lunes, 7 de noviembre de 2011

Fitch alerta de que algunas CCAA tendrán problemas de financiación en 2012

MADRID.- La agencia de calificación Fitch ha expresado su preocupación acerca de las dificultades que podrían vivir algunas comunidades autónomas para obtener financiación el próximo año, sobre todo aquellas "poco acostumbradas" a la exposición de los mercados financieros internacionales, según ha explicado en su boletín de finanzas públicas de noviembre.

   La entidad destaca que ciertas comunidades autónomas tardarán "más de lo habitual" en presentar sus presupuestos 2012 debido a la incertidumbre de las entregas a cuenta procedentes del Estado para el próximo año.
   No obstante, Fitch insiste en que continuará analizando las medidas de ajuste sobre el gasto que algunas regiones han anunciado, así como su impacto económico, a la vez que muestra su "preocupación" ante los riesgos de refinanciación de muchas de ellas.
   Así, la agencia de calificación insiste en que los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre el primer trimestre de 2011 muestran que los gastos de algunas comunidades no se han ajustado "lo suficiente", e insiste en que puede que no cumplan con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB, fijado para 2011.
   Por último, Fitch subraya la necesidad de cumplir de forma "estricta" los planes económico-financieros, junto con la contención en el incremento del endeudamiento y el ahorro bruto positivo, para conseguir que las perspectivas vuelvan a ser estables.

El PP congelará durante cuatro años la contratación de funcionarios

BARCELONA.- El vicepresidente tercero del Congreso y candidato del PP por Barcelona, Jorge Fernández, se ha comprometido a que, si gobierna tras el 20 de noviembre, su partido impulsará en los primeros 100 días una reforma laboral que, entre otras medidas, reduzca a entre 3 y 4 las tipologías de contrato.

   En una conferencia ante el Círculo de Economía comandada por el presidente de la institución y exlíder del PP catalán, Josep Piqué, ha situado la reforma laboral entre las medidas más urgentes que debe afrontar España para salir de la crisis, por lo que ha advertido que se sacará adelante "sí o sí" con independencia de si se logra o no consenso a su alrededor.
   Ante una nutrida representación de empresarios catalanes y dirigentes del PP, Fernández ha desgranado algunas de las principales medidas económicas que su partido impulsará si gobierna, entre las que ha situado la congelación de la oferta pública durante la próxima legislatura, es decir, la no contratación de nuevos funcionarios.

El cartagenero Juan Antonio Roca reconoce que cobró de empresarios por asesorarles

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), el cartagenero Juan Antonio Roca, ha admitido que cobró de tres empresarios por asesorarles sobre convenios urbanísticos y también ha reconocido el pago de "gratificaciones" a los grupos municipales que formaban el equipo de gobierno "para que permanezcan unidos hasta el final de la legislatura".

   En concreto, Roca ha indicado que cobró por el asesoramiento al empresario Fidel San Román, a la entidad Aifos, concretamente con conversaciones con el director comercial Francisco García Lebrón, también acusado, y al que era responsable de Construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez Bugallo, que estuvo imputado pero falleció.
   Asimismo, ha admitido pagos a "los grupos políticos", con el objetivo de "gratificarlos para que permanezcan unidos hasta el final de la legislatura". Ha explicado que se daba una cantidad diferente según el concejal, pero ha precisado que el dinero se daba a los responsables de las distintas formaciones que formaban el equipo de Gobierno.
   Ha negado que tuviera en nómina a los exediles para sus intereses y, aunque ha admitido haber hecho esos pagos, ha dicho que no estaban relacionados con asuntos urbanísticos.
   Preguntado por el fiscal Anticorrupción sobre los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, el principal acusado ha reconocido el reflejo de algunos de estos cobros y pagos, aunque ha asegurado que estos documentos no son una contabilidad como tal "ni un arqueo cuadrado de tesorería", sino más bien "unas previsiones".

Aparece un posible 'agujero' de 600 millones de euros en el Banco de Valencia

VALENCIA.- La cotización del Banco de Valencia (participada en un 52,4% por el banco que hace meses crearon Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas regionales) sigue suspendida a mediodía por “concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones” sobre el valor, que aún no han sido aclaradas, aunque los medios ya comienzan a especular sobre la raíz de esta paralización.

