viernes, 29 de julio de 2011

Valcárcel no revela en público que, a nivel privado, opera con Bancaja

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, no quiso hacer más comentarios ayer en Madrid sobre la problemática de Caja Mediterráneo al recordar que la legislación regional al efecto no se aplica sobre la CAM, sino sobre Cajamurcia, a efectos de tutela y supervisión.

«Decir más es entrar en un terreno que no me corresponde», añadió Ramón Luis Valcárcel, quien apuntó además que no tiene préstamos personales en Caja Mediterráneo, sino en otra caja de ahorros, aunque no precisó su nombre.Se trata de Bancaja, de la que su hermano Carlos es asesor jurídico en Murcia y principal accionista del Banco de Valencia, entidad normalmente con la que opera para los negocios familiares.

El próximo lunes habrá reuniones entre miembros del Gobierno regional murcianos y los directivos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que se han hecho cargo de Caja Mediterráneo tras su nacionalización hace una semana por parte del Banco de España.

El escándalo de la CAM desata todo tipo de peticiones en parlamentos, partidos y sindicatos

MADRID.- El grupo socialista en las Cortes Valencianas exigió la convocatoria de la Diputación Permanente para que comparezca el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, y explique los motivos que han conducido a la intervención de la CAM por el Banco de España. El portavoz de Economía del PSPV-PSOE en las Corts, Francisco Toledo, informó en un comunicado de que su grupo se adherirá a la petición de Esquerra Unida (EU) para que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre este tema.

Francisco Toledo instó a Alberto Fabra a depurar «todas las responsabilidades» que han llevado a la CAM a la actual situación. Toledo recordó que la ley de cajas establece en su artículo 35 que los miembros del consejo de administración, sus empresas y familiares «no pueden obtener ni créditos ni avales sin la autorización expresa del consejo de administración y del IVF» y que también señala que los cargos son «honorarios y gratuitos» de lo que se deduce, en opinión de Toledo, «que el IVF tuvo que autorizar los créditos y que Modesto Crespo —expresidente de CAM— no debía cobrar por ser consejero de Tinser».
Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, dijo que los datos que están surgiendo sobre la gestión de Caja Mediterráneo apuntan a que la entidad «era una pieza más de la trama de la Comunidad Valenciana protagonizada por el Partido Popular». Madina apuntó que, con las informaciones sobre la concesión de créditos «con la firma de la Generalitat» a altos directivos de la caja al 0 % de interés, «todo indica» que, antes de ser intervenida por el Banco de España, la CAM «estaba intervenida previamente por el PP».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de «despreciable, nociva y muy esclarecedora la trayectoria seguida por la CAM entre 2004 y 2010». A su juicio, los datos hechos públicos tras la intervención «revelan la frescura, la insensatez y hasta la impunidad con la que se han manejado los consejeros».
El grupo parlamentario Compromís en las Corts pidió, por su parte, la comparecencia de los actuales administradores de la CAM nombrados por el FROB, José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz, para que expliquen cuál es la situación de la CAM y las soluciones que se pueden adoptar. 
Mónica Oltra pidió que se esclarezcan las razones por las que el Consell «aprobó créditos blandos, de incluso interés cero, a consejeros de la CAM cuando el tipo medio estaba al 4 %».
También los principales sindicatos con representación en la caja reclamaron la depuración de responsabilidad por la concesión de créditos blandos a los consejeros. Así, el secretario general del Sicam, Manuel Navarro, reclamó que los nuevos administradores de la caja nombrados por el FROB investiguen si se produjo «algún tipo de abuso», ya que considera que las cantidades prestadas fueron «muy elevadas». 
Por su parte el portavoz de CGT, Juan José Martínez, se sumó a la petición de responsabilidad y denunció que este tipo de prebendas se han utilizado «para que los consejeros no se cuestionaran nada y aprobaran todo lo que se les ponía delante». Desde CC OO, Isidro Grao exigió que los anteriores responsables de la entidad «paguen por lo que han hecho».

KPMG auditará de urgencia a la CAM

MADRID.- Caja Mediterráneo (CAM) ha encargado a la firma de servicios profesionales KPMG, por orden de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una auditoría de urgencia de la entidad al objeto de conocer su grado de deterioro patrimonial en los siete primeros meses del año, informaron hoy fuentes financieras.

El equipo de auditoría de KPMG, firma que ha auditado a la CAM desde principios de los años 90, debe trabajar contrarreloj durante este mes de agosto para determinar el valor que presentaban los activos de la caja hasta el 31 de julio, dado que la intención del FROB y del Banco de España es subastar la entidad a principios de septiembre.

La auditoría se realizará en el contexto de la ampliación de capital que llevará a cabo la CAM para dar entrada al FROB con una inyección de 2.800 millones de euros con el fin de sanear la entidad y elevar su solvencia. Además, el Fondo concederá un préstamo de 3.000 millones a la caja alicantina para atender sus necesidades de liquidez.

En los recientes test de estrés, la entidad anteriormente presidida por Modesto Crespo obtuvo uno de los ratios de capital más bajos de las entidades españolas, con un core Tier 1 del 3%, que ascendería al 5,1% se incluyen las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras.

El diario 'El País', que adelanta hoy la noticia, señala que además el supervisor ha pedido al banco de inversión suizo UBS que haga un informe de valoración de mercado de la caja, con el fin de determinar con qué parte del capital se queda el FROB, que estará cerca del 85%.

Moody's empieza a dejar de creer en las posibilidades de la Región de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado hoy un escalón las calificaciones a largo plazo de seis regiones españolas, y ha colocado en revisión para un posible recorte la de otras cuatro comunidades.

   En concreto, la agencia ha recortado un escalón la calificación de Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, y ha puesto en revisión la de Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.
   En el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, Moody's explica su decisión por las dificultades que espera que atraviesen estas regiones a la hora de mejorar sus déficit en 2011, aparte de su vulnerabilidad a los mercados debido a sus grandes necesidades de financiación.
   Por su parte, la agencia señala que la rebaja de Andalucia y Castilla y Leon refleja la preocupación de Moody's en relación con las obligaciones comerciales de estas regiones y la ausencia de planes claros sobre cómo y cuándo serán financiadas.

Zapatero aprobará el 19 de agosto un decreto para acelerar la reducción del déficit

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la aprobación de un decreto-ley el próximo 19 de agosto para acelerar la reducción del déficit público, que contemplará medidas para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades y el recorte del gasto farmacéutico, así como nuevas iniciativas para crear empleo, pero que no incluirá nuevos recortes sociales.

