viernes, 4 de febrero de 2011

El SIDI presenta el primer recurso contra la conocida como 'ley Valcárcel'

MURCIA.- El Sindicato Independiente (SIDI) ha presentado este viernes, en su nombre y en el de 1.029 funcionarios, el primer recurso contra la Ley 5/2010 de 27 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocida ya como 'ley Valcárcel', según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

   De este modo, en el citado recurso se pide que no se aplique la ley y que se reconozca el derecho de los funcionarios docentes, y en especial a los reclamantes en este escrito, a que no se les recorte el salario en 75 euros mensuales y, por ende, se proceda a devolver las cantidades ya descontadas de sus nóminas por este concepto desde enero de 2011.
   Asimismo, se pide reconocer el derecho de los funcionarios docentes a que sus permisos retribuidos se cuenten por días hábiles y no por días naturales; se reconozca el derecho a realizar su formación en horas de trabajo y que esas horas se les compute como tiempo de trabajo; a que no se les aumente la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, y hasta que esto suceda que se les abone como horas extraordinarias las 2,5 horas semanales realizadas en exceso de las 35 horas semanales, desde el 1 de enero de 2011.
   Finalmente, declaran el derecho de los funcionarios docentes a que se les entregue una cantidad equivalente al 1 por ciento de su masa salarial anual, por cuanto esta es la cantidad que los funcionarios docentes dedican al Plan de Acción Social afectado por esta Ley, y al que no van a poder presentar solicitudes de ayuda ni por lo tanto recibirlas.

¡Queremos una auténtica Área Marina Protegida en Cabo Tiñoso!

MURCIA.- La Región de Murcia está tramitando el Decreto de creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso (Cartagena), una de las zonas más importantes por su biodiversidad marina de todo el Estado.  
La última propuesta presentada ha reducido en un 95% la superficie inicial debido a la presencia de zonas de fondeo de buques, a pesar de que no es incompatible con la Reserva Marina.

Pide al Ministro de Fomento y a la Ministra de Defensa que apoyen la creación de un Área Marina Protegida en la zona de Cabo Tiñoso, con la superficie inicialmente propuesta. Si deseas participar en esta ciberacción, accede al siguiente enlace:

http://www.ciberactuacongreenpeace.es/index.php?cyberid=114&userid=76805&auth=306Y1DS4ETQX3S2FVSSMB4URE

Gracias,
Greenpeace.
ciberacciones@greenpeace.es

Firma contra la impunidad Firma contra la impunidad de quienes agreden, acosan y persiguen a quienes defienden el planeta.
http://ecologistasenaccion.org/article19665.html

Oñate exige al Gobierno regional que diga "toda la verdad a los ciudadanos sobre la encuesta encargada a Cemop"

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM y diputado regional, Francisco Javier Oñate, ha exigido al Gobierno regional que "diga toda la verdad a los ciudadanos sobre la encuesta encargada a Cemop", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   De este modo, advirtió que "el PSOE sabía que hay una encuesta encargada por el Gobierno regional al Cemop que daría como resultado que el Partido Popular sufriría una espectacular bajada de 8,5 puntos en intención directa de voto, encuesta cuya publicación ha sido prohibida por el propio Gobierno regional".
   El diputado socialista considera que "el objetivo del Partido Popular y del Gobierno de la Región es engañar a los electores para que tengan una opinión distinta a la realidad de cómo son las cosas, e intentar así desmotivar y desmovilizar a los votantes de izquierda que hay en la Región".
   Por ello, exigió al Gobierno regional que ofrezca toda la información, para que "se sepa toda la verdad, aunque los resultados de la encuesta no le sean favorables, en vez de intentar dar gato por liebre a los ciudadanos".
   "No se puede hacer un uso partidista del dinero público", añadió el diputado, quien considera que el Gobierno regional "podría estar obligando a una empresa a la que subvenciona a una manipulación de las expectativas electorales a su favor".
   Oñate insistió en que se debe facilitar los datos a todos los partidos, sobre todo si el estudio "está pagado con dinero público, tanto los datos brutos de ese barómetro regional que existe, y también los datos de ese barómetro municipal "que no sabemos con seguridad si existe".
   Al hilo, llamó la atención de que esa posible encuesta municipal esté basada únicamente en 241 entrevistas, cuando "cualquier sociólogo sabe que en un municipio de más de 100.000 habitantes, la muestra debería ser de al menos 600 entrevistas para que tenga algún valor".  
   "Además se ha dado con un error de un 6 por ciento en la muestra que, sumado, podría dar una variación en intención de voto de hasta un 12  por ciento, y es sabido que con ese margen no es serio hacer una atribución de escaños ni de concejales", añadió.
   Oñate instó a los periodistas a "que pregunten a la empresa por qué en "la cocina" han sumado un 15 por ciento en intención de voto al Partido Popular y sólo 1 por ciento al PSOE". En su opinión, "le han regalado un 14 por ciento al PP para poder decir lo que han dicho, que es una gran mentira".
   En su opinión, "hay dato encerrado y tenemos derecho a saber la verdad de esa encuesta, la que el presidente Valcárcel dice conocer y sus empleados dicen que no existe. Que la conozcan todos los murcianos", finalizó.
   Finalmente, se refirió al barómetro afirmando que "está basado en un número insuficiente de encuestas, y que tendría una parte muy importante de cocina para favorecer al Partido Popular e impedir una proyección en concejales del PSOE".

USO denuncia a Leroy Merlin por negarle a una empleada la reducción de jornada para cuidar a su bebé

MURCIA.- Los Servicios Jurídicos de la Unión Sindical Obrera -USO- de la Región Murciana han interpuesto una demanda ante el Juzgado de lo Social de Murcia en reclamación de derecho de reducción de jornada por guarda legal contra la Empresa Leroy Merlin, S.L a instancia de una trabajadora de la misma.

