sábado, 26 de marzo de 2011

El Papa dice que la precariedad laboral dificulta las condiciones de la sociedad


CIUDAD DEL VATICANO.-El papa Benedicto XVI advirtió hoy de que las "condiciones difíciles o precarias" del trabajo "convierten en difíciles y precarias las condiciones de la sociedad misma, las condiciones de vivir de forma ordenada en base a las exigencias del bien común". 

Benedicto XVI así lo manifestó en un discurso a los peregrinos de la diócesis italiana de Terni, a los que recibió en audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano, y en el que subrayó que "el trabajo es uno de los elementos fundamentales tanto para la persona como para la sociedad".
El Pontífice se refirió al problema del paro y recordó que en su tercera encíclica, "Caritas in veritate", exhortó a perseguir "como prioridad el objetivo del acceso al trabajo y de su mantenimiento para todos".
Subrayó la "angustia" que genera en las familias la precariedad laboral que afrontan los jóvenes e hizo un llamamiento para que se concentren esfuerzos con el fin de acabar con las muertes y los accidentes laborales.
Asimismo, advirtió de cómo, "con frecuencia", el trabajo es visto como "un instrumento para obtener ganancias" e incluso como "un medio para la explotación", con lo que, dijo, se "ofende la dignidad de las personas".
El Pontífice lamentó también que en la sociedad actual "el ritmo de consumo" hace que se corra el riesgo de perder "el sentido de la fiesta del Domingo como el día del Señor y de la comunidad".

Cerca de 60.000 personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción y para pedir la dimisión de Camps

VALENCIA.- Cerca de 60.000 personas, según los organizadores, se han concentrado este sábado en las calles de Valencia con motivo de la manifestación convocada por la plataforma ciudadana 'Col.lectiu contra la corrupció' para manifestarse contra la corrupción y exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

   Durante la marcha --que ha comenzado pasadas las 18.00 horas--, que ha sido calificada por los convocantes como un éxito", los participantes han mostrado pancartas con lemas como 'No a la corrupción, Camps dimisión' o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, Álvaro Pérez 'El Bigotes', la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el coordinador de Economía en las Corts, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell. Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción.
   También se han escuchado eslóganes como 'Camps dimisión', 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', 'No nos mires, a ti también te roban' o 'El president a Picassent'.
   Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas han enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de "provocar".
   Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna.
   Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mónica Oltra y Mireia Mollà.
   La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la --presunta--financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.
   Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que "en sus casas hay miles, y me atrevería a decir millones, de valencianos que tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez".
   Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".
   La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado 'No a la corrupción. Camps dimisión'.
   Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.
   El manifiesto, con referencias al 'caso Gürtel', proclama la "defensa de la democracia" en la Comunitat y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática".
   De esta manera, han denunciado la "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunitat y "amenaza nuestro futuro".
   'Col.lectiu contra la corrupció', en el manifiesto, pregunta por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el montaje de la visita del Papa, por los beneficios de la America's Cup y la Fórmula 1, los trajes y el 'caso Brugal'. También han protestado por el cese de las emisiones de TV3 y por la situación de RTVV, entre otras cosas.
   En este sentido, han asegurado que la crisis económica tiene que ver con la corrupción, la "economía especulativa" y la de "grandes fastos". "En lugar de invertir en la red productiva autóctona, en las pymes y la agricultura, el PP ha levantado la cortina de humo de la economía especulativa".
   Para el colectivo organizador, "el estado actual de las cosas no habría sido posible sin el abuso de un poder cimentado en las mayorías absolutas del PP. Bajo las órdenes de Camps, las Corts se han convertido en una pieza más del circo de la derecha con una oposición menospreciada e ignorada", han criticado.
   El PPCV ha denunciado esta concentración porque, a su juicio, tiene "fines delictivos" y su único propósito es "injuriar". Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la misma. No obstante, la titular del juzgado de Instrucción de Valencia encargada de la tramitación de la denuncia lo desestimó por considerar que "no es urgente" su adopción, dado que los hechos denunciados vienen produciéndose desde el mes de febrero y se trata, en su caso, de un delito permanente prolongado en el tiempo.
   Durante la marcha, los manifestantes han aludido en tono irónico a esta denuncia pidiendo "una ayudita" para hacer frente a la misma.
   De la misma manera, algunos de los dirigentes políticos presentes en la manifestación lamentaron el intento del PPCV de impedir la marcha. En este sentido, Jorge Alarte señaló que este intento ha sido "inadmisible" y que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, "debería dar explicaciones" al respecto.
   Asimismo, Matamales ha insistido en que estamos en un Estado de Derecho y que la denuncia es "un síntoma del nerviosismo del PP porque hay miles de valencianos que están abriendo los ojos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, cuyo responsable es Camps y su gestión".

Valcárcel intenta burlar la prohibición expresa de no seguir endeudándose

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, trata de burlar la expresa prohibición de seguir endeudándose por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Comisión Europea. Así, tiene previsto la próxima semana reuniones para intentar financiación 'pirata' intentando convencer a entidades extranjeras de avales y garantías reales, que no puede aportar, según fuentes de su entorno.

