lunes, 21 de marzo de 2011

Pujante recuerda al PP que Aznar aprobó un sistema que no reconocía la actualización de la población

MURCIA.- Izquierda Unida de la Región de Murcia ha recordado hoy al PP que el sistema de financiación autonómica que no reconocía la actualización de la población fue aprobado bajo el mandado del ex presidente José María Aznar y después "sostenido" durante un tiempo, hasta que se dio luz verde al actual sistema, por el PSOE.

   El candidato de IU-Verdes a la Presidencia de la Región, José Antonio Pujante, ha reaccionado así tras conocer las declaraciones de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, en las que aseguraba que si el Gobierno central reconociera los 450.000 nuevos habitantes que residen en la Comunidad habría superávit en lugar de déficit.
   Pujante ha indicado que uno de los motivos por los que ha aumentado la población es por la población inmigrante, "al albur de un crecimiento económico vinculado a la actividad inmobiliaria y a la agricultura intensiva, lo que implicó un mal reparto de la riqueza, generando así un incremento de la economía sumergida".
   Sobre la deuda histórica del Gobierno central con Murcia, ha indicado que su formación "siempre reclamará una deuda consensuada gobierne quien gobierne", y ha asegurado que el PP de la Región "reclamó su pago cuando Felipe González gobernaba y ahora, pero cuando llegó Aznar dejó de reclamarla".
   A juicio de Pujante, "la determinación de la cuantía tiene que hacerse bajo criterios de objetividad y del consenso de las fuerzas políticas, para reclamarla con la misma fuerza e intensidad gobierne quien gobierne".

Izquierda Unida denuncia el "uso partidista" del Gobierno regional en sus campañas publicitarias

MURCIA.- El candidato de IU a la Presidencia de la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha denunciado hoy el "uso partidista" del Gobierno regional en las campañas publicitarias que ha impulsado a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas.

   En concreto, Pujante se ha referido a los espacios que el Ejecutivo murciano ha contratado en medios digitales para publicitar, bajo el eslogan 'Trabajamos para las personas', algunas actuaciones que "no se corresponden con la acción de Gobierno".
   Entre ellas, ha destacado la construcción de 4.700 viviendas protegidas, "que corresponde a la iniciativa privada, lo que deja claro que el Gobierno regional miente descaradamente y despilfarra el dinero de todos los murcianos de forma partidista".
   Ha añadido que a esta "propaganda interesada" hay que sumar el hecho de que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, "sigue saliendo con insistencia en el intermedio de los partidos de fútbol emitidos en la televisión autonómica de la Región".

El TSJ cita a los acusados del caso Totem para notificarles el auto y requerirles la fianza

MURCIA.- La secretaria judicial de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha citado este lunes a los acusados en el denominado caso Totem, que persigue una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, para notificarles el auto y requerirles la fianza.

   Además, la secretaria judicial ha emplazado a los acusados a acudir con sus abogados y procuradores para que presenten sus escritos de defensa, según informaron fuentes del TSJ.
   En concreto, entre los acusados se encuentra el ex alcalde de Totana y actual diputado regional del Grupo Mixto, Juan Morales, quien está imputado por nueve delitos, entre los que se encuentran los de prevaricación y cohecho, en relación al caso Totem.
   El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, dictó auto por el que ordena apertura de juicio oral para Morales y otras 12 personas, contra los que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y acusación particular, imputados en esta operación.
   Además de contra MOrales, se acuerda la apertura de juicio oral contra Gabriel Martínez, Joaquín Carmona --el gerente de Nubia Inversiones-- y su socio José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
   Así como a la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--, según señala el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado.
   Será así la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el órgano competente para el enjuiciamiento, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

La Oficina del Censo Electoral pide una decena de informes sobre empadronamientos irregulares en la Región