   Según han informado fuentes sindicales en comunicado de prensa, dicha trabajadora solicitó y comunicó a la empresa Leroy Merlin, S.L. ubicada en el Centro Comercial de La Nueva Condomina, la necesidad de acogerse a la reducción de jornada motivada por la guarda y custodia de un hijo menor de un año, expresando en dicha comunicación que el nuevo horario con la reducción pasaba a ser de 9.00 a 14.00 horas, afectando en la misma proporción reductora a su salario.
   Al parecer, la empresa denegó esta solicitud basándola en que es en el horario de tarde cuando se producen mayores ventas.
   La USO entiende que el Art. 37, 5 del Estatuto de los Trabajadores es claro en este tema dice textualmente que "quien por razones de Guarda Legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella", continuando en que "la concreción horaria de la reducción de la jornada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria".
   Es por ésto, por lo que los Servicios Jurídicos de la USO también solicitan la citación del Ministerio Fiscal por tratarse de reclamación de un derecho fundamental.

La producción industrial murciana decreció un 8,5% en 2010

MADRID.- El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,9% en 2010 respecto a 2009 gracias al incremento de los bienes intermedios, que experimentaron un ascenso del 2,7%, la energía, que alcanzó el 2,6% y los bienes de consumo no duradero, que llegaron al 1,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese índice indica un decrecimiento del 8,5% de la industria murciana durante el pasado año.

   Es el primer dato anual positivo tras haber caído la producción industrial en los dos años anteriores. No obstante, el IPI relativo a los bienes de consumo duradero cayó un 7,5%, al igual que la de los bienes de equipos, que descendió un 3,3%.
   Respecto al mes de diciembre, la producción industrial experimentó un ascenso del 0,5% respecto al mismo mes del año anterior. La tasa del último mes del año fue de más de dos puntos y medios por debajo de la registrada en noviembre, cuando la producción industrial creció un 2,7%.
   Una vez descontado el efecto calendario, la variación interanual de la producción industrial fue del -0,1% en diciembre, casi tres puntos inferior a la del mes anterior.
   El repunte de la producción industrial en diciembre fue consecuencia, por su mayor repercusión en el índice, de la subida de la producción de la energía en un 4,6%, fundamentalmente en los sectores de producción, transporte, distribución de energía eléctrica y refino de petróleo.
   También contribuyeron al incremento interanual del IPI en diciembre los bienes de consumo no duradero, que registraron una tasa anual del 1,9%, como consecuencia fundamentalmente del crecimiento en la fabricación de las especialidades farmacéuticas y en la de aceites y grasas vegetales y animales. Por su parte, los bienes de equipo descendieron un 3,8% como consecuencia de la caída en la fabricación de elementos metálicos para la construcción.
   Por comunidades autónomas, la producción industrial experimentó en diciembre variaciones interanuales positivas en nueve de ellas, entre las que destacan Cantabria (+14,1%), Asturias (+11,2%) y Andalucía (+5,6%). Por su parte, Galicia y Murcia fueron las que presentaron las mayores tasas negativas, con caídas del 9,4% y del 8,5%, respectivamente.
   En el conjunto de 2010, diez comunidades autónomas experimentaron un incremento de la producción industrial, destacando Cantabria (+7,8%) y Navarra (+7,2%) con las mayores subidas.

Llamamiento a la convergencia y a la acción: ¡hay que hacer frente al abuso!

 
Estimado amiga y estimada amigo:

Un grupo de personas preocupadas por la situación política y por las amenazas que se ciernen sobre sectores cada vez más amplios de la población sentimos la necesidad de tomar la iniciativa. Pensamos que ha llegado el momento de impulsar un proceso de acercamiento y convergencia de todos los sectores y sensibilidades de la izquierda para ir conformando una respuesta unitaria y eficaz a la situación que vive nuestro país de países.

Nuestra pretensión es muy abierta pero muy clara. Estamos convencidos de que es imprescindible promover la más amplia confluencia de fuerzas de la izquierda social y política frente a la ofensiva neoliberal que estamos sufriendo. Esta ofensiva probablemente no va a remitir en los próximos tiempos sino todo lo contrario.

Creemos que es necesario ir construyendo consensos para definir valores y políticas que permitan defender el bienestar colectivo, la justicia social, el desarrollo sostenible y las libertades democráticas en estos momentos críticos que estamos viviendo. Es sólo un comienzo pero un comienzo necesario para empezar a articular una contraofensiva al neoliberalismo dentro del actual panorama de la izquierda en nuestro país.

Para darle el primer impulso a este proceso, aprobar el programa mínimo antineoliberal y lanzar el proceso de conformación de mesas para la convergencia ciudadana en todo el Estado, hemos convocado una Asamblea el próximo día 19 de febrero a las 11.00 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, Calle Lope de Vega nº 40.

Somos conscientes de que una convocatoria de este tipo no es muy frecuente. Pero existe una posibilidad real, hasta ahora tenida por imposible, de que se produzca una regresión dramática de las conquistas sociales, democráticas y culturales de los últimos treinta años. Está en juego, además, la propia existencia de la izquierda como actor político relevante. Por ello confiamos en tu responsabilidad y en tu generosidad en unos momentos tan importantes como los que estamos viviendo.