Algunas de esas entidades ya han sido convenientemente informadas para que, si bien lo reciban por cortesía, sepan de antemano la advertencia expresa que pesa sobre la Región para que no se siga endeudando en aras de la directriz comunitaria de reducir el déficit público y la Ley General de Estabilidad Presupuestaria española.


La desesperación de un Valcárcel atenazado por la crisis, un déficit público regional desbocado y un desempleo que no cede, le lleva a intentar fórmulas opacas a la fiscalización del Gobierno central al objeto de ganar tiempo hasta las elecciones del próximo 22 de mayo aparentando una normalidad ficticia, que pueda sorprender la buena fe de unos electores de escasa cultura sobre la gestión pública.

Dichas entidades han sido advertidas, además, del crecimiento de la deuda pública murciana un 57% en 2010, hasta los 2.016 millones de euros,  que representa el 7,7% del PIB regional, más los 1.000 millones de 'agujero' del Servicio Murciano de Salud. 

Las agencias de calificación de riesgo, caso de Moody's, advierten que la deuda murciana a largo plazo es de Aa3 con perspectiva negativa, tras un agudo aumento de las acciones de deuda equivalente al 70% de la renta de la Región de Murcia, lo que conviene saber antes a quienes le van a recibir la próxima semana. 

Esas entidades deberían informar de la visita al Ministerio de Economía y Hacienda español antes de plantear cualquier operación financiera con la Comunidad Autónoma de Murcia, incluso si se tratase de proyectos de ocio o inmobiliario, de conocido fracaso en regiones colindantes recientemente.

La CAM y Cajastur tienen cuatro días para decidir si rompen o mantienen la fusión

ALICANTE.- La tensión entre Cajastur y Caja Mediterráneo (CAM) tiene fecha límite: el 30 marzo. Este es el plazo que les ha dado el Banco de España para que alcancen un acuerdo sobre si siguen adelante con su fusión o si presentan un nuevo proyecto. El 30 se celebrarán las respectivas asambleas de cada caja para aprobar la segregación de activos al Banco Base. Para entonces, salvo acuerdo o ruptura antes, se conocerá si hay consenso en las valoraciones de los activos con los que la entidad alicantina formará parte del Banco Base, donde también está, además de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, informa 'El País'.

El proyecto es de importancia para todo el sector financiero ya que esta fusión es la tercera entidad con 124.127 millones de activos. El conflicto está en la valoración de los activos: los asturianos quieren que la CAM represente el 27% del Banco Base frente al 40% firmado inicialmente. La caja de Alicante-Murcia tiene 70.000 millones en activos, con una morosidad del 8,7%. 

La razón de la rebaja es el gran número de activos dañados, según fuentes asturianas. En Alicante no se quiere reducir lo pactado y mantienen la participación del 40%. 

En caso de ruptura, la CAM podría acabar en manos de La Caixa, el Santander o el BBVA. Si no llegara ninguna entidad privada, sería el Banco de España el que nacionalizara la CAM.

Para Banco Base también es un problema perder a la CAM porque quedaría como una entidad mediana, de 55.000 millones de activos.

En la caja alicantina había ayer malestar y cierto desconcierto con una situación que se atribuye al intento de Cajastur de incrementar su cuota de poder a costa de la CAM. "Peor imposible", resumía la situación un consejero de la entidad.

La CAM insiste en que la mejor salida para todos, incluido para el Banco de España, es mantener el acuerdo de fusión y darle el espaldarazo definitivo el miércoles. Ayer, de hecho, se negociaba en Madrid en esta línea.
Mientras, el Banco Base presentará el lunes su propuesta de capitalización ante el Banco de España. 

Y pese a las discrepancias entre Cajastur, que prefería acudir a las ayudas del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y la CAM, que se decantaba por la salida a Bolsa, el consejo del Banco Base acordó días atrás recurrir a la primera opción. Un acuerdo que contó con el apoyo de los consejeros nombrados por la CAM.

Fondo noruego

El Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego, el segundo mayor fondo soberano del mundo, quiere invertir en el sector de las cajas de ahorros españolas. "Creemos que la reestructuración del sistema financiero supondrá una oportunidad para lograr buenas rentabilidades", argumenta Jan Fredrik Qvigstad, subgobernador del Banco Central de Noruega y principal directivo del fondo. Con este propósito la institución nórdica firmó a principios de este año un mandato con una gestora española que será la encargada de sondear el mercado.

El nombre del socio local no se ha hecho público. Sobre la cuantía del mandato tampoco se han desvelado las cantidades aunque las 45 gestoras externas con las que trabaja actualmente el fondo en todo el mundo reciben de media en un primer momento 500 millones de dólares (casi 360 millones de euros al cambio actual) y si los resultados son buenos Oslo va inyectando más dinero.

El acuerdo con el socio local se centra sobre todo en estudiar oportunidades de inversión en el sector financiero, aunque la gestora también podrá invertir en otro tipo de compañías. El fondo noruego adjudicó hace más de un año un mandato de gestión a Bestinver, aunque la sociedad de la familia Entrecanales no será la encargada de analizar el sector de las cajas.

