saber el presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Juan de Dios González Caballero, quien ha señalado que la postura "puede oscilar desde todos los extremos", aunque consideró que la huelga salvaje "no va a ser la respuesta final" y que el usuario "no se va a utilizar como moneda de presión".
   El objetivo de la reunión, que fue convocada el 31 de diciembre con carácter "extraordinario y urgente", es valorar el contenido de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada por la Asamblea Regional, así como estudiar si es oportuno organizar algún tipo de protesta o movilización.
   El Consejo de la Profesión Médica está integrado por un representante del Colegio Oficial de Médicos de la Región -que cuenta con más de 4.000 colegiados-, un representante del Sindicato Médico, un representante de las 40 sociedades científicas y dos miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, a través de su decano, Joaquín García Estañ, y un representante de estudiantes.
   En principio, González, que ocupa el cargo de suplente de las sociedades científicas en el Consejo, ha declarado que el objetivo es que cada uno de los representantes deberá poner encima de la mesa su opinión y las medidas que considera que se deberían de tomar para consensuar una postura definitiva".
   "Tenemos claro que lo que no queremos es perjudicar al usuario y tampoco queremos que baje la calidad en la asistencia sanitaria", según González, quien estimó "necesario" tomar medidas contra el déficit, pero ha considerado que "quizá había otras posibilidades antes que castigar, en este caso, al profesional sanitario y a los médicos".
   Así, el presidente de Smumfyc defiende que "hay otras medidas que se pueden aplicar y que no iban a ser perjudiciales para los funcionarios para los profesionales médicos, sino beneficiosas, e iban a reducir el déficit lo mismo o, incluso, mejor".

UGT y CCOO piden a Zapatero que suspenda la ley de recortes del Gobierno murciano

MURCIA.- Las confederaciones sindicales de UGT y CCOO, con el apoyo de Sterm y Anpe, han presentado este lunes en el registro de la Dirección General de Trabajo una solicitud, dirigida al Gobierno de la nación, donde plantean un "conflicto de competencias al amparo de la Constitución", al objeto de que "paralice" la aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas de la Administración regional mediante la "suspensión" de la misma al considerarla "inconstitucional".

   Así lo han anunciado, en rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de UGT y CCOO en Murcia, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, donde han dejado claro que esta reacción jurídica "no sustituye, en ningún caso, las movilizaciones que los empleados públicos tienen proyectado", al tiempo que han desvelado que se estudiarán otras fórmulas jurídicas, como el recurso al Defensor del Pueblo.
   De hecho, la próxima se desarrolla este martes, a las 18.00 horas, desde la Plaza Fuensanta en la capital murciana para finalizar a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda.
   Y es que, a juicio de Jiménez, "es la única forma de hacer sentar a este Gobierno en una mesa de negociación para que rectifique todas estas medidas perniciosas" que afectan, según sus cálculos, a 55.000 familias murcianas que vieron como hace unos días "comenzó el estado de excepción laboral", ha rematado Bueno.
   En esta línea, ha denunciado públicamente que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel "ha huido de un debate serio y racional para mejorar los ingresos y no ha querido sentarse a hablar de verdad de los presupuestos con los agentes sociales".
   De ahí, ha advertido, "habrá diálogo si hay rectificación", puesto que "no nos podemos sentar a negociar con quien incumple, de forma unilateral, los acuerdos firmados y con quien obvia las negociaciones colectivas".
   Según ha manifestado Bueno, "no nos podemos quedar con la anécdota del huevo", en referencia a las últimas protestas callejeras que han llevado a los manifestantes a lanzar huevos contra la fachada del edificio donde vive el jefe del Ejecutivo murciano.
   Tras lo que ha resaltado que esta ley de recortes del Gobierno regional "genera desempleo en el ámbito de la Administración Pública, al poder generar la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo".
   Los secretarios generales en Murcia de sendos sindicatos, que han reconocido que no ha habido ningún intento de acercamiento por parte del Gobierno regional, han alertado precisamente de ese desempleo que, según Jiménez, se constata en el hecho de la ampliación de la jornada de trabajo en dos horas y media por empleado público.
   "Esto va a provocar un engrosamiento de las listas de desempleo, ya que reducir la jornada de trabajo a 55.000 empleados públicos supone que hay unas 137.500 horas semanales que el Gobierno regional quiere reducir en cuanto al gasto", ha indicado Jiménez.
   En definitiva, ha comentado Bueno, "es una manifiesta extralimitación de las competencias de las que dispone constitucional y estatutariamente de la Comunidad de Murcia", ya que, ha explicado, la ley "hace caso omiso del ordenamiento jurídico constitucional, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, del Estatuto Básico del Empleado Público y mediante una decisión ilegal que suprime los actos y acuerdos que los trabajadores de la Administración Pública tenían alcanzados, firmados y aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad desde el año 1998".
   Al hilo, ha matizado que "no se suspende por un tiempo nada, sino que se derogan los acuerdos en materia de negociación colectiva". Es decir, ha indicado, "lo que hace la ley de forma directa es derogar, eliminando el ordenamiento jurídico del ámbito laboral de los funcionarios, de forma definitiva e irreversible".
   Bueno también ha criticado que se "invoque ese déficit y no se justifique, no se razone". Es por ello por lo que ha confiado en el que el Gobierno central "garantice los derechos individuales y colectivos de los trabajadores murcianos, ya que el problema de las finanzas públicas de la Comunidad tiene razones bien distintas del peso de los salarios y condiciones de trabajo que existen".
   De forma que, entiende Jiménez, la ley "usurpa las competencias del Estado al amparo de lo dispuesto en los artículos 161 y 162 de la Constitución y lesiona este orden de competencias", además de que también se ha infringido el artículo 149, cláusula séptima, "cuando establece que la Comunidad de Murcia solo tiene competencia para ejecutar la legislación laboral y no para modificar la legislación laboral".
   Preguntado sobre la deuda histórica, Jiménez ha subrayado que "no tiene nada que ver con lo que ahora se plantea, porque si hay deuda histórica que reclamar la había ahora y hace tres años".

