martes, 25 de enero de 2011

Unas 40.000 personas se manifiestan pacíficamente por la Gran Vía de Murcia



MURCIA.-Unas 40.000 personas portando velas y vestidas de oscuro, 60.000 según los sindicatos convocantes, se han manifestado pacíficamente por séptima vez esta tarde durante más de dos horas por la Gran Vía de Murcia, pasado por delante del domicilio del presidente de la Comunidad Autónoma dentro de itinerario previsto y sin que tuviera que intervenir la Policía presente en el lugar, en protesta por los recortes a sus condiciones de trabajo y retribución aprobados hace un mes en la Asamblea Regional sin mediar negociación con los agentes sociales. Entre los asistentes predominaban los empleados públicos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

En una pancarta gigante que abría la marcha se podía leer 'Los servicios públicos son de todos'. Y algunos manifestantes portaban dos ataúdes con escritos alusivos a su protesta, en los que apuntaban 'No al tijeretazo, dignidad y resistencia' o 'No dejaremos que entierren los derechos de los empleados públicos'.

En medio de un fuerte despliegue policial, al son del réquiem de Mozart la marcha ha transcurrido sin incidentes bajo una llovizna intermitente y sin que se hayan producido lanzamientos de huevos frente al domicilio de Valcárcel, donde también había servicios de orden de los propios sindicatos portando un brazalete verde.

Al paso frente al domicilio de Presidente en el número 9 de la Gran Vía, donde en otras convocatorias se ha saldado con lanzamiento de huevos, en esta ocasión ha sido  ejemplar. Un cordón sindical unidos por las manos hizo de barrera y los manifestantes aplaudieron, al tiempo que éstos levantaban sus manos y velas al aire, tras un minuto de silencio antes de proseguir la marcha.  

Algunos de los asistentes trasladaban a hombros dos ataúdes con escritos alusivos a su protesta y eran mayoría los que desfilaban en silencio, siguiendo así la petición de las ocho organizaciones convocantes.

Tras esa parada, los manifestantes se han dirigido a la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, donde ha finalizado la protesta.

Los representantes de UGT, CSI.F, CCOO, Satse, Sterm-Intersindical, ANPE, SAE y SIDI habían demandado la "máxima" participación ciudadana en esta protesta "como garantía fundamental para conseguir derogar dicha Ley". 

Los líderes de estas formaciones se han incorporado tarde a la marcha, pues previamente se han reunido con el Gobierno regional para fijar un calendario de negociaciones con la intención de revisar los recortes a los empleados públicos que prevé la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y acabar así, de una vez, con las manifestaciones de funcionarios autonómicos.

El secretario general de CCOO, Daniel Bueno,se trata, advirtió, "de un logro de las movilizaciones de los miles de trabajadores el que el presidente nos haya recibido y se muestre dispuesto a establecer un diálogo, aunque condicionado, y revisar su contenido". 

   "Vamos a intentar ese proceso y en una semana o diez días sabremos si el proceso de negociación camina o no positivamente", insistió Bueno.

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, recordó que las organizaciones sindicales exigen la "reversión" de la Ley, "porque es muy perjudicial para 55.000 empleados públicos y el conjunto de la sociedad murciana". 

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, aseguró por su parte que, ante la respuesta "contundente y masiva" de la ciudadanía de la Región de Murcia, Valcárcel "debe tomar muy buena nota y, a partir de ahí, tomarse muy en serio la negociación que ha de llevar a cabo con los sindicatos".

   Según Pujante, la negociación "debería pasar por una derogación de la Ley" o, en todo caso, "modificarla por otra consensuada con los agentes sociales y grupos parlamentarios". Buscar, de esa forma, "una salida alternativa a la situación de déficit público que está padeciendo la Región, como que paguen más los que más ganan y tienen".



Fotoperiodismo de Concha Cano / Juan Oliver 
Vídeo de Juan Oliver 

Hispania espera probar su nuevo monoplaza antes de Bahréin

LONDRES.-La escudería Hispania está haciendo todo lo posible para conseguir poner en pista su nuevo monoplaza antes de la prueba final de la pretemporada de Fórmula Uno en Bahréin, dijo el martes el director del equipo, Colin Kolles. 

El indio Narain Karthikeyan, el único piloto con el que cuenta el equipo español actualmente, dijo a la prensa de su país que no esperaba conducir el monoplaza 2011 hasta la cuarta y última prueba de pretemporada, que se desarrollará desde el 3 al 6 de marzo.
Sin embargo, Kolles dijo a Reuters que el equipo no tendría que usar el monoplaza 2010 en las tres primeras pruebas en España.
"Estamos tratando de terminar (el monoplaza nuevo) antes", dijo.
"No es seguro que no vayamos a estar listos para las pruebas en España. Es uno de los objetivos estar allí (...) Estamos luchando día y noche para hacerlo", añadió.
Kolles dijo que las obligatorias pruebas de choque se llevarán a cabo "a tiempo" con la nueva carrocería
Hispania, que tiene el presupuesto más bajo de la F-1 y se encuentra sujeta a constantes especulaciones sobre su futuro, es uno de los tres equipos nuevos que no lograron ningún punto en la temporada pasada.
La escudería no realizó pruebas para la temporada pasada antes de la primera carrera en Bahréin por problemas financieros.
La temporada 2011 comienza en el mismo lugar el 13 de marzo.
Karthikeyan no ha competido en la F-1 desde que era parte de Jordan en 2005, aunque fue piloto de pruebas de Williams en 2006 y 2007. El indio conducirá el monoplaza 2010 en la primera prueba de Valencia la próxima semana.