En Murcia, el responsable de la asesoría jurídica del Banco de Valencia es, desde hace años, el conocido letrado Carlos Valcárcel Siso, hermano mayor del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.  

La entidad cuenta con un 'core capital' del 7,36%, según los datos publicados en junio, es decir, por debajo del 8% que exige el supervisor, pero más lejos aún del 9% que reclama ahora la Autoridad Bancaria Europea a las grandes entidades. Además, la crisis del ladrillo ha disparado su morosidad muy por encima del sector, hasta el 7%. Y a 30 de junio, Banco de Valencia tenía una cobertura de créditos dudosos del 74%. También tiene una exposición al ladrillo de 3.187 millones, de los que 521 son morosos.

 A final de octubre, José Luis Olivas (Bancaja) dimitió por sorpresa como presidente de Banco de Valencia a espaldas de Rodrigo Rato (Caja Madrid), según fuentes cercanas a la entidad de la que el primero es vicepresidente y el segundo presidente.

Según El Mundo, la entidad podría tener un agujero de 600 millones de euros, por lo que el Banco de España (BdE), al tanto de la situación, le habría solicitado un plan de recapitalización y de saneamiento antes de que acabe el año.

En este sentido, El País señala que su principal accionista, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) (matriz de Bankia), sopesaría la posibilidad de dejar Banco de Valencia en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según fuentes cercanas a la operación.

La CNMV ha decidido hoy suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Banco de Valencia por “concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones” sobre el valor.

  A mediados del mes de mayo se hablaba de que la entidad habría despertado el interés de varias entidades españolas y extranjeras debido a la reestructuración que efectuaba Bankia, que cuenta con una participación del 38% en el banco, con motivo de su salida a Bolsa.

No obstante, en aquel momento fuentes oficiales de la entidad presidida por Rodrigo Rato señalaban que Banco de Valencia no estaba en venta e insistían en que no había ninguna oferta sobre la mesa.

Fuentes de Bankia insisten ahora que “Banco de Valencia es una entidad participada, pero independiente de Banco Financiero y de Ahorros (BFA)”, el holding que controla el paquete mayoritario en Bankia y que está participado por las cajas. “No nos pronunciamos si está en venta, se trata de una inversión puramente financiera, Bankia no tiene funciones ejecutivas y no participa en su gestión”. 

Las cuentas del primer semestre de Banco de Valencia ya mostraban un profundo deterioro del negocio por el estrechamiento de los márgenes y el aumento de la morosidad, situada en el 6,99%. Su core capital era del 7,3%, muy por debajo de sus comparables, con una caída del 17% en el margen de intereses y del 86,7% en el beneficio. Los ingresos antes de impuestos fueron negativos en 9,09 millones, según datos recabados en Bloomberg.

La salida de Olivas deja a Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y ex director general de Negocios de Bankia hasta la llegada de Francisco Verdú, como principal responsable del reflote de Banco de Valencia desde su puesto de presidente ejecutivo. Su elección del 11 de octubre como consejero delegado fue vista en el mercado como un “destierro pero con patada para arriba” a la espera de que Bankia venda el banco.

El autodenominado “primer banco de la nueva banca” tiene un 39% de Banco de Valencia, con un valor de mercado de 167 millones de euros. Bankia responde que la participación es menor, ya que el 39% es una tenencia indirecta a través de Bancaja Inversiones S.A. (Bisa), participada a su vez en un 70% por BFA, en un 22% por Guggenheim Capital y un 8% por Deutsche Bank. “De forma directa es del 29%, hay más riesgo en otras participaciones”.

Banco de Valencia acumula una caída en Bolsa del 73,4% en 2011 hasta los 0,87 euros, lo que le da una capitalización de 426 millones. Todo apunta a que en su vuelta al parqué profundizará las pérdidas. El recorrido de la acción en el año ha sido errático, ya que al calor de la oferta de Popular por Pastor se anotó un alza del 65% en pocas sesiones. Desde su máximo en 1,2 euros (17 de octubre) ha perdido un 28%.