El fondo soberano noruego gestiona activos por cerca de 380.000 millones de euros y se financia con el dinero que el Gobierno recauda con la producción de petróleo. Tiene intereses en 10.000 compañías en todo el mundo e invierte el 60% de su cartera en Bolsa y el 40% restante en renta fija.

En España tiene inversiones en 80 compañías cotizadas con un valor de mercado conjunto al cierre del ejercicio 2010 de 5.600 millones de euros. Las participaciones más importantes son Telefónica (tiene el 1,7% del capital), Banco Santander (1,7%), BBVA (1,5%), Iberdrola (1,3%), Repsol (1,5%) e Inditex (0,7%). El pasado ejercicio el fondo aumentó la exposición a la Bolsa española, principalmente en el segmento de valores de tamaño medio y pequeño, un área en la que está especializada Bestinver.

El fondo soberano también cuenta con numerosas inversiones en renta fija. En 2010 triplicó el peso de la deuda pública española en su cartera, pasando de 1.000 millones a 3.200 millones. Además, cuenta con bonos de organismos públicos y entidades privadas españolas por otros 7.829 millones. Noruega no es el único país con fondos soberanos que está interesado en el proceso de recapitalización de las cajas de ahorros.

En una gira por varios países del golfo Pérsico a principios del mes de marzo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, arrancó el compromiso de Catar de invertir 300 millones en estas instituciones mientras que el emirato petrolífero de Abu Dabi dijo que inyectaría 150 millones. De momento, ninguna de estos anuncios se ha traducido en operaciones concretas.

Aparte de los fondos soberanos otros tipos de inversores están mostrando interés por la reestructuración del sistema financiero. Los fondos especulativos (hedge funds) Paulson, Cerberus y Apax han mantenido reuniones con diversas cajas de ahorros para abordar soluciones a sus necesidades de capital después del endurecimiento de las exigencias por parte del Gobierno, según ha publicado el diario Financial Times.

Entre las posibilidades para mejorar su situación de capital se encuentra la salida a Bolsa, pero de momento solo dos cajas, Bankia y Banca Cívica, han confirmado oficialmente su intención de debutar en el parqué.

El fondo soberano noruego tiene muy en cuenta el gobierno corporativo a la hora de invertir en una compañía, un punto flaco hasta ahora de las cajas de ahorros por el peso que tienen los partidos políticos en su gestión.

"En Noruega también tenemos cajas de ahorros y la estructura de propiedad de estas entidades hace que su gobierno corporativo sea más complejo que en los bancos privados. En líneas generales la gestión de estas entidades es más fácil si cuentan con alguien que entiende los mercados", argumenta Qvigstad.

La Coordinadora del Molinete exige que los escombros vertidos no se trasladen sobre otra zona del yacimiento

CARTAGENA.- La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete y su entorno ha denunciado que "en vez de meter los escombros vertidos sobre los restos romanos de La Morería directamente en un contenedor o un camión para llevárselos del cerro, los están trasladando dentro de la misma zona del yacimiento en la que los restos aparecieron al ras del suelo", según han informado fuentes de la coordinadora en un comunicado.

   Desde esta entidad han recordado que el vertido de escombros sobre los restos romanos es fruto de las obras que está realizando el Ayuntamiento en el cerro, "sin tener en cuenta el patrimonio histórico, ni haber excavado arqueológicamente todo". Por ello, han subrayado que "precisamente sobre este suelo el Gobierno Municipal pretende que se construya un edificio que destruiría los restos, pues ni siquiera contempla la cesión del bajo para su conservación".
   Asimismo, han lamentado que "si no hubiéramos denunciado los daños que están provocando las obras municipales en las escaleras, mosaico, aterrazamientos y otras estructuras romanas ante los medios de comunicación, la Dirección General de Cultura y la Policía, este yacimiento habría sido sepultado totalmente bajo los escombros, sin ningún tipo de protección, como se estaba haciendo hasta el momento".
   Y es que, según han explicado, "el delito contra el patrimonio que supone el expolio del Arx Asdrúbalis realizado hasta el momento, puede ser todavía mayor si el Ayuntamiento sigue empeñado en no realizar la excavación arqueológica total del cerro antes de seguir con las obras de urbanización".
   De hecho, los miembros de la Coordinadora recalcan que "a día de hoy el Pliego de Condiciones de la venta de los terrenos del Molinete no contempla ni siquiera la cesión de los bajos de las parcelas de la Morería en las que los restos superan la cota de la calle actual, como es el caso de los vestigios de la zona industrial romana que fueron sepultados bajo los escombros por el Ayuntamiento".
   "Estaremos muy vigilantes a que el traslado de escombros se realice sin que el yacimiento se vea aún más perjudicado, porque daño en el patrimonio ya se ha producido, pero sobretodo seguiremos reivindicando para que esto no vuelva a ocurrir porque la prioridad del patrimonio histórico no pueden ser sólo palabras", han añadido.
   Finalmente, han recordado que "el Ayuntamiento tiene que desmontar la carretera que ha construido sobre la muralla del Deán, pues está declarada Bien de Interés Cultural".