En Comisaría

El consejero Pedro Alberto Cruz permaneció ocho minutos y medio en la Comisaría de Policía, donde fue atendido por un funcionario de seguridad y agentes de un vehículo Z, según señala un informe policial que desmiente la afirmación del consejero, quien declaró el domingo a 'La Verdad' que estuvo 20 minutos en Comisaría y que no salió nadie a atenderle. Según el visionado de las cámaras de seguridad, Cruz, acompañado de una mujer o un hombre, entró en las dependencia a las 18.49.01 horas y salió a las 18.57.37 en dirección al hospital.
 
Cuando llegó a Comisaría, dijo al policía que era el consejero de Cultura y que había sido golpeado por dos personas en la calle Cánovas del Castillo. Llevaba el pómulo izquierdo inflamado a consecuencia de los golpes. El agente informó al coordinador de servicio y se envió un coche patrulla a la zona para hacer una rápida batida. Los policías del coche patrulla regresaron minutos después para hablar con Cruz y conocer detalles. Dado que el consejero estaba bastante aturdido, y a la vista de las heridas, le indicaron que fuera primero al hospital, señala el informe.

Zapatero le vuelve a echar un sospechoso cable a Valcárcel

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció este lunes que la Región de Murcia "ha cumplido" con el plan de ajuste, plasmado en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aún a costa de "consecuencias sociales delicadas".

   En cuanto a la intención de la Generalitat de hacer una nueva emisión de deuda, ha recordado que todas las comunidades autónomas tienen que tener autorización del Ministerio de Economía y que las que tengan déficit excesivo deben presentar planes de ajuste, como han hecho Murcia y Castilla-La Mancha.
   Así, ha señalado que Murcia "ha cumplido" y se ha mostrado convencido de que Cataluña también "lo hará", ya que uno de los mensajes centrales de Mas está siendo el de la contención en el gasto. "Y nosotros vamos a colaborar con Cataluña, como con todas las comunidades autónomas", ha añadido.
   Además, ha recalcado que eso será así aunque las comunidades sean de "otro color político" como es hoy Cataluña y como es también Murcia. No obstante, ha puntualizado que luego cada gobierno autonómico decide en qué partidas y en qué políticas recorta. En la misma línea, ha señalado que todas las comunidades autónomas del PP también han aceptado todas ellas los objetivos de déficit.
   En este sentido, Zapatero ha afirmado este lunes que si Cataluña aprueba el plan de ajuste que necesita para reducir su déficit público podrá volver a emitir deuda.
   El jefe del Ejecutivo ha desvelado que esta misma tarde ha hablado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para fijar fecha para una primera reunión entre ambos, pero no ha desvelado cuándo se celebrará el encuentro.
   Zapatero ha señalado que es "probable" que Cataluña tenga "cierta desviación" y no cumpla el objetivo de déficit para 2010, pero ha asegurado que ello no afectará al cumplimiento del objetivo del conjunto del Estado.
A continuación, CCOO de la Región de Murcia ha declarado en un comunicado que considera "inadmisibles y fuera de lugar" las declaraciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las que "nuevamente vuelve a alabar las medidas de recortes adoptadas por el Gobierno regional en la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Para el sindicato, "es inadmisible e impropio de un presidente de un país democrático el que se alaben medidas que son un claro ataque a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y un retroceso de la calidad democrática".
   Por todo ello, ha emplazado al PSOE de Murcia a que se manifieste "si comparte o se desmarca de esas afirmaciones, toda vez que parece que Zapatero no sólo ha entendido la letra, sino también la música de la partitura escrita por el Gobierno de Valcárcel y no le desagrada".

IU preguntará si el Ayuntamiento de Murcia "ha percibido 198 millones de convenios urbanísticos de zona norte"

MURCIA.- La concejala de Izquierda Unida en Murcia, Esther Herguedas, ha presentado una moción al Pleno del próximo jueves por la que solicita información sobre "el pago de los 198 millones de euros que debe percibir el Consistorio por la firma de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio".

