miércoles, 26 de enero de 2011

El Gobierno de Túnez pide ayuda a Interpol para detener a Ben Alí y a su familia

TÚNEZ.- El Gobierno interino de Túnez ha solicitado la participación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la búsqueda y captura del ex presidente Zine al Abidine Ben Alí, de su esposa Leila Trabelsi y de otros miembros de su familia, que escaparon del país el pasado 14 de enero a causa de las revueltas populares que pusieron fin a su régimen.

   La orden de arresto internacional fue anunciada este miércoles por el ministro de Justicia de Túnez, Lazhar Karoui Chebbi, durante una rueda de prensa, en la que precisó que el objetivo del Gobierno es procesar al ex presidente y a su entorno familiar por "posesión de bienes" expropiados y "transferencia de divisas extranjeras al exterior".
   Chebbi mencionó los nombres de siete miembros del clan de Ben Alí que se encuentran actualmente detenidos en Túnez e informó de que Imed Trabelsi, sobrino de Leila Trabelsi, y Sakher al Materi, yerno de Ben Alí --y uno de los empresarios más ricos de Túnez durante el régimen--, han huido al extranjero. Entre los nombres transmitidos a Interpol figura el de un hermano de la esposa de Ben Alí, Belhassan Trabelsi, añadió.
   Por otra parte, el ministro indicó que las autoridades van a juzgar a seis miembros de la guardia presidencial de Ben Alí --entre ellos el general Alí Seriati, jefe de la seguridad presidencial-- por "conspirar contra la seguridad del Estado e incitar a los ciudadanos a enfrentarse unos con otros con las armas" tras el derrocamiento del ex dictador.
   Chebbi precisó que no se tiene prevista ninguna acción legal contra el que fuera ministro del Interior de Ben Alí, Rafik Belhaj Kacem, quien dirigió la represión desde que comenzaron las manifestaciones, a finales de diciembre. Ben Alí le había destituido pocos días antes de abandonar el país.

Los socialistas exigen conocer los verdaderos números del proyecto aeroportuario de Corvera

CARTAGENA.- La diputada socialista, Teresa Rosique, anunció este miércoles que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Obras Públicas, José Ballesta, para que dé explicaciones sobre un informe del Tribunal de Cuentas relativo al futuro aeropuerto de Corvera, en el que dicho organismo detecta irregularidades "que ya fueron denunciadas por el PSOE". 

   Tras lo que Rosique advirtió que "si los ingresos que se van a dar en la explotación del aeropuerto no son los previstos nos podría ocurrir como con el aeródromo de Ciudad Real que ha pinchado económicamente", lo que, explicó, "supondría un problema gravísimo para las arcas de la Comunidad Autónoma".
   Rosique subrayó que "desde el PSOE llevamos tiempo denunciando determinadas actuaciones del Gobierno regional en relación con dicho aeropuerto", y recordó que "el pasado abril advertimos de estas cuestiones al consejero de Obras Públicas, en una comparecencia que realizó a petición nuestra".
   "Advertimos entonces de graves incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto en lo que respecta a la financiación y al plazo de ejecución de las obras", añadió la diputada, y explicó que, en lo que respecta a la financiación, el incumplimiento se ha dado en dos sentidos: "uno, incumpliendo el plazo para garantizar la financiación; y otro, incumpliendo el hecho de que la financiación debía de correr por cuenta y riesgo de la propia empresa, ya que la Comunidad Autónoma ha tenido que avalar con 200 millones de euros la financiación del proyecto".
   Y para que la empresa cumpliera ese compromiso, "fue necesario que el Gobierno regional avalara con 200 millones de euros el préstamo de financiación para la construcción de esa infraestructura".
   Sin embargo, aseguró, "la Comunidad Autónoma sólo abrió expediente sancionador por uno de los incumplimientos, el de la fecha de financiación". Y, siendo considerada por los servicios jurídicos como "infracción grave" y pudiendo poner una multa de hasta 600.000 euros, la fijó en sólo 120.000 euros. No contempló en ese expediente sancionador el otro incumplimiento en materia de financiación, que corría por cuenta y riesgo de la empresa.
   Otro incumplimiento del que advirtió el Partido Socialista fue el de la fecha de finalización de las obras, incumplimiento que el Tribunal de Cuentas advierte como una de las irregularidades. Sin embargo, apuntó Rosique en rueda de prensa, "la Comunidad Autónoma, según la información de que disponemos, no ha abierto a la empresa expediente sancionador por este incumplimiento". Obras, incidió la socialista, que "no sólo no terminaron en julio de 2010, sino que veremos a ver si terminan a lo largo de 2011".
   Todo esto pone de manifiesto, según Rosique, "la facilidad del Gobierno regional cuando tiene que recortar derechos de los empleados públicos y la benevolencia que tiene cuando aborda resoluciones de expedientes".
   Además, en la comparecencia del consejero del mes de abril, "pusimos de manifiesto la incoherencia que suponía el cálculo del número de pasajeros recogido en los informes previos a la adjudicación que era en su fase inicial de 1,5 millones, y en su fase final no superaba los 3 millones de pasajeros"; sin embargo, "el contemplado en la propuesta de concesión que suponía una previsión de 5 millones de pasajeros en 2015 y 14 millones al final de la concesión", señaló.
   Algo que el Tribunal de Cuentas advierte como una cuestión "altamente" preocupante, ya que, según manifiesta en su informe "esta actuación es contraria al principio de eficiencia, economía y racionalidad del gasto público".
   Tras lo que recordó que la Comunidad Autónoma tuvo que aprobar un plan económico-financiero de explotación del aeropuerto que garantizara la viabilidad del mismo. Dentro de ese plan, "el número de pasajeros es fundamental para garantizar los ingresos". De ahí, indicó, que el PSOE advirtiera de esta profunda discrepancia en los informes y que el Tribunal de Cuentas advierta ahora al Gobierno regional.
   De nuevo, señaló la diputada socialista, "se pone de manifiesto la incapacidad e irresponsabilidad del presidente Valcárcel y su gobierno cuando abordan cuestiones de interés general. Valcárcel no da una en el clavo cuando tiene que dar respuestas a los grandes temas en nuestra Comunidad".
   A su juicio, "la actuación del Ejecutivo murciano se pone, una vez más, bajo vigilancia de los tribunales". "Valcárcel es incapaz de abordar con rigor y responsabilidad cuestiones de interés regional como es la construcción de un aeropuerto en nuestra Comunidad", apostilló la socialista.
   Finalmente, Teresa Rosique aseguró que este informe no les sorprende "en absoluto", así como que pedirán copia, y a preguntas de los medios, puntualizó que "podrían haber por ello actuaciones sancionadoras hacia la actuación del Gobierno regional si el Tribunal de Cuentas sigue confirmando, después de las alegaciones del Ejecutivo, irregularidades".

