jueves, 8 de diciembre de 2011

Banco Sabadell asegura que integrar a CAM es una operación "durísima"

BARCELONA.- El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha explicado este jueves que la integración de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) es una operación "durísima", pero la ha justificado porque complementa la implantación territorial de la entidad catalana.

   Lo ha explicado en una rueda de prensa para presentar los detalles de la operación, en la que ha precisado que a la problemática del proceso se añade el contexto de crisis, "que explica la cuantía de las coberturas que ha requerido la operación".
   Oliu ha asegurado que la integración reduce el riesgo sistémico para el conjunto del sector bancario y ha augurado que la CAM volverá a tener beneficios el año que viene.
   "Vamos a hacer lo posible, mediante todo tipo de campañas, para recuperar a los clientes perdidos. Lo primero que tenemos que hacer es trasladar un ambiente de normalidad a la red comercial de la CAM, que ha estado demasiado tiempo bajo una enorme presión", ha precisado.
   Con esta operación, Banco Sabadell escala en el ranking de bancos españoles, situándose como sexto en depósitos de clientes, pasando de gestionar 54 millones de euros a 80 millones.
   En cuanto a penetración de mercado a nivel estatal, Sabadell pasará de controlar el 4,3% de particulares al 9,3%, y del 19,1% de pymes y corporaciones, al 24,2%.
   "Lo importante no es la posición, pero estar entre las seis primeras del país nos da confort y la satisfacción de haber llegado", ha comentado Oliu.
   El presidente de la entidad ha detallado que ahora se abre un plazo transitorio durante el cual la CAM seguirá estando administrada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que se unirá una comisión de seguimiento del Sabadell liderada por su director general adjunto, Miguel Montes, que cogerá las riendas de la CAM.
   Sabadell estudiará si mantener la marca propia de la CAM o integrarla a la suya, aunque se decanta por una marca combinada para aprovechar el valor de arraigo local de la murciano-alicantina.
   Oliu no ha concretado la fecha en la que se formalizará la integración, ya que dependerá de lo que tarden los organismos reguladores en dar su aprobación, pero prevé que pueda culminar a finales de marzo de 2012.

El Poder Judicial se organiza, tras el terremoto de Lorca, para actuar en caso de catástrofe

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes en el que ha tenido especialmente en cuenta el "celo profesional" que permitió suplir las carencias y desarrollar una eficaz labor en el terremoto que sacudió Lorca el pasado mes de mayo.

