viernes, 1 de julio de 2011

El Gobierno fija un tope de gasto para el Estado y las entidades locales

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y las entidades locales ligado a la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores, el año en curso y las previsiones de evolución para los tres años siguientes.

   De esta forma, el Gobierno asume el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía.
   Además, el Gobierno ha acordado también proponer una iniciativa análoga a las comunidades autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará a finales del mes de julio.
   En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que la nueva norma afecta al Estado y a las administraciones locales más importantes, entre las que se encuentran un total de 90 ayuntamientos y 38 diputaciones.
   En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento del gasto computable de cada administración no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española.
   Esta tasa se define como el crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años: los cinco anteriores, el año en curso y la previsión de crecimeinto de los tres años siguientes. A esta tasa se le añade la previsión de inflación (2,75%) y con ello se fija el gasto máximo.
   Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando, por el contrario, se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá disminuir en la cuantía equivalente.
   En caso de incumplimiento, la administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con la regla establecida.
   Según Rubalcaba, se trata de una regla que limita el gasto en función de lo que crezca la economía, por lo que supone un control de la estabilidad con "tiempo".
"No se trata de fijarlo año a año", ha señalado el vicepresidente primero, sino de controlar el déficit en el ciclo.
   A su parecer, se trata de una norma "bastante sensata" que hará que se gaste lo que se parece que se puede gastar, de forma que si se acaba creciendo más de lo previsto permita cierto ahorro o superávit, mientras que si el resultado es negativo se puede compensar el déficit con lo ahorrado en otros ejercicios.
   "Vamos a la austeridad", ha subrayado el 'número dos' del Gobierno, quien ha explicado que el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un acuerdo por el que insta a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a proponer esta regla de gasto a las comunidades para buscar un acuerdo político en todas las administraciones.

Roberto López Abad se desvincula de Caja Mediterráneo al tiempo que la entidad pide auxilio al FROB

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo ha acordado por unanimidad pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que instrumentalice a través del FROB 1 --crédito-- "parte de las ayudas" contempladas para la entidad en su plan de recapitalización, según ha informado en un comunicado la entidad.

   El consejo de la caja ha mostrado su convencimiento de que la legislación vigente le permite "obtener ayudas del FROB por el importe previsto en su Plan de Recapitalización por la vía de emisión de preferentes --el llamado FROB 1--, tal como ya ha ocurrido con otras cajas de ahorros". 
Según la entidad, "se trata de una opción que aún está abierta pendiente de decisión por parte del FROB".
   Desde la caja creen "razonable" recuperar las ayudas del FROB de la primera convocatoria que le correspondían en el SIP fracasado, en crédito, con lo que evita que las ayudas del fondo lleguen en su totalidad como capitalización, como FROB 2, lo que implicaría la entrada del Estado en el consejo de administración de la entidad.
   Además, sustentan su derecho a acceder al FROB 1 en que la Dirección General de Trabajo, en su resolución del 2 de junio, autorizó a CAM y a Banco CAM la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitado en el marco del anterior SIP,  que contaba con la participación de las mismas entidades que emitieron las participaciones preferentes suscritas por el FROB.
   El consejo también ha mostrado su "total acuerdo" con las alegaciones trasladadas por parte de la dirección de CECA al Banco de España, en las que pone de manifiesto "la importancia que para las entidades de crédito españolas tiene la inclusión de la provisión genérica en la medida de recursos propios con la que se evalúe la suficiencia de capital en los distintos escenarios".
   Según Caja Mediterráneo, la no inclusión de las provisiones "supondrá un grave inconveniente para las entidades españolas de cara a los resultados de las pruebas de estrés, dado que no estarán en igualdad de condiciones con otros países donde las entidades no han tenido que aplicar resultados a fondos genéricos y han podido incorporar esos beneficios a capital".
   Por otro lado, el Consejo ha tenido también conocimiento de la "desvinculación" de la entidad del anterior director general, Roberto López Abad, tras acogerse al Plan de Prejubilaciones de Caja Mediterráneo previsto para los empleados mayores de 55 años y con al menos diez años de antigüedad en la caja.
   El Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Longinos Marín Rives como vicepresidente del Consejo Territorial de CAM en Murcia, así como el de Diego Illán Barceló como vocal del Consejo Territorial de Murcia.
   Finalmente, el consejo ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Angel Martínez Martínez como presidente de la Comisión de Inversiones, en sustitución de Juan Bernal.

