lunes, 10 de enero de 2011

El grupo Fuertes entra como accionista en 'Sacyr', constructora del aeródromo de Corvera

MADRID.- Grupo Corporativo Fuertes, propietario de entre otras empresas de El Pozo, y el empresario José Moreno Carretero, se han hecho con alrededor del 8% del capital social de Sacyr Vallehermoso,  constructora del aeródromo de Corvera, en virtud de la ampliación de capital realizada recientemente por este grupo.

   Este porcentaje está valorado en unos 114 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la compañía que preside Luis del Rivero.
   El grupo propietario de El Pozo se ha hecho con un 3,918% del grupo de construcción, servicios y energía (un paquete de 15,44 millones de acciones), según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   De su lado, Carretero, fundador y principal accionista del grupo constructor Altec, ha tomado acciones representativas de alrededor del 4% de Sacyr, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.
   Por contra, la familia Llorens finalmente no ha entrado en el capital del grupo a través de la ampliación de capital.
   Según indicaron dichas fuentes, los Llorens tenían previsto acudir a la ampliación en la tercera de las tres fases previstas en la operación. No obstante, esta última fase no se realizó dada la sobredemanda del 10% que registraron las dos anteriores.
Sacyr Vallehermoso cerró recientemente con éxito la ampliación de capital de 401 millones de euros que puso en marcha en el marco de su estrategia de eliminación su deuda corporativa de 608 millones.
   En virtud de la operación, Sacyr ha emitido 89,18 millones de nuevas acciones a un precio de 4,5 euros por título (1 euro de valor nominal, más una prima de emisión de 3,50 euros).
   Todos los actuales socios de referencia del grupo de construcción y servicios, además de Fuertes y Moreno Carretero, han sido los encargados de suscribir estas nuevas acciones de la compañía.
   Sacyr Vallehermoso subió un 1,12% en la sesión de Bolsa de este lunes, que cerró a 4,60 euros por acción, tras oscilar durante la jornada entre un mínimo y un máximo de  4,479 y 4,629 euros por título.

UGT y CCOO anuncian que no asistirán a la reunión de este miércoles con Presidencia

MURCIA.- UGT y CCOO de la Región de Murcia han anunciado, a través de un comunicado, que no asistirán a la reunión convocada este miércoles por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas al entender que el proceso de negociación en relación con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad de las Finanzas Regionales "sólo será posible una vez que la misma haya sido derogada".

   Según los sindicatos, esto "debe constituir una verdadera negociación y no sólo un mero intercambio de ideas e impresiones que, bajo el principio de buena fe negocial, esté encaminada a abordar la situación de las finanzas regionales y al establecimiento de otras medidas distintas de las que han generado el rechazo social, y que sirvan para dar alternativas a la situación a la que el Gobierno regional ha llevado las cuentas públicas murcianas".
   En este sentido, han advertido al Gobierno regional que "la unidad con el conjunto de organizaciones sindicales existente en la actualidad en torno al rechazo y contestación social a estas injustas medidas no se verá mermada por ningún tipo de estrategias".
   "Sólo la derogación de esta Ley constituye el objetivo último de las organizaciones sindicales", han advertido, para después dejar claro que cualquier inicio de diálogo "debe contar también con el resto de organizaciones representativas del sector público, a través de las correspondientes mesas de negociación, tanto general como sectoriales".
   Así, han apuntado, CCOO y UGT de la Región de Murcia "sólo acudirán a una reunión en la que participe el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, con el objetivo de promover la derogación de estas medidas que perjudican, no solamente los derechos laborales y sociales de más de 55.000 trabajadores y trabajadoras del sector público regional, sino la calidad de los servicios públicos y, consecuentemente, la economía de la Región, añadiendo más obstáculos si cabe a la salida de la crisis".
   Al hilo, han recordado que tienen planteada una solicitud de conflicto de competencias ante la Ley por su "inconstitucionalidad", y que por este procedimiento se podría llegar a la "suspensión inmediata" de la aplicación de la misma.
   En tanto el objetivo no se consiga, CCOO y UGT de la Región de Murcia han hecho un llamamiento a los 55.000 empleados de la Administración Regional, y a la ciudadanía en general, a "mostrar y a mantener su rechazo ante estas medidas en las movilizaciones ya convocadas y las que se van a convocar próximamente por el conjunto de las organizaciones sindicales".