Un saludo cordial

El grupo promotor de la iniciativa
Juan Torres López, Manolo Monereo, Ricardo García Zaldívar, Carlos Martínez García, Armando Fernández Steinko, Roberto Viciano, Carlos Ruiz Escudero

 ***


Las mujeres y hombres que firmamos este llamamiento lo hacemos porque creemos que es urgente despertar la conciencia de la opinión pública, es urgente que la ciudadanía pase a la acción. Creemos imprescindible actuar cuanto antes para frenar los abusos que se están cometiendo contra los trabajadores y trabajadoras, contra los que ni siquiera han tenido la oportunidad de serlo como es el caso de millones de mujeres, contra los pensionistas o contra los pequeños y medianos empresarios que también padecen los abusos de la banca y de las grandes empresas.

Firmamos este llamamiento para denunciar las amenazas que se ciernen no solo sobre la economía, sino sobre la democracia (porque cada vez cuenta menos la opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayoría de la población (porque se está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa de ella y disponen de menos recursos).

Y lo hacemos para promover la convergencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones políticas, sindicales, sociales, no gubernamentales o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí débil Estado de Derecho en el que vivimos.
 
Las fuerzas políticas que defienden las políticas que se vienen aplicando, los gobiernos que han decidido no enfrentarse a los poderes financieros y numerosas instituciones nacionales e internacionales están haciendo recaer el principal coste de la crisis sobre sus víctimas, sobre la mayoría de la población, sobre las clases trabajadoras, los pensionistas y trabajadores autónomos. Su única receta para salir de la crisis es la reducción de sus ingresos, el recorte de sus derechos sociales y laborales, el sacrificio del Estado del Bienestar y el estrangulamiento de pequeños y medianos empresarios que no disponen de los mismos recursos que las grandes empresas para hacer frente a la crisis. Gracias a su enorme influencia política y mediática extorsionan a los gobiernos elegidos y logran hacer creer a la mayoría de la gente que su versión de la crisis y sus recetas son las únicas posibles para conseguir salir de ella.
 
Los gobiernos de derechas, y también algunos de base social progresista como el español, están capitulando frente a esos poderes que ahora llaman "los mercados" pero que en realidad son los intereses endogámicos de los propietarios de las grandes empresas y entidades financieras. Han renunciado a ser expresión de la soberanía popular y desmovilizan a la ciudadanía diciéndole que nada se puede hacer frente a ellos.
 
También queremos denunciar con este llamamiento el engañando de la ciudadanía porque lo cierto es que existen otras formas mucho más realistas de interpretar el origen de la crisis, existen políticas más eficaces para salir de ella, políticas que no provocarían otra más grande en poco tiempo y que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen. Expertos y expertas de todo el mundo y la propia Asamblea General de las Naciones Unidas demuestran que esas alternativas existen y que serían viables si los gobiernos decidieran ponerlas en marcha.

Lo que está ocurriendo es una inmoralidad flagrante y contraria a los principios más elementales de la democracia y de la justicia social. Pero si se quiere evitar no se puede hacer frente a esta situación con el silencio, con la desunión entre las personas que se sienten comprometidas con la justicia social y con la dignidad de todos los seres humanos. No es posible hacer frente a esta situación sin un consenso amplio, coordinado y sin exclusiones entre quienes se oponen a ella y sufren sus consecuencias.
 
Por eso hacemos este llamamiento urgente a todas las personas, organizaciones, movimientos y grupos comprometidos con la justicia, la democracia y la transformación social, a todos aquellos y aquellas víctimas de esta situación para que converjan en un espacio unitario de lucha y de denuncia alrededor de un programa inicial de mínimos. Este programa es un comienzo y podrá ser desarrollado en los próximos meses. Proponemos el siguiente.
 
a) Inmediata elaboración y dotación presupuestaria de un plan de urgencia por la igualdad como base de lucha contra la crisis y basado en la lucha contra la exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la violencia de género. En concreto, inmediata puesta en marcha de normas ya aprobadas y no aplicadas y otras de nueva creación para garantizar la plena integración de las mujeres en el empleo de calidad y en la sociedad, así como la de los hombres en el ámbito del  espacio privado: permisos por nacimiento y adopción iguales e intransferibles para ambos progenitores; universalización del derecho a la educación infantil pública y asequible desde los cero años; implantación general de la semana laboral de 35 horas y racionalización de horarios, prestaciones especiales para las familias monoparentales; eliminación de las barreras para el acceso al crédito de las mujeres y supresión de todos los incentivos para la permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (declaración conjunta en el IRPF, incentivos al tiempo parcial, excedencias no pagadas, prestación por cuidadoras en el entorno familiar, pensión de viudedad vitalicia, etc…).
 
b) Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar que cientos de miles de familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por las entidades financieras que han provocado la crisis. Revisión de las operaciones abusivas cometidas por la banca en los últimos años e indemnización a los clientes por los daños y pérdidas ocasionados.
 
c) Puesta en marcha de un plan de financiación urgente y extraordinaria de trabajadoras y trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas para garantizarles recursos suficientes que les permitan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo. Para ello es imprescindible la paralización o derogación de todos los proyectos o medidas adoptadas para entregar las cajas de ahorros al capital bancario privado; nacionalizar aquellos bancos y cajas de ahorros que no cumplan con la función de financiar la actividad productiva así como la creación de una banca pública de nuevo tipo sometida a principios éticos y de servicio público.
 
d) Anulación de las reformas emprendidas para debilitar el sistema público de pensiones y apertura de una negociación sobre el futuro del sistema que no ponga sobre la mesa los recortes en el gasto sino estrategias para aumentar los ingresos del sistema de la seguridad social mediante la creación de empleo y especialmente del femenino, el incremento de la productividad y, sobre todo, mediante la recuperación del peso que han perdido los salarios en el renta nacional en los últimos quince años.
 
e) Puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la tributación sobre las grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficios de los bancos, de las grandes empresas, y sobre las transacciones financieras especulativas.
 
f) Adopción de un plan urgente contra la economía sumergida, contra el fraude y la evasión fiscal así como prohibición inmediata de la actividad de los bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fiscales.
 
g) Renegociación del pago de la deuda pública generada por la crisis bancaria primando los intereses generales del Estado y de la sociedad.
 
h) Impulso inmediato de los programas de gasto social imprescindibles para lograr que se reactive la economía española equiparándolo en todo el territorio nacional a la media europea en educación, sanidad, pensiones, servicios de dependencia e igualdad. Puesta en marcha de un plan de austeridad orientado a la reducción de gastos superfluos en la administración que no son precisamente, como afirman la derecha y los grandes grupos empresariales, los que merman el autogobierno, la defensa de los trabajadores y trabajadoras o el funcionamiento de las instituciones en las que se basa la democracia moderna.
 
i) Rechazo claro del gobierno de las actuaciones antidemocráticas de la burocracia europea, de su connivencia con los intereses financieros y de sus continuos ataques contra la soberanía de los estados y de los pueblos. Exigencia de un mayor peso del Parlamento europeo en la toma de decisiones, de un funcionamiento verdaderamente democrático de las instituciones europeas y la supeditación del Banco Central Europeo a los objetivos de creación de empleo y bienestar en Europa.
 
Pero los buenos argumentos no bastan, hay que poner los medios para difundirlos y para que transformen en actos. Para ello, para crear un nuevo estado de opinión en todo el país y poder pasar a la acción de forma efectiva y coordinada, también hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se agrupe y organice sobre bases unitarias.
 
Para ello llamamos a la creación inmediata de Mesas de Convergencia Ciudadana en todos los barrios, en todos los pueblos y localidades y en todos los centros de trabajo. Estas mesas tienen tres objetivos. El primero es que los ciudadanos de buena voluntad se sienten a deliberar desde la pluralidad, pacífica y democráticamente, sean o no miembros de partidos, de sindicatos o de cualquier otra organización, que lleguen a acuerdos y consensúen posturas y argumentos erradicando el sectarismo. 

El segundo objetivo es informar al resto de la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de la crisis,  desenmascarar a sus verdaderos culpables y difundir las propuestas alternativas. 

El tercer objetivo es impulsar acciones conjuntas para exigirle a los poderes públicos locales, autonómicos y estatales soluciones justas y democráticas a la situación creada, soluciones que no estén basadas, como está ocurriendo, en el recorte de derechos y recursos de los débiles, sino en los principios elementales de responsabilidad, de equidad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
 
La iniciativa de convergencia unitaria y democrática a la que llamamos no pretende ni debe suplantar las iniciativas de partidos y organizaciones políticas, culturales y sindicales contra el neoliberalismo que ya están en marcha. Todo lo contrario. Quiere potenciarlas y hacerlas más eficaces poniéndolas en común, fomentando la comunicación entre todas ellas, generando un clima para el entendimiento, para la discusión constructiva y para las iniciativas conjuntas. 
 
Para poner todo esto en marcha, para divulgar nuestra invitación a la acción y para organizarla, convocamos a toda la ciudadanía a un encuentro estatal el próximo día 19 de febrero de 2011 a partir de las 11 horas en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid sito en la Calle Lope de Vega nº 40 e invitamos a quienes estén de acuerdo con nuestros propósitos y compartan nuestro compromiso, a suscribir este llamamiento en el espacio de la red que figura a continuación, espacio en el que iremos informando sobre el desarrollo de la iniciativa.  

El gran asalto a las cajas / Albert Recio Andreu *

En mi infancia me enseñaron que las Cajas de Ahorros eran una institución distinta a los bancos. En mi ciudad aún estaba vivo el recuerdo de la quiebra del Banco de Barcelona que había arruinado a personas modestas. Las cajas, en cambio, eran vistas como instituciones no especulativas, defensoras del ahorro de los menos ricos, instituciones amigas del entorno (en las escuelas de mi barrio eran habituales los premios en forma de pequeños depósitos: los escolares ahorrábamos sumas modestas mediante la compra de unos sellos pensados para alentar una cultura de la responsabilidad). 
 
Esta figura de las cajas como instituciones sociales empezó a quebrar con la liberalización financiera de principios de los ochenta y la transformación de estas instituciones en operadores financieros normales de la mano de una camada de dirigentes formados en las escuelas de negocios. 
 
Aunque resulta evidente que se ha ido difuminando su diferencia con los bancos, ésta ha persistido en ciertos aspectos: las condiciones laborales, los retornos a la comunidad (pese a que hay mucho de criticable en las obras sociales de las cajas, sobre todo de exceso de acciones publicitarias, salen bien paradas cuando se las compara con los bancos privados) e incluso la implicación en la financiación del tejido productivo local. (No era impensable que una mayor democratización de sus órganos directivos las hubiera podido convertir en impulsoras a gran escala de la economía social). Por ello, con todos sus aspectos criticables, seguían apareciendo, a ojos neoliberales, como una “peligrosa anomalía económica”.

Por tanto, hacía tiempo que las cajas españolas estaban en el punto de mira de los funcionarios del gran capital financiero. Ellas mismas han contribuido a su desmatelamiento con errores propios, especialmente el de subirse al carro de la especulación inmobiliaria a gran escala. Si la gran banca española está saliendo mejor parada de la crisis que las cajas no es tanto por su “eficiencia” como porque su internacionalización previa (explotando chollos financieros como el de las pensiones privadas latinoamericanas) les ha permitido compensar los problemas locales.
 