Cespa gestionará finalmente el servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio de Murcia los próximos 20 años

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado definitivamente la gestión del servicio público de Limpieza Viaria y Recogida y Tratamiento de Residuos a la empresa Cespa para los próximos 20 años por un importe superior a los 50 millones de euros anuales, lo que supone un 3,72 por ciento inferior respecto a lo previsto en el pliego.

   En concreto, la empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego, en cuya oferta se recoge el uso de ecocombustibles en los equipos que producirán menor contaminación acústica, además del mínimo consumo de agua y la reutilización de ésta.
   Igualmente, persigue la potenciación de la recogida selectiva, fomento de la participación ciudadana a través de campañas de concienciación, y continuar siendo referente nacional en tratamiento y revalorización de residuos.
   También se recoge ampliar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a las zonas ya consolidadas y de expansión de Murcia y pedanías, mejorando los servicios prestados en pedanías y ofreciendo un tratamiento especial en el casco histórico de la ciudad.
   En lo que respecta al canon por el uso de instalaciones, Cespa ha ofertado 57.546.486 euros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
   Y es que, uno de los principales aspectos que incluye la oferta de Cespa es la renovación de todos los equipos y la creación de nuevas instalaciones con un ligero incremento sobre el canon actual, que es de 48,1 millones de euros.
   En la nueva contrata se especifica que el 90 por ciento de la recogida de residuos en el municipio será de carga lateral, esto es, más segura, precisa y con mejor ubicación de los contenedores. Así, la carga lateral llegará a todo el municipio excepto a zonas, como los carriles de la huerta, donde es imposible su instalación.
   Por otra parte, los puntos de recogida selectiva soterrados se ampliarán, en una primera fase, en 500 más. En el caso de la instalación de estos puntos en el casco histórico de Murcia, se incluirá un detallado estudio arqueológico que permitirá identificar el sitio correcto para su colocación.
   Además, se instalarán 7.200 nuevos contenedores de los cuales el 60 por ciento se destinarán a renovar los existentes, mientras que el 40 por ciento restante serán para crear nuevos puntos de recogida selectiva.
   La recogida de residuos se realizará en horario nocturno tanto en el casco urbano como en las pedanías adyacentes y aquellas de mayor densidad de población, con el fin de disminuir la conflictividad con el tráfico.
   Igualmente, se instalará un sistema de control que permitirá anticiparse al desborde de los contenedores. Para ello, se ha realizado un pormenorizado estudio en el que se establece la capacidad de generación de basuras de cada una de las calles del municipio.
   Otra de las propuestas es la eliminación de los contenedores tipo iglús sustituyéndolos por otros con el fin de uniformizar el diseño de todos los contenedores existentes; y la creación de un sistema especial de recogida y limpieza en el casco histórico.
   Con el fin de eliminar el impacto visual de los contenedores y otorgar mayor espacio al peatón, este nuevo sistema consiste en la distribución de los contenedores en los puntos determinados a las 20.30 horas que, una vez depositados los residuos, serán retirados durante la noche.
   La oferta también incluye la actualización y modernización del servicio de Limpieza Viaria, de forma que se sustituirá en gran parte el barrido manual convirtiéndose en barrido/baldeo mixto manual-mecánico, ya que los operarios trabajarán con accesorios de agua a presión (siempre optimizando este recurso) que repercutirá en un notable incremento del rendimiento y de la calidad del servicio.
   Asimismo, se pretende equiparar el tratamiento y los servicios de las distintas pedanías al que se realiza en los barrios. Para ello, se descentralizará el Parque Logístico de San Ginés creando nuevos parques secundarios y cuartelillos para operarios y maquinaria lo que permitirá ofrecer un servicio más rápido y preciso; reduciendo tiempos muertos y desplazamientos
   De esta forma, se crearán nuevos parques secundarios de más de 2.000 metros cuadrados cada uno en las zonas de Beniaján, Zarandona, Carretera de Alicante, Campo de Murcia, El Palmar, Espinardo y otro en el Polígono Industrial de San Ginés. Se incluye la instalación de otros 40 cuartelillos auxiliares.
   El proyecto presentado por la empresa Cespa incorpora hasta 24 posibles tratamientos y aprovechamiento de los residuos, siendo algunos de ellos el tratamiento mecánico de los objetos voluminosos o la valorización de los aparatos eléctricos y electrónicos.
   Otra de las medidas incluidas es la creación de una manta fotovoltaica sobre el depósito controlado aprovechando así la amplia superficie de ocupada; y la creación de una planta de secado solar de lodos aumentando la capacidad de la planta y, además, una planta de biometanización que aprovecha el metano generado por los residuos para producir energía.
   Así, se llevará a cabo un notable incremento del balance energético del centro mejorando la producción de electricidad con instalaciones fotovoltaicas y eólicas y mejorando ostensiblemente la huella de CO2 del municipio
   Todas las instalaciones se ampliarán con el fin de tener mayor capacidad y en determinados casos se crearán nuevas, como la planta de selección y envases. En el proyecto se incluye un incremento de 90 a 140 hectáreas disponibles para posibles ampliaciones proporcionando un horizonte capaz de dar cobertura para los próximos 50 años.
   Está proyectada la creación de un 'cluster' medioambiental basado en la creación de nuevas oportunidades de negocio derivadas del aprovechamiento de residuos, los subproductos y las sinergias que aparecen al concentrar este tipo de actividades .
   Por último, el 2 por ciento del presupuesto total se invertirá en campañas de concienciación ciudadana; y se establecerá un control informatizado tanto del servicio como de su calidad para resolver con prontitud las demandas del ciudadano.
   Otra de las novedades es la creación de una senda medioambiental para que los escolares y visitantes de la planta de tratamiento puedan conocer su funcionamiento; y la visita de todos los barrios y pedanías para explicar y perfilar el servicio en cada una de ellas.
   Todo el proyecto del nuevo servicio de Limpieza Viaria y Recogida y Tratamiento de Residuos se presentará en una jornada pública que se celebrará en el edificio Anexo al Ayuntamiento.

El SIP liderado por Cajastur y CAM inicia la reestructuración de plantilla y oficinas

OVIEDO.- El proceso de reestructuración de Cajastur enmarcado en la integración plena en el nuevo banco junto con CAM, Caja de Extremadura y Caja Cantabria ha comenzado a ejecutarse este martes con la apertura del periodo de solicitud para la prejubilación y los trámites para la racionalización de la red de oficinas, según ha informado Cajastur. 