   Durante una rueda de prensa en Moncloa para ofrecer el balance del primer semestre, Zapatero indicó que aunque a cinco meses de que concluya el ejercicio presupuestario existen "buenas condiciones" para alcanzar el objetivo de déficit (6% del PIB), es necesario llevar a cabo un "esfuerzo adicional" para asegurar su consecución, y así se lo ha pedido a la vicepresidenta económica.
   En este sentido, apeló también a la "indispensable contribución leal y responsable" de los distintos niveles de la administración pública en la consecución de este objetivo, y valoró positivamente el compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar en cada comunidad una regla de gasto coherente con la aprobada para el Estado.
   "El proceso de consolidación fiscal está encauzado, aunque existe una tensión permanente sobre el control del gasto. La recuperación continúa y comienza a ofrecer síntomas positivos en el empleo, pero aún falta tiempo para que la recuperación general tenga el ritmo que deseamos y se vuelva a crear empleo, por lo que habrá que continuar en la dura tarea, pero el rumbo está fijado", reiteró Zapatero.
   El jefe del Ejecutivo destacó que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, junto con otros indicadores, determinan que la economía siguió creciendo entre abril y junio por séptimo trimestre consecutivo desde que comenzó la crisis, al tiempo que precisó que esta recuperación está caracterizada por la "fortaleza" del sector exterior y la "debilidad" de la demanda interna.
   Según Zapatero, la recuperación se está produciendo en un contexto "muy difícil" porque el Gobierno debe hacer frente a un "exigente" programa de reducción del déficit, mientras persisten las "tensiones" en los mercados de deuda soberana. Así, destacó que los pasos dados por el Eurogrupo son de "gran relevancia", pero tienen que desarrollarse en los próximos meses y, por tanto, llevará "su tiempo reducir la volatilidad en los mercados".
   Tras resaltar que durante este semestre el Gobierno ha aprobado siete decretos-leyes, 26 proyectos de ley y un número muy importante de acuerdos y medidas no legislativas, Zapatero centró en tres ámbitos las iniciativas llevadas a cabo por el Ejecutivo en este periodo: socio-laboral, competitividad y sector financiero.
   Sobre el primer aspecto, recordó la firma del acuerdo social y económico con sindicatos y patronal, la reforma de las políticas activas de empleo, el plan 'Prepara', el impulso a la contratación a tiempo parcial, la mejora de la negociación colectiva y la aprobación definitiva de la ley de pensiones que, según dijo, garantiza la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
   En materia de competitividad, subrayó la aprobación en marzo de la Ley de Economía Sostenible, de la Ley de Ciencia, la nueva línea del ICO para entidades locales por 3.000 millones, estímulos fiscales para la inversión en nuevos proyectos empresariales, la mejora de la fiscalidad de las empresas de reducida dimensión o el nuevo modelo de formación profesional.
   También destacó la privatización de Aena y de Loterías del Estado, así como la subasta del espectro radioeléctrico, procesos que reportarán una cifra de ingresos superior a los 13.000 millones de euros.
   Finalmente, respecto a la reestructuración del sistema financiero, el jefe del Ejecutivo resaltó que hay tres nuevas entidades cotizando en Bolsa y que la mayor parte de las necesidades de capital que tenían bancos y cajas ya se han cubierto.

La Fiscalía de Delitos Monetarios debe esclarecer los créditos a exdirectivos de la CAM, según CC OO

ALICANTE.- El sindicato CCOO considera necesaria la intervención de la Fiscalía de Delitos Monetarios para esclarecer la posibilidad de que antiguos miembros del consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) obtuvieran créditos por parte de la entidad a tipos de interés por debajo del precio de mercado.

Así lo ha dicho el secretario de Comunicación de CCOO en Alicante, Salvador Roig, al ser preguntado sobre el futuro de la caja alicantina tras su intervención por parte del Banco de España.

Durante los últimos días, varios medios de comunicación han publicado noticias que apuntan a que varios exconsejeros de CAM obtuvieron en los últimos años préstamos, créditos y avales de la entidad a unos tipos de interés por debajo del precio de mercado.

Roig ha calificado de "escandalosas" esas informaciones y ha indicado que CCOO considera necesaria la intervención de la Fiscalía de Delitos Monetarios para esclarecer ese asunto.

Según figura en los informes anuales de gobierno corporativo de CAM de 2007, 2008, 2009 y 2010, uno de los ya relevados consejeros percibió préstamos y créditos durante esos cuatro años por un importe superior conjunto a los 7,3 millones de euros a tipos de interés comprendidos entre el 2,25 por ciento y el 6,13.

Igualmente, a otro miembro del antiguo consejo de administración de la caja alicantina le fue concedido en 2009 un préstamo por valor de 1,3 millones de euros a un tipo de interés del 1,89 % y a un plazo de 84 meses.

Este mismo consejero logró otros préstamos, relacionados con empresas vinculadas, en ese mismo periodo, que ascendían en su totalidad a más de siete millones de euros, con tipos de interés que iban desde el 1,89 hasta el 5,74 %.

El negocio inmobiliario de la CAM creció el año pasado pese al hundimiento del ladrillo

MURCIA.- El negocio del Grupo de Caja Mediterráneo siguió creciendo el año pasado a base de su participación en sociedades inmobiliarias, que controla en un 100, o en las que tiene participaciones. Cuando la Caja empezó a mostrar signos de debilidad después de la fallida fusión con Cajamurcia y su búsqueda de nuevos socios, sus gestores siguieron engordando la estructura, y el conglomerado financiero pasó de 35 a 40 sociedades dependientes de la empresa matriz y bajo la dirección de sus responsables. 