La crisis actual esta siendo, para los intereses dominantes, como el cerdo: todo resulta aprovechable. Y tras el mercado laboral y las pensiones ahora toca que las cajas sean “reformadas” (seguramente con el caluroso apoyo de algunos de sus directivos formados en cualquier “Business School” local o yanki y esperanzados con que con la transformación podrán obtener los generosos “bonus” que reciben las cúpulas bancarias). 
 
La secuencia del proceso constituye en sí misma una maniobra clásica de golpe de estado: primero se dice que deberán alcanzar un determinado grado de solidez financiera, después se anuncia que ésta deberá ser superior a la de los bancos (ya se sabe: la economía social es menos fiable y hay que asegurarse) y finalmente se afirma que las entidades que no alcancen dicha solidez serán “nacionalizadas” (o sea que pasarán por un programa de saneamiento financiado por la colectividad) como paso previo a su venta total o parcial a inversores privados. También pueden acortar el camino y optar de entrada por la venta al capital privado (es lo que ya ha anunciado la Caixa, una de las instituciones más sólidas). 
 
Vistas en perspectiva, las tormentas financieras recientes que asolaron al país parecen ser el mismo tipo de maniobras de amedrentamiento que realizan los “señores de la guerra” o las mafias cuando quieren conseguir que alguien les ceda un activo o les “solicite” protección.

Si la rendición final se produce —en estos tiempos casi todo lo indeseable acaba por ser inevitable— estaremos expuestos a nuevos problemas. De una parte, toda la experiencia anterior de liberalizacion financiera y de privatización en lugar de redundar en la pretendida competencia creativa se ha traducido en un mero proceso de oligopolización económica. Esto ha ocurrido claramente en el sector bancario, donde hemos acabado, como en la liga de fútbol, con sólo dos grandes grupos. 
 
Y también ha pasado en el resto de sectores privatizados. No hay ninguna razón para que esto no vuelva a ocurrir con las antiguas cajas. Quizás lo único que ganaremos es que a todo el mundo le queden más claros quiénes son los “amos” del país. La otra posibilidad es que, al menos en un plazo inmediato, la privatización sea una puerta de entrada de los fondos financieros, siempre ávidos de entrar en aventuras cortoplacistas. 
 
Y sus efectos especulativos se pueden dejar sentir en muchos campos: nuevas operaciones especulativas en el campo financiero, tratamiento más duro de la clientela e incluso impactos negativos en las redes de empresas locales que aún dependen de las cajas. Teóricamente las cajas preservaran su obra social mediante el cobro de dividendos de sus bancos participados, pero la pérdida de control de la gestión directa refuerza la posibilidad de que estos ingresos disminuyan por cambios en las políticas de gestión (retribuciones a los altos directivos y a los inversores privados, desvíos de fondos mediante operaciones financieras “ad hoc”, etc.)

Aunque el final parece inevitable hay que seguir insistiendo en que la participación pública en las entidades debería ser el embrión de una nueva banca pública y no una mera etapa hacia la privatización. Y deberíamos plantear directamente la cuestión a “nuestros” teóricos representantes en los consejos de las cajas (representantes de sindicatos, impositores, corporaciones locales) para que reviertan el proceso. Porque el triunfo de los mercados es en gran parte el producto de la dejación de responsabilidades de los presuntos representantes de los intereses colectivos.
 
(*) Doctor en Economía y profesor titular del Departamento de Economia Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

"La quimera del ladrillo. Murcia despierta" - Vídeo de Carlos Belmonte

Parte 1
Parte 2
Parte 3

El abogado Diego de Ramón insta a Hacienda a no mandar ni un duro más a Sotoca

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha instado a la ministra de Economia y Hacienda, y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, a que práctique una auditoría a la Consejeria de Educación, Formación y Empleo y suspenda, si lo considera oportuno, las transferencias económicas a la Comunidad Autónoma de Murcia, hasta tanto no se depuren responsabilidades personales de políticos y funcionarios.

De Ramón se ha dirigido, igualmente, y en el mismo sentido, al presidente del Consejo de Política Territorial Económica y Financiera así como al director general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y al subdirector general de Política de Financiación a las Comunidades Autónomas.


Sostiene De Ramón su petición en que 'se ha agravado el funcionamiento anormal de los servicios públicos de enseñanza y contratación en la citada Consejería de Educación, Formación y Empleo, por lo que pido respuesta a la ministra (quien todavía no ha tenido conocimiento de esta denuncia administrativa) para que sea auditada y examinada antes de transferir los fondos económicos de todos los españoles".

En su escrito, De Ramón solicita se evaluen previamente todas la contrataciones en materia de obras realizadas en colegios, institutos, polideportivos, guarderías, conservatorios, formación y empleo.

Finalmente, pide se abra de forma inmediata dicha investigación, como medida de transparencia, eficacia y legalidad de los Fondos del Estado transferidos para la Consejeria de Educación, Formación y Empleo.

CCOO plantea la posibilidad de una Huelga General en Murcia si el Gobierno regional no da un giro

MURCIA.- CCOO ha advertido que en el caso de que el Gobierno regional no dé un giro en su posición y el texto alternativo que se ha comprometido presentar en la próxima reunión con los sindicatos, que se celebrará el martes a partir de las 9.00 horas, no recoja aquellos aspectos que consideran fundamentales "se continuarán con las movilizaciones y las presiones hasta que se consiga un escenario distinto, incluyendo la posibilidad de una Huelga General".