   Las medidas que se ponen en marcha forman parte del compromiso de las entidades integrantes del SIP con el Banco de España para mejorar la eficiencia y adecuar la estructura comercial.
   El proceso de prejubilación comienza a ejecutarse una vez que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha recibido el visto bueno de la autoridad laboral.
   Los empleados de la caja que cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo laboral suscrito por amplia mayoría de la representación sindical en el conjunto de entidades del SIP (CCOO, UGT, CSICA, CSI-CSIF y SICAM) podrán a partir de hoy y durante un plazo improrrogable de 30 días presentar su solicitud de acogimiento al programa de prejubilaciones.
   Por otra parte, se ha puesto también en marcha el plan de racionalización de la red de oficinas, que se desarrollará en los próximos meses. El ajuste de la red comercial se realiza a partir de los criterios de solapamiento de oficinas de las entidades integrantes del SIP y de eficiencia.
   El proceso se inicia con el ajuste de las oficinas en el territorio natural de cada caja y la definición final del mismo se irá concretando en los próximos meses en el territorio de expansión y en el mercado natural del resto de entidades participantes en el SIP, con un volumen de reducción de la red de más de 400 oficinas sobre el total de 2.200 que cuenta actualmente el conjunto de entidades. En el primer trimestre del año 2011 Cajastur procederá al cierre de 11 oficinas en su territorio natural.
   El nuevo banco creado por CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria se constituyó el pasado 28 de diciembre de 2010, y, el acuerdo de desarrollo del Contrato de Integración suscrito el pasado 27 de julio de 2010 implica acogerse al ejercicio de la actividad financiera por vía indirecta, figura que está expresamente recogida en la nueva regulación de reforma de la LORCA. Éste fue el primer Grupo que se acogió a esta novedosa figura, que ha resultado del pacto de PSOE y PP para la reforma del sistema de cajas de ahorro español.
   El plan de aportaciones, que se aprueba en virtud del acuerdo de desarrollo, se concreta en la segregación total y la aportación de todos los activos y pasivos afectos al negocio financiero a favor de la Entidad Central del SIP.
   El nuevo grupo consolidable funcionará como una única entidad, en la cual la gestión del negocio minorista en los territorios naturales de cada una de las cajas estará orientada a preservar la identidad individual de las cajas, actuando el grupo como una entidad multi-marca que potenciará el valor de la franquicia local sin entrar en competencia entre las entidades que lo componen en cada uno de sus respectivos territorios naturales.
   La elección de este modelo de integración responde al objetivo de desarrollar el proyecto en las condiciones más adecuadas para afrontar los retos de la actual coyuntura y a fin de implementar de la manera más eficiente posible (incluyendo desde el punto de vista económico, contable, fiscal, legal y regulatorio) los objetivos del SIP.
   El modelo de integración plena permite disponer de la mejor estructura y recursos para cumplir los requerimientos que están planteando los mercados financieros, las agencias de rating, el Banco Central Europeo y el Banco de España.
   El nuevo grupo contará inicialmente con unos recursos propios básicos de 7.400 millones de euros, que se reforzarán con la aportación de 1.493 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
   El grupo nace con  una solvencia y fortaleza financiera contrastada, con un volumen de activos superior a los 130.000 millones de euros, la quinta del país por tamaño, un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros, un ratio de solvencia de 12,1 por ciento y un ratio de recursos propios básicos (Tier 1) del 9,3 por ciento a cierre de 2009, lo que permite hacer frente a los requisitos regulatorios internacionales.
   El tamaño del grupo le permitirá lograr eficiencias y economías de escala que redunden en un mejor servicio para sus clientes, ofreciéndoles los productos y servicios más competitivos en ahorro y financiación.

Esade avisa del riesgo de vender las cajas de ahorros "a precios de saldo"

BARCELONA.- La escuela de negocios Esade avisa del riesgo de que la reforma para recapitalizar el sistema financiero anunciada por el Gobierno derive en la venta de las cajas de ahorros a inversores internacionales "a precios de saldo".

   El profesor del departamento de Finanzas de Esade Jesús Palau abogó por reforzar la solvencia de las entidades con carencias de capital a través de fondos públicos.
   "Existe el riesgo de que los inversores internacionales entren en el capital de las cajas de ahorros a precio de saldo. Podríamos acabar por regalar las cajas a cuatro duros, pero para malvenderlas a un tercero es mejor que nos las quedemos el conjunto de los españoles", argumentó.
   A su parecer, no resultaría un problema para el Estado elevar su deuda por el importe del capital adicional que necesitan bancos y cajas, unos 20.000 millones de euros según las estimaciones realizadas por el Banco de España y que maneja el Gobierno.
   Palau sostiene que el endeudamiento de España es muy inferior al de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, así como sus necesidades de financiación globales para este ejercicio.
   Los 90.000 millones de financiación que necesita España para este año son muy inferiores a las necesidades de Italia (234.000 millones), Alemania (220.000 millones) y Francia (180.000 millones), recordó.  
   En este sentido, alega que no existen condiciones objetivas para que no se puedan sumar a la deuda del Estado los 20.000 millones de euros que podrían ser necesarios para fortalecer la solvencia de las entidades.
   En cualquier caso, el volumen de deuda del Estado no superaría los porcentajes sobre el PIB que registran estos países europeos, enfatizó el profesor de Finanzas de Esade.  
   Sobre si las necesidades de capitalización de 20.000 millones identificadas por el Gobierno se ajustan a la realidad, Palau recalcó que es necesario conocer más en profundidad la calidad de los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros.
   El profesor recordó la existencia de conflictos de intereses entre los bancos internacionales que elaboran informes sobre las carencias de capital en España, país en el que podrían desembarcar como inversores.
   Por otro lado, aclaró que aún se desconocen los nuevos requisitos de capital superiores al 8% que se establecerán para las cajas de ahorros, a falta que el Gobierno detalle el umbral para las entidades que no cotizan y tienen un elevado peso de financiación externa.