   En concreto, ha explicado Herguedas en rueda de prensa, esa cantidad "es el resultado de la valoración del aumento de la edificabilidad atribuida a cada uno de los convenios, tasada en 120 euros por metro cuadrado".
   Según la edil, los compromisos se materializan "en una cesión económica, en la construcción de determinadas dotaciones o en ambas cosas, y para todo ello se establecen unos plazos que dependen del desarrollo de los planes parciales a los que da lugar cada uno de esos convenios".
   En este sentido, ha indicado que a fecha de hoy el Ayuntamiento "debería de haber cobrado cerca de 74 millones de euros de un total de 198.293.396 euros, quedando pendiente el resto".
   "Sin embargo, no tenemos información de si se ha cobrado esta cantidad y si los pagos se han realizado en el momento correspondiente, aunque sí sabemos que algunos compromisos, como la entrega del teatro Circo en 2008 o la del campo de golf municipal de Nueva Condomina, no se han materializado, por lo que se estaría incumpliendo los acuerdos establecidos", ha advertido.
   Herguedas también ha pedido en su iniciativa que la información pública sobre los convenios urbanísticos tenga carácter permanente y no se limite solo al momento de su firma, con el fin de cumplir el derecho de la información establecido en la Constitución y la permanente consulta pública a la que se refiere la Ley del Suelo.
   A su juicio, "el posible incumplimiento de sus cláusulas, unido al hecho de algunos de estos convenios están siendo investigados por la fiscalía y podrían derivarse consecuencias jurídicas, son argumentos a tener en cuenta para proceder a una revisión de estos convenios que responden a un modelo urbanístico que ha demostrado su fracaso".

El TSJ Murcia mantiene la imputación al ex alcalde de Totana por nueve delitos

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha acordado mantener la imputación al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, por nueve delitos, entre los que figura el de cohecho, falsedad documental y malversación de caudales públicos, derivados de la gestión de numerosos convenios urbanísticos y otras operaciones en la localidad, en el marco de la operación Tótem, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   Asimismo, en el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado, se decide acordar el sobreseimiento provisional respecto a Juan Marín Bravo, Francisco Sánchez Martínez, Emiliano Ovide, Vicenta García, Enrique Moya, Antonio Cánovas y Matías Navarro, al no existir indicios concluyentes de actuaciones ilícitas.
   En cuanto a los delitos que se le imputan al ex regidor totanero, se desprenden, según el magistrado, de su gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.
   Para que dicha operación llegara a buen puerto, Morales se involucró en la compra de terrenos a través de personas interpuestas, entre ellas su ex mujer, María del Carmen Jordán, por las que obtendría, a cambio, una "sustanciosa" comisión que se documentó como reconocimiento de deuda de la empresa Inmonuar a Nubia Inversiones por un importe superior a tres millones de euros.
   Por otro lado, Morales también se interesó por la venta de unos terrenos de la sociedad municipal Proinvitosa a favor de Gabriel Martínez, de Huevos Maryper; una operación en la que también participó el presidente de la sociedad, José Miguel Martínez, facilitando la aprobación del negocio.
   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
   Por todo ello, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de diversos delitos. El primero de ellos, el de cohecho, debido a las comisiones que solicitó mediante personas interpuestas en contratos sobre arrendamientos de servicios para la compra de terrenos.
   La Sala entiende, igualmente, que Morales influyó en su condición de alcalde en la aprobación de actuaciones urbanísticas posteriores, por lo que procede a la imputación de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y prevaricación; y que redactó documentos a sabiendas de su falsedad, como la expedición de certificados municipales falsos para facilitar el acceso a España de dos ciudadanas brasileñas, incurriendo en una presunta falsedad documental.
   El ex alcalde totanero, durante su gestión al frente del Consistorio, también intervino en una operación que se realizó entre Huevos Maryper y Smufirt Kappa, según la cual la empresa Proinvitosa renunciaba al derecho preferente de adquisición de terrenos municipales al precio original enajenados a la segunda y adquiridos por la primera en detrimento del patrimonio de la empresa municipal de la que era, en su condición de alcalde, presidente de la Asamblea General de la misma.
   Por ello, la Sala considera que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación.
   Mientras que los delitos de presunta receptación por blanqueo de capitales y de infidelidad en la custodia de documentos se derivan por utilizar el móvil del Ayuntamiento para hacer llamadas particulares a Brasil, y el envío de una cantidad superior a los 150.000 euros a ese país de una procedencia desconocida y la sustracción y apoderamiento de expedientes oficiales del Consistorio que se encontraron en su domicilio y en la gestoría de la que era propietario, junto con su ex esposa.
   Igualmente, sostiene el magistrado que la pareja de Morales cooperó con éste al exportar dinero a Brasil para la adquisición de un inmueble, manteniendo, de este modo, su imputación por la receptación en la modalidad de blanqueo de capitales.
   La Sala considera también que la ex mujer de Morales, así como el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; el director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera; el gerente de Nubia Inversiones, Joaquín Carmona; y su socio, José Antonio Alcántara; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras, incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.
   El magistrado instructor expone que Gabriel Martínez, de Huevos Maryper, intervino en la solicitud de una comisión encubriendo al ex alcalde; hecho constitutivo de un delito de cohecho; y de haber participado también en una operación entre esta empresa y Smurfit Kappa para conseguir la renuncia de los derechos de miembros del Consejo de Administración de Proinvitosa del derecho de adquisición preferente que la empresa tenía sobre los terrenos, incurriendo en un presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos.
   Finalmente, imputa al presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez Soler, los presuntos delitos de fraude, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación por participar, por indicación de Morales, en dar un tratamiento "subrepticio a la solicitud de Kappa y Maryper para adquirir un solar, con pérdida del derecho de adquisición preferente para la sociedad municipal".
   El Ministerio Fiscal y la acusación personada tiene de plazo diez días para formular el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Más de un centenar de personas se concentra a las puertas de Sanidad al grito de "la solución es la derogación"