   Así lo ha manifestado el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, quien ha confirmado que desde la Comunidad, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, se ha comprometido a presentar en el próximo encuentro "un texto alternativo".
   Y es que, ha explicado, Sotoca "ha planteado al final que este modelo de negociación de ir artículo por artículo no nos conducía a ningún sitio, ya que no se puede valorar en su conjunta la ley de recortes".
   Sobre este texto alternativo, los sindicatos han reclamado que incluya "la modificación sustancial de aquellos aspectos que son más dañinos para los trabajadores".
   Todo ello como consecuencia de que el Gobierno regional, en la reunión celebrada este jueves, "haya hecho muy pocas propuestas en materias muy reducidas, que eran los artículos que ya hablamos la pasada semana y en lo más importante, la articulación de la jornada de trabajo, no había ningún avance y sí en pequeñas materias de menor importancia".
   "Se pretende que se trabaje más tiempo, que sea igualmente de productivo y que se cobre menos dinero", ha criticado Bueno, para después recordar que éste es el núcleo central de la reforma y que no aceptan, por lo que esperan que desde el Gobierno regional "se consideren otras alternativas en materia económica y permita dar una nueva orientación a la ley en materia de personal".
   Desde CCOO, su secretario general se ha mostrado cauto y prefiere esperar para ver en qué términos plantea el Gobierno murciano ese texto alternativo y si recogerán las demandas "importantes y los temas más trascendentales o será un intento de dar un maquillaje a la ley".
   Pese a todo, la sensación que se respira desde los sindicatos es positiva, en el sentido de que se muestran esperanzados en que el Ejecutivo murciano "tendrán capacidad real de modificar sustancialmente la ley como ha estado diciendo, pero no lo sé".
   Los ánimos son de preocupación por el "poco avance que se ha dado hoy", aunque también de expectación para ver lo que pasa el martes, puesto que hasta ese día, el Gobierno regional "tiene tiempo para reflexionar sobre el tema y si realmente nos podemos aproximar a un cambio profundo de la ley".
   Los sindicatos han acordado dar un "margen de confianza" al Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel para ver "si sorprende con una propuesta de modificación de la ley que cumpla los requerimiento que le estamos haciendo".
   Un voto de confianza que, según ha precisado Bueno, "no es un ultimátum, porque en estas cosas no lo hay, pero sí presiones de todo tipo, estando firmes en la defensa de intereses legítimos", porque, ha insistido, la voluntad sindical es la del consenso y negociación.
   Sin embargo, ha advertido que se trata de una negociación "desigual" por cuando al otro lado de la mesa se encuentran con una ley aprobada en la Asamblea Regional y no se parte de una "ley en blanco, lo que nos da muchas dificultades".
   En el caso de que en el encuentro de este martes no haya acuerdo, los sindicatos valorarán en función del texto que se les presente, aunque Bueno ha dejado claro que continuarán con las movilizaciones y aquellos mecanismos que consideren más precisos.
   "Seguimos con la agenda de movilizaciones que teníamos planteada, hoy habrá encierros en 80 colegios y posiblemente la próxima semana otra manifestación", ha desvelado.

El Sindicato Médico mantiene la huelga para el 22 de febrero y dice que la jornada laboral es "decisiva" para un acuerdo

MURCIA.- El presidente del Sindicato Médico de Murcia (CESM), Francisco Miralles, ha dicho que mantiene la convocatoria de huelga general para el próximo 22 de febrero en el sector sanitario en caso de que no "haya acuerdo" respecto a la negociación sobre la Ley de recortes, y ha afirmado que el tema de la jornada laboral es "decisivo" para alcanzar un acuerdo al respecto.

   Al hilo, ha puntualizado que la huelga está impulsada exclusivamente por el CESM al ver que el proceso de diálogo "no tiene el avance suficiente". Para desconvocar esta movilización, ha dicho que tiene que haber "acuerdo". Así, ha advertido que no condiciona este acuerdo "a nada" y sólo a que lo que haya encima de la mesa sea suficiente para que los médicos puedan aceptarlo.
   Miralles ha dicho que la Administración "está realizando una serie de propuestas en una buena línea encaminadas a que haya unas modificaciones en la Ley que puedan favorecer un acuerdo", y que el Sindicato ve "con buenos ojos".
   No obstante, ha afirmado que "todavía sigue habiendo una posición conjunta del CESM y del resto de los sindicatos en el sentido de que no es necesario de tener que aplicar la jornada de 37 horas y media porque el ahorro que supuestamente se iba a conseguir, respecto a la jornada de 35 horas, no es tanto como el que se pretendía".
   A su juicio, definir el tema de la jornada "debe ser decisivo para que haya un consenso o no" y, en su opinión, "puede ser definitivo para que pueda haber un acuerdo con la Administración", aunque ha dicho que no puede "hablar por los demás".
   Miralles ha dicho que "parece que hay voluntad del Gobierno de que haya consenso de retirar esas cuestiones que sonaban un poco antisociales".
   El presidente del CESM ha rechazado hacer más declaraciones porque no desea ser "protagonistas" de esta reunión, y aboga porque el protagonismo sea "a favor de que haya acuerdo".

UPyD exige que la Asamblea Regional suprima el Plan de Pensiones de los diputados regionales

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado que la Asamblea Regional "mantenga un plan de pensiones para sus diputados", por lo que ha exigido que el mismo se suprima. 

   Y es que, ha enfatizado, "en un momento de profunda crisis y con los recortes a los empleados públicos encima de la mesa, no es lógico ni razonable que la Asamblea Regional esté destinando casi 200.000 euros al año para financiar los planes de pensiones de los diputados"
   UPyD ha presentado desde hace meses propuestas sobre "la supresión de los privilegios en pensiones y sueldos vitalicios de los diputados nacionales y de los distintos parlamentos autonómicos".
   En esa misma línea, desde UPyD Región de Murcia se enmarca la solicitud de la supresión del plan de pensiones "como una medida de austeridad y ejemplarizante en un momento especialmente crítico para la sociedad murciana".