El 'core capital' de las cajas de ahorro dependerá de los ejercicios de transparencia

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar se determinará con el "asesoramiento" del Banco de España y los datos que proporcionan los "ejercicios de transparencia" que en estos momentos llevan a cabo las entidades, "con datos que tiene que aportar a final de mes". 

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado ha reiterado que la horquilla se sitúa entre el 9% y el 10%, pero que la cifra definitiva será determinada en el próximo decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que recogerá el plan del Ejecutivo para recapitalizar las entidades.  
   Anteriormente, en declaraciones a TVE, Salgado avanzó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital superior al del resto de entidades, ante las dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.
   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos.  
   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

Las cajas de ahorro pueden necesitar un ratio de capital de entre el 9% y el 10%

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar un ratio de capital de entre el 9% y 10%, aunque el porcentaje definitivo aún no está aprobado.

   La ministra señaló, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el ratio definitivo de capital para estas entidades antes de que se apruebe el decreto ley en febrero, y subrayó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital de entre un 1% y un 2% superior al del resto de entidades.
   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos. 
   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.
   "Los analistas han dado cifras sobre las necesidades adicionales de capital del sistema español que van desde 17.000 millones a 80.000 millones, pero no hay base para esta estimación", subrayó Salgado, quien explicó que el nuevo decreto ley no va a recoger esta cantidad, sino que el texto va sólo se referirá a los porcentajes de capital que se exigen.
   La ministra también explicó que las cajas, por su "especial gobernanza", siempre son objeto de mayores críticas que los bancos, pero que si llegado el caso hubiera algún banco que no cumpliera con las condiciones mínimas de capital el camino sería el mismo, es decir, la entrada del Gobierno a través del Frob.
   En este sentido, la ministra insistió en que el dinero que el Estado invierta en el sistema financiero en caso de que no cumplan los niveles de capital no tendrá coste para el contribuyente, e indicó que, a su juicio, el término 'nacionalización' no es acertado para definir la intervención que el Estado.
   "El Estado aportará en forma de capital la cantidad de dinero que las cajas precisen, pero esa participación será temporal. Pasados cinco años desinvertirá y, por tanto, habrá un inversor privado que sustituya al Estado sin coste para el contribuyente. El dinero será reintegrado", subrayó la ministra.
   Respecto al plazo hasta septiembre para lograr el capital necesario, la ministra defendió que "es suficiente" y que no supondrá una dicultad añadida para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía porque las entidades cuentan con el respaldo del Estado a través del Frob.
   "Los ratios de capital están calculados con datos a 31 de diciembre de 2010 por lo que las nuevas exigencias no deberían influir en la gestión del crédito a lo largo de 2011", subrayó la ministra. "Todo lo contrario, debería ir mejor", añadió.
   Asimismo, explicó que con independiencia de que se dé un plazo para que las entidades puedan captar capital de forma privada, al contar con la ayuda del Frob es como si ya cumplieran con los nuevos niveles exigidos, por lo que, a su juicio, la razón de que el crédito no fluya en la actualidad con normalidad es la dificultad de las entidades para financiarse en el mercado mayorista.
   Salgado también defendió que la reforma anunciada el lunes no llega tarde, sino que complementa la ya iniciada por el sector y que ha reducido el número de cajas a 17. Asimismo, subrayó que el hecho de que los SIP hayan tomado la decisión de transferir al banco unidad central el 100% de las activos y pasivos bancarios va a facilitar esta reestructuración adicional.

La recaudación de nuevos impuestos sobre el juego irá a las autonomías

MADRID.- La totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas 'online', previstas en el proyecto de la Ley del Juego, que está ultimando el Gobierno, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según ha afirmado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández. 