Rosique responde a Valcárcel que "no hay mayor mezquindad que llevar a la Región a una situación de quiebra"

CARTAGENA.- La diputada regional socialista Teresa Rosique respondió este sábado a las declaraciones del presidente de la Comunidad afirmando que Valcárcel "sigue en su línea de responsabilizar a los demás de sus fracasada política, pero la realidad es que no hay mayor mezquindad que llevar a la Región a una situación de quiebra, que es lo que él está haciendo", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   En opinión de Rosique, la situación a la que ha llevado el presidente a la Comunidad es "insostenible", y está afectando a todos los sectores sociales y económicos de la Región, "a los parados, a miles de proveedores a los que no les paga, a las Universidades a las que debe 75 millones de euros, a las personas dependientes a quienes todavía no ha pagado la asignación mensual, a los empleados públicos y a los constructores de obra pública".
   Rosique sostiene que "en cuanto a mentiras, Valcárcel no puede dar ninguna lección a nadie. El último ejemplo lo hemos tenido esta semana, cuando el presidente -que había hablado de que el aeropuerto regional daría trabajo a 20.000 personas-, dijo públicamente que el aeropuerto de San Javier se iba a cerrar -llegó a decir que sus declaraciones iban a misa-, lo que fue desmentido inmediatamente por el Ministerio de Fomento".
   "Con esas declaraciones lo que sí trasladó Valcárcel a la opinión pública fueron sus propias dudas sobre la rentabilidad del aeropuerto de Corvera", añadió Rosique, que recordó que cuando el presidente de la Comunidad apostó por Corvera ya existía el aeropuerto de San Javier, "a sabiendas de que estaba prevista su ampliación, que había sido decidida por el Gobierno de Aznar con los ministros Cascos y Trillo".
   Para la socialista, lo más grave es que "Valcárcel apostó por Corvera rechazando la colaboración de AENA, que es lo que le habíamos propuesto desde el PSOE, tal y como está recogido en el diario de sesiones de la Asamblea Regional".
   Además, puso de manifiesto que lo que todavía Valcárcel no ha aclarado es la discrepancia que existe entre la previsión del número de pasajeros en los informes previos a la concesión -cuyo número máximo sería de 3 millones-, y la estimación del número de pasajeros que hizo la empresa concesionaria -que hablaba de 5 millones en 2015 y 14 millones al final de la concesión.
   "Valcárcel tiene que aclarar esto, porque de ello depende la viabilidad del aeropuerto de Corvera".
"Si el aeropuerto de Corvera fracasara, el único responsable sería Valcárcel y su gestión", finalizó.

El murciano José Antonio Galdón, nuevo presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España

MURCIA.- El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia, José Antonio Galdón, ha sido elegido presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España en las elecciones celebradas este sábado en la sede ubicada en Madrid, según han informado fuentes del citado colegio profesional en un comunicado.

   Galdón, de 35 años de edad, se convierte así en el Ingeniero Técnico Industrial más joven en el cargo representativo de presidente del Consejo, y en el primer presidente electo murciano.
   La nueva Junta Directiva estará formada por José Antonio Galdón Ruiz (presidente); Juan Ignacio Larraz Plo (Vicepresidente); Abelino García García (secretario); Luis Francisco Pascual Piñeiro (vicesecretario); José María Manzanares Torne (tesorero); Gerardo Arroyo Gutiérrez (interventor) y Aquilino de la Guerra Rubio, Domingo Villero Carro, Juan José Cruz García, Juan José Ribas Cantero y Santiago Crivillé Andreu (vocales).
   "La situación de los colegios está ahora mismo en horas bajas", declaró el nuevo presidente horas después de conocer su nuevo cargo, al tiempo que añadí que "lo que intentaremos a partir de ahora es impulsar la labor que éstos han venido realizando durante más de 50 años y decir más claro que nunca que existimos y estamos aquí para algo".
   Asimismo, ha señalado que "estamos convencidos de que nuestra labor en la sociedad es fundamental y así lo hemos intentado transmitir desde nuestro desempeño en Murcia, y es fundamental que el colectivo conozca lo que se puede conseguir desde la unión y desde el trabajo común".
   El Consejo General de Colegios Oficiales Ingenieros Técnicos Industriales es una corporación de Derecho Público que integra 49 Colegios que desarrollan su profesión en los distintos sectores de la industria, la Administración, la docencia y en el ejercicio libre. Galdón representará a partir de ahora a los 93.000 ingenieros técnicos industriales colegiados de todo el territorio español.
   La constitución del Consejo General tiene sus orígenes en el Decreto de 22 de Junio de 1.956 por el que se autoriza la constitución de los Colegios de Peritos Industriales, lo que determina que por Orden de 16 de Octubre de 1957 del Ministerio de Industria se aprobasen los primeros Estatutos Generales de los Colegios de Peritos Industriales.