   El órgano de gobierno de los jueces aprobó en la sesión plenaria celebrada el pasado 23 de noviembre un protocolo para cubrir la falta de una regulación legal específica que fije las directrices dirigidas a facilitar la toma de decisiones por parte de los órganos judiciales en casos de calamidad o catástrofe.
   El estudio, elaborado por la Comisión de Estudios e Informes y cuya ponencia ha corrido a cargo del vocal Claro José Fernández Carnicero, recuerda que estas circunstancias exigen la intervención de la autoridad judicial para depurar la naturaleza del suceso acaecido y las eventuales responsabilidades que puedan existir.
    Fundamentalmente, los profesionales tomarán decisiones en lo que afecta a la identificación y levantamiento de cadáveres, los casos de muerte violenta, las inspecciones oculares o la coordinación de las unidades y servicios bajo su dependencia.
   El protocolo tiene como objetivo poner a disposición de la autoridad un conjunto de medidas y medios para cumplir con "agilidad, eficacia y rigor" las funciones que tiene encomendadas ante "situaciones de crisis que, por su propia naturaleza, desbordan los medios habituales de respuesta".
   Para su elaboración, ha tomado en consideración la 'Guía orientativa de actuación integral para supuestos de grandes catástrofes' de la Escuela Judicial, así como la "eficaz" labor que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia durante el terremoto de Lorca.
   Entre otras actuaciones, el protocolo de actuación recomienda constituir desde el primer momento una Comisión Judicial de Crisis para analizar el alcance de la catástrofe, planificar la toma de decisiones y adoptar medidas de coordinación con las autoridades y los agentes de las Administraciones Públicas intervinientes así como para supervisar la información y atención ciudadana.
   El informe se articula en tres ámbitos de aplicación. En las situaciones de emergencia que afecten a una sola comunidad autónoma, establece que la Comisión Judicial de Crisis sea dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Judicial, mientras que su presidencia sea asumida por el TSJ de la comunidad afectada con mayor población cuando la calamidad alcance varios territorios.
   Cuando la catástrofe se extienda a todo el territorio nacional, plantea que sea el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ --actualmente Carlos Dívar-- quien actúe como presidente de una Comisión Judicial centralizada, sin perjuicio de las constituidas en cada autonomía.
   Entre los primeros pasos a seguir, propone que personal técnico cualificado revise y certifique urgentemente el estado de las dependencias judiciales por si fuera necesario habilitar dependencias provisionales en otros edificios e instalaciones.
   La Comisión Judicial de Crisis deberá acordar también la conformación de los equipos de guardia necesarios para atender el siniestro, garantizando el normal funcionamiento del juzgado de guardia. Además, el juez decano velará por asegurar la disponibilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia y de las unidades adscritas a la Policía Judicial.
   El CGPJ recomienda valorar la conveniencia de constituir una Oficina Judicial 'in situ' con autonomía para abarcar el proceso documental que requiera la toma de datos, identificación, permisos de traslado, incineración de cadáveres o recepción de denuncias.
   De igual modo, sugiere reforzar los órganos de lo Contencioso-Administrativo con el fin de garantizar una respuesta "ágil y eficaz" en las solicitudes de entrada en domicilios u otros lugares que requieran autorización judicial.
   Otras de las propuestas pasan por reducir el horario de audiencia para centrarse en las actuaciones "urgentes" e "improrrogables" provocadas por la catástrofe o por suspender de forma "generalizada" los plazos procesales durante el "tiempo mínimo imprescindible", exceptuando las actuaciones de guardia, los juicios rápidos y la violencia sobre lo mujer.
   Tras ello, emplaza a convocar urgentemente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para ratificar los acuerdos adoptados o determinar otras medidas que estime necesarias. En su opinión, los jueces de instrucción deberán abrir, además de la pieza principal, otras individualizadas de fallecidos, lesionados o perjudicados materiales.
   Asimismo, el CGPJ subraya la importancia de crear "un registro de datos" a disposición del Tribunal Superior de Justicia y de los jueces decanos con los datos de contacto de los responsables de los partidos judiciales.
   Por último, ordena difundir de forma "inmediata" la información de contacto del Juzgado de Guardia y del Registro Civil así como divulgar los acuerdos adoptados para hacer frente a la catástrofe.

La CAM sube un 6,35% y el Banco Sabadell se anota un 4,27% tras adjudicarse la caja

MADRID.- Las acciones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se revalorizaron un 6,35% al cierre del mercado continuo, después de haber llegado a ganar más de un 28% en las primeras horas de la mañana, mientras que los títulos de Sabadell subieron un 4,27% tras adjudicarse la caja con ayudas iniciales de 5.249 millones de euros. 

   En concreto, la CAM cerró su cotización de hoy con un precio por cuota participativa de 1,34 euros, frente a los 1,26 euros del cierre de ayer. Las acciones del Banco Sabadell subieron hasta los 2,85 euros, tras anotarse el mayor ascenso del Ibex, que cerró con una caída del 2,12%.
   El Banco de España ha adjudicado la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que se materializará una vez que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suscriba una o varias ampliaciones de capital de la entidad por importe de 5.249 millones de euros.
   Adicionalmente a esta ayuda, la entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha decidido que el plan de reestructuración de la CAM contemple que el FGD conceda a la entidad intervenida un esquema de protección de activos por el que asumirá el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de diez años.

El Banco Sabadell cerrará 300 oficinas de las 900 de la CAM

MADRID.- El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha anunciado este jueves que se cerrarán unas 300 de las 900 oficinas que han asumido tras la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