Un acuífero inexplorado hasta ahora, podría dar de beber a Jumilla, Yecla y Villena


JUMILLA.-Un estudio del año 2006 recomienda que se hagan sondeos de investigación para estudiar las características hidrogeológicas de un acuífero de calizas y dolomías, desconectado de otro superior por potentes estratos de margas y arcillas impermeables, en Jumilla-Yecla-Villena.

El estudio conjunto es de la Diputación de Alicante y del Ministerio de Educación y Ciencia (Instituto Geológico y Minero de España, IGME) y se puede descargar de la página web del IGME. En él se confía mucho en las posibilidades de este nuevo acuífero. Incluso, se llega a recomendar el traslado de los pozos actuales, que pinchan el acuífero superior (Cretácico), a este nuevo acuífero profundo (Jurásico), que se encuentra debajo del anterior, y "virgen" hasta la fecha.

Este acuífero profundo de Jumilla, Yecla y Villena, es también cautivo y el agua subterránea en él contenida se encuentra igualmente a alta presión de confinamiento dentro de fisuras, gritas y cuevas horadadas en calizas hace millones de años. 

En otras zonas se sabe que los sondeos que captan estas calizas fisuradas y karstificadas del Jurásico (concretamente del Dogger) dan mucha agua, con caudales de entre 100-150 litros por segundo.

La perforación de estos sondeos profundos (de entre 300 y 600 metros) es compleja, pues hay que aislar y cementar tramos perforados para contener las aguas del acuífero superior y para evitar que se caiga terreno de estratos deleznables mientras avanza la perforadora. Por eso, estos sondeos no los hacen los regantes, por su elevado coste. No compensa la alta inversión para regar unas cuantas hectáreas.

En cambio, el Ministerio de Medio Ambiente [...] ya ha demostrado que puede hacer sondeos profundos con altos caudales de agua de muy buena calidad. Incluso, en algunos casos surgentes.

¿Merecería la pena invertir algo de dinero (unos 200.000 euros) para conocer este acuífero y poder mejorar el abastecimiento de estas tres poblaciones (Jumilla, Yecla y Villena), como recomienda el meritado estudio de la Diputación de Alicante y del Ministerio de Educación?

Dejémoslo en social / José Daniel Espejo *

 Me he dado cuenta de que siempre que me asomo a esta página lo hago en calidad de aspirante a algo: aprendiz de poeta, balcanólogo amateur, proyecto de hacktivista, etcétera. Hoy no voy a interrumpir la tendencia. Hoy les voy a hablar como estudiante de primer curso de Trabajo Social.

Le damos duro a los temarios, mis compañeros y yo. Nos metemos a la boca grandes trozos del Código Civil, mientras con el otro ojo repasamos la vida y milagros de las pioneras, Mary E. Richmond, Octavia Hill y demás. Analizamos todo tipo de vídeos sobre antropología, gráficas demográficas y experimentos conductistas, y todo ello, gracias a la salsa boloñesa con que la Universidad de Murcia, UMU, ha empezado a acompañar sus especialidades, de forma diaria, presencial y obligatoria. El edificio es bonito, sin embargo, y la cantina gloriosa. No nos quejamos. Gastamos miles de euros en fotocopias. Clavamos los codos, y sobre todo en esta época. En fin, lo normal, qué quieren.