Hoy ha nacido 'Albacete Confidencial'

ALBACETE.-  Hoy, 1 de julio, ha nacido Albacete Confidencial con el único objetivo de generar un espacio de análisis y reflexión, a partir de la mejor información de calidad e interés, seleccionada por periodistas profesionales desde los propios contenidos específicos referidos a Albacete, que aparecen en Internet.

Albacete, capital económica de Castilla-La Mancha y hoy indiscutible referente estratégico de una logística moderna entre puertos del Mediterráneo occidental, el Atlántico Norte y el interior de la Península Ibérica, cobra una importancia creciente conforme avanza el siglo XXI y, en consecuencia, tiende a generar una información valiosa de cara a inversiones y proyectos, que aseguren su actual nivel de vida y sustenten su futuro a largo plazo.

Una nueva etapa política, además, en Castilla-La Mancha parece la coyuntura idónea para arrancar con la última fase de un proceso que, anteriormente, nos llevó a editar boletines digitales semejantes en Alicante-Elche, Murcia-Cartagena, Valencia-Castellón, Almería y Madrid, dentro de una expansión reiniciada en la primavera de 2006.

Ahora en fase experimental, pero, a partir de octubre, a velocidad de crucero, Albacete Confidencial pretende conectar con las minorías ilustradas y más inquietas de esta provincia singular al objeto de destilar contenidos de auténtica calidad susceptibles de ser útiles en la vida profesional diaria de todos y cada uno de los seguidores manchegos que vayamos añadiendo a nuestra nómina de lectores fieles.

Murcia pretende colocar gran parte de la emisión de deuda, hoy autorizada, a lo largo de julio

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, que ha asegurado que previsiblemente este viernes el Consejo de Ministros autorizará una emisión de deuda pública para Murcia de 464 millones de euros, ha matizado que el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, tiene como objetivo colocar gran parte de ésta a lo largo del mes de julio, de hecho, apuntó, ya se han establecido contactos con entidades interesadas.

    Además, recordó Ballesta, "históricamente la Región de Murcia ha realizado otras emisiones de deuda con gran éxito porque se han colocado en muy poco tiempo y a unos interés más bajos que otras comunidades autónomas".
   La estrategia es "complicada" pero, subrayó, el consejero de Economía "ya ha establecido contacto con algunas entidades dispuestas", de todas maneras esto debe manejarse con total "prudencia y discreción" porque "los mercados son volubles y dinámicos, y los tipos de interés que ofrecen hoy pueden ser distintos a los que ofrezcan la semana que viene".
   "Hay que buscar el mejor momento y la mejor circunstancia para colocarlo en los mercados", insistió el portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
   "El consejero de Economía ya está trabajando en el tema e informa que quiere tener en el mes de julio colocada parte de esta deuda con objeto de aumentar la liquidez de las arcas regionales", incidió.
   Evidentemente, señaló Ballesta, el destino principal será el pago de proveedores, "no le cabe a nadie en la cabeza que sea otro".

El abogado del ex alcalde de Fortuna defiende pruebas frente a indicios

MURCIA.- El Ministerio Fiscal, la acusación particular y el abogado defensor de la ex concejal de Empleo del Ayuntamiento de Fortuna han hecho referencia, en su exposición final, a las declaraciones de los testigos que han prestado declaración en el juicio que ha concluido este viernes, en la Audiencia Provincial, contra el alcalde de la localidad, Matías Carrillo; esta ex edil, María Dolores Sánchez; y el fuera concejal de Economía y Hacienda, José Antonio López.

