jueves, 21 de julio de 2011

La CAM procederá a la amortización de sus cuotas participativas en circulación

MADRID.- El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha acordado proceder a la amortización de la totalidad de las cuotas participativas en circulación, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   En concreto, la CAM ofrece un precio para la amortización de 4,7714 euros por título, correspondiente a la media de cotización del último trimestre contando de fecha a fecha desde ayer.
   La CAM se convirtió en 2008 en la primera caja en saltar al mercado con sus cuotas participativas, un instrumento financiero similar a la acción, pero sin derechos políticos.
   Para financiar el coste de la amortización, está previsto que Banco CAM efectúe un reparto de prima de emisión a favor de su accionista único, CAM, por importe de 238,57 millones de euros.
   La efectividad del acuerdo queda supeditada a su aprobación por la Asamblea General de CAM, que se ha acordado convocar para el próximo 16 de septiembre, y de los organismos supervisores competentes -el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Hacienda-.
   El plazo máximo previsto para la ejecución del acuerdo y, por tanto, para el pago a los cuotapartícipes del valor de amortización, es de dos meses contados a partir de la fecha de efectividad del acuerdo.

Un exdirectivo de la CAM confirma que hacía negocios de compra-venta de suelo con Ortiz

ALICANTE.- El directivo de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha confirmado ante el juez que, en su función de responsable de inversiones inmobiliarias de la entidad financiera, hizo negocios de compra-venta de suelo con el empresario Enrique Ortiz. 
 
   El directivo se ha presentado sobre las 10.00 horas de este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga el 'caso Brugal' relativo a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
   Gil estaba citado por su presunta relación con un delito de aprovechamiento de información privilegiada, que supuestamente pudo producirse en el marco de varias operaciones cuyo objetivo era la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.
   El abogado de EUPV, José Luis Romero, ha explicado que en su comparecencia ante el juez, Daniel Gil no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares, pero sí ha atendido a alguna preguntas del fiscal y a las de su defensa.
   Al respecto, según Romero, Gil ha aclarado que la sociedad de la CAM que él dirigía "compraba con miras a la reclasificación del suelo, y que esa parte la dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa CAMSERVI de la que Ortiz es administrador".
   "Ha confirmado que tenía una opción de compra sobre unos suelos en los saladares de Aguamarga, en torno a los que había un problema jurídico de exceso de cabida. Por este motivo, ha detallado que "CAM no quería llevar esa opción de compra que tenía con CAMSERVI, y que finalmente sí compraron el terreno".
   Sobre las escuchas, Daniel Gil ha mantenido ante el juez que "no recordaba absolutamente nada", y ha rechazado la invitación del fiscal anticorrupción para escucharlas en ese momento, según ha indicado el abogado de EUPV.
   Romero también ha considerado que si en un futuro las escuchas se declaran válidas, "va a tener que decir algo, porque son muy claras y muy patentes de lo que había debajo del negocio legal". 
Por ello, a su parecer, "lo que pierde ahora es su oportunidad, y si se declara oir las escuchas, no habría hecho falta volver a llamarles para decir lo que hubieran podido decir ahora".
La declaración de Daniel Gil ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del Brugal sobre presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se debe a que, según se desprende del sumario, parcelas del entorno de los Saladares de Aguamarga fueron objeto de interés por parte de sociedades y personas que conocieron con antelación a la publicación del PGOU su posible cambio de calificación del suelo.
A raíz del análisis de protocolos notariales, el fiscal observa cómo a través de distintas operaciones se materializa la compra de la totalidad de participaciones de la sociedad que ostenta la propiedad visible de los terrenos que van a soportar el proyecto de la "Ciudad de la Economía", una iniciativa que recogía aprovechamiento terciario en el citado suelo de Aguamarga.
Así, se atestigua, tal y como recoge el sumario, que la sociedades CAMSERVI Obras y Servicios, propiedad de Enrique Ortiz, junto a la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., propiedad de CAM, son las máximas accionistas de una mercantil, Dreamview, protagonista en estos hechos.
Gil, acompañado por su letrado, ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y en cuya comparecencia también han estado los letrados de Ortiz y de Esquerra Unida (acusación popular), y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Según fuentes judiciales, Gil ha apuntado que la CAM era "el socio financiero" y que ellos "compraban con miras a la reclasificación del suelo", y que esa parte "la dejaban en manos del socio tecnológico, una empresa de la que era administrador Ortiz".
Preguntado sobre si conocía que Ortiz hubiera intentado negociar con la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi temas relacionados con Aguamarga, Gil ha aseverado que no sabe nada de eso.
En los protocolos notariales se observa, según añade el fiscal, cómo a través de distintas operaciones se materializa el deseo de Ortiz de no constar como propietario de ciertos terrenos en la zona de Aguamarga y "que han sido recalificados para su beneficio y el de la CAM".
El fiscal considera que Gil puede ser responsable de infracciones penales, como recepción de información privilegiada, conseguir, a través de Ortiz, resolver a su medida aspectos del proyecto de la "Ciudad de la Economía", y de "comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del Plan General en base a la información privilegiada recibida".
Para la acusación pública, los hechos relatados pueden ser constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y delito de tráfico de influencias.

Las obras de restauración del parador de Lorca supondrán cinco millones de euros

LORCA.-  El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, ha realizado una visita técnica a las obras del parador turístico de Lorca, acompañado por el secretario general de la delegación del gobierno en Murcia, José Camarasa, para revisar e inspeccionar los daños ocasionados durante el terremoto del mes de mayo, y cuyas obras supondrán cinco millones de euros, según ha informado fuentes de la Delegación del Gobierno. 

   Un presupuesto con el que se tiene que realizar el revestimiento exterior del edificio, las actuaciones en diferentes áreas del interior por el derrumbe y las grietas producidas en diferentes dependencias.
   El plan de actuación de emergencia fue aprobado el pasado 30 de junio para la reparación de los daños producidos en el parador por el terremoto, estimándose en diez meses el periodo de ejecución de las reparaciones.
   A primeros del mes de julio, la empresa encargada de la reparación inicia la fase de  desescombro y en estos momentos se está protegiendo el suelo del edificio parador.
   La inversión total de la Administración Turística Española en el parador de Murcia realizada es de 25,5 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros cinco por los daños causados.
   Desde que se produjo el terremoto el pasado día 11 de mayo,  los trabajos de análisis y de evaluación de los desperfectos comenzaron de forma inmediata por el procedimiento de emergencia.
   Al día siguiente del seísmo se iniciaron las actuaciones de urgencia en el exterior del parador con el apuntalamiento de la ermita de San Clemente y de los restos arqueológicos.
   Una vez finalizadas las obras  la sociedad estatal de paradores  procederá al amueblamiento del edificio  pudiéndose inaugurar el establecimiento hotelero el próximo año.
   El parador contará con 76 habitaciones dobles, de ellas varias suites; varios comedores y cafetería, así como un salón polivalente de convenciones, además de spa y de piscina interior y exterior, aparcamiento y jardines. Se ha previsto musealizar los restos arqueológicos hallados para disfrute de los clientes y de los turistas que visiten el castillo de Lorca, donde se halla el edificio.
   El parador de turismo de Lorca se sitúa sobre una superficie de 13.625 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de la ciudad. La mayoría de las actuaciones incluidas en las obras del edificio hotelero van a potenciar el recinto histórico del Castillo de Lorca mediante la conservación, puesta en valor y restauración de los restos más significativos.