MURCIA.- Más de un centenar de personas se ha concentrado este martes, convocadas por las organizaciones sindicales UGT, CSI.F, CCOO, Satse, Sterm-Intersindical, ANPE, SAE y SIDI, a las puertas de la Consejería de Sanidad, para protestar por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas al grito de "la solución es la derogación".

   Los manifestantes, empleados públicos y también pertenecientes al sector sanitario, han coreado consignas como 'Palacios, hermosa, trabaja de otra cosa', 'Valcárcel, cariño, los libros de mi niño', 'Valcárcel, guapetón, trabaja de peón', 'Manos arriba, esto es un atraco', así como portado pancartas en las que se podía leer 'No al despilfarro, no a la Fórmula 1', 'Gobierno regional, no nos toquéis los derechos', 'No a las reformas que recortan derechos', y 'La crisis que la paguen los ricos, banqueros y especuladores'.
   Desde CSIF, el presidente del Sector de Comunidad Autónoma, Juan Miguel López, ha explicado que el objetivo de la protesta es "dar a conocer a los ciudadanos los perjuicios de la ley, ya que su calidad se verá repercutida y mermada".
   Por su parte, el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, ha denunciado públicamente que "no se cubren las necesidades asistenciales, que cada vez están más deterioradas, lo que nos arrastra a pensar que lo que se está pretendiendo es privatizar la sanidad, condicionar a que no exista financiación para la misma y entonces, derivarla a una financiación de tipo privada".
   Mientras que el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José López, ha apuntado que con esta nueva concentración "se pone de manifiesto que se continúa con la campaña de movilizaciones", ya que, ha reprobado, este decreto "es injusto e ilegal".
   Es por ello por lo que ha reclamado que "sea derogado y suspendido para poder sentarnos a negociar desde el principio unas medidas consensuadas para poder sacar a la Comunidad de la crisis".

El presidente del Sindicato Médico hace de vocero de Valcárcel tras el trato preferente a este colectivo

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, se ha mostrado dispuesto a suavizar e, incluso, "hacer modificaciones", en los recortes contenidos en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con la intención de "mejorar su aplicación" en aspectos tales como la disminución de los salarios de los empleados públicos y la ampliación de la jornada laboral.