Sin embargo, hay algo que no se nos cuenta. Salvo honrosas excepciones (hay que nombrar a Joaquín Sánchez, que vino del Foro Social a afilarnos las uñas), una especie de niebla se interpone ante nuestras perspectivas laborales, ante el negro futuro que le espera al mundo del trabajo social en la Región. Desde que tomamos la decisión de matricularnos hasta ahora, muchas cosas han cambiado a peor, y corremos serio peligro de que para cuando nos graduemos en 2014 recordemos el exiguo tejido asistencial de 2010 como una especie de paraíso perdido de atención social y oportunidades laborales.

En el imprescindible La doctrina del shock (Paidós, 2010), Naomi Klein nos muestra cómo la ortodoxia del mercado utiliza las catástrofes para introducir reformas injustas sin ninguna relación con la solución del desastre. 

Así ocurrió en Nueva Orleans tras el paso del Katrina, donde se aprovechó para privatizar la enseñanza pública, o en el sudeste asiático después del tsunami, donde se expulsó a los habitantes de las costas para erigir resorts de lujo. Se trata de un principio muy sencillo: usar el shock creado entre la población para robarles la cartera, sin la menor intención de devolvérsela una vez restablecida la normalidad.

Sabemos, porque lo hemos estudiado en Sociología I, que las brutales reformas ´de transición´ que Boris Yeltsin llevó a cabo en Rusia durante los años 90 hicieron descender bruscamente la esperanza de vida del país en cinco años. En América Latina, en el sudeste asiático, en Sudáfrica, los ejemplos se multiplican. En nuestra región el paro, que alcanza el 24%, y la debacle económica provocada por el fin del monocultivo del ladrillo son tal vez un shock, pero está por ver si los murcianos nos vamos a dejar robar la cartera sin hacernos primero algunas preguntas.

¿Podemos obviar, como estudiantes de Trabajo Social o como meros murcianos, el hachazo que van a propinar los presupuestos regionales de 2011 a la red de servicios sociales precisamente en un momento tan crítico? ¿Podemos defender, más allá de posturas partidistas, que el presupuesto del IMAS pase de trece millones de euros en 2010 a ¡cuatro! en 2011, aparentemente con el beneplácito del consejero Bascuñana, o que de las 1200 personas que trabajan en la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM), compuesta por veinticuatro ONGs, ochocientas vayan a pasar al paro debido a los recortes?

¿Cómo estar de acuerdo con esta escala de prioridades que pone un más que dudoso aeropuerto, un tranvía hacia los centros comerciales, una bienal de arte multimillonario o una subvención de 500.000 euros a una fundación del partido gobernante por encima del bono-libro, la terapia ocupacional para dependientes físicos o psíquicos o programas completos de inclusión social? ¿Hasta qué punto debemos adoptar una postura clara de rechazo a este terrible estado de cosas en paralelo con nuestra educación como trabajadores sociales? ¿Qué panorama nos encontraremos dentro de cuatro años si no actuamos ahora? ¿Habrán retrocedido los servicios sociales hasta un estado decimonónico, el de la beneficencia que pueda administrar la Iglesia católica? ¿Será el que nos mereceremos? Repito: ¿el que nos mereceremos?

Son todas preguntas que no nos suelen hacer en clase. Seguramente no sabríamos qué responder. Tampoco la sociedad murciana en su conjunto parece tener muchas respuestas, si es que se enuncian alguna vez estas cuestiones. Pero que no les quede la menor duda de que todo esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Lo sabe la señora de la limusina, quiero decir, la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García. Lo sabe el señor Bascuñana, incluso mientras defiende alegremente el estrangulamiento del IMAS. 

Y lo sabe el señor de la Gran Vía, simplemente mirando por la ventana y bajando el volumen de la tele para escuchar el griterío que viene de la calle. De un minuto para otro, podemos ser nosotros quienes hacemos las preguntas adecuadas. Y ellos, tan listos, los que de repente no tienen ni idea de la respuesta. Los que han entrado en estado de shock. Los que de golpe no saben dónde han dejado la cartera.

(*) Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

La carestía de la vida presagia un difícil 2011 para los españoles

MADRID.- Los españoles iniciaron hoy el nuevo año con una batería de aumentos de precios en servicios básicos, tras un 2010 en que los recortes sociales y laborales se impusieron como principal receta frente a la crisis económica.