   Para el representante del ministerio público, que ha sustituido la pena de arresto de 12 fines de semana por la privacidad de libertad durante 24 días, "nos hemos visto en la tragicomedia" por la calidad de algunas declaraciones de testigos que han intervenido en la vista oral, que comenzó este martes.
   "Es inmoral, ha declarado, que se basterdeé el voto de la ciudadanía, como se ha hecho en este caso, aprovechando de la necesidad de las personas", por lo que, haciendo referencia a una cita teatral, advierte que "algo huele a podrido" porque la compra de votos "se efectuó y existen pruebas" respecto de la ex concejal, cuyo testimonio, considera, hubiera sido más fiable "si en lugar de inculpar a todos los de la lista del PP, ella también se hubiera inculpado".
   Mientras que para la acusación particular, que ejerce a instancia de IU, el perfil de los testigos "no pasa desapercibido", ya que responde a "gente con mucha necesidad, en muchos casos desarraigada y con un nivel cultural muy bajo, además de problemas físicos y psíquicos".
   La acusación particular ha reconocido que a la ex concejal "le han llovido las acusaciones en este proceso y era el último eslabón de la cadena si participó en los hechos, teniendo la valentía de llevarlos a juicio y no dejarse llevar por el alcalde", lo que pide valorar como atenuante de confesión.
   Llegado el turno de intervención del letrado que defiende a la ex edil María Dolores Sánchez, éste ha denunciado públicamente que da la impresión de que "parece que se va contra una única persona", apoyándose en las manifestaciones de cinco testigos que "han ido contra ella, no existiendo evidencia alguna" de que pudiera haber incurrido en un presunto delito electoral.
   La ex concejal "se ve envuelta en un proceso, por desgracia, donde los vecinos no querían acudir a declarar porque hay una ley del silencio, hay miedo", ha expuesto el abogado Antonio Pagán.
   Precisamente, se ha referido a la "amnesia" que parecía tener uno de los testigos y el interés de "incriminar" a su defendida, "quizás porque debían necesitar algo del Ayuntamiento por sus necesidades, porque trabajan en cosas municipales y son pensionistas".
   A lo que se une "las ganas de venganza" de dos testigos con respecto a María Dolores Sánchez, que "incluso antes de sentarse, una de ellas ya se dirigió a la ex edil y cambió su declaración, contradiciéndose".
   Por ello, la estrategia del letrado que defiende a la ex concejal ha sido la de desmontar las acusaciones de cinco testigos que han declarado en el juicio, al no "haber ni recompensa ni dádivas" de su defendida a cambio del voto. "No hay delito y todos los indicios del auto contra ella han quedado desmoronados con la infinidad de contradicciones", ha manifestado el abogado Antonio Pagán.
   Esto se fundamenta en el hecho de que cuatro de los cinco testigos a los que se ha referido "acudieron a pedirle trabajo a María Dolores y no se ha probado que ella pidiera los DNI" para comprarle el voto, además de que la última decisión, ha enfatizado, correspondía a la persona del alcalde.
   También ha criticado el testimonio del joven que aseguró que la ex concejal le abordó en plena calle para pedirle el DNI, desconociendo que su madre era concejal de la oposición. En opinión de Pagán, "se contradijo, ya que en una primera declaración en instancias judiciales dijo que venía de casa de su tía y aquí dice que iba", además de que hay que tener en cuenta que ese día precisamente, la ex edil estuvo en casa todo el día porque no se encontraba bien, tal y como ha corroborado una amiga que la acompañó en el domicilio.
   Por esta razón, considera que la versión de este joven "es más que discutible", al igual que la del empresario que declaró este jueves, "que tiene un negocio con el alcalde e interés, ya que es de un partido afín".
   Se la juzga, según ha señalado, "por unos indicios" pero "nada de lo que se ha dicho contra ella ha sido probado y no firmó ningún contrato ni ninguna solicitud" en la compra de votos en Fortuna en las elecciones de 2003.
   Una afirmación en la que no está de acuerdo Jaime Peris, el abogado defensor del alcalde y el ex edil, dejando claro que en este juicio "solo se puede hablar de pruebas y datos fehacientes, y no de historias ni de indicios", descartando, en todo momento, hablar de argumentaciones políticas.
   Su exposición se ha basado en los siete "pretendidos" indicios que las acusaciones y defensa han mantenido, entre ellos, el aumento del voto por correos y las declaraciones inculpatorias.
   Así, ha defendido que "no hay ni un solo indicio, ya que los datos no son contrastados ni fehacientes, sino interesados y sesgados".
   Ha llamado la atención sobre el hecho de que el procedimiento se inició con una denuncia de un concejal en un Pleno, "cuyo padre es el protagonista estelar y tiene el estómago de hacer declaraciones en ese Pleno sin comprobarlo ni hablar con su padre, como manifestó aquí".
   Así como que en la instrucción inicial no sale el nombre de sus dos defendidos, que es posterior una vez que la ex edil los "inculpa", por lo que la Sala, a su entender, "sólo podría dictar sentencia condenatoria" respecto del alcalde y el ex edil por la declaración de una de las testigos, que cambia su versión de los hechos y se contradice.
   El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral y pide para cada uno de los acusados la privación de libertad durante 24 días, multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, y la inhabilitación especial para el cargo de concejal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante cinco años.
   Por su parte, la acusación particular, representada por el letrado Joaquín Dólera, considera que los hechos, además de un delito electoral, son constitutivos de malversación de caudales públicos y prevaricación; este último por el hecho de que hubieran 49 contratos que "no pasaran ningún tipo de selección".
   Pide para el alcalde y el ex concejal 17 años de inhabilitación y 20 fines de semana de arresto por los tres delitos; y para la ex edil, dos meses de multa al considerar que incurrió únicamente en delito electoral.