   Así lo ha hecho saber el presidente del Sindicato Médico de Murcia (CESM), Francisco Miralles, quien ha dicho que Valcárcel "se ha mostrado dispuesto a desarrollar la Ley de forma que puedan ser mejoradas determinadas cuestiones fundamentales para todos los empleados públicos y, especialmente, para los médicos".
   El presidente murciano ha transmitido esta postura a Miralles en el transcurso de la reunión que ha mantenido con el Consejo de la Profesión Médica, conformado por el Colegio de Médicos, el CESM, sociedades científicas, la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y los estudiantes, aunque Valcárcel ha reconocido que el interlocutor que tiene capacidad de negociación es uno de sus integrantes, el Sindicato Médico de Murcia.
   Miralles ha dicho que la Ley de recortes "especifica que los acuerdos sindicales sean derogados", mientras que el compromiso de Valcárcel es que sean "suspendidos o aplazados temporalmente", y que los cambios "no sean estructurales, sino coyunturales".
   Igualmente, Valcárcel ha mostrado dispuesto a revisar la reducción del sueldo habitual al 75 por ciento cuando el empleado público presente una baja por incapacidad temporal, prevista en la Ley, ya que la incapacidad temporal larga "no puede tener un coste económico, evidentemente", alega Miralles.
   El presidente del CESM ha explicado que los permisos y licencias "tendrán que ser en días hábiles, como han sido toda la vida", y que todo lo que afecta a la formación de los profesionales "no puede ser detraído o descontado de las jornadas laborales".
   Por su parte, la reducción de efectivos, según el anuncio de Valcárcel, "va dirigida sólo a aquellos que fueron contratados con las 35 horas de jornada en vigor, y no a aquellos trabajadores de la administración general que fueron contratados con el esquema anterior de 37 horas y media".
   De esta forma, el objetivo es que "no se despida a gente y que los contratados con la nueva jornada, sean trasladados a otras unidades de la Administración regional, tal y como recoge la Ley".
   Además, Valcárcel y el CESM prevén alcanzar acuerdos en la aplicación de la jornada laboral "sin retirar la jornada de 37,5 horas", pero "reconociendo las particularidades del colectivo médico, que no trabaja a turnos, sino en una modalidad diferente a los otros empleados, que sólo tienen que ajustar los turnos". Así, ambas partes han quedado emplazadas a alcanzar un acuerdo en su aplicación.
   Respecto a los temas económicos, Miralles ha dicho que el Gobierno regional "es sensible al recorte económico y salarial de todos los empleados públicos", pero Valcárcel "reconoce que los médicos son  especialmente afectados por ellos", y que "tiene la voluntad de que alcancemos un acuerdo mejorando esos descensos previstos en la Ley".
   Miralles ha confirmado que "no se han especificado las cantidades, pero ambas partes tienen la voluntad de concretar este principio de acuerdo", a cambio del cual, el CESM "estaría aceptando esta Ley que, por otra parte, se hace "porque no hay más remedio que cumplir los requisitos de déficit para que la Comunidad pueda seguir tendiendo liquidez".
   El presidente del CESM ha considerado que Valcárcel "está dispuesto a negociar con todos los sindicatos y hacer extensivas estas medidas a todos los empleados públicos".
   Respecto al calendario de negociación, Miralles ha dicho que han quedado emplazados por la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, para "continuar el diálogo esta misma tarde, porque Valcárcel expresamente quiere que esto no se dilate en el tiempo y las posiciones se concreten en cuestión de días".
   En este sentido, ha ratificado que el CESM continuará la negociación por su cuenta, al margen de la negociación que emprenden el resto de sindicatos. No obstante, ha pedido a otras organizaciones con una sensibilidad parecida a la suya "que se sumen a esta postura y que apoyen las cuestiones generales que el CESM ya tiene compromiso de negociar y, en otras cosas, se sumen a la postura negociadora".
   "Lo mismo que ellos nos piden que nos sumemos a las manifestaciones, nosotros les pedimos que se sumen a la negociación porque los acuerdos se alcanzan mejor", ratificó.
Sin embargo, los sindicatos han criticado el encuentro que ha mantenido esta mañana el presidente de la Comunidad con los miembros del Consejo de la Profesión Médica.
   Según Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Murcia, "se tiende a equivocar que todos los médicos es el sindicato médico, ya que muchos son afiliados a otras organizaciones e incluso han participado en las protestas porque no están contentos con la manera de proceder que está haciendo su organización".
   Por su parte, Juan Miguel López, presidente del Sector de Comunidad Autónoma de CSIF, ha resaltado que las medidas "afectan a todos los empleados públicos", por lo que ha reprobado que "sindicatos favorezcan a un solo colectivo, ya que va en perjuicio del resto de compañeros".
   "Ellos sabrán cuál es su forma de trabajar", ha declarado el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, quien ha criticado este encuentro al entender que responde a una "forma de proceder en contra de todos los trabajadores". 
"Agradeceríamos que todos estuviésemos juntos", ha concluido.

UPyD dice que el incremento continuo de la deuda plantea "dudas" sobre la viabilidad de Servicio Murciano de Salud

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha expresado hoy su preocupación por el incremento de la deuda del Servicio Murciano de Salud (SMS). A su juicio, "la falta de liquidez está llegando a unos límites que hace poner en duda la propia viabilidad de la Sanidad murciana".

   Para Sánchez, "detrás de este problema está la deficiente gestión que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad. El hecho de que la Región de Murcia haya sido una  de las dos Comunidades Autónomas que  ha incrementado el gasto farmacéutico en el pasado año, de hecho lo ha liderado con un aumento del 2 por ciento, es un síntoma de que las cosas no se hacen adecuadamente. Los más de 650 millones de deuda, son una cifra alarmante".
   Para UPyD, continuó, "ciertas decisiones, como centralizar la logística y la distribución se han tomado demasiado tarde". 
Además, "la demora en los pagos convierte a Murcia en la segunda Región más morosa en los pagos a sus proveedores, con un retraso de 617 días, lo que puede provocar que las empresas se planteen su relación con la Consejería de Sanidad", añadió el coordinador regional de UPyD.
   De hecho, insistió Sánchez, "ya hay algunas clínicas privadas que no quieren renovar sus conciertos con el SMS para aligerar las listas de espera".
   "Este panorama es el que nos lleva a pedir desde UPyD que las competencias en Sanidad, sean exclusivas del Estado", concluyó.

Conspiraciones e investigaciones junto al Segura / Apunte de Argárico

Estos días están pasando muchas cosas, demasiadas, en torno a la pirámide de poder que tiene a la Región de Murcia en un puño. El reducido aparato del partido gobernante no termina de controlar a los notables más inquietos e intenta dar una imagen de unidad ya inexistente. Porque esos notables, sin protagonismo actual la mayoría, desea un cambio radical de personas y planteamientos. Ni Valcárcel ni Miguel Ángel Cámara, ni ningún otro en los aledaños de los anteriores. Se busca claramente una ruptura con el presente de sospecha cierta y corrupción rampante y galopante.

Están a la busca, pues, de un nuevo líder e informando de todo lo que pasa, y no vemos los ciudadanos, al mismísimo Mariano Rajoy, quien a día de hoy y, de cara a eventuales acontecimientos, no puede alegar ignorancia aunque por egoismo político personal siga mirando hacia otro lado, como hace en Valencia con un mas que amortizado Francisco Camps, compañero de frascachelas de distración hídrica de nuestro presidente regional. Él sabra a lo que juega con los murcianos por muy tontos que nos considere.