  El advenimiento de 2011 trae un fuerte incremento en el costo de la vida, con subidas en las tarifas de electricidad, gas, transporte ferroviario, peajes y correo postal, que agravan los ya maltrechos bolsillos de los ciudadanos de este país europeo.

Cinco días antes de cerrar 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció un alza de 9,8 por ciento en la llamada Tarifa eléctrica de Último Recurso (TUR), monto nada despreciable tras la reducción de los salarios y la congelación de las pensiones.

La decisión afectará a unos 20 millones de hogares acogidos a la TUR, que comenzarán a pagar como promedio, de acuerdo con las autoridades, 3,2 euros más al mes (40 euros más al año) en su recibo.

Sin embargo, la asociación FACUA-Consumidores en Acción denunció que el encarecimiento de la luz repercutirá en la factura mensual del usuario medio con un incremento de 6,77 euros mensuales, es decir, más del doble de lo calculado por el ejecutivo.

Ese aumento, de 81,24 euros al año, representará el 10,2 por ciento respecto a lo que paga ese cliente con la tasa vigente desde octubre último, pronóstico la organización no gubernamental, que calificó la impopular medida de brutal tarifazo.

Llega, asimismo, cuando el gasto medio de los viviendas en electricidad va camino a superar los 700 euros anuales, tras haber encadenado un lustro de incrementos muy por encima de la inflación, advirtieron entendidos en la materia.

Con el arribo de 2011, el gas natural también se encarecerá 3,9 por ciento para unos siete millones de abonados, quienes tendrán que erogar 0,56 y 1,66 euros mensuales por encima al precio actual, según el tipo de tarifa contratada.

El de la luz es el tercer recargo en apenas 12 meses y se suma al 2,64 por ciento decretado en enero pasado, al 4,8 por ciento aprobado en julio y a los dos puntos con que se grava el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del coste de la energía.

En las autopistas dependientes del Estado, los peajes treparán entre 1,16 y 1,64 por ciento, mientras que en varias carreteras bajo jurisdicción de la Comunidad de Madrid las tasas ascenderán hasta 3,43 por ciento.

Por añadidura, el Gobierno encabezado por el Partido Socialista Obrero Español, obsesionado con reducir el déficit público para tranquilizar a los mercados, dio luz verde al alza de los pasajes en los trenes de alta velocidad (AVE), media y larga distancia.

A partir de hoy, los billetes del AVE trepan 2,3 por ciento, mientras que los boletos del tren de cercanías y media distancia convencional, de mayor demanda, ascienden 3,1 por ciento, y 4,8 por ciento los de media distancia en alta velocidad.

Enviar una carta también costará más caro, concretamente entre 3,0 y 11,0 por ciento, en el caso de los despachos nacionales, y entre 1,6 y 2,6 por ciento, en el de los internacionales.

El Gobierno Zapatero pone a punto la nueva cárcel de Campos del Río en espera de ilustres reclusos

MURCIA.- El centro penitenciario Murcia II, cuyas obras ya han finalizado en la localidad de Campos del Río, comenzará a funcionar con internos en la próxima primavera, a partir de "abril o mayo", aunque la inauguración oficial será en febrero, ya que a partir de este mes "se empezará a mover el tema de personales y habrá un nombramiento del director".