El Gobierno murciano nombra a los nuevos secretarios generales

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado los nombramientos de los secretarios generales del nuevo Ejecutivo regional y que serán, José Gabriel Ruiz, Antonio Sánchez- Solís de Querol, Francisco Moreno, María Isabel Sola, María Luisa López, Martín Quiñonero, Antonio Javier Navarro y Manuel Marcos.

   En concreto, según ha especificado el portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Secretaría General de Presidencia la ocupará José Gabriel Ruiz González, que ha ocupado diversos cargos en las administraciones estatal y autonómica, entre los que destacan los de director de Gestión del Hospital General Universitario de Murcia (1995-1997), director general de Recursos del Servicio Murciano de Salud (1997-1999) y director general de Consumo de la Comunidad de Murcia (1999-2007).
   También fue secretario general de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación (2007-2008) y, hasta la actualidad, ha desempeñado el cargo de secretario general de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
   Por su parte, Sánchez-Solís de Querol, se hará cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda. Ha sido director general de Transportes y Comunicaciones (1995-2000), secretario general de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas (2000), secretario general de la Consejería de Turismo y Cultura (2000-2002) y director de Estudios, Planificación y Coordinación de Proyectos (2002-2005).
   También ha sido director general de Comunicación y Relaciones Sociales (2005-2006), secretario de Comunicación Audiovisual y de los Servicios de la Presidencia (2006-2007), secretario general de la Consejería de Presidencia (2007-2008) y secretario general de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación desde octubre de 2008.
   Asimismo, Moreno García será el secretario de Agricultura y Agua, que ya fue secretario general de la Federación de Empresarios de la Construcción en el período 1977-1993 y director gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en el período 1994-2000.
   Además, ha desempeñado diversos cargos en la Administración regional, como director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (2000-2006) y director general de Trabajo (2006-2007). Es secretario general de la Consejería de Agricultura y Agua desde septiembre de 2007.
   Mientras que Sola Ruiz, cuñada del consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, se hará cargo de la Secretaría General de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
   A pesar de ello, el portavoz del Ejecutivo regional, ha querido destacar "que no es alguien recién venido a la Administración regional puesto que lleva más de 20 años ocupando diferentes puestos en la Comunidad".
   De hecho, es técnico en prevención de riesgos laborales y ha desempeñado diversos puestos de carácter jurídico y organizativo en la Administración, como asesora jurídica, jefa de servicio de Régimen Interior, vicesecretaria y subdirectora general de Transportes y Puertos, todos ellos en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
   De julio de 2007 a octubre de 2008 ocupa la secretaría general de la Consejería de Turismo y Consumo. De octubre de 2008 a septiembre de 2009 ha sido vicesecretaria de la Consejería de Economía y Hacienda, fecha en la que fue nombrada directora gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
   Por su parte, la secretaria general de Cultura y Turismo será María Luisa López Ruiz. Desde 1990 es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad de Murcia y ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Consejería de Educación y Cultura.
   En 2003 fue nombrada vicesecretaria y en 2007 secretaria general de la Consejería de Educación y Cultura. Ha sido también secretaria general de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes en 2008 y, posteriormente, desde octubre de ese año, de la Consejería de Cultura y Turismo.
   Asimismo, Quiñonero Sánchez se hará cargo de la Secretaría General de Sanidad y Política Social. Desde 1987 trabajó como veterinario interino en la Consejería de Sanidad y, desde 1991, es funcionario de la Consejería de Sanidad y Política Social. Fue director general de Salud (1996-1999) y director gerente del Servicio Murciano de Salud entre 1999 y 2003.
   En la legislatura 2003-3007 y 2007-2011 fue diputado en la Asamblea Regional, donde ha desempeñado las funciones de portavoz adjunto de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, miembro de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales y presidente de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
   Por su parte, Navarro Corchón será el secretario general de Universidades, Empresas e Investigación. Es profesor colaborador de la Escuela de Práctica Jurídica de la UMU en el Curso de Ordenación del Territorio y Urbanismo y profesor del título de postgrado de Experto universitario en Urbanismo de la Universidad Católica San Antonio (UCAM).
   Ha impartido diferentes cursos y ponencias y participado en congresos relacionados con su especialización profesional. Desde 1988 es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad, destinado en la Consejería de Obras Públicas desde 1990, donde ha ocupado diferentes puestos.
   De 2001 a 2004 fue subdirector general y de 2004 a 2007 fue vicesecretario en este departamento. En 2007 fue director general de Urbanismo y, en 2008, de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Desde 2009 hasta la fecha ha sido director general de Territorio y Vivienda.
   Además, el secretario general de Educación, Formación y Empleo será Sánchez Cervantes. Maestro de Educación Primaria y Licenciado en Pedagogía. Alcalde de Archena entre 1995 y 2011. Fue concejal de este municipio de 1991 a 1995 y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote de 1995 a 2007.
   Ha sido diputado regional del grupo parlamentario popular durante dos legislaturas, de 2003 a 2011. En la Asamblea Regional ha sido secretario de la Comisión de Educación y Cultura.
   Por último, Ballesta ha señalado que a lo largo de la próxima semana se conocerán las competencias exactas de cada departamento, aunque cabe recordar que hace unos días el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, señaló que determinadas competencias, entre otras Función Pública, serían objeto de análisis y cambio de ubicación, probablemente en este caso para pasar de Presidencia a la Consejería de Economía y Hacienda.