En todas ellas, la entidad de crédito tiene el 100% de participaciones, excepto algunas en las que se queda en el 98%, controlando los respectivos consejos de administración a los que fueron asignados los consejeros de la Caja intervenida el viernes pasado por el Banco de España, según publica 'La Verdad'.
Las dificultades que empezaron a asomar en 2010, y que se hicieron más visibles dentro del proceso de reestructuración bancaria, no impidieron que la CAM siguieran apostando por el sector del ladrillo aumentando su exposición a la burbuja inmobiliaria que había explotados dos años antes. El año pasado, los responsables de Caja Mediterráneo incorporaron a su grupo nueve sociedades, algunas de ellas en Marruecos, México, Holanda y Madrid, según se refleja en el informe anual de Gobierno Corporativo. Varias aparecen con distintas sociedades en cartera.
Todas están vinculadas a la construcción y promoción inmobiliaria, lo que revela la estrategia de los anteriores responsables de tratar de seguir apostando por un modelo económico que estaba en crisis, aunque pretendieran invertir en otros países que podían considerarse a resguardo de la crisis. Es el caso de las sociedades Tasaciones y Avalúos, Artemus Capital, Playa Caribe Holding, Procom Residencial Rivas, Costa Mujeres Investment, Mercurio Alicante Sociedad de Arrendamientos y Sagemed. Algunas de éstas ya figuraban en el informe anual de 2009 destinado a los inversores, y se incluyeron el año pasado en la memoria corporativa.
Caja Mediterráneo posee además intereses en una veintena larga de sociedades, con participaciones que oscilan entre el 20 y el 50%, muchas de ellas relacionadas también con el sector de la construcción y el mundo inmobiliario. Asimismo, está asociada con otra lista de cincuenta empresas, entre las que aparecen Terra Mítica -donde la entidad se vio obligada a invertir en el proyecto estrella de la Generalitat Valenciana-, Hansa México, El Mirador del Delta, Aqua Mayacoba, Tremon Maroc y Rigolisa Residencial, entre otras. La caja valoró sus sociedades en más de 1.700 millones de euros. De las cuarenta empresas del sector inmobiliario que controla o en las que participa la CAM, la tercera parte radica en el extranjero.
Invirtió en proyectos urbanísticos que luego entraron en dificultades como Martinsa, Seseña o Polaris World; así como en otros negocios inmobiliarios en México, donde compró una sociedad por la que ha llegado a pagar hasta 300 millones de euros, el doble de lo inicial debido a las pérdidas.

El escándalo de la CAM también salpica al PSPV-PSOE

VALENCIA.- Al intento del PSOE por rentabilizar en términos políticos la nacionalización de Caja Mediterráneo (CAM) le salen vías de agua. Los socialistas —que han reclamado la comparecencia en las Cortes Valencianas del conseller de Economía, Enrique Verdeguer— pretende responsabilizar a la Generalitat y al Partido Popular de la situación de la entidad, al tiempo que se desvía la atención respecto a la actuación del Banco de España en el proceso de restructuración del sistema financiero.

Algunos de los argumentos esgrimidos por el PSOE han sido los préstamos concedidos a los consejeros de la entidad o los elevados emolumentos que percibían los directivos de la entidad, especialmente su presidente, Modesto Crespo. Sin embargo, la comisión de retribuciones, cuyo cometido pasa por «informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo», contaba con el socialista Martín Sevilla, nacido en Mula, entre sus miembros cuando se aprobó el nombramiento de Crespo como presidente el 8 de junio de 2009 y, en consecuencia, se fijó su salario, según 'Abc'.
Martín Sevilla formaba parte del consejo de la CAM a través del cupo de impositores a propuesta del PSPV. No en vano, este catedrático de Economía Aplicada es uno de los históricos del socialismo valenciano. Tras haber sido concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elche, entre los 1991 y 1995 ocupó las consellerias de Trabajo y de Industria bajo las órdenes del entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma.
Una vez apartado de la política, Sevilla —que compartía en 2009 la comisión de retribuciones con Antonio Gil Terrón y Luis Esteban, ambos a propuesta del PP— se convirtió en el principal referente de los socialistas en la entidad alicantina. De hecho, el PSPV le encomendaba las negociaciones durante los procesos de renovación de los órganos de gobierno de la CAM.
En el año 2010 se produjo una variación en la comisión de retribuciones de la entidad, que pasó a estar presidida por José Forner, designado por la cuota del PP, al igual que José Enrique Garrigós. Martín Sevilla se mantuvo como vocal. Entre los cometidos de la comisión se encuentran los de «conocer e informar el sistema y la cuantía de las dietas por asistencia y gastos de desplazamiento de los miembros de los órganos de gobierno de Caja Mediterráneo y de los consejeros de las empresas que conforman el grupo por integración global».
En ningún caso Sevilla, ni por extensión el PSPV, denunció irregularidades en los emolumentos y las dietas de los directivos de la entidad.

De Terra Mítica a Polaris World, las increíbles pifias de Caja Mediterráneo


MADRID.- El viernes 22 de julio, el Banco de España intervenía (nacionalizaba) la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Abocada a la quiebra, el Banco de España le tiene que inyectar 2.800 millones para resucitarla. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Muy sencillo: la CAM prestó dinero generosamente a proyectos que han sido un fracaso, según publica www.lainformacion.com

Terra Mítica. Este parque temático situado en Benidorm ha sido una máquina de perder dinero. Inaugurado en 2000 sobre una superficie de 10 millones de metros cuadrados, entró en suspensión de pagos cuatro años después. Estaba pensado para acoger 3 millones de visitantes al año, cifra que nunca se ha conseguido. Se ha intentado reflotar de muchas maneras, pero al día de hoy el parque temático sigue siendo una ruina.
Polaris World. Gigantesco complejo residencial ubicado en Torre Pacheco, Murcia, que abarca miles de viviendas, campos de golf, hoteles  y zonas de ocio. En 2010 estuvo al borde de la suspensión de pagos. La CAM prestó 122 millones de euros para este proyecto.

Crédito Inmobiliario de México. Una de las aventuras más insólitas de la CAM fue la compra en 2009 de Crédito Inmobiliario, una institución financiera mexicana. CAM pagó 145 millones de euros. Fue justo cuando Lehman quebró. Se descubrió que Crédito Inmobiliario tenía muchas hipotecas basura, con lo cual, CAM tuvo que aportar otros 150 millones de euros.

Residencial Francisco Hernando. En Seseña, a 40 kilómetros de Madrid, se levanta la ciudad residencial Francisco Hernando, alias “El Pocero”. CAM tiene un riesgo inmobiliario de 100 millones de euros, según informaba Las Provincias. De 15.000 viviendas proyectadas, solo se han habitado la tercera parte.

Novo Cancun (en la imagen). El proyecto supone la construcción de 780 viviendas con vistas al mar y con campo de golf de 18 hoyos. Ya se ha hecho una fase. Ubicado en Cancún, lo desarrolla Hansa Urbana, una promotora donde la CAM tenía el 30%. La inversión:  350 millones de dólares (unos 250 millones de euros). La CAM hasta abrió una oficina en Miami en 2006. Hansa Urbana no pudo pagar su deuda y antes de quebrar, tuvo que ser rescatada por CAM, que tenía un riesgo de 114 millones de euros.

La CAM aseguró todas las pensiones de su cúpula por más de 30 millones

VALENCIA.- Los altos directivos de Caja Mediterráneo tenían asegurada, mediante una póliza contratada con una aseguradora, una compensación para su jubilación. Concretamente, en una reunión del consejo celebrada en septiembre de 2007 se acordó suscribir una póliza que garantizaba a los miembros del comité de dirección de la caja alicantina que percibirían el 60% de su sueldo bruto cuando llegaran a la edad de 65 años.