MURCIA.- La Oficina del Censo Electoral (OCE) ha solicitado una decena de informes sobre posibles empadronamientos irregulares en municipios y entidades locales menores de la Región de Murcia desde las elecciones municipales de 2007, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En toda España, en el periodo comprendido entre las elecciones municipales de mayo de 2007 y febrero de 2011 el sistema de control de altas de la Oficina del Censo Electoral ha detectado variaciones significativas en el número de electores en 395 municipios y entidades locales menores.
   En algunos de éstos municipios, el sistema ha detectado variaciones en varias ocasiones, que han originado un total de 672 actuaciones, según el comunicado del INE, que hace referencia a la información referida a 8 de febrero de 2011.
   De acuerdo con el procedimiento habitual, la OCE ha requerido a los Ayuntamientos de estos municipios y entidades locales menores la justificación de dichas altas.
   Un total de 121 municipios no han contestado a los requerimientos de información, lo que se ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central. Además, la OCE también ha investigado reclamaciones de particulares y de grupos políticos en 14 municipios.
   Igualmente, se han realizado o están en curso inspecciones en 5 municipios, con el objetivo de comprobar la veracidad de las altas comunicadas por los ayuntamientos. Por el momento, la OCE no ha presentado ninguna denuncia al Ministerio Fiscal.

Caja España-Caja Duero y Unicaja firman un preacuerdo para su integración

MADRID.- Caja España-Caja Duero confirmó este lunes la existencia de conversaciones con Unicaja y la firma de un preacuerdo genérico para la integración de las entidades castellano-leonesas y la andaluza, después de que el murciano Carlos Egea hiciese inviable un acuerdo para hacerlo en 'Mare Nostrum' y fortalecer así a una entidad que necesita crecer y fortalecerse para su capitalización frente a las exigencias del Banco de España y Central Europeo. 

   En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Caja España-Caja Duero informó de la firma de un preacuerdo genérico de los presidentes de ambas instituciones con vistas a un eventual proceso de integración, sin que hasta el momento se haya adoptado ninguna decisión al respecto.
   La entidad castellano-leonesa precisó que en caso de que los órganos de las respectivas cajas alcanzaran un acuerdo, se comunicaría inmediatamente al mercado.
   Precisamente, Caja España-Caja Duero celebrará este lunes en León un consejo de administración en el que se abordará el futuro de la entidad de ahorros.
   Según han explicado fuentes de la caja, la cita será únicamente de carácter informativo, por lo que, en un principio, no se tomará ninguna decisión.
   El único punto del orden del día del consejo de administración establece que el presidente de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto y el director general, Lucas Hernández, informarán sobre los contactos establecidos en los últimos días y el futuro de la entidad.

Diego de Ramón se adelanta en el procedimiento sobre el Cristo de Monteagudo, a los fundamentos de la reciente sentencia de Estrasburgo


MURCIA.- La Corte Europea de Derechos Humanos (TEDH) dió el pasado viernes, 18 de marzo, la razón a Italia en el 'caso Lautsi' sobre la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas al no violar ningún derecho. En ese mismo sentido había apelado tres días antes el letrado murciano Diego de Ramón en el procedimiento de derechos fundamentales sobre el Cristo de Monteagudo instado a petición de la asociación "Preeminencia del Derecho", que lidera el letrado José Luis Mazón.

La sentencia fue pronunciada dos años después de que el mismo tribunal hubiera afirmado lo contrario. "Se trata pues de una sentencia bastante comprometedora e histórica", según el portavoz del Papa, el padre jesuita Federico Lombardi.
"Se reconoce, por un nivel jurídico muy autorizado e internacional, que la cultura de los derechos humanos no debe entrar en contradicción con los fundamentos religiosos de la civilización europea, a los que el cristianismo dio una contribución esencial", agregó.
Para el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, "ha vencido el sentimiento popular de Europa porque con esa decisión se interpreta el sentimiento de los ciudadanos en defensa de sus valores y de su identidad".
Según el Tribunal europeo, "no hay elementos que demuestren la eventual influencia de la exposición de un símbolo de esta naturaleza por esencialmente pasivo", afirmaron los magistrados en su fallo en apelación.
Los jueces de la TEDH subrayaron, por 15 votos contra dos, el margen de que disponen los Estados frente al derecho europeo.
Sólo tres días antes, el letrado murciano Diego de Ramón había apelado en el mismo sentido de esa sentencia, en el procedimiento de derechos fundamentales que se sigue sobre la imagen del Cristo de Monteagudo a instancias de la Asociación Preeminencia del Derecho, liderada por el abogado oriolano José Luis Mazón, ante la Sala  9ª de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid. 