Entre los poderes ocultos que sustentan a nuestro particular sátrapa hay, al menos, división de opiniones. De una parte, los que piensan que el 'caimán' se debe marchar cuanto antes y, de otra, quienes creen que no hay que precipitarse y conviene esperar a después de las próximas elecciones autonómicas. Los primeros se muestran seguros de que Valcárcel ya resta demasiado mientras los segundos se muestran convencidos de que no lo suficiente como para poner en riesgo una eventual victoria electoral aunque pueda ser fuertemente disminuida por el devenir de unos acontecimientos, a desactivar con urgencia y preferencia a cualquier precio.

Un factor está condicionando todos estos planteamientos: la  inesperada decisión parlamentaria unilateral del PP en la Asamblea Regional de arremeter contra las retribuciones salariales y condiciones laborales de los funcionarios autonómicos ha invertido la tendencia en la intención de voto y ésta cae vertiginosamente por primera vez en quince años al descubrirse la verdadera faz, propósitos e intereses del presidente Valcárcel, hasta suponer un riesgo objetivo para esa pirámide de poder que, desde la sombra, lo sustenta a regañadientes.

Para muestra un botón: la prisa en querer negociar con los sindicatos parece tiene mucho que ver con la idea lanzada en asambleas de funcionarios, bien acogida en principio, de retirar las nóminas de Caja Murcia de, al menos, 40.000 de los 55.000 empleados públicos. Y encierra la necesidad vital de frenar en seco la escalada de movilización y protesta callejera, que amenaza con fijar la atención de los electores murcianos sobre una situación vieja pero muy desconocida del gran público, hoy muy castigado por la crisis, la incertidumbre en el empleo e, incluso, el paro familiar. 

El señuelo del agua para todos se ha vuelto en contra de sus guiñoles porque el deterioro en sanidad y educación lo sufre hoy muy directamente la ciudadanía por una gestión de espaldas a ella por orientada al negocio rápido y codicioso de amiguetes y próximos. Lo de Corvera y la Paramount no son más que otros conejos escuálidos de una raída chistera sin magia, sacados a la desesperada para camelo de los últimos bienpensantes o necesitados de esperanza laica.

Pero como fondo de todo ésto hay que registrar una actividad muy discreta que va teniendo lugar desde hace pocos meses en un chalé de los alrededores de Murcia, en el que se conspira permanentemente para derrocar al sátrapa. A esas reuniones regulares acuden miembros muy politizados de la sociedad civil, homologables con casi todo el espectro político y cuyas opiniones afloran por internet desde un determinado soporte de agitación y propaganda, más de personas que de organizaciones o ideologías, tras una necesaria remoción de recursos económicos procurados desde los sectores con más rencor personal.

Esta especie de sanedrín de descontentos, insatisfechos e impotentes frente a la situación freudiana a que se ha conducido a la Región de Murcia por la tripleta familiar Ramón Luis-Carlos-Antonio, lleva intentándolo casi todo sin suerte aparente y ve en las actuales movilizaciones una inesperada palanca con la que remover una realidad mucho más que putrefacta e inoperante, incluso para los originales mentores del sátrapa. 

Hasta la Iglesia de Cartagena se va apartando discreta e inteligentemente de San Esteban como intuyendo tiempos de mudanza mientras las mafias económicas locales huelen el final de una época por agotada y sin salida en lo político y en lo económico. Sólo hay que analizar el comportamiento en los últimos días de los medios de comunicación del sistema para concluir que algo muy importante se ha desatado en Murcia, hasta desistir Valcárcel de su presencia en la clausura del Año Jubilar de la Vera Cruz para agasajar al cardenal Cañizares, todavía protector de Mendoza el de la UCAM frente a las iras vaticanas. Y es que cuando no hay harina...

Dentro del propio Gobierno autónomo ha aflorado igualmente la conspiración, alimentada por los elementos que se ven mejor situados para una eventual e inesperada decisión preelectoral. ¿Marín o Ballesta es el tapado de Egea Krauel tras descartar a Gómez Fayrén? Mientras, algunos de los hasta ahora más leales, como María De Pedro Reverte, se recelan que van a ser utilizados como moneda de cambio para aplacar a una calle muy agitada todavía. 

Desde este órgano autonómico ejecutivo alguien viene también informando a Génova 13 de la derrota emprendida por un presidente muy desconectado hoy de la realidad circundante y ha convencido a gran parte del poder económico regional más destacado de que al 'muñeco' no le queda mas recorrido. El único aliado que le va porfiando es el beneficiado constructor Miguel del Toro, presidente de la CROEM, animado por los 'especiales detalles', hoy bajo escrutinio de la Justicia, que va teniendo Valcárcel con él a través del oportunista consejero Sotoca.

