jueves, 10 de noviembre de 2011

El Grupo Generala comienza a negociar para evitar el concurso de acreedores


MURCIA.- La deuda que las administraciones públicas mantienen con Grupo Generala, cifrada en 90 millones de euros, ha llevado a la empresa a acogerse al artículo 5.3. para comenzar, de este modo, una negociación con los acreedores, y principalmente con las administraciones públicas, con la finalidad de evitar el procedimiento concursal, garantizar los empleos y responder a las obligaciones con clientes y proveedores.

   Esta deuda contraída como consecuencia de los servicios que presta a las diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno central, ha obligado a Grupo Generala a recurrir a esta fórmula legal para ordenar su situación financiera ante los constantes "impagos" de la Administración.
   No obstante, la compañía ha precisado en un comunicado que está al día en el abono de las nóminas de sus trabajadores, genera beneficios y mantiene un balance sólido "con el único problema del retraso en los cobros de la Administración pública".
   Su objetivo, y principal preocupación, es "mantener a toda la plantilla para continuar desarrollando los servicios que tiene contratados".
   Grupo Generala suma 25 años de trayectoria con una actividad diversificada en diferentes sectores que incluyen servicios de mantenimiento de zonas verdes, limpieza de hospitales, prevención de incendios, conservación de espacios naturales, limpieza viaria y recogida de residuos, construcción y jardinería.

Los empleados de Latbus se manifiestan para exigir el pago de sus nóminas atrasadas

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su segundo día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras la huelga del pasado lunes, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse a las 6.00 horas en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con un poco de retraso como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes.
   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.
   Cano confirma que el pasado martes fueron llamados por la Entidad Pública del Transporte (EPT) y citados en la oficina de resolución de conflictos laborales, donde la empresa les ofreció pagar las nóminas a plazos "como si los empleados fuéramos una entidad financiera".
   Los trabajadores se negaron rotundamente a esa posibilidad, ya que su deseo es cobrar "tal y como está pactado en el contrato, del 1 al 5 y todo el mes". En contrapartida, la oferta de la empresa pasa por pagarles las nóminas que les deben en la semana del 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre.
   El problema de esta alternativa, según Cano, es que tras cumplir con los atrasos de septiembre y octubre, los empleados "volverían a quedar con atrasos de las nóminas de noviembre y diciembre", una posibilidad que rechazan porque supondría "financiar el transporte público".
   Por lo tanto, Cano prevé que la huelga continúe este viernes, a no ser que "alguien saque una varita mágica y resuelva el conflicto, porque el dinero que había para el transporte en Murcia ha desaparecido, según manifiesta la EPT".
   Así, lamenta que la negociación "se prevé dura", y no confía en una resolución a corto plazo, aunque ha dicho preferir estar de huelga y sin cobrar a estar sin cobrar y seguir trabajando. "Vamos a aguantar lo que sea necesario", ha advertido.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia mantiene su competencia para enjuiciar caso Tótem

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia mantiene su competencia para el enjuiciamiento del denominado caso Tótem, de corrupción urbanística en Totana, contra el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras doce personas, según lo acordado en el auto de 2 de noviembre.

   Respondiendo a la solicitud formulada por una de las partes de inhibición a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, el tribunal ha acordado que "no ha lugar a la misma conforme al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo plasmado en sentencia de 8 de marzo de 2002".
   Se establece pues que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia queda fijada en el momento en que deban comenzar las sesiones del juicio oral. De modo que, al haberse fijado el primer señalamiento antes de que el diputado acusado, Juan Morales, perdiera su condición de aforado, "la Sala debe mantener su competencia para el enjuiciamiento del asunto y rechazar la solicitud de inhibición", según fuentes del TSJ.
   La Sala del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desestimó ya la recusación contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia, encargados de enjuiciar el caso. Esta recusación sostenía que estos magistrados podían haber quedado 'contaminados' al haber intervenido en la resolución de distintos recursos y hubieran realizado un juicio 'valorativo' de las diligencias sumariales.
   Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
   En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión dos meses y el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio, Juan Morales, que aunque por su condición de diputado (primeramente del PP y tras ser expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto) no fue detenido, la Sala competente del caso acordó, tras más de 12 horas de declaración, su prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros que hizo efectiva antes de que se agotara el plazo fijado por el magistrado.
   De ahí que una pieza de la operación 'Tótem' la asumiera el Juzgado de Totana, mientras que la que afecta a la persona del ex diputado se declaró competente para enjuiciar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia al entender que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex parlamentario, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
   Está previsto que pasen por el banquillo el ex alcalde y ex diputado, Juan Morales; Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
   Así como la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán; el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S; la novia de Morales, Vaneyde Freita; y José Miguel Martínez Soler.