Gestha ve "necesario" el plan de empleo sumergido porque 245.000 millones escapan al fisco cada año

MADRID.- El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "necesario" el plan de empleo sumergido anunciado por el Gobierno, dado que en España 245.000 millones de euros escapan al control del fisco cada año.

   En un comunicado, Gestha valora el nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que afirma que las distintas bolsas de dinero negro suponen una "auténtica lacra" para las arcas públicas, pero también para el conjunto de la sociedad española.
   "Esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del Fisco", subraya.
   En opinión de este colectivo, la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40%.
   Con el objetivo reducir la economía sumergida, los técnicos de Hacienda proponen actuar en cuatro frentes: mejorar la colaboración entre las distintas administraciones con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda; cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales y, finalmente, garantizar el control parlamentario para fijar el objetivo de reducción del fraude.
   Por otro lado, Gestha considera que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.
   A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.
   Además, indica que este tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo" hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida, como las operaciones de compraventa inmobiliaria de carácter especulativo o aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, no emiten facturas por sus honorarios completos.

Más de 7,1 millones de cruceristas pasaron por los puertos españoles, donde Cartagena no cuenta

MADRID.- Más de 7,1 millones de cruceristas recalaron en los puertos españoles durante 2010, una cifra que supone todo un récord para el sector y pone de manifiesto la pujanza de los puertos españoles en el contexto mundial, según indica el Ministerio de Fomento en un comunicado.

   Así, Barcelona, Málaga, Valencia o Vigo, junto con Islas Canarias y Baleares son "un referente" para las principales compañías de cruceros, que aportan al sector del turismo español cerca del 12,5 por ciento de los 52,6 millones de turistas internacionales que nos visitaron el año pasado.
   El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, ha manifestado que las previsiones de las propias autoridades portuarias españolas señalan que en 2011 se volverán a superar los siete millones de pasajeros, una cifra que en 2013 llegará a los 7,5 millones, y en 2014 se aproximará a los ocho millones.
   Bajo el lema "Puertos de España" y auspiciado por Puertos del Estado, España participó en el congreso internacional 'Seatrade Cruise Shipping', celebrado en Miami entre el 14 y el 17 de marzo, con 25 puertos españoles y más de 70 instituciones y empresas, participación que, según Fomento, sirvió para constatar la fuerte implantación de los puertos españoles en esta actividad.
   En este sentido, fue el tercer mayor pabellón de la feria, donde se dieron a conocer las alternativas culturales y se establecieron los primeros contactos para futuras rutas de operadoras. Fruto de los encuentros comerciales realizados durante la feria, varias Autoridades Portuarias como Alicante, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, o Málaga, han podido cerrar nuevos acuerdos con las principales empresas del sector (Royal Caribbean, Carnival, MSC, etc.), o de ajustar rutas e itinerarios en busca de una mayor eficiencia en sus recorridos.
   Los puertos españoles del Mediterráneo son el destino preferido de los cruceristas ya que el 70 por ciento de los pasajeros, es decir, 5 millones personas, recalaron en alguno de sus puertos, siendo los de Barcelona y Baleares los que acaparan el 77 por ciento del turismo de cruceros de los puertos españoles del Mediterráneo y el 54 por ciento del total español.
   Además, ambos puertos se encuentran entre los 15 principales destinos del mundo y son los primeros de Europa en este tipo de turismo.
   No obstante, también han destacado otros destinos por su espectacular crecimiento durante los últimos años como Málaga (35 por ciento) con 659.000 pasajeros, y Valencia (37 por ciento) con 253.000 pasajeros.
   En cuanto a la zona atlántica peninsular y al Cantábrico, el crecimiento durante los últimos años ha sido espectacular (23 por ciento), pasando de 589.688 pasajeros en 2009 a cerca de los 725.000 en 2010. Destacan la Bahía de Cádiz (+42%) con más de 334.000 pasajeros y Vigo (cinco por ciento) con 233.000 pasajeros.
   Los destinos insulares de las Islas Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), que mantienen la oferta de este tipo de turismo durante prácticamente todo el año, con una alta demanda durante la temporada de otoño-invierno, son el tercer mercado más activo de toda Europa con un total de 1,3 millones de pasajeros y un incremento del 13,7 por ciento respecto a 2009.
   Los últimos datos conocidos a nivel europeo y mundial (2009) reflejan la ventajosa posición que ocupa España como país receptor de cruceristas, tanto a nivel europeo como mundial.
   Así, entre los 30 principales destinos europeos, que sumaron algo más de 24 millones de pasajeros, los puertos españoles llegaron a cerca de 5 millones de pasajeros, lo que supone que un 21 por ciento del total de cruceristas tocaron alguna ciudad portuaria española en su recorrido.
   Con este dato, España se sitúa en tercera posición por detrás de Italia que acapara el 31,8 por ciento (7,6 millones de pasajeros) y de Grecia que concentró el 25 por ciento del turismo de cruceros con algo más de 6 millones de cruceristas.
   Así, Barcelona sigue siendo el líder europeo y las Islas Baleares ocupan la quinta posición. En el contexto mundial, los puertos americanos y los del Caribe acaparan las primeras posiciones, mientras que  Barcelona consolida su quinta posición mundial y las Islas Baleares ocupan la decimotercera posición.