Éste es un tipo de cobertura habitual en el caso de los altos directivos de las entidades financieras, y no es de los casos en los que se suscriben compensaciones más elevadas, ya que existen ocasiones en las que se puede llegar a superar el 80% del sueldo bruto percibido durante el último año que se ha trabajado en un banco o caja de ahorros, según publica 'Expansión'.
El contrato suscrito para los directivos de CAM permite que esa pensión se perciba o bien en forma de renta vitalicia o bien en forma de capital, en un único pago. En este último caso, el cálculo actual que se realiza suele estar entre diez y doce veces el salario percibido en el último ejercicio.
En su informe de gobierno corporativo, CAM revela que la remuneración percibida por el “personal clave de la dirección y por los miembros del consejo de administración en su calidad de directivos” ascendió el año pasado a 2,86 millones de euros. Este grupo de dirección no incluye a todo el comité de dirección, sino sólo a la directora general y a los directores generales de área, pero no a los cuatro directores territoriales, que también están en el comité de dirección.
Sólo con esa parte de la alta dirección contemplada, las pensiones complementarias percibidas rondarían los treinta millones de euros, realizando ese cálculo actuarial.
Las condiciones de este seguro de pensiones señalan que no se podrían cobrar las compensaciones en el caso de que se produjera un despido procedente.
Algunos de los directivos ya han cobrado su parte correspondiente de estos seguros de jubilación, tres de ellos en las últimas semanas, y además acogiéndose también a las indemnizaciones por prejubilaciones pactadas en el ERE. Este plan permite prejubilarse a los empleados de la caja que superen la edad de 55 años y que tengan una antigüedad de más de diez años de trabajo en CAM.
El primero de todos los directivos en prejubilarse fue Vicente Soriano, director general de Recursos, que se acogió al plan de prejubilaciones desde el mismo momento en que fue aprobado por la Dirección General de Trabajo, en la primera semana de junio. Su salida incluía la percepción del seguro de pensiones.
Le siguió Agustín Llorca. En su caso, CAM anunció su prejubilación precisamente el 22 de julio por la mañana, unas horas antes de que se diera a conocer la intervención de la caja por parte del Banco de España. En el comunicado que ese día emitió la caja afirmaba que este directivo se acogía a la prejubilación “ante la inminente puesta en marcha de Banco CAM”. La nota también dice que el directivo ya tenía previsto anteriormente dejar la caja, pero que había aplazado su salida a petición de la directora general, María Dolores Amorós.
Agustín Llorca era en ese momento director general adjunto-secretario general, un cargo al que accedió en febrero, tras la salida de José Pina, que había pasado a Banco Base. Llorca –que llevaba trabajando en la caja desde 1972– había compatibilizado en los últimos meses este cargo con el de director territorial de Alicante, que ya desempeñaba anteriormente.
También el antiguo director general de CAM, Roberto López Abad, se acogió a este plan de prejubilaciones del ERE, aunque desde el año pasado ya no formaba parte del comité de dirección, al haber pasado al frustrado Banco Base, y se encontraba sin un puesto definido en la caja tras la ruptura del SIP.

Saqueo
Ajenos a la debilidad financiera de CAM, la alta dirección de la entidad se repartió el año pasado una remuneración conjunta 2,9 millones de euros, un 2% más que un año antes, según se desprende del Informe de Gobierno Corporativo de la caja y que recoge 'Expansión'.
Entre los directivos clave de la entidad que forman parte de este paquete retributivo están la directora general, María Dolores Amorós; José Pina, secretario general; Vicente Soriano, director de recursos; Joaquín Meseguer; director de participaciones; Francisco Martínez, director de riesgos; y Teófilo Sogorb, director de planificación y control. En este grupo también hay que incluir a Roberto López Abad, ex director general de la caja, que abandonó el cargo el pasado mes de noviembre.
La generosidad de la CAM con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad que publicó esta semana El País.
Las dietas por asistencia también aumentaron. Los veinte consejeros de la entidad ingresaron 79.000 euros por asistir a las dieciocho reuniones de este órgano de gestión. Esta cantidad supone 39% más que un año antes. Lo mismo sucede en la comisión de inversiones (con un aumento del 22%) y en la de retribuciones (un 50%).
En total, los directivos y consejeros de la entidad se repartieron el año pasado en dietas 129.000 euros, a los que cabe sumar 1,4 millones recibidos por directivos de CAM por asistir a los consejos de administración de sus participadas.
Las aportaciones a los planes de pensiones de estos directivos se redujeron, en cambio, más de un 31%, hasta los 175.000 euros CAM estuvo durante la segunda mitad de 2010 trabajando en su integración en Banco Base, junto a Cajastur, Cantabria y Extremadura. Finalmente, la unión de estas cuatro cajas se frustró por diferencias entre la caja alicantina y la asturiana, que discrepaban sobre la gestión y saneamientos del grupo.
Tras la ruptura de este acuerdo, la entidad continuó el proceso de segregación de su negocio a un banco y puso en marcha un proceso de reducción de costes que contemplan una reducción de plantilla a través de prejubilaciones a través de un ERE de 937 personas, con un coste de 200 millones, y la reducción de 106 oficinas, hasta su intervención el pasado viernes.
Durante el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, la tónica general de las entidades ha sido elevar la remuneración de sus consejos. En total, veinte cajas lo hicieron el año pasado de las treinta y tres que publican datos, según adelantó 'Expansión' el 13 de mayo. 
 Bancaja, Caja Navarra, CAM y Caja Murcia fueron las que más subieron estas retribuciones. En total, las dietas de los consejeros del conjunto del sector aumentó de media el año pasado un 3,6%, hasta los 11,05 millones. En las entidades defienden esta subida debido al mayor número de reuniones que han tenido que mantener los consejos de administración, involucrados en la toma de decisiones para la creación de los nuevos grupos bancarios.

Según Núñez Feijóo, muchas CC.AA entrarán en colapso financiero a finales de 2011


SANTIAGO.- El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado respecto a la falta de acuerdos en Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, que "no se puede considerar un éxito" porque "no ha habido resultados", sino que simplemente se rechazaron todas las propuestas que presentaron las Comunidades Autónomas. "Lamentablemente una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011", ha agregado.  