En rueda de prensa para explicar la operación de compra de la entidad alicantina, Guardiola ha detallado que, a las 1.340 oficinas del Sabadell se suman ahora 939 de la CAM, y que, por tanto, prevén la aplicación de un plan de recorte que conlleve el cierre de unas 300 de las 900 oficinas de la CAM, sobre todo en los lugares fuera de la costa alicantina, que es donde se concentra gran parte del negocio de la antigua caja.
Por su parte, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha dicho que la adjudicación de la CAM por parte de la entidad catalana supondrá una "complementariedad territorial importante" para el negocio y ha señalado que se trata de una operación "transcendente" tanto para el Sabadell como para el sistema bancario español.
Oliu ha recordado que provenían de un "entidad local" y, según la estrategia de los últimos años, se han convertido en un "banco nacional".
Así mismo, el presidente del Sabadell ha reconocido que la CAM era una franquicia que sufría "una degradación importante" por lo que el banco se fijó, para adquirirlo, que las "pérdidas esperadas de la CAM no fuera un riesgo" para la entidad catalana. De hecho, ha señalado, el "riesgo (de la adjudicación) ha sido neutralizado por los sistemas de protección".
Por otra parte, Oliu ha indicado que la oferta de Sabadell por la entidad alicantina era la que "mejor solución" aportaba para garantizar el empleo. "La CAM no tenía futuro" y "no se sabía donde podría terminar", ha recalcado Oliu,
Se trata de un proceso "algo extraordinario" respecto a las otras seis asunciones de entidades que, en los últimos 14 años, ha realizado el Banco Sabadell.
El presidente de la entidad catalana ha recalcado que se trata de "buena noticia, no solamente" para ellos, pese al "reto de exigencia de esfuerzo y dedicación" que les supone, sino porque abre un "horizonte despejado", tanto para la entidad catalana, como para el Banco CAM.
Para poder asumir la CAM, el Banco Sabadell tiene previsto una ampliación de capital de 3.100 millones. A la vez que se abría el mercado a primera hora de este jueves, Sabadell mantuvo una presentación con analistas para explicar la operación que se saldó con la adquisición de la CAM, en la que espera conseguir unas sinergias anuales de 300 millones de euros.
La entidad que preside Josep Oliú cambiará participaciones preferentes de la CAM y del propio banco por nuevas acciones de la entidad catalana por unos 2.100 millones de euros, lo que  supondría generar de manera interna este monto de capital de la máxima calidad.
Los otros 1.000 millones de la ampliación de capital se producirán a través de derechos que se otorgarán a los actuales propietarios del Sabadell, según se recoge de la presentación que la entidad catalana remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y explicó a los analistas.

El PSPV asegura que Rajoy "ha condenado" a Camps

VALENCIA.- La diputada socialista en las Corts y portavoz adjunta, Carmen Ninet, ha afirmado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "ya ha condenado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps al convocar su Junta Directiva Nacional justo el día en el que empieza la apertura de juicio oral por el caso Gürtel". 

   La diputada socialista ha señalado en un comunciado que "ni mucho menos la fecha escogida es fruto de la casualidad, sino más bien de la causalidad, porque de esta manera el líder nacional del PP y próximo presidente del Gobierno da una excusa perfecta a quien quiera dejar sólo al expresident de la Generalitat Valenciana".
   "Rajoy ya no quiere ni acordarse de quien le instaló la alfombra roja por la que fue elegido candidato a la Presidencia, que no fue otro que Camps, El Bigotes, Correa, Costa y una larga nómina de colaboradores cómplices", ha señalado Ninet.
   "Fueron justo los mismos que también organizaban los mítines en la Plaza de Toros de Valencia, como demuestra la histórica instantánea en la que, mientras Rajoy saluda en el coso taurino del cap y casal, El Bigotes aparta a los fotógrafos".
   Ninet ha advertido a Rajoy de que, "aunque no quiera, estará acompañado de por vida por la alargada sombra de Camps". 
"Aunque no quiera, --ha continuado--, los informativos del lunes darán en simultáneo la noticia del inicio del juicio contra Camps y la del acto del PP en el que se comunicarán los primeros nombramientos de la legislatura. Causa y efecto de una misma historia", ha señalado la portavoz socialista.
   la diputada también se ha referido a "la estampida de cargos del PPCV que irán en masa a Madrid, para evitar ser fotografiados con Costa y Camps" y ha explicado que "si la madrina de Camps, Rita Barberá, no tiene claro si acompañarle o no es porque sabe que ella será la próxima en desfilar ante el TSJ por el 'caso Emarsa'".
   "Así que, ante la máxima 'cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar' y a sabiendas de cómo se las gastan en el PP, Barberá puede optar por evitar el vergonzante paripé por el que quiso pasar hace algún tiempo al acompañar a Camps en lo que parecía más una fiesta que un juicio", ha criticado.
   "Fabra y el PP valenciano, que tanto le han aplaudido a Camps, le dejan solo porque saben toda la verdad de Gürtel, pero como ahora ya no manda le tratan como un apestado".
"Que tome nota Rita, --ha insistido--, y que también tomen nota el otro Fabra, Castedo, Díaz Alperi y la larga lista de presuntos corruptos de la que se compone el PPCV de norte a sur", ha concluido.