Valcárcel se sabe rodeado de traidores, con mayor o menor intensidad, con la única excepción de su sobrino político Pedro Alberto Cruz, lanzado al estrellato en los últimos días y su 'delfín' cada día más claro, consciente de que su etapa como presidente está llegando a su fin y antes de que una revuelta palaciega le deponga y pierda el control sobre su propia sucesión, que sabe cercana aunque no inminente. Resistirá hasta quedar convertido en más histrión todavía de como ha aparecido en televisiones nacionales la semana pasada.

Todo lo acontecido en los últimos días no parece, pues, solamente obra de la casualidad, mascando lo que se masca entre bastidores a raíz del sospechoso comportamiento de la consejera de Hacienda, Inmaculada García, como detonante de una situación primigenia y sus extrañas relaciones en Madrid con las actuales autoridades de Economía y Hacienda, departamento de la que ella es precisamente funcionaria en excedencia. La soga la ha procurado esta mujer,  sabiendo como sabe, que de no haber autoinmolación actuará el verdugo montañés. Y esperando también su recompensa de Elena Salgado, más que estrecha colaboradora de Rubalcaba al igual que la Chacón.

Una duda sobrevuela toda esta situación y es la actitud de la Judicatura murciana frente a las presuntas fechorías de un presidente en apuros. Las relaciones de vecindad en Gran Vía 9 y amistad personal del magistrado Andrés Pacheco, recientemente confirmado por el Consejo General del Poder Judicial en su cargo de presidente de la Audiencia Provincial, con Valcárcel son conocidas y son seguidas con mucho interés estos días, no precisamente de vino y rosas para nadie, ante el apagón informativo de todo lo relacionado con 'Trampolín Hills'.

Se sabe que la jueza encargada de instruir el caso de lesiones, que no atentado, al consejero Cruz está indignada con la Policía al mando del delegado del Gobierno, el socialista Rafael González Tovar, por mandarle a un detenido sin pruebas ni siquiera indicios, lo que ha facilitado al propio ministro del Interior, el célebre Rubalcaba, ordenar una investigación desde Madrid con brigadas especializadas y muy escogidas. Se espera que de esas actuaciones deriven acontecimientos mucho mas que sonados en las actuales circunstancias de no correr antes el agua por el Segura, con o sin entubamientos. Ahora veremos cuál es la actitud seguida por la Fiscalía que comanda el, cada vez, más increíble Manuel López Bernal,  veo que muy escocido, entiéndase precavido, por su histórica experiencia personal-profesional.

El 'delfín' Cruz insiste en convertir en convencimiento colectivo su versión de unos hechos de los que no hay más testigos mientras ha sido la hija del delegado del Gobierno, la diputada regional, María González Veracruz, la que con un oportuno artículo sobre el supuesto derroche del consejero Cruz, ha dado pié a cargar sobre la izquierda, y más concretamente, sobre su compañera de partido y candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Begoña García Retegui, todas las culpas de un supuesto atentado, cada vez más improbable, justo cuando las encuestas hacen bajar cinco puntos de golpe la intención de votar al sátrapa.

Las cosas parece que han salido mal para los presuntos muñidores y ahora sólo se espera las consecuencias de la reacción de Rubalcaba y el sector del Gobierno central que apoya a Retegui. No habrá que descartar el cese de González Tovar por mas que la supuesta estrategia pasase por pedir desde el PP su dimisión para así preservarlo de una mas que segura destitución por traidor a su propio partido, a su ministro y al Gobierno que representa. 

El dardo envenenado iba por elevación para el propio ministro del Interior y parece que en Murcia ese veneno lo procuró alguien llegado de Madrid, -¿Pedro Saura?- como envío personal del ministro José Blanco, ese gallego taimado que cada poco viene por Murcia a apuntalar a Valcárcel con falsas promesas de AVE y aeropuertos inviables por orden del poderoso empresario murciano Luis del Rivero, un privilegiado contratista del Ministerio de Fomento y gran beneficiario del aval de 200 millones de euros librado por Valcárcel para la construcción de ese aeropuerto, que se sabe ruinoso de antemano. Así se escribe la Historia.

Cospedal apuesta por suprimir los canales de televisión autonómicos

MADRID.- La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido una racionalización del Estado de las autonomías para reducir gastos innecesarios que ejemplificó en las televisiones públicas, donde apostó por suprimir las autonómicas y remitirlas a las nacionales.

En una entrevista en la Cadena Ser, Cospedal ha afirmado que ella quiere privatizar la televisión pública de Castilla-La Mancha, que, anunció, "va a dejar de funcionar". Desde su punto de vista, "no hay dinero" y, por tanto, "hay que ir a lo importante" y hacer un "esfuerzo de ahorro y racionalización".
Así, abogó por "racionalizar todo lo que se pueda" y "podar todo lo que haya que podar, todo lo que sobre o sea innecesario superfluo". Algo que, aclaró, no tiene por qué significar un "retroceso de las competencias de las comunidades autónomas", sino que "el Estado tiene que cumplir su función", porque no puede ser que "cuanto más autonomista se es, menos Estado existe".
Además, señaló que hablar de 17 defensores del pueblo o 17 consejos consultivos es "algo muy duro con la que está cayendo". Por eso, se mostró partidaria de "dar posibilidades legales para volver atrás" en algunas competencias que han sido trasvasadas", por ejemplo las citadas televisiones autonómicas. Esto no supone, a su juicio, un debate centrado en "autonomías sí, autonomías no", sino el reconocimiento de que "ya se terminó la fiesta, no somos millonarios y no podemos vivir como millonarios".