   "En principio, toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, por así decirlo, va a las comunidades autónomas. El Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso", ha asegurado Fernández.
   En este sentido, el máximo responsable de LAE ha asegurado que la Administración General del Estado no tiene "vocación recaudatoria"  y ha subrayado que "la voluntad es que todo lo que genere este nuevo mercado sea financiación de comunidades autónomas". Sobre los nuevos tributos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, ha indicado que se trata de "un marco tributario claro y suficiente como para que exista el mercado".
   En cuanto al calendario previsto, Fernández ha señalado que el proyecto de Ley se aprobará previsiblemente en los próximos Consejos de Ministros e "incluso" en el de esta semana. El viceprecidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó a finales de 2010 que la intención del Ejecutivo era aprobar este proyecto en enero de 2011.
   Asimismo, el director general de LAE espera que las primeras licencias, que contempla el anteproyecto de Ley de Juego para las empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas 'online' en España, pueden empezar a entregarse en 2011, después de que el proyecto de Ley supere la tramitación parlamentaria.
   Durante su intervención, Fernández ha afirmado que la intención de la futura Ley del Juego es "regular una realidad fáctica", ya que actualmente en España hay muchos operadores que se dedican al negocio de las apuestas 'online', pero que no tributan en España porque no tienen su sede en otros países y porque en España no hay una regulación que contemple determinadas modalidades de juego, como las apuestas a través de Internet.
   En este sentido, el director general de LAE, aunque no ha querido entrar a valorar en detalle el panorama de las apuestas 'online' en España, porque "no hay cifras oficiales", ha señalado que el 85 por ciento de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España hacia el extranjero, mientras que el 15 por ciento restante se juega en España.
   El objetivo de la nueva Ley del Juego es precisamente "tratar de reordenar ese puzzle", según ha indicado Fernández, quien ha asegurado que la nueva legislación va a respetar el "estatus quo" del sector. Asimismo, ha apuntado que la legislación servirá para dar una mayor protección a los menores y a las personas que sufren de ludopatía frente al juego, y dar garantías a los operadores con licencia de que en el sector se produce "una competencia legítima".
   Sobre este asunto, Fernández ha indicado que actualmente no se produce esa competencia justa, ya que hay operadores con licencia y otros que están actuando sin ella. Por ello, ha anunciado que la futura Ley del Juego incorporará medidas para dotar "de instrumentos" al órgano de regulación y control del sector, la Comisión Nacional del Juego, para "cortar el flujo --de ingresos-- sobre aquellos operadores que no tengan licencia" actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que se anuncian o las compañías que sirven de intermediarios en los sistemas de pago a través de Internet.  
   El borrador del anteproyecto establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.
   Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.
   Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20 por ciento para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.
   El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.
   El texto también obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.
   Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.  
   En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".
   El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.
   Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o 'amañar' los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.

El PSRM asegura que Zapatero "no avala" el recorte de Valcárcel a los empleados públicos

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, aseguró hoy que "los socialistas murcianos y españoles estamos en contra de las medidas tomadas por el presidente Ramón Luis Valcárcel" en la Región de Murcia, porque supone "el recorte a los empleados públicos y a sus derechos sociales".

   Retegui hizo estas declaraciones a preguntas de los medios y en clara referencia a las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoció este lunes que la Región de Murcia "ha cumplido" con el plan de ajuste, plasmado en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aún a costa de "consecuencias sociales delicadas".
   Los socialistas, añadió, "estamos de acuerdo en que el ajuste es imprescindible". Un ajuste, apostilló García Retegui, "que viene obligado por el presidente Zapatero, porque la Región de Murcia con su despilfarro ha sobrepasado todos los límites del déficit".
   Tras lo que señaló que Zapatero, en esa comparecencia, indicó también que la decisión sobre qué partidas presupuestarias se recortan era competencia de la Comunidad Autónoma, lo que, según Retegui, viene a decir que "los socialistas no avalamos el recorte a los empleados públicos ni a sus derechos sociales".
   Lo que sí avalamos, concluyó la candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, "es que hay que hacer un ajuste, pero mantenemos ese no al recorte social y salarial de los empleados públicos".

Entrevista de Punset en 'Redes', de TVE 2, al científico murciano Dr. García Olmo


MURCIA.- Nacido en la carretera de Alcantarilla, Damián García-Olmo, profesor titular de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y cirujano del Hospital Universitario La Paz, es uno de los científicos españoles que más resultados ha obtenido con el uso de células madre adultas en el tratamiento de diversas enfermedades.

Actual jefe de cirugía y director de la Unidad de Terapia Celular en el  citado Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, pronunció el jueves de la semana pasada en Murcia,  la conferencia  titulada 'Células Madre, cicatrización y cirugía', invitado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.

Tres días después aparecía en el programa 'Redes', de divulgación científica, en La 2 de TVE, entrevistado por Eduardo Punset, dando una lección magistral sobre el tema gracias a una didáctica muy elaborada de profesor universitario. Se puede visionar 'pinchando' en el siguiente enlace:

El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la adjudicación de la concesión del aeropuerto de Corvera


MURCIA.- El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la adjudicación del aeropuerto internacional de la Región que se construye en Corvera. En el anteproyecto de su informe, que está todavía en fase de alegaciones, el Tribunal destaca que el proyecto fue adjudicado con «un alza del 43,62% sobre el presupuesto de licitación» y recuerda que esta circunstancia «implica una infracción» del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado, en el que se recoge que, «si alguna proposición económica excede el precio de licitación, debe ser desechada de la mesa», según 'La Opinión'.

El contrato fue adjudicado a la sociedad promotora del proyecto, Aeromur, que desde 2001 había tramitado los permisos y las autorizaciones previas. El Tribunal recuerda que las obras debían estar acabadas el 24 de julio de 2010, pero en marzo del pasado año sólo se habían ejecutado 17,4 de los 148,2 millones que debían haberse gastado hasta entonces, aunque «no consta la concesión al contratista de prórrogas ni de expedientes de suspensión de las obras que pudieran ampliar esta significativa demora».