Colaboradora de Roca dice que negociaba convenios y que Gil tenía confianza extrema en él

MÁLAGA.- Una de las abogadas de Planeamiento 2000 y colaboradora en esta sociedad municipal del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha asegurado que "con carácter general" éste era el que negociaba los convenios urbanísticos y ha afirmado que el entonces alcalde Jesús Gil tenía en él "una confianza extrema".

   María Castañón, que ha declarado este lunes como testigo en el juicio del caso 'Malaya' dentro del bloque en relación con la operación Crucero Banús, ha señalado que Roca tomaba las decisiones no sólo en la citada sociedad municipal, que estaba dedicada a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la que era gerente, sino también en el Área de Urbanismo.
   Así, ha precisado que Planeamiento 2000 y Urbanismo eran dos departamentos separados, aunque el supuesto cerebro de la trama tomaba las decisiones en ambos casos. En cuanto a su función, Castañón ha afirmado que redactaba los convenios con los datos que le daba Roca y que los promotores acudían a Planeamiento 2000, donde también iba el ex alcalde accidental Julián Muñoz para firmarlos.
   Ha indicado que cuando se había llegado a un acuerdo con los promotores, "el señor Roca me llamaba a su despacho y me decía vamos a hacer un convenio" y le daba una hoja manuscrita con el precio y la forma de pago. Ha apuntado que imagina que los aprovechamientos también entraban en esa negociación y ha dicho que los promotores, una vez firmado el convenio, "pedían licencia y se la daban".
   En este punto, Castañón ha señalado que había "unas prereuniones" en las que Roca "citaba" a los concejales y a algún técnico y en ellas se debatían o examinaban las licencias que iban a llevarse a las comisiones de Gobierno, no obstante, ha precisado que el presunto cerebro de la trama no intervenía en la concesión de esos permisos de obra porque era una decisión política.
   La letrada ha manifestado que existía "una relación estrecha" entre el ex alcalde Jesús Gil y Roca, quien "ejercía la potestad en representación de él". "Creo que Gil, dada la confianza extrema en el señor Roca, daba por bueno lo que él hiciera", ha apostillado, y ha apuntado que "he visto a Roca dando muchas órdenes a funcionarios de Urbanismo, pero no sobre los contenidos de los informes".
   En el caso concreto de 'Crucero Banús', ha ratificado que el convenio lo negoció Roca con el ex edil Pedro Román y ha dicho que desconocía que hubiera documento anterior. Ha dicho que en este caso la división de los excesos de aprovechamientos entre el promotor y el Ayuntamiento no se hizo al 50 por ciento como era "práctica habitual" y ha apuntado que sólo recuerda otro caso así, el de la casa del actor Sean Connery.
   Según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, con el ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".
   Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública, que cifra estos beneficios en más de seis millones de euros.
   En la sesión de este lunes también ha declarado como testigo otra asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo, Raquel Escobar, quien ha asegurado que, aunque ella dependía orgánicamente de Gil, su jefe "inmediato" era Roca y a pesar de que éste trabajara en Planeamiento 2000 "ejercía las funciones de gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento".
   Escobar, cuya comparecencia se tuvo que interrumpir por un problema informático y que continuará declarando este martes, ha dicho que no tenía "prácticamente" relación con Jorge González, el jefe de Servicios Jurídicos de Urbanismo, cuya declaración dio lugar al inicio de la investigación del caso 'Malaya'. Ha añadido que éste manifestó "una clara animadversión" hacia ella.
   Ha explicado que cuando fue contratada "no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencia", ya que así "expresamente" lo había exigido el entonces alcalde y que estos permisos se otorgaban según informes técnicos y un informe jurídico de carácter general que había emitido el abogado del Ayuntamiento, José Luis Sierra, aunque a partir de 2003 sí se hacían estos documentos.
   En la sesión de este lunes también ha declarado como testigo Joaquín Arteaga, asesor del letrado Juan Hoffman, acusado en esta causa, quien ha asegurado que realizó un estudio "orientativo" de flujo de caja sobre Yambali, una de las sociedades que participaron en la operación. Ha dicho que el abogado era quien le "cantaba" los datos, entre otros, la aportación de Roca a través de tres cheques.
   El testigo ha precisado que en el momento de realizar el estudio desconocía quiénes eran los socios de la operación inmobiliaria y que se enteró "más tarde". Además, para justificar que el estudio era "erróneo y que faltan datos", ha señalado que no se contó con contabilidad de otra de las sociedades intervinientes, Lispag, radicada en Suiza.