Bruselas alerta de "riesgos" en la banca española por la exposición a la vivienda

MADRID.- La Comisión Europea ha alertado de "riesgos" en el sector bancario español por la fuerte exposición al sector de la construcción, que se está traduciendo en una reducción de los beneficios y una contracción del crédito.

   La rebaja del pronóstico de crecimiento para España en 2011 y 2012 -que Bruselas ha situado en el 0,7% del PIB cada año- "tiene consecuencias negativas para el sector bancario español", según alerta el Ejecutivo comunitario en sus previsiones económicas de otoño.
   "Pese a unas minusvalías ya significativas (que representan el 10% del PIB desde 2008), los bancos todavía tienen una exposición importante al sector de la construcción. Debido a las difíciles condiciones de financiación el proceso de desapalancamiento se ha acelerado, reduciendo más el crédito al sector privado, lo que puede tener consecuencias negativas para la inversión y el consumo de bienes duraderos", insiste el informe.
   "La rentabilidad de los bancos está reduciéndose y el riesgo de crédito sigue siendo una preocupación, ya que los préstamos morosos están aumentando y el ajuste del sector de la vivienda prosigue", resalta la Comisión.
   El Ejecutivo comunitario avisa en este sentido de que el ajuste tras la burbuja inmobiliaria, que en principio debería haberse completado en 2013, "está siendo retrasado por una restricción más aguda del crédito en este sector".
   En todo caso, la Comisión recuerda que para aumentar la resistencia del sector bancario español, el Banco de España ha aumentado los requisitos mínimos de capital, que "ya han sido cumplidos por una gran mayoría de los bancos".

Estiman que el 90% de las participaciones de CAM fueron colocadas con engaños

ALICANTE.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) calcula que el 90% de las participaciones preferentes "colocadas" por Caja Mediterráneo (CAM) a sus clientes fueron comercializadas mediante "engaños".
 
Así lo ha defendido hoy en Alicante el presidente nacional de ADICAE, Manuel Pardos, en varias asambleas para informar a los consumidores de los productos tóxicos emitidos tanto por CAM y como por otros bancos y cajas.
Pardos ha afirmado que las participaciones preferentes de CAM fueron comercializadas bajo "la apariencia de una renta fija" ya que la mayoría de los clientes las compraron pensando que se trataban de un producto de plazo fijo y en el que la entidad adquiría un compromiso para su venta casi inmediato.
Todo esto cuando, en realidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las considera un "producto de riesgo" porque supone un tipo de deuda de la entidad de carácter perpetuo que únicamente es reconvertible en los mercados secundarios.
Ha añadido que con la crisis financiera el movimiento de estos mercados "ha caído muchísimo" hasta el punto de que se puede considerar que está "cerradísimo".
Además, ha recordado que las citadas participaciones preferentes carecen de un fondo de garantía que las respalde en caso de insolvencia de la entidad financiera y, además, en caso de quiebra los titulares estarían por detrás de los acreedores para los pagos y sólo por delante de los accionistas.
Por todo ello, el presidente de ADICAE cree que los clientes podrían en un futuro reclamar y obtener por la vía extrajudicial o judicial el capital aportado, siempre que se demuestre que las participaciones les fueron colocadas de forma engañosa.
Ha agregado que esto ha ocurrido en 9 de cada 10 casos porque es difícil que un porcentaje mayor sea conocedor por sí mismo de un producto financiero tan complejo.
Pese a la "incertidumbre e inquietud" suscitada por la situación de CAM, Pardos ha recordado que la caja alicantina cuenta con el respaldo del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y que, previsiblemente, éste sólo procederá a la venta de la entidad a otra que sea "solvente y que debería cumplir sus obligaciones".
Sobre la situación de Banco de Valencia, el presidente de ADICAE ha comparado la gestión de la entidad con la de CAM por compartir una "situación contable ruinosa", y ha opinado que deberá ser su matriz, Bankia, la que deba asumir cualquiera de los compromisos del banco.