Los sindicatos tachan de decepcionante la cuarta ronda de negociación con la Comunidad Autónoma

MURCIA.- La cuarta reunión de negociación entre sindicatos y Comunidad Autónoma sobre la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas ha concluido sin avances, según han informado fuentes sindicales en comunicado de prensa.

   Así, el sindicato Sterm-Intersindical se ha mostrado "decepcionada" porque, según explica su secretario, Toni Carrasco, "no hay ningún avance en el desarrollo de las conversaciones entre las organizaciones sindicales y la Administración regional".
   Aunque asegura que el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, se ha comprometido a presentar un documento alternativo el próximo martes para la modificación de la Ley, "que haga más creíble el escenario de la negociación".
   Y es que, efectivamente, "no ha resultado fructífero el tiempo empleado por el Gobierno regional en presentar propuestas alternativas a la redacción de los artículos 1 al 6 del Título Primero de la Ley", denuncia.
   Sus propuestas han obtenido una respuesta contundente por parte de todas las organizaciones sindicales, que ya habían advertido, empleando el mismo código manejado por el consejero Sotoca, cuáles eran sus líneas rojas, es decir, "derechos sociales, derechos de horario, derechos retributivos y la Incapacidad Temporal".
   Al respecto, el secretario de UGT, Antonio Jiménez, en declaraciones a Onda Regional,  ha subrayado que "la Administración regional no ha venido aquí con una valoración ni cuantificación de las medidas alternativas que quiere introducir" a la Ley.
    De hecho, apuntó tras más de dos horas de encuentro que "la medida que quieren introducir en relación con la incapacidad transitoria creemos que puede suponer un coste añadido innecesario".
   Por lo que el Ejecutivo regional "no ha hecho los deberes" y esperan que las propuestas del próximo martes "se acerque a la postura de las nueve organizaciones sindicales, de rectificación integral y sustancial del título primero de esa Ley, que es posible".
   Desde el Gobierno regional, el consejero Sotoca ha asegurado que el próximo martes se presentará un texto alternativo "y completo", mostrando "cuál es la posición respecto a la Ley" y se escuchará a los sindicatos.
   Terminada la reunión, a la que han asistido los consejeros de Educación, Sanidad y Presidencia, Constantino Sotoca, María Ángeles Palacios y María Pedro Reverte, respectivamente, los nueve sindicatos han mantenido una reunión para unificar posturas.
   Tras la reunión de anoche, y vista la "inmovilidad" en la que está instalando el Gobierno regional, el Comité de Crisis ha acordado mantener las movilizaciones planteadas en los centros de trabajo, las ocupaciones y las concentraciones.
   Asimismo, se ha acordado realizar otra manifestación masiva para el próximo jueves día 10 de febrero, a la que convocan a toda la ciudadanía de la Región de Murcia.
   El Comité de Crisis considera así que el Ejecutivo murciano "tiene que volver a escuchar el masivo rechazo social, cívico y laboral a la Ley 5/2010", concluye Toni Carrasco del sindicato Sterm-Intersindical.

CCOO y UGT proponen a Valcárcel medidas alternativas a la Ley de recortes, que suponen un ahorro de 302 millones

MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT han propuesto al Gobierno regional una serie de medidas alternativas a la Ley de recortes que suponen una reducción del gasto cifrado en 193,5 millones de euros y un aumento de los ingresos en 109 millones, con lo que ahorro total alcanzaría los 302,5 millones de euros.