   "Planteábamos tener la misma regla que tiene el Gobierno central, que tiene un periodo medio entre 10 y 15 años para pagar su deuda. Nosotros planteábamos tener un periodo de 10 años para pagar la deuda en la que hemos incurrido por falta de un presupuesto realista del año 2008 y 2009" ha explicado para añadir que, "en el año 2008 se trataba de negar la crisis económica, se inflaron los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en consecuencia lo que se transfirió a las Comunidades Autónomas. Y ahora nos reclaman y nos dicen que tenemos que pagar en cinco años".
   El presidente de la Xunta ha dicho también que comparte la preocupación del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, respecto a la dificultades económicas que presentan las Comunidades Autónomas para cumplir con rigor las transferencias. No obstante, considera que devolver o no devolver las transferencias, como ha apuntado Valcárcel, es "otra cosa distinta".
   "Yo comparto esa preocupación. Si a usted le confieren una transferencia con un presupuesto y después para cumplir esa transferencia le bajan el presupuesto y le exigen que cumpla las mismas prestaciones que cuando tenía un presupuesto superior, y esto se hace para los próximos cuatro o cinco años. Pues este es el planteamiento que nos han hecho ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.
   A su juicio, para ser "honrados" con los ciudadanos y "consecuentes" con sus principios, las Comunidades Autónomas deben plantearle al próximo presidente del Gobierno exactamente lo mismo que le plantearon ayer al actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: "Tener un periodo medio de 10 años para pagar la deuda".
"Que se vea que esto no es un problema entre PP-PSOE, no es un problema ideológico sino de servicios sociales. El presidente del PP, Mariano Rajoy, planteaba ayer en el Congreso el aplazamiento de la deuda de las Comunidades Autónomas porque no incrementaba el déficit público. Si tiene la confianza de los ciudadanos, eso lo ha de seguir planteando como presidente del Gobierno de España", ha subrayado.
   En este sentido, ha afirmado que había una posibilidad de "un acuerdo institucional de un pacto de Estado" en este final de legislatura y que nunca hubo un ofrecimiento "tan sincero y necesario" por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, "lamentablemente" tampoco hubo nunca una respuesta tan "insuficiente y decepcionante" por parte del Gobierno.  
   Según Feijóo, "todo parece indicar que el Gobierno se desentiende de los problemas de los servicios públicos esenciales".
"Primero les dice a las Comunidades Autónomas que han de devolver lo que el Gobierno de España presupuestó mal. Después, que no cumplirán con el acuerdo de financiación y que liquidarán los fondos en el momento que el Gobierno considere oportuno. Y por último, que no dejarán a las comunidades posibilidad de pagar ese error en el presupuesto en 10 años", ha explicado.
   "Yo le puedo asegurar que el Gobierno de España no sería capaz de gestionar hoy los servicios públicos en las Comunidades Autónomas si se somete a los mismos requisitos que somete a las comunidades", ha afirmado para recordar que, "el déficit público admitido para el Gobierno central es del 6 por cierto y el de las Comunidades Autónomas es del 1,3 por cierto".
   Por otro lado, se ha referido a la idea que exponía el Gobierno de que el crédito ICO ayudase a las Comunidades Autónomas a pagar su deuda. "No es verdad que se hayan planteado créditos ICO para la mitad de la deuda. Solamente lo han planteado para lo que hay que devolver en el año 2012, es decir para una anualidad. Y en segundo lugar, se les dice a las comunidades que miren si es más barato financiar su deuda pública con el ICO y le dejarán la mitad de esa anualidad, sino que sigan financiado su deuda pública con otros bancos", ha asegurado. 
    El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha ahorrado en descalificativos para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha tildado de "lamentable". Convencido de que "pudo no haberse celebrado", ha tachado de "broma de mal gusto" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la deuda de las comunidades, al tiempo que ha anunciado que la Xunta hará "efectivo" el recurso de inconstitucionalidad para que el Gobierno abone los 805 millones que "debe" a Galicia por la financiación autonómica.
   En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha remarcado que su Gobierno decidirá cuando toque si opta por la banca privada o por el crédito ICO que, en todo caso, ha considerado "una broma", antes de la alertar de que la "irresponsable" decisión del Ejecutivo central de no aplazar la devolución de los anticipos provocará que muchas comunidades "entren en colapso financiero" en el tercer trimestre del año. "A ver qué hace entonces el Gobierno", ha apostillado.
   Sobre el caso concreto de Galicia, ha rechazado la devolución de competencias --como han propuesto otros presidentes autonómicos como el murciano--, si bien ha admitido que habrá que la Xunta tendrá que  "reducir capacidades de gasto". No en vano, 243 millones de los 805 que pedirá Galicia ante el Tribunal Constitucional con un recurso contra la ley de presupuestos del Estado ya estaban incluidos en las cuentas gallegas para 2011.
   Eso sí, pese a las dificultades, Núñez Feijóo ha garantizado que la Xunta "intentará preservar los servicios públicos básicos" y la "solvencia" de la comunidad, "intentando" también cumplir con los criterios de déficit público. "A efectos de los servicios públicos, el Ejecutivo central no existe", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha cargado con especial dureza contra un Gobierno estatal --ha advertido-- "de fin de ciclo".

El 72,1% de los economistas cree que la economía regional empeora respecto al año anterior

MURCIA.- El 72,1 por ciento de los economistas murcianos afirma que la economía regional ha empeorado a fecha de junio de 2011 respecto al año anterior, lo que supone una "leve mejoría" de 10,9 puntos porcentuales respecto a la opinión que expresaban hace seis meses, cuando el empeoramiento era percibido por el 83 por ciento de ellos.