El Gobierno aumentará las sanciones para regularizar el empleo sumergido

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que, una vez transcurrido el plazo de año y medio que otorgará el Gobierno para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, las sanciones se incrementarán "significativamente".

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, Gómez indicó que tras este 'periodo de gracia' (desde junio de 2011 a diciembre de 2012), donde el Gobierno otorgará "incentivos" para que las empresas y trabajadores regularicen prácticas fraudulentas, las sanciones se endurecerán en la mayoría de los casos.
   "De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa", añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de 'amnistía' para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.
   "Más control y más sanciones de aquellos que incumplen", reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.
   El titular de Trabajo precisó que los incentivos que adoptará el Gobierno para facilitar la regularización voluntaria están relacionados, entre otras cosas, con plazos para que las deudas acumuladas por las empresas puedan ser pagadas con mayores posibilidades.
   Aunque admitió que ya existen aplazamientos en el pago de las deudas, señaló que el Gobierno puede "ayudar" a que duren más tiempo, así como aligerar las garantías que deben presentar las empresas para acogerse a dichos aplazamientos.
   Gómez eludió entrar en más detalles, ya que la intención del Ejecutivo es trasladar el plan de empleo sumergido a patronal y sindicatos para negociar los detalles del mismo, si bien aclaró que su departamento ya lo tiene "muy avanzado", con una doble intencionalidad: mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y asegurar el trabajo decente.
   Finalmente, indicó que es "difícil" calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar, y volvió a insistir en que, según diversos estudios, la economía sumergida en España varía entre el 15% y el 25% del PIB, en línea con otros países del Centro o Norte de Europa.
   "El trabajo no declarado es un fenómeno común en el conjunto de Europa", insistió Gómez, tras recordar que el objetivo de aflorar empleo sumergido es común en el conjunto de la UE, de ahí que se haya incluido en el 'Pacto del Euro'.

Demetrio Carceller, primer accionista de Sacyr, en detrimento del murciano Luis del Rivero

MADRID.- Disa, empresa propiedad de Demetrio Carceller, ha elevado hasta el 15,7% su participación total en el capital de Sacyr Vallehermoso, con lo que se convierte en primer accionista de este grupo, según informó la firma distribuidora de productos petrolíferos. 

   Carceller ha comprado en la última semana 11,95 millones de acciones de Sacyr, representativas del 2,9% de su capital y valoradas en unos 98,1 millones de euros a los actuales precios de mercado.
   Con esta operación el empresario eleva su participación directa en el grupo de construcción y servicios a casi el 13%. En caso de sumar a este porcentaje el 3% que tiene de forma indirecta (mediante un acuerdo de sindicación con el grupo Satocán), eleva su porcentaje total en Sacyr hasta el 15,7%.
   Así, Carceller se convierte en el primer accionista de este grupo, que además es primer accionista de Repsol, con un 20% de su capital. Hasta ahora, los primeros socios de Sacyr eran su presidente, el ingeniero murciano Luis del Rivero, y el ex vicepresidente José Manuel Loureda con participaciones de algo mas de 13% cada uno de ellos.
   El resto de accionistas de referencia de Sacyr son su vicepresidente, Juan Abelló, con un 9,62% del capital y su consejero delegado, Manuel Manrique con un 6,10%
   En un comunicado, Carceller enmarcó esta nueva compra de acciones de Sacyr en la estrategia de Disa de "reforzar" su apuesta por el grupo constructor. Asimismo, lo encuadró en el proceso de reordenación de la cartera financiera de su empresa, que recientemente anunció la venta del 10% que poseía en CLH.
   Se trata de la segunda inversión en acciones de Sacyr que el empresario realiza en los últimos meses, tras comprar títulos del grupo que preside Luis del Rivero en una de las ampliaciones de capital que Sacyr realizó recientemente.
   A estas compras de títulos se suma la alianza firmada el pasado mes de febrero con otro accionista de Sacyr, el también grupo canario Satocán. En virtud de este acuerdo, Disa y Satocán sindicaron 23,3 millones de acciones de Sacyr (11,1 millones de títulos cada uno), representativas del 5,91% de su capital social.
   El nuevo aumento de participación de Demetrio de Carceller y su alianza con el grupo constructor canario se registran después de que el Grupo Fuertes y el empresario José Moreno Carreter se convirtieran en nuevos accionistas de Sacyr (donde suman un 11%) a través de las referidas ampliaciones de capital.