El Tribunal no ve claro el criterio seguido para adjudicar el contrato a Aeromur, que dio lugar a un recurso contencioso por parte del grupo constituido por Acciona y la firma murciana Hispa Group. En su informe precisa que el presupuesto de licitación incluido en el contrato ascendía a 185 millones de euros, pero fue adjudicado en 265,9 millones. 

Esta diferencia se debió a las previsiones de Aeromur, «realizadas sobre unas estimaciones de demanda potencial de 5,2 millones de pasajeros para la fase inicial y de 14 millones para la ampliación, ambas muy superiores a las que se habían tenido en cuenta en las actuaciones preparatorias del contrato», que eran de 1,5 millones de usuarios anuales en la primera fase y de tres millones en la segunda.

El Tribunal critica este procedimiento y señala que «la adjudicación del contrato para la construcción del aeropuerto con una capacidad muy superior a las necesidades previstas es contraria, además, a los principios de eficiencia, de economía y de racionalidad del gasto público». Concluye que «la adjudicación del contrato con un importe superior al presupuesto de adjudicación es una infracción del artículo 84» del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Esta decisión tampoco se considera ajustada a los principios de «transparencia, publicidad y objetividad».

Añade que en la adjudicación, obtuvo mejor valoración técnica el otro grupo, mientras que en la valoración económica logró una puntuación más alta Aeromur. El informe considera esto «incongruente» con el retraso del plan de financiación recogido en el contrato, que no pudo llegar a cumplirse debido a los problemas de la concesionaria para conseguir los 200 millones destinados a costear las obras. 

Estas dificultades obligaron a la Comunidad Autónoma a avalar un crédito por este importe en 2010, después de que la obra sufriera un parón de casi un año, «a pesar de que el acuerdo entre el adjudicatario y las entidades financieras fue calificado como «excelente». Aunque el contrato se firmó en julio de 2007, «por diversas circunstancias, entre las que se invoca la crisis internacional, el compromiso de financiación no llegó a materializarse en el plazo máximo de 18 meses», lo que dio lugar a una sanción de 120.000 euros.

Egipto vive la mayor jornada de manifestaciones contra el Gobierno en 30 años

EL CAIRO.- Unas 20.000 personas se han manifestado este martes en El Cairo y varias de las principales ciudades de Egipto en contra del Gobierno, en lo que ha supuesto la mayor jornada de movilizaciones contra el Ejecutivo en los 30 años de mandato del presidente Hosni Mubarak.