“Creo que Banco de Valencia es uno de los candidatos a tener más que problemas, yo no me metería en ese barrizal”, advertía un broker nacional el pasado 14 de octubre a raíz de la fuerte subida en Bolsa. La exposición al promotor de esta entidad es de 3.188 millones, el 17,6% del total de créditos, con mora del 32%. A esto se unen 827 millones de euros en inmuebles y suelo adjudicados con cobertura del 22,3% y un colchón de genérica reducido a su mínima expresión (25 millones).

La joya de la corona es su cartera de depósitos, más de 13.000 millones de euros, inferior a la inversión de más de 18.000 millones en créditos aunque muy valioso en los tiempos que corren. La entidad cuenta con 2.223 empleados y 431 oficinas. En comparación, Banco Pastor tiene 600 sucursales, 4.000 trabajadores y una cartera de depósitos y créditos de 16.000 y 23.000 millones, respectivamente.

Postura de la Generalitat valenciana

El conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, ha manifestado que "se contemplan diversas salidas" para "tratar de dar estabilidad" a Banco de Valencia "por el bien de los depositantes, inversores e impositores", entre las que figura la entrada en su accionariado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   Además, ha asegurado que está "en permanente contacto tanto con Bankia como con el Banco de España para tratar de dar una solución lo más apropiada posible" y que "la situación se tranquilice, se calme y se vean las posibilidades, ya sea vía FROB o mediante la incorporación de alguna otra entidad privada".

   En cuanto a los motivos de esa suspensión, ha preferido "no tener que entrar en detalles" por ser "una cosa muy reciente, muy inminente y que, por lo tanto, todavía se están analizando las posibles soluciones que se va a dar a esta situación de Banco de Valencia".

"Es una cosa muy reciente y cualquier información al respecto puede generar un ruido indeseado", ha dicho.

   Preguntado por si una de las salidas que estudian es la intervención de la entidad, ha replicado: "Se contemplan diversas salidas, tanto por parte del Banco de España como evidentemente de Bankia, y se están analizando todas ellas para tratar de dar estabilidad a la institución por el bien de los depositantes, inversores e impositores", entre otros.

   En cualquier caso, Verdeguer ha recalcado que el objetivo del Consell es contar con "una entidad que sea capaz de suministrar y proveer de liquidez y de financiación" al tejido empresarial y a la sociedad de la Comunitat Valenciana.

BFA, dada su condición de accionista de referencia con un 39% del Banco de Valencia, será el primer responsable de aportar el capital que necesita la entidad, según publica El País. Para ello, o bien puede emplear sus recursos propios u optar por vender alguna de sus participaciones industriales.

Los expertos auguran un incremento de los impagos financieros en España en los próximos seis meses

MADRID.- Los directivos de las instituciones financieras y bancarias más importantes de España creen que la mayoría de los ciudadanos faltaran a los pagos en sus obligaciones financieras en los próximos meses. Esta es una de las principales conclusiones obtenidas en un estudio llevado a cabo por la Asociación Europea de Marketing Financiero (EFMA) y FICO, proveedor líder de tecnología en gestión de decisiones y analítica avanzada, los pasados meses de agosto y septiembre entre profesionales relacionados con riesgos financieros en las instituciones más importantes de Europa. 

Los resultados en nuestro país muestran un creciente pesimismo, que denota que los síntomas de crisis no han desaparecido aún. Los expertos encuestados en España no creen que los delitos financieros vayan a reducirse en ningún producto (descubiertos, impagos de Pymes, impago de las letras del coche, impagos en tarjetas de crédito o retraso de más de tres meses en el pago de la hipoteca). Sólo un 25% cree que el fraude en tarjetas de crédito se estabilizará, pero ningún otro producto supera el 13% de confianza en la reducción de delitos. 

En el caso concreto de las pequeñas empresas, un 87% de los encuestados cree que se incrementarán los delitos o impagos. Además, un 88% espera que se deteriore la situación en los retrasos de pagos de hipotecas, mientras que un 38% cree que la situación empeorará de forma significativa. Por el contrario, los expertos consultados en Alemania, Austria y Suiza consideran que todos los delitos financieros se reducirán en su región durante los próximos seis meses. En Reino Unido sólo se espera que se reduzcan los descubiertos.