Cambio de hora esta madrugada

MADRID.-Los relojes deberán adelantarse una hora y, a las 02.00 en la madrugada de este domingo, serán las 3.00, con lo que se inicia el llamado "horario de verano".
  Este cambio supone un ahorro en consumo eléctrico de seis euros por hogar (90 millones de euros), según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que sitúa el ahorro total en iluminación en unos 300 millones. De esa cantidad, 210 millones corresponderían a los edificios del sector terciario y la industria.
Para alcanzar este ahorro, el IDAE, no obstante, recomienda llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como el uso de tecnologías de ahorro en edificios industriales y otros.
Desde principios del siglo XX numerosos países han adoptado la decisión de adelantar la hora oficial en sesenta minutos durante los meses con mayor cantidad de luz para racionalizar el consumo eléctrico. Esta medida ha provocado la desconfianza de algunos sectores sociales por considerar que repercute física y psicológicamente en el ser humano, sin embargo los estudios realizados hasta ahora consideran que los cambios producidos son leves y transitorios.
La Comunidad Europea adoptó oficialmente el horario de verano en 1977 con el objetivo de adaptar las actividades sociales y económicas al ciclo de luz natural y así paliar la crisis energética. En este sentido la directiva europea 2000/84/CE establece que el período de la hora de verano se inicia el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre, en ambos casos a la una de la madrugada GMT (hora de tiempo universal), con carácter indefinido a partir de 2002.
En España el periodo de la hora de verano comienza el último domingo del mes de marzo de cada año a las dos de la madrugada, momento en que la hora oficial se adelanta sesenta minutos, y termina el último domingo del mes de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada, momento en que se retrasa sesenta minutos.

Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el reconocimiento de pérdidas

NUEVA YORK.- Las cajas de ahorros se enfrentan a las dudas de los inversores privados sobre el reconocimiento de pérdidas en el sector inmobiliario, según un artículo del diario Wall Street Journal (WSJ) titulado 'El rescate bancario en España contra el viento'.

   El rotativo dice que la capitalización de las cajas de ahorros es una importante prueba de creciente importancia para España, especialmente después de que los mercados hayan expresado su convencimiento de que Portugal necesitará el rescate europeo.
   En este escenario, indica que ocho grupos de cajas de ahorros deben presentar sus planes para recapitalizarse al Banco de España, lo que ha provocado una ráfaga de actividad en las últimas semanas de cajas de ahorros sondeando fondos de inversión libre (hedge fund) y de capital privado.
   "Pero el ejercicio ha suscitado preguntas de los inversores respecto al nivel de reservas de que las entidades disponen para afrontar los riesgos derivados del sector inmobiliario en sus carteras", resalta el WSJ.
   Las entidades también han tenido que encarar preguntas respecto a si sus ejecutivos se han distanciado lo suficiente de los políticos locales, e incluso sobre la comprensión de lo que hay en los libros por parte de los propios gestores, dice el rotativo británico.
   Por otro lado, resalta que los mercados financieros españoles no se vieron ayer afectados por las crecientes señales de la necesidad de que Portugal recurra al rescate europeo, lo que sugiere que los inversores tienen más confianza en la capacidad de España de restaurar sus problemas económicos.
   Asimismo, cita al analista Fred Rizzo, para quien "España es un mercado atractivo a largo plazo", a pesar de que "las cajas de ahorros necesitan sanearse y recapitalizarse" para que se puedan realizar comparaciones de 'manzanas con manzanas' con otros bancos europeos.
   En cuanto a la salida a Bolsa de las cajas de ahorros, el WSJ destaca que la prueba de confianza en el sector financiero español será el salto al parqué de Bankia, cuyas necesidades de capital son superiores a la colocación planeada por el grupo, según un banquero al que no identifica el diario.

Fondos Paulson, Cerberus y Apax

Los fondos de inversión Paulson, Cerberus y Apax han mantenido reuniones en los últimos meses con diversas cajas de ahorros para abordar soluciones a sus necesidades de capital después del endurecimiento de las exigencias por parte del Gobierno, según indica el diario 'Financial Times' (FT) de Londres.
   Mientras que los grandes bancos cotizados se han protegido ante la ralentización económica en España gracias a sus operaciones internacionales, las cajas de ahorros "están desesperadas por captar capital después de que empezaran a pasar factura los créditos de la burbuja inmobiliaria", dice el diario.
   Según el rotativo, tras mantener reuniones con inversores extranjeros,  las cajas en apuros han expresado su rechazo a las valoraciones ofrecidas, a lo que se ha sumado la rebaja de rating de Moody's a un total de 30 entidades españolas.
   La fecha límite impuesta por el Ejecutivo para que las cajas se recapitalicen por sus propios medios o recurran a dinero público ha espoleado la búsqueda de fondos a través de la salida a los mercados bursátiles o a través de otras formas de atraer capital privado, dice el 'FT'.
   El diario indica que Banco Base, la integración que lideran Cajastur y CAM, ha abandonado la idea de cotizar y aceptará la nacionalización parcial a través de las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Caja Mediterráneo se sigue negando a aceptar su situación real

MADRID.- Cajastur y la CAM negocian todo el fin de semana para solucionar sus discrepancias respecto a la necesidad de solicitar fondos públicos para cumplir con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno y mantener la unidad de Banco Base, informaron fuentes del sector.