A juicio de Diego de Ramón, tal como literalmente se argumenta en el citado escrito de apelación del pasado 15 de marzo ante la Sala, el Cristo de Monteagudo:

1.- Fue un monumento levantado por un colectivo comunal con fondos económicos recolectados entre la Comunidad Ciudadana, libre y voluntaria, no hubo aportaciones del Estado.

2.- Que se realizó dicho monumento del Cristo, en una propiedad privada titular de los Marqueses de Espinardo.
 
 3.- Que hubo consentimiento de voluntad de la propiedad para que se instalara dicho Cristo.
 
4.- Que se levantó por segunda vez, ya que en la II República, fue dinamitado.

5.- Que posteriormente, cuando pasó a manos del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda en su Dirección General de Patrimonio, ya estaba el Cristo, como referencia histórica, religiosa, comunal y por el transcurso del tiempo, (como así lo hemos expuesto en nuestra demanda); y se ha convertido en una referencia de identidad municipal, regional y nacional, que con su simbología, conocen todos los murcianos y a través de los medios de comunicación mundiales -internet- ya es una simbología mundial. 

6.- Que teniendo en cuenta la falta de matización de la Sentencia del T.E.D.H. que sostiene el actor para pedir su retirada, nos deja en que se tendría que acudir a un referéndum mayoritario de su prevalencia en ese espacio -antes privado- ahora público -, para que en el grado de tolerancia y de igualdad de credos (existen símbolos musulmanes en las Mezquitas, y Centros religiosos) apoyen la permanencia de su instauración en ese lugar.
 
7.- Sin perjuicio de su conservación material del resto del monumento en su estado actual.
 
8.- Circunstancia opuesta, sería el que en un espacio público actual, se pusiese algún símbolo religioso, en este nuevo supuesto quizás el compañero demandante llevara razón.
 
9.- Y por último, cuando se levantó la estatua del Cristo de Monteagudo, no existía la Constitución Española, ni siquiera el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y cuando la adquirió el Estado, lo hizo con la servidumbre vitalicia de la estatua, como bien comunal.

Las pruebas de esfuerzo congelan el interés de los inversores en las cajas


MADRID.- Las cajas ven con envidia la entrada del fondo soberano Qatar Holdings en Iberdrola y las negociaciones que mantiene con Telefónica. Pese a las promesas sobre las cajas que los fondos árabes hicieron al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su gira por Oriente Medio, los gestores de estas entidades no creen que se materialicen, al menos ahora. O no a los precios que los directivos consideran razonables. Tras el examen de capital, llegarán las pruebas de esfuerzo europeas de junio: los inversores institucionales más relevantes no moverán ficha hasta entonces, ya entrado el verano, con todos los datos sobre la mesa, cuando se sepa cómo resisten las cajas a los escenarios más adversos.

Esta situación puede frustrar algún intento de salida a Bolsa, con lo que la exigencia de capital se elevará al 10% y aumentarán los problemas. Los expertos consultados creen que sólo Bankia y Banca Cívica tienen posibilidades (y no al 100%) de llegar al parqué. El resto deberá buscar fusiones de segunda ronda, vender activos -redes de oficinas o participaciones industriales- o pedir capital al Estado, la opción que gana terreno cada día que pasa, según publica hoy 'El País'.