   Así lo ha desvelado el director de la prisión de Sangonera, Francisco Marín Ferrer, quien ha precisado que una vez que las obras han concluido, "ahora se está trabajando en el periodo de pruebas de las instalaciones".
   Este centro, que ha contado con una inversión de 144 millones de euros y dará empleo a 450 funcionarios y entre 50 y 80 laborales, permitirá que los más de 1.000 internos naturales o con residencia en la Comunidad que actualmente cumplen condena fuera de Murcia puedan cumplir en su comunidad.
   Según Marín, "es una especie de condena adicional a la familia" el que las familias tengan que ir a visitar a los presos fuera de la Comunidad, de forma que "una de las cosas que tenemos en la cabeza con respecto a la apertura de Campos del Río es que una vez pasada la primera etapa de ajuste a Sangonera, uno de los objetivos será empezar a traernos gente que hemos tenido que mandar fuera".
   No obstante, ha reconocido que abrir la prisión con internos "no es un proceso que se pueda hacer de un día para otro", estando pendiente el concurso de traslados de personal "que ahora mismo está en marcha".
   Los cálculos que se manejan es que este concurso pueda estar resuelto para marzo, de manera que "con la gente que en este concurso haya obtenido plaza en Campos del Río será con la que se empiece a trabajar".
   Pero, ha apuntado, "al ser un centro nuevo y tan grande, y para hacerlo bien, el personal que llegue allí debe recibir un curso de una semana de funcionamiento de las instalaciones".
   Este nuevo centro, que dispondrá de 1.008 celdas residenciales y 186 complementarias, contribuirá a aliviar la situación del actual centro penitenciario.
   En concreto, la capacidad total en plazas residenciales es de 2.019 internos, a las que hay que sumar 50 plazas del módulo de régimen cerrado, las 64 de enfermería y las 72 del departamento de ingresos que son, ha puntualizado, "plazas accesorias, ya que no se ocupan habitualmente".
   Asimismo, tendrá 16 módulos, 12 normales con 72 celdas cada uno, y 4 módulos polivalentes con 36 celdas cada uno, que son de la mitad de capacidad "pensados más para trabajar con grupos más pequeños, por ejemplo si se hace una unidad terapéutica para drogodependientes o para mujeres".
   También tiene, ha subrayado, un departamento de régimen cerrado, por lo que "puede albergar cualquier interno penado en primer o segundo grado, ya que los de tercer grado pasan a centros de inserción social".
   En opinión de Marín, esta prisión resultaba necesaria "desde hace tiempo debido a la ratio de población".
   Sobre el futuro de la cárcel de Sangonera, que cuenta con 600 plazas residenciales aunque actualmente hay entre 670 y 680 presos, Marín ha asegurado que seguirá funcionando aunque "dedicada fundamentalmente a preventivos, que son las personas que todavía están pendientes de juicio, es decir, están en la cárcel por orden judicial de prisión provisional".
   "Se considera que como esta prisión es la provisional y está más cerca del centro de la ciudad y de los juzgados, se ha decidido que quede como preventiva", ha indicado Marín, para después reconocer que la cárcel de Sangonera "siempre ha estado por encima de su capacidad".
   En cuanto a las novedades de esta prisión, desaparecerá la torre de vigilancia, ya que los sistemas de seguridad que antes iban alojados en la misma "ahora van en una planta de seguridad y no sobresale en un torreón".
   Además, ha destacado, "se ha pretendido que también sea lo más integrado en el paisaje, utilizando colores materiales y demás", siendo, también, "puntera en tecnología".
   Este centro es el primero que recoge la ampliación de las celdas, que pasan de casi 10 metros cuadrados a 13 metros cuadrados. Contará además con un edificio de talleres formativos especialmente concebidos para la formación de los internos en cocina y jardinería, actividades que requieren unas condiciones singulares para sus aulas teóricas y prácticas. Además contarán con un polideportivo cubierto.
   Desarrollado por el arquitecto Jesús María Vences y aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2005, cuenta con una superficie ocupada de 48.000 metros cuadrados.

Los jóvenes murcianos deberían cobrar más de 1.600 euros para poder comprarse una vivienda

MURCIA.- Los jóvenes murcianos deberían cobrar unos 19.957,28 euros anuales, más de 1.600 euros mensuales, para poder comprarse una vivienda, es decir, un 38,45 por ciento más de lo que cobran actualmente, según el último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España (CJE) del segundo trimestre de 2010.

   El estudio pone de manifiesto que a pesar del descenso tanto del precio de los pisos como de los tipos de interés, los jóvenes de la Región deberían destinar el 41,5 por ciento de sus salario para hacer frente al pago inicial de la hipoteca.
   En el caso de los hombres, un 37,9 por ciento y un 46 por ciento para mujeres. El dato más significativo es que por edades, son los jóvenes de entre 18 y 24 años los que deben destinar una mayor cantidad para este fin, acumulando más de la mitad (52,5 por ciento).
Si destinan el dinero a comprar una vivienda en Murcia, la superficie de ésta rondaría los 72,2 metros cuadrados.
   Según el informe, en el segundo trimestre de 2010 "muchas personas jóvenes en la Región han abandonado su participación activa en el mercado laboral para dedicarse en exclusiva a ampliar su formación curricular".
   Esto explica, según las fuentes, "por qué el intenso descenso trimestral del paro entre los jóvenes de la Comunidad, del 7,09 por ciento, no se ha traducido en una mayor generación de empleo, sino en un incremento de la población inactiva".
   Desde el punto de vista inmobiliario, la nota más destacada ha sido que el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad ha disminuido un 4,09 por ciento para una persona joven, y un 5,75 por ciento para un hogar joven en apenas tres meses.
   Sin embargo, esta rebaja en los requisitos económicos para sufragar la compra de una vivienda libre topa con la insolvencia de buena parte de la población joven, ya que el 43,1 por ciento de todas las personas jóvenes de la Región no dispone de una fuente regular de ingresos salariales.