El Ministerio de Defensa admite su falta de liquidez para hacer frente a los pagos comprometidos

MADRID.- La ministra Carmen Chacón ha dicho públicamente que el Ministerio de Defensa por falta de liquidez no puede hacer frente al pago de 26.692 millones de euros correspondientes a los 19 Programas Especiales de Armamentos (Peas) comprometidos con diversas industrias, según el digital www.rebelion.org

El secretario de Estado de su Ministerio, Constantino Méndez, fue más lejos, y en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso (6/10/2011) afirmó que “no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

Sorprendente, pero claro y llano, el Ministerio de Defensa se encuentra en suspensión de pagos. No tiene recursos suficientes para hacer frente a los grandes programas de armamentos y como se tendrán que renegociar con las industrias militares y aplazar sus pagos, el mismo Ministerio avisa que la deuda se incrementará de manera importante. 

Los técnicos del propio Ministerio han hecho una proyección para el año 2015 con un importe final de la deuda que ascenderá a 36.876 millones €.

El juez Grande-Marlaska asume la instrucción de la causa tras la denuncia contra la dirección general de la CAM

MADRID.- El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, titular del juzgado central nº 3 de la Audiencia Nacional ha aceptado instruir la causa contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, tras el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y una vez admitida a trámite la denuncia por varios presuntos delitos efectuada en su día por el letrado murciano Diego de Ramón Hernández. Y así lo ha hecho saber hoy a las partes mediante una providencia fechada el pasado día 8 de noviembre.

La decisión judicial es consecuencia, además, del oficio remitido a Grande-Marlaska por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumiendo las competencias con el conocimiento de las citadas diligencias por parte de los fiscales Luis Pastor Mota y Luis Rodríguez Sol.

Grande-Marlaska justifica, por su parte, la asunción de competencias en la denuncia de Diego de Ramón y otros por los presuntos delitos de estafa, societario y falsedad documental, por el informe fiscal favorable del pasado 7 de noviembre por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos comprendidos en el artículo 65.1c de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que, del exámen de las actuaciones y basándose en lo dispuesto en los artículos 65 y 88 de la citada ley orgánica, procede, de conformidad con el dictámen del ministerio fiscal, aceptar la competencia para el conocimiento de la presente causa por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contemplados en los artículos 248, 290 y 390 y siguientes del vigente Código Penal.


En su Providencia, Grande-Marlaska ordena finalmente se libre oficio al Banco de España para que los administradores provisionales de la CAM y Banco CAM den cuenta de su situación y, principalmente, de cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil se pudieran haber cometido por los anteriores responsables, debiendo presentar un primer informe de avance a la mayor brevedad posible.

Según 'Adicae', entidades financieras habían iniciado una "fuga adelante" de recapitalización con productos tóxicos

ALICANTE.- El presidente de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha destacado que ahora se empieza a saber "la actuación de las entidades financieras" en la venta de productos "cada vez más complejos" y, en algunos casos, "tóxicos" porque "querían recapitalizarse, tapar sus agujeros en una especie de la fuga hacia adelante intentando no llegar a que el Banco de España o el FROB las interviniera".