También se espera que tanto la oferta como la demanda de créditos se aminoren en los próximos meses, tanto en el segmento de crédito al consumidor como en el de pyme. Peor situación se vivirá en la región norte de Europa según los expertos de Alemania, Austria y Suiza, ya que sus previsiones indican que la brecha entre oferta y demanda de créditos crecerá, lo que provocará restricciones en la expansión de los negocios. En Reino Unido, por su parte, y debido a las peticiones de los supervisores nacionales para facilitar la concesión de créditos, los expertos consideran que los créditos a las pymes se encuentran en su máximo esplendor.
               
Los clientes prefieren ahorrar
Teniendo en cuenta la situación económica en la Península Ibérica, no sorprende que el 100% de los expertos consultados crea que los ciudadanos serán en los próximos seis meses más propensos al ahorro que al crédito. El 50% de los encuestados considera que sus clientes no confían en las instituciones bancarias y sólo el 25% espera que los clientes tengan como prioridad pagar los créditos concedidos con tarjeta antes que otras obligaciones financieras.

A nivel mundial, el 71% de los encuestados cree que los clientes son más fieles al banco en el que tienen depositada su cuenta corriente y el 76% considera que los clientes basan dicha lealtad en el servicio, lo que implica que las ventas cruzadas pueden ser una buena opción para las instituciones que buscan expandir su negocio, siempre y cuando los niveles de servicio cumplan con las expectativas de los clientes.

De la misma manera que sus colegas europeos, los directores de riesgos españoles y portugueses consideran que sus políticas de crédito son las correctas, ya que se basan en la capacidad de endeudamiento del consumidor. El 100% de los preguntados, además, afirma haber adaptado las políticas de crédito en los últimos tres años y ser más disciplinado cada vez en la consideración de las reglas de concesión. Sin embargo, el 25% asegura que su institución no es capaz de modificar las políticas de crédito de forma eficiente.

El 63% de los encuestados cree que se pueden resolver de forma correcta las hipotecas “basura” aunque un 13% considera que este tipo de hipotecas no se está gestionando bien.

Acerca del estudio “Una perspectiva sobre los riesgos de crédito en Europa”
El estudio, llevado a cabo por FICO y EFMA, se realizó entre agosto y septiembre de 2011 a 72 profesionales de 61 entidades bancarias y financieras de 26 países de Europa (el 11% de las respuestas proviene de España y Portugal); tiene como objetivo medir trimestralmente las perspectivas de los responsables de gestión de riesgo en las entidades financieras y de seguros más importantes de Europa en los seis próximos meses. Se puede acceder al estudio completo en: www.fico.com/en/FIResourcesLibrary/European_CreditRisk_Feb2011_2751RP.PDF.

Román Bono, ex presidente de la CAM: " Imagino que se depurarán responsabilidades"


ALICANTE.-  El alicantino Román Bono Guardiola, ingeniero naval y hombre de negocios en el sector energético, antecedió a Vicente Sala y Modesto Crespo al frente de la CAM en los mejores momentos de la entidad, con el socialista Juan Antonio Gisbert en la dirección general y Roberto López como director general adjunto. 

Desde su llegada a la presidencia en 1983, y hasta su cese en 1998, contribuyó a situar a la CAM en una posición que permitió hacer frente a los desafíos derivados del nuevo escenario competitivo creado por la equiparación de bancos y cajas en cuanto a la operativa y forma de actuar, así como los derivados del ingreso de España en la Unión Europea.

Durante su mandato, según la propia entidad, se sentaron las bases del crecimiento de Caja Mediterráneo como entidad financiera puntera y de referencia en el sector. Se incorporaron al proyecto CAM, la Caixa de Torrent y la Caja Provincial de Alicante y Valencia. Y se iniciaron con fuerza las emisiones en los mercados internacionales.

Ahora lo entrevista 'Prensa Ibérica'.

¿Qué perdemos con CAM?

