domingo, 12 de junio de 2011

Nadie quiso acompañar a Jesús Navarro para seguir gobernando Calasparra

CALASPARRA.- Jesús Navarro ha sido reelegido como alcalde de Calasparra, por lo que gobernará en minoría al no llegar a acuerdos con IU-Verdes y ser la lista más votada, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   Navarro ha vuelto a ser elegido alcalde de la localidad con los votos únicamente de su grupo. La ausencia de pactos ha originado que el representante de IU, Ricardo García, se vote así mismo, al igual que ha sucedido con el grupo popular que ha votado por su candidato, Jesús Martínez Moreno.
   De este modo, el alcalde afronta así su cuarta legislatura a la que llega "con ganas de trabajar ante todo para conseguir el pleno empleo en la localidad". 
Además, ha señalado que espera trabajar con el consenso de todos, "con el equilibrio de las fuerzas representadas en el Ayuntamiento, tal y como ya sucediera en la anterior legislatura donde el 90 por ciento de los asuntos se aprobaron por unanimidad, recordaba".
   La sesión constitutiva de la novena legislatura municipal de la democracia la cerraba el alcalde con un discurso en el que apuntaba que espera seguir avanzando en los objetivos de su mandato. Así, ha dado la bienvenida a IU y ha destacado que hay que salvar diferencias ideológicas para lograr el objetivo, "que no es otro que Calasparra, a ser posible con el consenso de todos", eran sus palabras.
   Por su parte, Jesús Martínez Moreno, del PP, apuntaba en su discurso que su grupo inicia esta legislatura con voluntad de trabajar y con el compromiso, como el PSOE, "de hallar el máximo consenso para hacer bien las cosas".
   Al hilo, el concejal de IU, Ricardo García, que lució durante el pleno una camiseta reivindicando la reforma electoral, destacaba en su discurso la entrada de la fuerza en el Ayuntamiento tras doce años de ausencia.
   Como concejales del PSOE tomaron posesión Jesús Navarro Jiménez, José Vélez Fernández, Teresa Salinas García, Cristina Trujillo, Maria Dolores Gomariz, Jordi Arce Corbalán, Antonio José Moreno Gil, e Isabel  Torrente Martínez.
   Por el PP, Jesús Martínez Moreno, Jesús Alajarín Cascales, Isabel María Ríos Gil, Antonio Céspedes Marín, Davinia Saorín Marín, Miguel Ángel Martínez Alcázar, Mariano Marín Gil y María Asunción Escavy Peña.

Blaya ha sido sacado de la alcaldía de Mazarrón

MAZARRÓN.- El Partido Socialista, Izquierda Unida-Verdes y los formaciones políticas independientes se han unido, durante el acto de constitución del Consistorio ayer sábado y han dejado sin alcaldía al PP, por lo que será Ginés Campillo, de Unión Independiente de Mazarrón, el nuevo alcalde.

   Al parecer, momentos antes de que se constituyera el Ayuntamiento de Mazarrón todos los partidos políticos, a excepción del PP han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de concentración e impedir así que el popular Francisco Blaya, que fue el candidato más votado, pudiera salir reelegido como alcalde.
   Y es que, en los pasados comicios del 22 de mayo, la lista del PP fue la más votada, alcanzando ocho ediles. Uno menos consiguió el PSOE, mientras que UIDM alcanzó cuatro ediles e IU-Verdes y Parema uno.

En España el trabajo de menores es "anecdótico" o pasa desapercibido

MADRID.- El trabajo de menores en España es oficialmente "anecdótico" y, por tanto, no existen estadísticas ni informes, aunque el Ministerio de Trabajo detectó a 19 menores trabajando ilegalmente el año pasado.

No obstante, organizaciones como Save the Children, Unicef y la Plataforma de la Infancia advierten de que las cifras oficiales no incluyen a menores dedicados a la prostitución y que la familia es un "obstáculo a la visibilidad", por lo que es muy difícil obtener datos sobre el trabajo infantil, que se produce a menudo en empresas familiares o trabajos agrícolas.
Las últimas cifras recabadas de forma oficial en España corresponden a un informe del año 2000 realizado por Unicef a petición del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que calculó en unos 170.000 los menores de edad que trabajaban en España.
Unicef coincide con otras organizaciones dedicadas a la infancia en que estas cifras no reflejan la realidad dado que solo contabilizan a los niños escolarizados, mientras que las grandes bolsas de trabajo infantil se dan entre los niños de poblaciones marginadas no escolarizados y en la economía sumergida.
Unicef también apunta que los inspectores de trabajo no tienen competencia para intervenir en casos de servicio doméstico, negocios familiares, delincuencia, explotación sexual y mendicidad.
Según cálculos del organismo de la ONU, unos 100.000 menores se dedicaban a tareas domésticas; 15.000 trabajaban a diario en el negocio familiar, 10.000 se dedicaban a tareas agrícolas, ganaderas o de pesca; 10.000 en publicidad, 4.600 en fábricas o talleres y unos 2.000 en venta ambulante.
Diez años más tarde, en 2010, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó un total de 16 infracciones relativas al trabajo de 22 menores, por las que impuso multas por un total de 102.012 euros.
El año anterior, en 2009, las infracciones fueron 22 y afectaban a 56 menores.
A estos deberían añadirse los 1.300 menores identificados como víctimas de trata en España por la autoridades policiales, una cifra que a juicio de Save the Children "es sólo la punta del iceberg".
El Ministerio de Trabajo advierte de que aunque la edad mínima para trabajar es 16 años, incluidos los trabajos por cuenta propia, pueden existir infracciones laborales por limitaciones legales que prohíben a los menores de 18 años realizar ciertos trabajos.
Así, la ley prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años, salvo con un permiso especial para espectáculos públicos, y detalla que los menores de 18 no pueden realizar trabajos nocturnos, trabajar más de ocho horas diarias o hacer horas extra.
Los menores de 18 tampoco pueden realizar trabajos "declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y humana".
La Ley ya no distingue entre hombres y mujeres, como sí hacía la norma de 1957 que regulaba el trabajo de menores y mujeres debido al "alto concepto que en general al español merece la mujer y la atención que de manera especial debe ser puesta para evitar que un trabajo nocivo pueda perjudicar su naturaleza".
Esta ley de "Trabajos prohibidos a mujeres y menores" quedó derogada en lo relativo a las mujeres en 1995, y sólo persisten ciertas normas que regulan el trabajo de las mujeres embarazadas.