   Los manifestantes se han enfrentado a la Policía, que ha utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos para disolver las protestas, unas movilizaciones sin precedentes en las últimas tres décadas e inspiradas en la revuelta popular que supuso el fin del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en Túnez.
   Con gritos como "abajo, abajo, Hosni Mubarak" los manifestantes se han enfrentado a las fuerzas de seguridad y han respondido a los cañones de agua y los gases lacrimógenos lanzando botellas y piedras.
   Algunos manifestantes han perseguido a policías por las calles de El Cairo e incluso un cámara de Reuters ha tenido oportunidad de grabar cómo uno de los policías ha decidido unirse a los manifestantes.
   En la ciudad de Alejandría, los manifestantes han derribado una fotografía del presidente Mubarak y otra de su hijo, Gamal, a quien muchos egipcios sitúan como sucesor de su padre cuando renuncie. Los manifestantes en El Cairo, que se han sumado al llamamiento a la acción realizado por activistas en Internet, han gritado consignas como "Gamal, dile a tu padre que los egipcios te odian".
   La causa de las movilizaciones en Egipto es similar a la que originó las protestas en Túnez: la subida de precios de los alimentos, la pobreza, el desempleo y un régimen autoritario que reprime rápida y brutalmente las manifestaciones.
   "Túnez, Túnez", han gritado los manifestantes en las protestas en todo el país, que podrían haber congregado a unas 20.000 personas o más en El Cairo y en otras ciudades principales.
   Las manifestaciones en Egipto generalmente sólo congregan a unos pocos centenares de personas. El elevado número de asistentes y el hecho de que las manifestaciones se celebren de manera coordinada en varias ciudades como nunca antes había ocurrido supone un hecho sin precedentes desde que Mubarak asumió el cargo en 1981.
   "Lo que está ocurriendo hoy es una importante advertencia al sistema. Es una extensión de las frustraciones contenidas y las protestas continuadas. También es nuevo que haya una nueva generación que está utilizando nuevas herramientas", ha opinado el analista político Nabil Abdel Fattah.
   En su opinión, las manifestaciones podrían ganar empuje si el Estado no acepta las reclamaciones de reformas que piden los manifestantes. Con la mayoría de los grupos de oposición fracturados, los activistas en Internet han liderado el llamamiento a las movilizaciones de este martes, conocidas como 'El día de la ira contra la pobreza y la represión'.
   Con la afluencia conseguida en las manifestaciones de este martes, los activistas 'on line' han demostrado su capacidad para hacer llegar sus llamamientos para el cambio político a una audiencia más amplia. Hasta el momento, el descontento social contra el Gobierno se había limitado a Internet.
   "Estamos reunidos aquí para reclamar nuestros derechos. No podemos vivir. Todo es caro y hay desempleo. Queremos que los precios bajen. Este Gobierno es la razón de nuestro sufrimiento", ha asegurado Ibrahim, un manifestante de 33 años de edad en la ciudad de Mahalla el Kubra, escenario de las revueltas de 2008 por la subida de precios y la escasez de pan subvencionado.
   Además de en El Cairo, ha habido manifestaciones en las localidades de Ismailia y Suez, situadas al este de la capital, y en otras ciudades del delta del Nilo como Mansoura y Tanta y en el norte del Sinaí.
    "¿Dónde estás, libertad?", ha sido el grito de los manifestantes en Ismailia, mientras que los congregados en Alejandría han proclamado consignas como "Revolución, revolución, como un volcán, contra Mubarak el cobarde". Cuando han comenzado los enfrentamientos en la capital egipcia, los manifestantes han reclamado a los Policías que no actuaran con violencia. "Mantened la paz. Nadie tira nada", han gritado.