   Así lo recoge el número 10 del Barómetro del Colegio de Economistas de la Región de Murcia que se basa en encuestas realizadas a economistas de diferentes sectores de la Comunidad Autónoma, cuyas conclusiones han presentado este jueves en rueda de prensa su decano, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras.
   En concreto, al ser preguntados por la percepción de la economía regional con respecto a hace un año, un 72,1 por ciento de los encuestados piensa que ha empeorado, un 23,1 por ciento opina que sigue igual y únicamente un 0,7 por ciento piensa que la situación ha mejorado. El resto, un 4,2 por ciento no emite juicio.
   Esto quiere decir que "prácticamente hay consenso en cuanto al deterioro de la situación económica regional en el último año, aunque desciende el porcentaje de los que piensa que ha empeorado y desciende ligeramente el porcentaje de los que perciben alguna mejoría", según Gras.
   Y es que la proporción de encuestados que califica la situación como mejor que un año atrás ha descendido progresivamente, de forma que el barómetro de junio de 2010 recogía que el 4 por ciento de los economistas era optimista, mientras que el porcentaje descendió al 1,4 por ciento en el estudio de diciembre de 2010 y se desploma al 0,7 por ciento en junio de 2011.
   Los economistas murcianos no eran tan pesimistas desde diciembre de 2008 y junio de 2009, cuando ninguno de ellos -el cero por ciento- creía que la situación mejoraba, y los resultados son los mismos que en junio de 2008, cuando se repitió el resultado actual y solo un 0,7 por ciento apreciaba una mejoría de la economía murciana.
   Sin embargo, la percepción del empeoramiento por los economistas alcanzó su máximo en junio de 2009, cuando el 96,6 por ciento coincidía en la gravedad de la situación, y desde entonces fue descendiendo progresivamente hasta el 67,1 por ciento de junio de 2010, aunque repuntó al 83 por ciento en diciembre de 2010 hasta alcanzar el 72,1 por ciento actual.
   En una escala de cero a diez, la situación actual de la economía murciana ha sido valorada, en promedio, con 3,26 puntos, que es 0,12 puntos inferior a la valoración de la pasada edición y la más baja de todas las anteriores. Mientras, la valoración de la economía española ha sido de 3,45, lo que supone 0,02 puntos por debajo de la de diciembre de 2010.
   En concreto, la valoración de la economía murciana se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, lejos de su máxima nota de 6,76 alcanzada en junio de 2007. Desde entonces, el índice ha bajado progresivamente hasta los 3,65 de diciembre de 2008, los 3,35 de diciembre de 2009, y los 3,38 de diciembre de 2010, hasta el 3,26 actual.
   La valoración de la economía nacional ha evolucionado de forma paralela y desde su cota máxima de 6,31 de diciembre de 2006, ha bajado a los 3,61 de diciembre de 2008, los 3,60 de diciembre de 2010 y el 3,43 de diciembre de 2010.
   Estas cifras reflejan, según Gras, un "suspenso claro" y, en el presente barómetro, es cuando aparecen "las mayores divergencias entre la puntuación de la economía regional y nacional desde la edición de diciembre de 2009, en contraposición con las dos últimas ediciones en las que la diferencia fue disminuyendo paulativamente".
   Atendiendo a la situación profesional de los encuestados, los economistas que otorgan una mejor puntuación a la economía regional son los asalariados del sector privado, que califican con un 3,5, mientras que la perspectiva es peor para los asalariados del sector público (3,24), los economistas parados (3,33), los economistas empresarios por cuenta propia (3,02), y los jubilados (3).
   El barómetro recoge la situación económica prevista por los economistas para dentro de seis meses, que se eleva a 3,42 puntos para la economía regional y al 3,58 para España, por lo que su estimación es ligeramente más optimista en comparación con la situación actual, lo que pone de manifiesto una expectativa de "leve mejora económica" tanto a escala nacional como autonómica.
   Comparando la valoración actual con la previsión realizada hace seis meses para el momento presente, el barómetro refleja cierto deterioro en la valoración a escala regional, pues en aquel momento la previsión fue de 3,38 y la valoración actual es de 3,26. En cambio, acertaron el pronóstico de la economía nacional con una puntuación de 3,45, lo que pone de manifiesto un mejor nivel de confianza a nivel estatal.
   Por sectores, el barómetro pone de manifiesto que los economistas confían en el turismo, el ocio y la hostelería como el más aventajado para salir de la crisis y encabezar el crecimiento económico. En concreto, al valorar de cero a diez sus previsiones de crecimiento, los encuestados le han dado una nota de 6,20, la mayor de todas.
   A continuación, otros sectores que también aprueban a juicio de los economistas son la agricultura (5,12), la industria agroalimentaria (5,11) y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (5,08). Por el contrario, suspenden Servicios sanitarios, salud y atención social (4,87), Comercio (4,57), logística y transportes (4,46), sector financiero, de seguros y servicios avanzados (4,2) y Otra industria (3,89).
   Destaca, por su nota negativa, el sector de la construcción, que obtiene la peor valoración con un 2,36 y que, según ha destacado Gras, "crece algo respecto a anteriores barómetros pero los economistas tienen pocas esperanzas de cara al medio plazo".
   De nuevo, los asalariados del sector privado son el colectivo más optimista, siendo los asalariados del sector público el colectivo más pesimista respecto a la situación por sectores, y todos coinciden en que la construcción y el urbanismo es el que presenta unas expectativas más sombrías.
   En una escala en la que 1 es muy malo y un 5 es muy bueno, los economistas encuestados han valorado con un 2,37 la situación actual de las empresas respecto a su situación económico-financiera, es decir, sus resultados, rentabilidad y endeudamiento, entre otros factores.
   En esa misma escala, los economistas valoran con un 2,35 la situación económico-financiera de las familias murcianas, es decir, su ahorro, salario y endeudamiento.
   En cuanto a su evolución en los próximos meses, un 58,5 por ciento de los entrevistados considera que la situación seguiría igual en el caso de las empresas y un 57,8 por ciento hace la misma consideración para las familias. Sin embargo, el 23,2 por ciento cree que las empresas van a ir a peor, frente al 29,3 por ciento que pina lo mismo para las familias.
   En cuanto a la evolución de la demanda de consumo por parte de las familias, un 35,4 por ciento de los encuestados considera que la demanda de consumo por parte de las familias sufrirá una disminución en los próximos seis meses frente al 48,3 por ciento que así lo manifestó en la edición anterior, y un 45,6 por ciento emite la misma opinión en relación con la compra de viviendas, en comparación con el 55,8 por ciento que así lo creían en diciembre de 2010.
   En cambio no existe variación entre los que creen que aumentará la demanda de consumo como la compra de viviendas respecto a la edición anterior, un 4,1 por ciento y un 2,7 por ciento respectivamente.
 