Un valor muy importante. La CAM ha sido el punto de referencia para todo en el Levante: financiero, cultural, motor de los proyectos económicos... Apetece poco hablar de esto porque verdaderamente es una tristeza. Como casi todos, paso de la estupefacción a la ira y por todos los estados intermedios. En mi caso particular, además, y por lo que he sido en CAM, es difícil poner distancia, que sería lo necesario, porque la noto como propia. Primero, por vinculación familiar: mi padre fue 20 años presidente de la Caja del Sureste. Segundo, porque en el caso particular de la Caja de Ahorros del Mediterráneo –y con ese nombre yo estuve en el alumbramiento de la Caja– lo siento como algo muy mío. Creo que es una enorme pérdida. No se me ocurre nada que sea muy positivo sobre la situación por la que atraviesa CAM, pero me gustaría por lo menos solidarizarme con los empleados de la entidad en estos momentos amargos y desear que salga una solución que permita por lo menos conservar el nombre y los puestos de trabajo. Y nos podemos dar con un canto en los dientes.

¿Es a lo máximo a que podemos aspirar?

Sinceramente, creo que sí. Es algo doloroso para alguien como yo, pero en el momento actual no me hago demasiadas ilusiones.

Durante su etapa como presidente de CAM se sentaron las bases de una entidad que ha llegado a ser la cuarta de España en volumen de negocio y la tercera en beneficios ¿Ha podido influir en lo que está pasando las leyes autonómicas de cajas, que supusieron la politización de las entidades?

Eso es cierto. Los gobiernos autonómicos legislaron en 1997 para atribuirse el control absoluto en las entidades que estaban en su territorio. Tanto fue así que tuvieron que modificar las leyes porque tenían tal mayoría que las cajas se convertían casi en bancos públicos. El resultado, a la vista de lo que ha sucedido, es que los gobiernos autónomos no han sido buenos gestores.

¿Entiende lo que ha podido pasar con CAM, que en seis meses ha pasado de declarar beneficios a reconocer pérdidas por 1.136 millones entre enero y junio?

Hace seis meses CAM estaba sometida a un proceso de fusión fría con otras entidades y en esas condiciones el Banco de España autorizaba a que las provisiones que había que hacer por créditos dudosos se hicieran contra reservas, no contra los resultados. Eso justificaría que una vez que se ha quitado el paraguas de la fusión fría hayan aflorado las pérdidas.

Pero en seis meses...

Sí, claro, ese es un periodo muy corto de tiempo. Lo que puedo decir es que en 2001, cuando hubo un cambio en la dirección general de la Caja, el director saliente se tomó mucho interés en que se explicitara la situación que había en aquel momento. Aparte de lo que reflejaban los balances, entonces había unas plusvalías latentes por valor de dos mil millones de euros. La cuarta caja del país y tercera por beneficios, tenía unas reservas blancas de dos mil millones de euros. Bueno, en este periodo hemos pasado, grosso modo, de mas dos mil a menos tres mil, que es lo que ha tenido que poner el FROB. Son cinco mil millones de euros, que es mucho dinero.

¿Y quién es el responsable de esto? ¿el consejo de administración, la directiva de CAM?

Si hay responsabilidades que depurar, yo me imagino que se depurarán. No tengo datos. Lo que sí parece ser es que he oído a antiguos miembros del consejo quejarse de la calidad de la información que se les ha suministrado. No puedo decir más.

¿Y el Banco de España? ¿Se puede decir que ha hecho dejación de su obligación de control?

El Banco de España, si es cierto lo que se ha estado diciendo, tiene desde hace dos años una inspección permanente en CAM. Lo cual es ya todo un síntoma. Mantener a una caja en observación permanente no es tranquilizador. Ahora, si esta inspección podría haber detectado algo, no sé. En la época en que yo era presidente de CAM, el control del Banco de España era férreo y antes de aprobar los resultados de una entidad tenías que pasar una serie de pruebas importantes y cualquier dotación que hubiera que hacer había que hacerla a costa de disminuir los resultados del año. La entidad no puede haber publicado sus resultados sin el permiso del Banco de España. Eso está claro.

¿Cómo interpreta las palabras de Fernández Ordóñez en alusión a la CAM, y en las que manifestó que era lo peor de lo peor?