El Gobierno central autoriza a la Comunidad Autónoma a emitir deuda

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado operaciones de endeudamiento a varias comunidades autónomas por un importe total de 2.503,2 millones de euros. No obstante, más de la mitad de estas operaciones de endeudamiento corresponde a la cobertura de amortizaciones de deuda a largo plazo, por lo que no repercutirá en un incremento de la deuda en las Comunidades donde se lleven a cabo.

   A la Comunidad de  Murcia se le autoriza a realizar operaciones de préstamos a largo plazo y/o emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 464.000.000 de euros. Estas operaciones resultan conformes con su Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, que fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con su Programa Anual de Endeudamiento.

   En consecuencia, se autoriza esta operación de endeudamiento que se destinará a financiar, por un lado, una parte del déficit establecido como objetivo de estabilidad para 2011, en concreto el primer tramo del 0,65 por ciento del PIB en virtud de los acuerdos del CPFF; y, por otro, el déficit que la región tenía pendiente de financiar respecto del objetivo de estabilidad de 2010, de conformidad también con lo aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El ICO ayudará a las pymes que tengan deudas con los ayuntamientos

MADRID.- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pagará hasta 3.400 millones de euros las pymes que tengan deudas pendientes con los ayuntamientos, a los que se descontarán las facturas que pague el organismo de los ingresos a cuenta que realiza anualmente el Estado a las corporaciones locales.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó hoy que esta medida, incluida en un amplio decreto ley que recoge las nuevas medidas sobre embargos hipotecarios y la regla de gasto para el Estado y los ayuntamientos, se trata de una idea "sencilla" y no dudó de que va a funcionar de forma satisfactoria.
   El mecanismo consiste en que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente pymes de menos de 250 trabajadores, puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.
   El organismo crediticio destinará recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado.
   Las operaciones tendrán un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, es decir, unos 3.400 millones de euros.
   De este modo, añadió Rubalcaba, el Gobierno atiende la "difícil situación" en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.
   Por otro lado, el decreto ley recoge también una medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo.
   Para ello, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.