Opiniones
El decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras, han coincidido en señalar acertada cualquier medida para reducir el déficit de las administraciones públicas e intentar recuperar el tejido empresarial, bien sea a través de financiación privada o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras posibilidades.    Madrid y Gras han respondido de esta forma al ser preguntados por la nueva línea ICO propuesta este miércoles por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente las comunidades autónomas en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009.
   Precisamente, el decano y el vicedecano han hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del décimo barómetro del Colegio, que refleja que los economistas murcianos encuestados para su realización valoran el control del déficit público como una de las medidas con más respaldo dentro de las propuestas por el Pacto del Euro.
   Así, aunque el barómetro no hace referencia expresa a la medida adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de aprobar una línea ICO, los economistas murcianos "tienen claro que, o el déficit público se controla, o la economía va a tener dificultades de crecer y desarrollarse", explica Gras.
   Madrid ha puntualizado que "lo más difícil es decidir cómo se controla el déficit, y los recortes habrá que hacer", pero ha criticado que "no se puede tener un nivel de ingresos de 10 y un nivel de gastos de 20 o de 15, lo que es insostenible". Hasta que no se alcance un equilibrio, ha apostado por "seguir tomando medidas de ajuste para que no se dispare el déficit".
   En este sentido, Gras ha considerado "una opción" los préstamos del ICO para tratar de evitar la destrucción del tejido empresarial, ante la falta de respuesta de la banca nacional, pero ha emplazado a no pensar que esto "se va a resolver en cuestión de poco tiempo".
   Madrid ha dicho que si las administraciones públicas pagasen sus deudas y cumpliesen la ley "favorecerían la mejora en la situación económica". Así, ha considerado positivo todo lo que sea impulsar que las administraciones públicas actualicen sus pagos, puesto que "habría un respiro enorme en el funcionamiento diario de muchas empresas".
   Por otro lado, el vicedecano del Colegio de Economistas ha afirmado que las últimas noticias de las consejerías de la Comunidad Autónoma "vislumbran que se quiere hacer un pacto para poder pagar a los proveedores que tiene la Comunidad Autónoma, lo que nos alegraría a todos".
   En este sentido, Gras ha esperado que la Comunidad siga trabajando en esa línea "lo más rápidamente posible" porque el deterioro del tejido empresarial "es muy alto, especialmente, de todos los proveedores y suministradores de las administraciones públicas, que lo están pasando mal".
   "Parece que con los nuevos vientos que corren en la Comunidad Autónoma, eso se va a solucionar de una forma rápida", según Gras, quien ha dicho desconocer si eso significará que "la Comunidad pagará rápido, si se alcanzará a algún compromiso o si habrá líneas de descuento".
   En la décima edición del Barómetro, el Colegio de Economistas ha sometido al análisis de los economistas encuestados una serie de recomendaciones o reformas relacionadas con el llamado Pacto por el Euro, cuyo objetivo es responder a la crisis y atenuar las asimetrías de competitividad que existen entre los distintos países comunitarios.
   Los colegiados encuestados han valorado en una escala que va desde 0 a 10 una serie de siete recomendaciones incluidas en dicho acuerdo para mejorar la competitividad europea, y ha reflejado que la mayoría de ellas obtienen una puntuación superior a la nota central de cinco, a excepción de la reducción de las cotizaciones sociales y aumento del IVA, que suspendió con una puntuación de 4,37.
   Los economistas, sin embargo, muestran su conformidad con el resto de recomendaciones. En concreto, la que mejor acogida ha tenido, con una puntuación de 8,42 es la lucha contra el fraude, seguida de cerca por el control del déficit público mediante la incorporación a las leyes nacionales y subnacionales de límites para garantizar la disciplina fiscal, con una puntuación de 7,52.
   A continuación, los economistas han valorado con un 7,27 vincular la evolución de los salarios con la productividad. La recomendación que es puntuada por encima de la nota media, con la menor valoración  es la correspondiente a la adaptación de los sistemas públicos de pensiones a la esperanza de vida, con una puntuación de 6,24.
   El Barómetro también recoge la opinión de los economistas murcianos sobre las corrientes de opinión que se oponen a las reformas de este Pacto del Euro, y que se aglutinan alrededor del conocido movimiento del 15-M o 19-J.
   Valoradas en una escala del 1 al 10, únicamente dos de estas críticas al Pacto del Euro obtienen una nota superior al 5, por lo que los economistas no están del todo de acuerdo con estos reproches en promedio, según el informe.
   En concreto, la crítica que mejor acogida ha tenido por los economistas, con una puntuación de 6,77 puntos es la que reprocha que la subida del IVA castigará el consumo de las clases menos acaudaladas. El otro reproche que ha aprobado con una nota de 5,97 es el argumento de que los grandes beneficiarios serán los bancos, a los que se les asegura la supervivencia a diferencia de otro tipo de empresas.
   La crítica que obtiene una puntuación más baja, un 4,01, es la que indica que el Pacto del Euro facilitará el despido y aumentarán los contratos temporales. Los economistas también suspenden con un 4,09 la posibilidad de que este Pacto reducirá el poder adquisitivo de los trabajadores y, en general, se erosionarán sus derechos laborales.
   Los colegiados también suspenden, con un 4,13, el argumento que sostiene que, a la hora de vincular los salarios a la productividad, el trabajador estará indefenso por la falta de información en relación a la que tienen los empresarios; mientras que califican con un 4,40 el hecho de que bajar las cotizaciones sociales pondrá en peligro las pensiones y no hará aumentar la productividad.

Senadores del PP por Murcia acusan al GPS de retrasar "intencionadamente" las ayudas a Lorca

MURCIA.-  Los senadores del Partido Popular por Murcia han denunciado este jueves que el "Gobierno de Zapatero y el PSOE han abandonado a su suerte a los lorquinos", ya que, según ha explicado el portavoz del grupo territorial, José Joaquín Peñarrubia, "se ha ido de vacaciones sin convocar la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, imprescindible para que se tramite el proyecto de Ley 6/2011 por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca". 

   Peñarrubia ha recordado que "el PSOE tiene mayoría en el Congreso y en la mesa de la comisión, por lo que la podría haber convocado cuando hubiera querido", pero, ha considerado, "han retrasado la tramitación de este proyecto de forma malévola e intencionada", ya que tienen la mayoría en la Cámara y en la comisión Interior del Congreso de los Diputados.
   Ha querido dejar claro que está conforme con que las vacaciones son legítimas y es un derecho, pero siempre y cuando estén los deberes hechos, si no "es un engaño a los ciudadanos".
   Y ha criticado especialmente a alguien que "con la cara más dura que el mármol" --en referencia al diputado socialista por Murcia Javier Mármol-- se atreve a decir que se está estudiando y valorando las enmiendas cuando es un proyecto de urgencia, eso es "excusa de mal pagador".
   El senador murciano ha explicado que desde el día 1 de julio, semana tras semana, han venido denunciado "los engaños y manipulaciones del PSOE con la tramitación de este proyecto de Ley" y ha criticado "su deslealtad con los lorquinos y, sobre todo, su falta de compromiso con los quienes están más necesitados de apoyo en estos momentos".
   En este contexto, José Joaquín Peñarrubia ha criticado la "política virtual" que han mostrado el presidente Zapatero y casi todos sus ministros, incluido Pérez Rubalcaba, que "se han paseado por las calles de Lorca con gran despliegue mediático anunciando actuaciones y ayudas que no llegan y cuando lo hacen son tan raquíticas e insuficientes que provocan vergüenza ajena".
   El senador del PP ha lamentado que los socialistas "no han dudado en mentir" e "incluso han llegado a afirmar que las denuncias del PP sobre los retrasos en la tramitación del proyecto de Ley de ayudas eran falsas".
   Esto, para el senador del PP "es muestra de que sólo pretenden huir hacia delante con el fin de ganar tiempo y trasladar a los que han de venir después, más pronto que tarde, lo que es de su exclusiva responsabilidad" --en referencia a la hipotética victoria del PP en las próximas elecciones generales--.
   En este punto, Peñarrubia ha advertido que el proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca se paralizará en el momento en el que se disuelvan las Cortes y, en consecuencia, se tendría que empezar de nuevo la próxima legislatura.
   No obstante, el senador ha recalcado que "si los españoles así lo deciden, el PP cumplirá con sus compromisos con los lorquinos, que no pueden estar supeditados a los intereses mezquinos y partidistas del PSOE", por lo que, "ahora, más que nunca, es necesario que los ciudadanos se pronuncien".
   "Los lorquinos, los murcianos y los españoles no merecen por más tiempo un Gobierno insensible a sus problemas y preocupaciones", ha defendido.
   Por eso, ante la "ineficacia y la dejadez del Gobierno y del PSOE" han reclamado "elecciones ya, para resolver cuanto antes las ayudas a los damnificados por el terremoto".