Recapitalizar las cajas de ahorro españolas mejorará la credibilidad, según Moody's

LONDRES.- Las medidas anunciadas de una nueva ronda de recapitalización de las cajas de ahorro españolas, que esta misma semana podrían recibir un nuevo impulso, contribuirán a mejorar la percepción del propio riesgo de la deuda pública española, dijo el lunes la agencia de calificación Moody's Service. 

"Si cualquiera de las medidas que todavía tienen que ser especificadas tienen éxito en restaurar la confianza del mercado en las cajas, esto también contribuiría a mejorar la percepción del mercado sobre el perfil crediticio del propio Estado, ahora lastrado por la continua preocupación sobre las deudas del sector financiero", explicó la agencia Moody's.
El Gobierno español tiene previsto acelerar esta semana las medidas anunciadas el viernes para avanzar en la reestructuración de las cajas de ahorro con el fin de reforzar su solvencia y aumentar su transparencia ante la inquietud de los mercados sobre su situación.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo el domingo en un acto del PSOE en Guadalajara que uno de los objetivos de la recapitalización de las cajas era reactivar el flujo crediticio hacia familias y empresas.
"Ese es el objetivo de la reforma que vamos a impulsar, que vamos a acelerar esta semana", manifestó Rubalcaba.
Según la agencia Moody's, la estrategia del Gobierno hasta el momento ha sido el reconocimiento gradual de pérdidas en un plazo más prolongado, dando a las cajas tiempo suficiente para provisionar las pérdidas con fondos procedentes de una cuenta de resultados relativamente resistente.
Para Moody's esta estrategia ha demostrado ser insostenible, debido a que ha revelado la dependencia que tienen los bancos de la financiación del Banco Central Europeo (BCE) y amenaza con socavar la percepción crediticia de la deuda soberana.
En cambio, la nueva estrategia del Gobierno apunta a que el foco se está centrando hacia un reconocimiento de las pérdidas potenciales y a una inmediata recapitalización.
Para Moody's el éxito de estas medidas para restaurar la confianza del mercado (y potencialmente atraer el capital privado) depende de que esta recapitalización sea lo suficientemente amplia para eliminar cualquier tipo de riesgo residual significativo principalmente de la cartera crediticia inmobiliaria y de construcción.
El Ministerio de Economía ha convocado una rueda de prensa para las 18.00 horas del lunes a la que asistirán la ministra de Economía, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa que, según una fuente oficial del ministerio, tratará sobre el sistema financiero.
La agencia Moody's contempla en su escenario central unas necesidades de capital de al menos 17.000 millones de euros para las cajas y de hasta 89.000 millones de euros en un horizonte más adverso si se trabaja con hipótesis de ratios de capital Tier-1 del 8 por ciento.
La recapitalización permitiría a las cajas llegar reforzadas a las nuevas pruebas de resistencia europeas que se realizarán antes de finales de mayo y que se prevén más estrictas que las realizadas el año pasado, donde solo hubo siete entidades que no pasaron los tests, cinco de ellas cajas españolas.
Hasta ahora, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha comprometido ayudas a las cajas por valor de 11.600 millones de euros pero las nuevas exigencias del Banco de España en cobertura de riesgo inmobiliario y los requisitos de capital de Basilea III requerirán mayores fondos a las entidades.
En la actualidad el FROB ayuda a las entidades en problemas mediante préstamos, pero el propio organismo reconoció en un documento de la semana pasada que entre las posibles actuaciones para reforzar la solvencia de las cajas se contempla permitir la entrada temporal del Estado de manera directa en su capital.
Para Moody's, la nueva ronda de recapitalización en estas entidades podría obligar a los gobiernos regionales a ceder poder de control sobre las cajas y aceptar estructuras de capital privado en las cajas.
"El riesgo que esto acarrea es que está supeditando estas decisiones de recapitalización al enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, una disputa que ya se ha visto en la implementación de las medidas de austeridad entre dos instancias de gobierno", según Moody's.
Esta disputa podría haber además impedido una reestructuración más drástica de las cajas hasta el momento.
"Si los recientes anuncios son el indicio de un gobierno central más resolutivo con voluntad de tomar medidas decisivas, entonces una recapitalización y una reestructuración podrían en última instancia restaurar la confianza del mercado", agregó Moody's.
Según indicó este fin de semana la prensa, el Banco de España presiona al Gobierno para que obligue a todas las cajas de ahorro a bancarizarse por completo, convirtiéndose en fundaciones que cedan todo su negocio a bancos de nueva creación y no puedan optar, como permite actualmente la ley, a seguir como entidades de crédito propietarias de un banco.