   Algunos de los manifestantes han ironizado con el destino que le esperará a Mubarak, similar al del derrocado presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí, que dejó su país para refugiarse en la vecina Arabia Saudí. "Mubarak, Arabia Saudí te espera", han proclamado.
   Una fuente de seguridad ha informado de que han sido detenidas quince personas en la capital, mientras que otra fuente ha asegurado que dos oficiales han resultado heridos en Suez por piedras lanzadas por los manifestantes. La Policía se ha llevado a algunos manifestantes a sus vehículos, según testigos.
   En el norte de Sinaí, fuentes de seguridad y testigos han explicado que decenas de manifestantes que han quemado neumáticos y han bloqueado la carretera que lleva a Rafá, en la frontera con Gaza, han reclamado la liberación de prisioneros. Esta zona está sometida a la tensión entre beduinos y Policía.
   Antes de la celebración de las manifestaciones en El Cairo y las principales ciudades del país, el ministro del Interior, Habib al Adli, había asegurado, en una entrevista concedida a un periódico estatal, que se actuaría con firmeza contra cualquier persona que incumpla la Ley y que los manifestantes serían arrestados.
   Uno de los oficiales de seguridad que ha estado trabajando en las protestas en El Cairo habría asegurado que tienen órdenes de no enfrentarse a los manifestantes, según se ha podido escuchar en una de sus conversaciones por móvil.
   Los analistas políticos confiaban en que las autoridades de El Cairo mostraran una actitud más tolerante por miedo a provocar un descontento social como el que sufrió Túnez hace unas semanas y que acabó con 23 años de régimen presidido por Zine el Abidine Ben Alí.

El Ejército tunecino dispara al aire

Fuerzas militares tunecinas han disparado este martes al aire para dispersar a cientos de manifestantes en la ciudad de Gefsa, en el centro del país, según han declarado los testigos, que han añadido que una persona se ha prendido fuego en el interior de las oficinas de un sindicato regional.
   Se trata de la primera vez desde la caída del presidente Zine al Abidine Ben Alí en que el Ejército interviene en una manifestación. Esta intervención llega un día después de que las Fuerzas Armadas tunecinas se comprometiesen a respetar la revolución en marcha.
   Las protestas en Túnez se iniciaron después de que el joven Mohamed Bouazizi se inmolase el pasado 19 de diciembre en protesta contra las autoridades. Su gesto ha sido repetido en otros países árabes y en el propio Túnez como un símbolo de queja contra los gobiernos.

La sociedad tunecina no considerará que el proceso democratizador que se está desarrollando en el país ha concluido mientras no se disuelva el nuevo Gobierno interino y se ilegalice el partido del presidente depuesto Zine el Abidine Ben Alí, según las conclusiones de una misión internacional de observación de la Red Euro-Mediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
   La REMDH ha constatado que los acontecimientos ocurridos entre el 17 diciembre y el 15 de enero constituyen un "alzamiento independiente del pueblo tunecino, exasperado por la falta de libertad, de justicia social y de democracia, así como por la constatación de una corrupción sin precedentes en beneficio de un clan familiar y político".
   Una delegación de esta agrupación formada por unas 60 asociaciones pro Derechos Humanos de distintos países, muchas de ellas tunecinas, se entrevistó en la capital del país magrebí entre el 18 y el 22 de enero con representantes de asociaciones de la sociedad civil, sindicalistas, magistrados, periodistas y representantes de los ministerios de Justicia e Interior, entre otros.