Martínez Moya reconoce que "lo prudente" es no hacer las transferencias de Justicia en este momento

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, ha reconocido que en la actual coyuntura económica es "prudente" no llevar a cabo las transferencias en Justicia.

   Martínez Moya, en la presentación de la Memoria del TSJ de la Región de Murcia de 2010, ha defendido, en relación a las transferencias de Justicia, que "hay que ser prudentes" y no olvidar que comportan gestión de medios personales y materiales en la Región.
   La situación de crisis económica y recortes presupuestarios a la Comunidad Autónoma, y el proceso de modernización en el que los órganos judiciales de la Región están inmersos, unido a los proyectos de leyes orgánicas, procesales  y tecnológicas no parecen conformar un escenario propicio para culminar este proceso en breve espacio de tiempo.
   Fundamentalmente por dos razones: por el ritmo de los esfuerzos e inversiones en marcha y por la necesidad de prever un plan estratégico de Justicia en la Región.
   En este sentido, ha defendido que la Justicia es "poliédrica" y existen ámbitos de actuación que no se pueden separar de las políticas estatales, como son, por ejemplo, el modelo de oficina judicial y la implantación de nuevas tecnologías. Esto evita tener organizaciones de primera y de segunda según la Comunidad Autónoma.
   Por ello, el papel que tiene que jugar el Consejo General del Poder Judicial conjuntamente con el Ministerio es el de fortalecer y generar un modelo simétrico en las organizaciones de justicia; al tiempo que ha reconocido la "atención especial" que ambos organismos han prestado a la Región de Murcia.

Garantías

El secretario de Economía de IU-Verdes en la Región de Murcia, Cayetano Jaime Moltó, ha manifestado, ante los comentarios vertidos por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, sobre la posibilidad de devolver las competencias de Educación y Sanidad al Gobierno central, que se deben garantizar todos los servicios públicos, según han informado fuentes de esta formación en un comunicado de prensa.
   Moltó ha indicado que el PP, con Valcárcel a la cabeza, ha asumido voluntariamente estas competencias y que por tanto no son "el baúl de la Piquer", y que debería reflexionar sobre su posición y en definitiva la de Murcia, defendida en cada Comisión de Política Fiscal y Financiera.
   Además, el secretario de Economía de IU- Verdes, ha recordado que desde el año 2001 en que fueron asumidas las competencias de Educación y hasta hacerse cargo de las de Sanidad, todas estas competencias fueron asumidas por el PP, máxime cuando el Gobierno central de España estaba en manos del Partido Popular.
   Respecto a las competencias de Sanidad, Moltó ha asegurado que "se vendieron como un logro al gestionar el 50% de ingresos indirectos; por ello, si ahora Valcárcel se da cuenta de que se olvidó de incluir datos tan esenciales como la población, no debería quejarse y hacer frente a sus errores".
   IU-Verdes ha considerado que "el PP debe hacer autocrítica y revisar el importante incremento que se ha producido en la asunción de estas competencias por el gasto de funcionamiento  y de gasto corriente".
   Asimismo, la formación ha "recordado a Valcárcel las rebajas fiscales que ha realizado en la última década y los caprichos de gastos en los que se embarcado y que ahora sitúan en difícil posición a la Comunidad Autónoma".

Credit Suisse, socio de Polaris, recortará unos 2.000 empleos tras ganar un 52% menos

ZURICH.- El banco suizo Credit Suisse, socio de 'Polaris World', recortará unos 2.000 puestos de trabajo, alrededor del 4% de su plantilla, con el objetivo de ahorrar 1.000 millones de francos suizos (868 millones de euros), anunció la entidad, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 768 millones de francos suizos (667 millones de euros) en el segundo trimestre del año, un 52% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

   La cifra de negocio del segundo mayor banco suizo se situó en 6.326 millones de francos suizos (5.497 millones de euros), un 25% menos que hace un año, con una caída del 6% en los ingresos de la división de banca privada y un retroceso del 31% en su negocio bancario.
   La entidad helvética explicó estos resultados por el impacto en sus cuentas del bajo nivel de actividad de sus clientes ante un complicado entorno de 'trading' por las preocupaciones por la crisis de deuda soberana de la zona euro y el deterioro de los indicadores económicos globales, así como por la fortaleza del franco suizo y el bajo nivel de los tipos de interés.
   De este modo, en los seis primeros meses del ejercicio, Credit Suisse obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.907 millones de francos suizos (1.657 millones de euros), un 48% menos, mientras que su cifra de negocio retrocedió un 19%, hasta 14.139 millones de francos suizos (12.285 millones de euros).
   Aparte de sus resultados, Credit Suisse anunció sus planes para reducir costes en unos 1.000 millones de francos suizos mediante la aplicación de distintas medidas para mejorar su eficiencia de costes, incluyendo el recorte de aproximadamente el 4% de su plantilla, lo que se traducirá en la supresión de unos 2.000 puestos de trabajo.
   "Para posicionar a la entidad de cara a un buen resultado en un mercado con dificultades continuadas, se están aplicando una serie de medidas de eficiencia con el objetivo de reducir en 1.000 millones de francos suizos los costes, incluyendo una reducción de plantilla de aproximadamente el 4%", indicó el banco.
   En este sentido, Credit Suisse precisó que la aplicación de estas medidas representará un coste de entre 400 y 450 millones de francos suizos (347 y 390 millones de euros) en 2011, lo que reducirá el efecto positivo del programa de eficiencia este año, pero que permitirá notar su impacto positivo en las cuentas del grupo a partir de 2012.
   "Para garantizar un retorno atractivo en medio de un complicado entorno económico, continuamos siendo proactivos en la optimización de los costes", destacó el consejero delegado de Credit Suisse, Brady Dougan.