Hispania renuncia a la entidad que agrupa a los equipos

LONDRES.- Hispania (HRT) dejó de integrar la Asociación de Equipos de Fórmula Uno (FOTA, por sus siglas en inglés) porque ya no siente que el organismo represente sus intereses, dijo el lunes una portavoz de la escudería. 

"Abandonamos la FOTA alrededor del 15 de diciembre", indicó la portavoz.
"Para nuestros intereses es mejor no estar ahí. Es más para los equipos grandes que para los pequeños", agregó.
Los otros 11 equipos siguen siendo miembros de un organismo que les permite expresarse como grupo en negociaciones con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y con el director comercial de la F-1, Bernie Ecclestone.
La política podría volver a protagonizar entre bambalinas la Fórmula Uno tras un 2010 relativamente tranquilo, ya que el Acuerdo Concorde - que rige la parte comercial del deporte - expira a finales de este año.
La FOTA, presidida por el director de McLaren, Martin Whitmarsh, y vicepresidida por el jefe de Ferrari, Stefano Domenicali, tiene un "acuerdo de restricción de fuentes" (RRA, por sus siglas en inglés) entre los equipos, que está diseñado para limitar el gasto y reducir los costes de la competición.
Las escuderías están buscando renovar ese acuerdo para el período 2011-2017, pero el consenso ha sido difícil de alcanzar respecto a los límites presupuestarios y las restricciones de gasto.
"Todos estamos a favor de contener los costes y el RRA es una buena manera de lograrlo porque es regular, justo, equitativo y transparente en todas las actividades de todos los equipos", declaró el fin de semana a autosport.com Christian Horner, director del campeón de constructores Red Bull.
Horner, quien preside el grupo de trabajo sobre regulaciones deportivas de la FOTA, también negó que Red Bull haya violado el acuerdo al gastar de más el año pasado.
Hispania, que sufrió para integrar la parrilla de salida en la primera carrera de la última temporada, es considerado el equipo con menor presupuesto y su futuro ha sido puesto en duda en el pasado.
Sin embargo, el director de la escudería, Colin Kolles, dijo que se presentarían a los ensayos de pretemporada y que no había dudas sobre su participación.
Hispania anunció la semana pasada que el indio Narain Karthikeyan será uno de sus dos pilotos en 2011.

Carta a MAFO / Ignacio Escolar

Estimado gobernador del aún más apreciado Banco de España, señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO para el sector). Sigo desde hace tiempo sus escuchadas recomendaciones sobre cómo salir de la crisis. Tengo ya claro que, en su opinión, la única medicina para sanar nuestra doliente economía pasa por tres tristes tragos de amargo ricino: el recorte del gasto público, el retraso de la edad de jubilación y la moderación salarial. Conozco su receta, pero me quedan tres dudas, una por cada inevitable “reforma estructural” que usted propone.
 
La primera, sobre el recorte del gasto público. ¿Se refiere a esos 12.000 millones de euros que el Estado ya ha prestado a las cajas a través del fondo de rescate? Sí, ya sé que es dinero a devolver con intereses… salvo que alguna caja quiebre (dios o los mercados no lo quieran). Pero le recuerdo que la supervisión de esas cajas, hoy tan necesitadas de dinero público, es de su exclusiva competencia. Y si hemos llegado a esta situación es, en gran medida, por culpa de una burbuja inmobiliaria que el Banco de España pudo y no quiso frenar, según ha denunciado un reciente informe de la mismísima Comisión Europea

La segunda duda, sobre el retraso de la edad de jubilación. ¿Se refiere a los más de 15.000 trabajadores de las cajas que van a ser prejubilados, merced al plan de fusiones que usted mismo pilota al frente del Banco de España? ¿O la culpa es de los obreros de la construcción, que se jubilan, de media, diez años más tarde que el sector laboral que antes cobra su pensión: el de los empleados de la banca?

Y mi tercera duda, sobre la moderación salarial, imprescindible para sacar del arroyo a “un país que ha vivido por encima de sus posibilidades”. ¿Se refiere a los 165.000 euros anuales que usted cobra?