Desestimado el recurso de los ecologistas multados por protestar contra el Puerto de El Gorguel


CARTAGENA.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena ha desestimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la sanción impuesta por la Autoridad Portuaria de Cartagena por valor de 1.000 euros a cada uno de los ocho ecologistas que participaron en una protesta en la sede del organismo portuario contra del proyecto de construcción de una dársena de contenedores en El Gorguel.

   Ecologistas en Acción considera "inesperada y sorprendente" la sentencia "por la rapidez con que ha sido dictada, pues el juicio finalizó a las 14.30 horas del martes, 29 de noviembre, y al tercer día ya estaba en los despachos de los abogados, ya que fue recibida por correo ordinario el pasado viernes, 2 de diciembre", según informaron fuentes de la asociación en un comunicado.
   En este sentido, la organización ecologista estima que "si una carta ordinaria necesita como mínimo dos días para llegar de Cartagena a Murcia, significa que al día siguiente del juicio la sentencia ya estaba puesta y redactada". Por ello, remarca que "sorprende la premura aplicada en este asunto cuando se trata de un juzgado que tiene una demora, aproximada, de dos meses en la resolución de los asuntos".
   Para Ecologistas en Acción, la acción realizada el día 28 de agosto de 2009 "fue una protesta pacífica, simbólica y de breve duración, consistente en poner un candado en la puerta de las dependencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y fue realizada con el expreso objetivo de hacer llegar a la opinión pública los graves impactos ambientales y socioculturales que plantea la construcción del macropuerto de contenedores proyectado en El Gorguel".
   Es tan grave el riesgo existente, que para los ecologistas la acción realizada constituye "una actuación preceptiva", según informa la asociación.
   Ecologistas en Acción estima que la sentencia desestima el recurso por entender que la actuación realizada "supuso un menoscabo en el uso de las dependencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena", pero reprocha que "ni explica ni concreta en que consistió ese menoscabo".
   Y es que, durante los "escasos 20 minutos" que duró la actuación, las pocas personas que se acercaron para entrar en las dependencias portuarias, "lo hicieron por la otra puerta que tiene el edificio, sitio por el cual también salieron las personas que estando dentro querían salir".
   La asociación dice también que la sentencia "no se pronuncia expresamente respecto a la petición de que no se aplicara el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Cartagena por ser preconstitucional y nulo".
   Los ecologistas consideran que el artículo 65 de este reglamento "es contrario a la ley pues cuando habla de que quedan prohibidas terminantemente todas las acciones contrarias a la moral, decencia, salubridad o higiene pública al respeto debido a las personas, en especial a los celadores, guardamuelles y demás agentes de la autoridad, los comportamientos groseros, escandalosos o agresivos, la mendicidad o la vagancia nos recuerda la Ley de Vagos y Maleantes que ya ha sido superada por nuestro Ordenamiento Jurídico".
   Además, Ecologistas en Acción añade que la Ley de 27/1992 de Puertos "establece inequívocamente el procedimiento adecuado para la aprobación de los Reglamentos y Ordenanzas portuarias, el cual no ha sido cumplido por la Autoridad Portuaria de Cartagena".
   A pesar de ello, el juzgador "los considera aplicables" y reconoce posible "la colaboración del reglamento cuando en la ley de cobertura se ha predeterminado de manera suficientemente clara el tipo sancionador", algo en lo que los ecologistas discrepan.
   Por último, el juzgador niega que la actuación realizada tenga cabida en los derechos de Asociación, Manifestación y Defensa del Medio Ambiente.
   Ecologistas en Acción dice no poder compartir esta argumentación, puesto que "entiende que los hechos acontecidos tienen plena cobertura en varios artículos de la Constitución". Además, indica que "en un estado democrático como el nuestro es perfectamente admisible la actuación realizada, pues las situaciones de conflictos son una realidad con la que hay que contar, siempre con el límite del respeto a las personas y bienes, como fue el caso".
   Por todo ello, Ecologistas en Acción estudia el recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, y también ha anunciado que iniciará en breve una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a la sanción, dada la enorme cuantía de la desproporcionada multa, cercana a los 10.000 euros.