Hay que suponer que Fernández Ordóñez tiene información que no está al alcance de nadie más. De todas formas, el tono empleado está más próximo al lenguaje fresco de un mercado de verduras que al de un gobernador. No me imagino a ninguno de los gobernadores que he conocido diciendo cosas así. Parece como si, al reconocer que otras entidades también tenían problemas muy serios, se quiera cargar las tintas en el caso de CAM. Tal vez hubiera sido preferible ahondar en aspectos de la supervisión del Banco de España que no han sido muy comprendidos. El momento elegido, con CAM en venta, tampoco parece el más adecuado.

¿Cómo valora las medidas disciplinarias que el Banco de España ha tomado contra la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós?

Es muy preocupante que los que tienen toda la información adopten medidas tan duras. Si los hechos son ciertos, apuntan a un «sálvese quien pueda» que sería poco decoroso frente a las tribulaciones que tiene que soportar la plantilla en general. En cualquier caso, España es un estado de derecho y la presunción de inocencia no se puede ignorar.

¿Cree que ha habido una campaña de desprestigio hacia CAM ?

Hubo voces mal intencionadas que se dedicaron a decir que si que CAM estaba fatal, que la gente debía de llevar cuidado donde ponía su dinero... Eso, si era verdad para el caso de CAM, lo era también para muchas otras cajas. Cabe la duda de cómo saldrían otras cajas si se las sometiera al mismo proceso de revisión de cuentas que ahora le está haciendo a CAM el FROB. Ha habido, efectivamente, un cierto ensañamiento con CAM.

¿Le preocupa lo que pueda pasar con la Obra Social?

Claro que sí. No sé qué valor se le atribuirá a la Fundación CAM cuando termine el proceso de subasta, pero ojalá que ese porcentaje dé para sufragar la Obra Social. No veo, no obstante, muchas posibilidades dada la situación actual de Caja Mediterráneo.

Una sentencia ratifica la declaración de dominio público de Puntas de Calnegre

MADRID.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en una segunda sentencia en la que desestima el recurso presentado por dos propietarios que el poblado pescador de Puntas de Calnegre, en el término municipal de Lorca, invade el dominio público marítimo-terrestre.

Esta segunda resolución se une a la dictada hace unas semanas, en la que el Alto Tribunal, al rechazar los recursos presentados por varios vecinos y el Ayuntamiento de Lorca, se oponía al mantenimiento de esto poblado, surgido hace un siglo, por haberse levantado en zona de dominio público.

El Supremo, al desestimar el recurso presentado por estos dos vecinos, propietarios de una de las viviendas afectadas, confirma la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en enero de 2008 y que respaldó la orden ministerial de agosto de 2005, que aprobó la cartografía actualizada de los deslindes de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

En su recurso, estos dueños de una vivienda de la zona pidió la revocación de esta orden y del deslinde recogido en la misma para que por parte del TS se declarara que el espacio en el que se ubica el poblado de Puntas de Calnegre "no es de dominio público".

En opinión de los recurrentes, "la franja de la servidumbre de protección, de una anchura de veinte metros, se ha de medir a partir de la línea interior del dominio público marítimo-terrestre, del deslinde aprobado en 1977, en una proyección horizonal, sin líneas quebradas y sin solapamiento de la servidumbre de protección de otros terrenos".

Asimismo alegaron que la citada orden ministerial, al modificar el deslinde anterior de 1977, omitió trámites esenciales del procedimiento que había generado indefensión a los interesados, lo que justicaba la solicitud de anulación de la misma.

El TS indica que "la franja de servidumbre de protección, con carácter general, es de cien metros de anchura medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, pues así lo dispone la Ley de Costas de 1988".

"En el presente caso -añade- la servidumbre de protección se ha fijado en unos tramos con una anchura de veinte metros y, en otros, con una anchura de cien metros".

"La fijación de esta última, en la parte que se cuestiona por los recurrentes, detrás del poblado hacia el interior, no puede considerarse ilegal, al afectar a un suelo considerado 'no urbanizable', que es la clasificación que tiene en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas", concluye la sentencia.

Al desestimar el recurso de estos dos particulares, el Supremo los condena al pago de las costas, aunque limita a 2.500 euros la cantidad que podrá reclamar el letrado de la administración recurrida.