El Gobierno aprobará más recortes para compensar el desvío de las CC.AA. en el déficit

MADRID.- El Gobierno central tendrá que poner en marcha nuevas medidas centradas en el gasto para compensar el posible desvío de las CC.AA. en el cumplimiento de los objetivos de déficit y garantizar así la reducción del saldo negativo de las cuentas públicas al 6% en 2011, tal y como se comprometió con Bruselas, según diversos expertos.

Las comunidades cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, el 0,46% como resultado de unos ingresos que se situaron en 29.535,73 millones, un 2% menos, y de unos gastos que ascendieron a 34.531,04 millones, un 5,4% más.
La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, admitió que las CC.AA. cerraron el primer trimestre con una evolución del gasto superior al previsto, aunque se mostró convencida de la posibilidad de que los territorios cumplan y cierren el año con un déficit total del 1,3%.
Sin embargo, desde Intermoney, el director de Sector Público, César Miralles, cree que con estas cifras y con los presupuestos que han planteado las diferentes comunidades, el objetivo del 1,3% es de "difícil cumplimiento", ya que en el primer trimestre no se ha observado ningún "freno" en el incremento del gasto.
Además, Miralles cree que hay otros factores que generan "mucha incertidumbre", como la posibilidad de que afloren déficits ocultos tras la formación de los nuevos gobiernos en las comunidades y unas previsiones de ingresos y de PIB que parecen "muy optimistas".
En este contexto, Miralles ha asegurado que el Gobierno tendrá que coordinar nuevos recortes en las comunidades, sobre todo en aquellas que incumplen "claramente" los objetivos, aunque también puede tomar medidas a nivel estatal que afecten a todos los territorios, como una nueva bajada de sueldos a los funcionarios.
A su parecer, son "necesarias" medidas "serias" para recortar el gasto porque no es "deseable" aumentar la presión fiscal en estos momentos y hay que reducir "sí o sí" el déficit público al 6% para evitar una situación que podría ser "complicadísima" y generar una turbulencia similar a la de Portugal y Grecia.
En esta misma línea se ha mostrado Juan Rubio desde Fedea, quien está convencido de que pasará "algo" estos meses porque es necesario reducir el déficit público al 6% al cierre del ejercicio para evitar un "coste altísimo" para el Estado.
En concreto, ha asegurado que espera alguna medida con carácter retroactivo porque el país está ya "fuera de tiempo" y ha coincidido con Miralles en que una nueva rebaja del sueldo de los funcionarios sería una de las posibilidades para obligar a las comunidades a recortar el gasto.
Rubio, además, no ha descartado nuevas subidas de impuestos porque España tiene una presión fiscal muy baja, y ha apostado por sacar de las manos de los políticos la política fiscal y ligarla más a comisiones de expertos, tal y como ocurre en otros países europeos y como en su día se hizo con la política monetaria.
Por su parte, el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, ha admitido que ve un riesgo de desviación "importante" en las comunidades, lo que, a su parecer, supone un "contratiempo y una señal muy negativa para los mercados" y obligará a los gobiernos autonómicos a ser "muy austeros y comprometidos".
Además, la administración central tendrá que ser "muy cautelosa" porque es posible que tenga que compensar la desviación autonómica con nuevas medidas que, en cualquier caso, tendrán que ligarse a la vía del gasto y "bajo ninguna circunstancia" al incremento de ingresos con nuevas subidas fiscales que retrasarían la recuperación.
Izquierdo ha admitido que pueden aparecer cifras de déficit no reconocido en algunas comunidades tras las elecciones del pasado 22 de mayo, y ha resaltado la importancia de que el Estado cuente con un plan de contingencia por si finalmente las comunidades no cumplen el guión y la administración central tiene que asumir sus desviaciones.