   Con motivo de la celebración de varias asambleas en Alicante para informar a los clientes sobre "productos tóxicos de la CAM y de otros bancos y cajas", Manuel Pardos ha lamentado la "venta engañosa" de "productos complejos" que algunas entidades han venido haciendo con la finalidad de "retrasar" o evitar una posible intervención.
  "Nos estamos enterando de la actuación de las entidades financieras españolas", ha dicho Pardos, quien ha considerado que en "el caso de las cajas son más flagrantes por su carácter social". Desde su punto de vista, "querían recapitalizarse, tapar sus agujeros en una especie de la fuga hacia adelante intentando no llegar a que el Banco de España o el FROB las interviniera".
   Por ello, ha vaticinado que "aún veremos otras muchas, pero como se ha visto el Banco de Valencia hacía publicidad de depósitos muy agresiva, y los demás no sabíamos lo que iba a pasar, ellos sí". Según ha dicho, la situación de las entidades las conoce "el Banco de España y el Gobierno y ellos, y nadie más".
   Adicae ya sabía que existían "este tipo de productos pero no comercializados tan masivamente y con esos caracteres, a personas mayores, con menos cultura financiera, abusando claramente de su confianza". Pardo ha destacado que hay "un estándar de venta engañosa: no te preocupes, esto es lo que te conviene...". Esta táctica de venta "es lo que permite su defensa, el carácter engañoso", ha dicho.
   En el caso de Caja Mediterráneo, ha señalado que tienen 200 quejas, y esperan más tras las asambleas que van a celebrarse, por la venta de un producto que, en principio, era supuestamente vendido como plazo fijo y que, posteriormente, estaba ligado a la compra de deuda perpetua. Cuando vence el plazo, el usuario se acerca a recuperar el dinero o se interesa porque la caja ha sido intervenida "se encuentra con que no puede sacar el dinero".
   Según Pardos, se les decía "puedes venderlo en cualquier momento, pero lo que no les decían y que no podían entender los usuarios es que era en el mercado secundario, llamado AIAF, un mercado muy difícil y que con la crisis financiera está prácticamente colapsado, y que con el caso de las participaciones preferentes de la mayoría de las entidades, incluso con penalizaciones de pérdida de hasta un 40 por ciento del dinero invertido, pero incluso poco vendibles en este momento ni con penalización, dada la situación del mercado".
   A su modo de ver, "un usuario no puede entender eso" y no se les pasaba el cuestionario previo que acredite que entiende las condiciones de los productos que estaban adquiriendo.  
  Este incumplimiento, según Pardos hace tener "una esperanza" de que los clientes puedan recuperar su dinero porque las entidades "estuvieron incumpliendo la normativa MiFID, vigente desde noviembre de 2007, referente a que para contratar un producto de riesgo le tienes que pasar un test de conveniencia".
   "Estos depósitos estructurados con obligación de coger preferentes, no sabemos si otras lo hicieron, pero es particularmente dañino", ha dicho. Pardos ha matizado que este tipo de productos los "hay en todas las entidades pero las noticias sobre la CAM y su intervención han levantado las alarmas entre los usuarios, particularmente en la Comunitat Valenciana porque habían vendido mucho, estaban muy concentrados".
   Las asambleas, con tres turnos a las 12.00, a las 17.00 y a las 19.30 horas de este miércoles en la sede que Adicae tiene en la calle Arquitecto Guardiola de Alicante, tienen como misión recopilar "documentación, fotocopias y se adhieren o no a una reclamación colectiva, judicial o extrajudicial con la asociación", ha explicado Pardos.
  "Preferimos una acción extrajudicial pero informamos a cualquier usuario sobre la situación concreta, se revisa, se informa de las preferentes y se les invita a adherirse a una plataforma para reclamar por diversos medios: presión, mediación, negociación, denuncias a la CNMV o Banco de España, si hubiera lugar, y finalmente si no se logra resolver mediante una acción judicial colectiva", ha explicado.

'Adicae' cuestiona alguna acción reciente de Caja Murcia

ALICANTE.- El presidente de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros(Adicae), Manuel Pardos, ha explicado que este mismo martes se han enterado de que  hubo "unos créditos sin intereses del ICO para los afectados de Fórum y Afinsa, del 10 por ciento de las pérdidas, Caja Murcia lo tramitaba pero a cambio decía: ahora lo metes en participaciones preferentes o productos de este tipo o parecidos".

   En Adicae, ha dicho, "estamos indignados porque la actitud de los bancos y cajas es engañosa casi siempre en la comercialización de productos hacia los usuarios, queremos acabar con esa situación".
   En su opinión, "que los productos financieros sean tan complejos y que a la vez no lo quieran explicar, incumpliendo la Ley, e introduciendo cláusulas abusivas".
   Según ha asegurado, la CNMV "está emitiendo resoluciones favorables al cliente todos los días, aunque no son ejecutivas, si la entidad no se atiene es cuando se tiene que ir a una acción colectiva judicial porque la comercialización ha sido engañosa en más del 90 por ciento de los casos".
A pesar de todo esto, ha resaltado que está claro que "la relativa tranquilidad de los usuarios es que en España y en Europa es que existe el FROB que tiene previsto más de 100.000 millones si hicieran falta ante cualquier problema que tengan las entidades bancarias para intervenirlas, es decir, que no van a dejar caer ninguna".