   Así lo han dado a conocer los secretarios generales de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, una hora antes de que se celebrase el que fue cuarto encuentro con el Gobierno regional y el resto de sindicatos que componen el Comité de Crisis.
   A pesar de que el Comité de Crisis lo integran ocho sindicatos, al que se incorpora en último momento el Sindicato Médico a petición de la Comunidad, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han decidido presentar estas medidas respondiendo así al ofrecimiento que Valcárcel les brindó. De forma que el resto de organizaciones han entendido que no es su función sindical entrar en esta dinámica, "lo que nos parece respetable", ha subrayado Jiménez.
   En lo que respecta a este paquete de medidas, el objetivo, según Jiménez, es "aportar soluciones alternativas para reducir los gastos y mejorar los ingresos de la Administración regional, sin que se vean afectadas las nóminas de los empleados públicos".
   Desde CCOO, su secretario general ha coincidido con su homólogo de UGT en que esta serie de medidas que proponen van encaminadas a "mantener la calidad de los servicios públicos y las políticas sociales, así como a pagar a cientos de proveedores y empresas", cuya deuda se cifra en 600 millones de euros.
   Del mismo modo, Bueno ha puesto de manifiesto que garantizarán "las exigencias del Ministerio de Economía para cumplir el objetivo de déficit presupuestario y el plan de austeridad que le ha marcado".
   En esta misma línea, sendos secretarios han criticado que después de 40 días de la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en la Asamblea Regional, "no se ha emitido ninguna instrucción de carácter general" por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, lo que da a entender "la dificultad que tiene la Administración Regional de desarrollar la ley".
   En este sentido, Jiménez ha reprobado que el Gobierno regional "aún no nos hayan dicho el coste que supone cada medida, su valoración económica", expresando su deseo de que en el encuentro que en estos momentos celebran "ya tengan" esa cantidad cifrada.
   En concreto, en el paquete de medidas alternativas a la ley de recortes, CCOO y UGT proponen, en materia de política fiscal, "la necesaria equiparación del impuesto que se cobra por la compraventa de vivienda usada con el IVA aplicable a la compraventa de vivienda nueva, situado en el 8 por ciento".
   Y es que, a juicio de Bueno, de esta forma "se favorece la compraventa de vivienda nueva, dándole salida al importante stock que hay en la Región, generando unos ingresos de alrededor de 19 millones de euros para las arcas regionales".
   En materia impositiva, ha continuado, proponen restituir el impuesto de sucesiones y donaciones a la situación que había en 2007, de forma que se generarían unos ingresos de, al menos, 12 millones; además de subir el tipo impositivo aplicable a las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros al 22,5 por ciento, y a las superiores a 120.000 euros, al 25 por ciento.
   Una medida, ha explicado Bueno, que "incrementaría directamente los ingresos tributarios de la Comunidad en 45 millones y permitiría que aquellos que tienen mayores rentas empiecen a contribuir de una vez a apoyar la solución a la crisis".
   Los sindicatos se hacen eco de algunas propuestas que IU y PSOE han presentado en el Parlamento autonómica, consistente en el impuesto a las grandes superficies que permitiría apoyar al pequeño comercio tradicional.
   En lo que respecta a la política de gastos, abogan porque el Servicio Murciano de Salud (SMS) "se gestione de forma más eficiente, corrigiendo los vicios que el sistema de autoconcertación tiene en la actualidad, que se basan en que se pueda producir autoconcertación durante la jornada ordinaria, lo que genera un sobrecoste añadido en la atención a los pacientes o en la eliminación de listas de espera".
   En este sentido, Bueno considera que en el organigrama del SMS "se podrían acometer importantes reducciones de gasto" que vienen motivadas por el incremento de las áreas de salud, lo que supone un equipo directivo y de gestión para cada una que "multiplica por nueve un esquema de gestión del modelo sanitario que es ineficiente".
   Estiman, al hilo, que se debe de revisar el edificio que habita el SMS, que le cuesta al dinero público "7,2 millones de euros al año, 600.000 euros al mes", lo que consideran "un exceso absoluto cuando, por otro lado, la Comunidad habla de malvender patrimonio público".
   Igualmente y en relación al SMS, los sindicatos han alertado que "la no renovación de contratos eventuales puede haber producido una reducción de personal en torno a los 2.000 trabajadores".
   Por su parte, Jiménez ha resaltado la necesidad de que "se ataje el problema de la economía sumergida", para lo que han abogado por la puesta en marcha de un plan de lucha contra la economía irregular que contemple la creación de una Comisión Interadministrativa al objeto de que los datos se puedan mezclar y se detecte el fraude fiscal y a la seguridad social.
   Y es que, ha apostillado, "solo la reducción de un punto de economía sumergida en Murcia devolvería al conjunto de las arcas públicas unos 81 millones de euros, de los que 30 se atribuyen a tributación que pierde y que correspondería a la Administración regional".
   Desde UGT y CCOO se propone, igualmente, "reducir el gasto en bienes corrientes y servicios del capítulo II de los presupuestos", que registra un incremento del 6,48 por ciento respecto a 2010, lo que da a entender que "si no está fracasando, está cerca de fracasar".
   Por ello, han reclamado una revisión del plan de austeridad y de simplificación administrativa que el Gobierno regional "ha vendido 'a bombo y platillo'", además de incidir en la reducción de los gastos de atenciones protolocarios, de publicidad institucional, en mobiliario y material de oficina y de dietas de los altos cargos, entre otros.
   Contemplan la posibilidad de reducir los entes integrantes del sector público regional sobre su estructura y preservando los puestos de trabajo. Un ejemplo de ello, criticado por los sindicatos, es la creación, en "plena situación de crisis", de un Instituto de Crédito y Finanzas en la Consejería de Economía, cuyas funciones "se solapan" con las propias del INFO.
   Además de "fraccionar aquellas inversiones que no son urgentes, que permitiría ahorrar 46,5 millones", tales como instalaciones deportivas o de rehabilitación de determinados espacios lúdicos.
   Preguntado por la negociación que el Sindicato Médico ha estado manteniendo con el Gobierno regional, Bueno y Jiménez han exigido a la Administración regional que la negociación "debiera ser con todas las organizaciones sindicales, puesto que hay ocho en unidad de acción sindical y un sindicato que negociaba al margen de esa mesa institucional".
   En su opinión, "negociar con la Administración en dos mesas distintas un mismo asunto" no debe ser así, por lo que, finalmente y a instancias del presidente murciano, el Sindicato Médico se ha incorporado a la mesa de negociación, algo "magnífico", aunque "se ha equivocado intentando una negociación al margen de la unidad frente al rechazo de la ley".

El Gobierno, partidario de que las CC AA elaboren techos de gasto

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE se han comprometido a establecer techos de gasto antes de elaborar sus presupuestos autonómicos, tal y como hace el Estado, y ha considerado que ése es el camino a seguir en el futuro.

   "Ya tenemos una Ley de Estabilidad Presupuestaria a nivel nacional y es bueno que eso también se traslade a as comunidades", ha señalado Zapatero.
   El jefe del Ejecutivo ha recordado que el Gobierno siempre ha sido un gran "defensor y cumplidor" tanto del Pacto de Estabilidad como de la consolidación fiscal, al tiempo que ha asegurado que España es uno de los países que menos ha incumplido dicho pacto a lo largo de la historia.
   "El principio de estabilidad, de control del déficit y de reducción de la deuda pública es fundamental para el Gobierno, para la Unión Europea y para la estabilidad del euro", ha señalado Zapatero, tras asegurar que el Ejecutivo es partidario de fortalecer la "idea esencial" del Pacto de Estabilidad.