   La caja asturiana y la murciano-alicantina están en desacuerdo respecto a la valoración de activos de la CAM, después de que ésta diera a conocer al Sistema Institucional de Protección (SIP) unos resultados peores de lo esperado, con una morosidad del 9% y una elevada exposición al sector inmobiliario.
   Según los cálculos del Banco de España, Banco Base -que engloba a Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria- requiere un total de 1.447 millones de euros para alcanzar el requisito de capital del 10%, umbral del que se aleja en 1,8 puntos porcentuales.
   Los planes iniciales de Banco Base pasaban por su salto al parqué, pero el consejo de administración no ha adoptado ningún acuerdo para iniciar los trámites del salida a Bolsa, y Cajastur se inclina en la actualidad por recurrir a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cubrir el hueco de capital.
   Según la entidad que lidera Manuel Menéndez, los números de la CAM ensombrecen la salida a Bolsa del grupo, y tendría menor coste acudir a los fondos públicos, ya que el FROB hará una valoración más ajustada a la realidad que la de los mercados, según los sondeos realizados.
   En este sentido, los socios de Banco Base liderados por Cajastur apoyan que sea la CAM la que asuma la mayor parte del peso del recurso a las ayudas del FROB, que implican la nacionalización parcial de la entidad y la entrada de consejeros de este organismo en el banco.
   Por su parte, la caja alicantina atribuye las discrepancias a la intención de Cajastur de reducir el peso de la CAM en la fusión, según fuentes financieras, y oficialmente sostiene que no hay conflictos en el seno del SIP.
   Tanto el Banco de España como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están mediando para evitar que fracase la fusión de Banco Base, que ha de presentar antes del lunes su plan de recapitalización al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al igual que todas las entidades que no cumplen con los nuevos requisitos de capital.
   El SIP está participado por Cajastur y la CAM en un 40%, respectivamente, así como por Caja Extremadura (11%) y Caja Cantabria (9%), y se creó con el objetivo de permitir a estas entidades convertirse en un grupo eficiente y solvente en el sistema financiero español.
   El grupo se articula en torno a una entidad central, cuyo nombre provisional es Banco Base y cuya sede está en Madrid, al que las cajas participantes han delegado todas las facultades necesarias para la efectiva gestión y dirección unitaria del SIP y al que han decidido traspasar su negocio bancario.

La CAM busca contra reloj no quedarse sola

MURCIA.- Caja Mediterráneo está buscando a contrarreloj una solución para los problemas planteados con sus socios en el Banco Base, principalmente con Cajastur, o bien entablar una nueva alianza antes del lunes, según el diario 'La Opinión'. 

Ese día es cuando finaliza el plazo que tienen las cajas de ahorro agrupadas en Sistemas Integrados de Protección (SIP) para presentar su plan de recapitalización ante el Banco de España y concretar la cantidad de dinero que van a pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un organismo público creado para salvar el sector financiero español.

Y es que Cajastur pretende reducir del 40% al 27% la partipación de CAM en el Banco Base, aduciendo la depreciación de los activos de la entidad con implantación en Murcia y en Alicante, debido al aumento de la morosidad (es del 8,7%), el descenso de un 30% de sus reservas y a su excesiva dependencia del sector inmobiliario. También pretende descontar a Caja Mediterráneo los 300 millones que la entidad emitió en cuotas participativas cuando salió a Bolsa.

Por otra parte, CAM está decidida a llevar a su asamblea del próximo miércoles las condiciones establecidas en el contrato del SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ignorando las exigencias que el socio asturiano pretende imponer para consumar la alianza. Esta es la impresión de los consejeros murcianos que ayer asistieron a la preasamblea celebrada en Murcia, bajo la presidencia del subdirector de la entidad Agustín Llorca.

El directivo de CAM informó a los representantes de la Región que tienen voto en la asamblea general de que la caja tiene un acuerdo de integración con los demás socios que debe cumplirse, dado que en caso contrario podría ser penalizada. El objeto de la asamblea es el traspaso de los poderes al banco creado por el SIP, denominado Banco Base.

Además, CAM mantiene que las cuentas de la entidad están auditadas y son conocidas por el Banco de España, por lo que considera fuera de lugar que la caja asturiana saque a relucir en vísperas de la fusión unas cifras diferentes a las que se han venido manejando en el último año.

Otras de las diferencias que pueden causar la ruptura del SIP es que Cajastur es partidaria de acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para conseguir los 1.447 millones de euros que el grupo necesita para cumplir con las nuevas exigencias de capital del Gobierno, mientras que los directivos de Caja Mediterráneo creen que sería mejor salir a cotizar. En la última reunión del consejo de administración de Banco Base se impusieron las tesis de los asturianos.

Tanto el Banco de España como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están mediando para evitar que fracase la fusión de Banco Base y que la entidad pueda tener listo el lunes su plan de recapitalización para presentarlo al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al igual que todas las entidades que no cumplen con los nuevos requisitos de capital.

De esta forma, el diario El País citaba fuentes del Banco de España para asegurar que Caja Mediterráneo podría ser ofrecida al SIP que forman La Caixa y Caixa Gerona en el caso de que salga de Banco Base.

Este SIP está participado por Cajastur y la CAM en un 40%, respectivamente, así como por Caja Extremadura (11%) y Caja Cantabria (9%), y se creó con el objetivo de permitir a estas entidades convertirse en un grupo eficiente y solvente.