El examen de capital del Banco de España ha dividido el sector en dos: las cajas problemáticas (Bankia, Novacaixagalicia, BancoBase/CAM, Unimm, Banca Cívica, CatalunyaCaixa, Mare Nostrum y Caja España) y las encauzadas, que son el resto del sector. Las primeras deben presentar su hoja de ruta el próximo 28 de marzo, y explicar cómo van a conseguir inversores o salir a Bolsa. "El problema es que no va a ser posible encontrar entidades extranjeras capaces de inyectar capital de calidad en las entidades en las condiciones actuales", dice Luis Garicano, profesor de la London Schools of Economics.
Ejecutivos de diferentes cajas consultadas coinciden en que se ha enfriado la posibilidad de que entre algún inversor, como mínimo hasta después de las pruebas de esfuerzo de la UE. "Los inversores buscan claridad y sería absurdo invertir antes de un examen como el que está a punto de llegar en junio" dice un experto que participa en las colocaciones de las cajas. Otro experto en riesgos que también pide el anonimato añade: "El paso del tiempo, lejos de mejorar nada, está empeorando los activos inmobiliarios de las entidades porque el mercado está muy parado. Las posibilidades de salir a Bolsa se pospondrán por lo menos hasta final de este año o principios del siguiente. Eso significa que la situación se complicará aún más".
Además, ya empiezan a florecer los problemas típicos de las fusiones bancarias: copresidencia discutida (en el caso de Caja Navarra y Cajasol, en Banca Cívica); conflictos internos porque aparece más morosidad de la esperada (la CAM ha duplicado los dudosos del 4,5% al 8,9% en 2010, lo que ha provocado un enfrentamiento con Cajastur), y celos en la cúpula por el reparto del poder entre ejecutivos, con la consiguiente fuga de algunos de ellos (Caja Madrid-Bancaja en Bankia), entre otros.
Pero hay otro asunto estructural sin resolver: "El complicado, oscuro, poco profesional y politizado gobierno corporativo de las entidades. Desgraciadamente, en eso nada ha cambiado", apunta Garicano. La salida a Bolsa de los bancos de cajas encontrará muchas dificultades si no se cambia el perfil de los consejos de administración, todavía dominado por ex políticos.
Además del perfil, habrá que cambiar a los protagonistas de la gestión. Los inversores, comentan fuentes financieras, no van a poner su dinero en cajas que siguen dirigidas por los mismos ejecutivos que las llevaron a esta situación. "Hace falta una profunda renovación de los gestores para presentar una estrategia creíble. El escenario no ayuda por la previsible caída de ingresos, pero hay que presentar un plantel de directivos convincente para los inversores", dice un experto en colocaciones bursátiles.
Al menos, los gestores de las cajas ven ahora con buenos ojos tener como socio al Estado. La duda es a qué precio entrará el fondo de rescate en el capital. "La valoración del FROB será el techo para cualquier inversor que después quiera entrar en una caja. Es una papeleta difícil para el Banco de España porque acabará en el capital de las débiles, las que no han querido los inversores privados, pero debe garantizar que entra a un precio adecuado porque invierte dinero público", apunta un analista. Otros destacan la trampa en la que se ha metido el Estado con el real decreto: si las cajas buscan un socio privado basta con el 8% de capital, pero si es el Estado, es el 10%. "Estos dos puntos de más los va a poner el Estado. ¿Por qué se autocastiga?", cierra la misma fuente.

Futuro incierto

Si se echa la vista atrás, se comprueba que las entidades con déficit de capital son las mismas que utilizaron el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -el FROB, el fondo de rescate español-, que se aprobó el 26 de junio de 2009. Representan el 66% de los activos de las cajas: son dos tercios del sector y todavía hoy, en marzo de 2011, no han aclarado su futuro. El problema añadido es que esta incertidumbre repercute en los mercados mayoristas de financiación: esas entidades no encuentran quien les preste dinero, o solo pueden financiarse a precios muy altos. Este bloqueo dificulta y encarece mucho la concesión de créditos a familias y empresas: a la postre eso puede retrasar la salida de la crisis en España.
La situación amenaza con prolongarse hasta que este grupo de cajas resuelva las incógnitas que planean sobre su futuro. Y la duración de ese proceso es de lo más incierta. No hay que olvidar que, según el Banco de España, el principal objetivo de la reforma financiera era disponer de entidades sanas capaces de conceder préstamos, para evitar una década perdida a la japonesa. En Japón, el Gobierno reaccionó al estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de los ochenta fusionando bancos con dificultades con entidades en una situación más holgada: así nacieron los bancos zombis, incapaces de prestar dinero, que han contribuido a las ya más de dos décadas de estancamiento japonesas.