El tráfico de mercancías crece en el puerto de Cartagena un 11,03% hasta octubre

CARTAGENA.- El tráfico de mercancías en el puerto de Cartagena ascendió en los diez primeros meses del año a 17.694.958 toneladas, lo que supone un incremento relativo del 11,03 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior en que se movieron 15.937.265 toneladas.

   Son datos facilitados este miércoles por Puertos del Estado, que sitúa a Murcia como la sexta comunidad autónoma con mayor crecimiento porcentual del tráfico de mercancías portuarias hasta octubre.
   El informe de Puertos del Estado destaca que las cuatro comunidades del norte peninsular (País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria) movieron el 20,5 por ciento del total nacional, es decir 76,2 millones de toneladas, y señala que aunque País Vasco y Galicia "se llevan la palma por volumen", fue Cantabria la que más creció, un 8 por ciento.
   En total, el tráfico portuario ha alcanzado los 371,8 millones de toneladas durante los diez primeros meses del año, lo cual ha supuesto un incremento del 5% sobre igual periodo del año anterior.
   Por autoridades portuarias, dos tercios de ellas, es decir, 19 de las 28, han experimentado crecimientos en sus tráficos, siendo Málaga, por segundo mes consecutivo, la que más crece, un 79 por ciento, seguida por Huelva (+20 por ciento), y Almería (+15 por ciento).
   En cuanto a los volúmenes de mercancías, los cuatro puertos peninsulares cuyo tráfico representa cerca del 50 por ciento del total nacional siguen siendo los más activos. Así, Bahía de Algeciras movió cerca de 64 millones de toneladas; Valencia superó los 54 millones; Barcelona llegó a los 37,2; y Bilbao a los 27,2 millones.
   Por lo que respecta a las comunidades y ciudades autónomas, cuatro de ellas, Andalucía, Valencia, Cataluña, y Murcia, todas ellas ubicadas en el eje Mediterráneo, concentran más del 67 por ciento del tráfico nacional, ya que en los 13 puertos de esta franja costera se manipularon 249,8 millones de toneladas en los diez primeros meses de este año.

El PSRM considera "esperanzadora" la adjudicación de CAM siempre que "se depuren responsabilidades"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha considerado "esperanzadora" la adjudicación de Caja Mediterráneo (CAM) a Banco Sabadell en la medida en que "se depuren hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de gestión y políticas de la CAM".

   Tras conocer que el Banco de España ha adjudicado la Caja Mediterránea (CAM) a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, Saura ha reprochado que "las negligencias de gestión y políticas van a costar muchísimo dinero a los contribuyentes españoles".
   En este sentido, ha dicho esperar "que se mantengan una gran parte de los puestos de trabajo y que se mantenga también gran parte de la Obra Social de la CAM". En la medida de que se cumplan "estos tres objetivos", Saura ha insistido en que se trata de una noticia "esperanzadora".
    Saura ha criticado que "mucho cargo político tiene sus responsabilidades, porque hay una concentración de riesgo en determinados negocios que no beneficiaba al interés general, sino que beneficiaba a intereses particulares y políticos".
   El secretario general del PSRM ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha pedido responsabilidades políticas en el parlamento autonómico, pero ha criticado que es "como quien oye llover", en referencia a la respuesta obtenida.

IU critica que la Ley de acompañamiento "castiga a los más desfavorecidos mientras beneficia a las rentas altas"

CARTAGENA.- El diputado regional de IU, José Antonio Pujante, ha criticado el carácter "regresivo" del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y de Fomento Económico en la Región de Murcia para 2012, más conocido como ley de acompañamiento, por "castigar a los más desfavorecidos con nuevas tasas mientras desfiscaliza a las rentas y patrimonios más elevados".

   Pujante ha afirmado que el mencionado proyecto de ley muestra el rechazo del PP a "cualquier atisbo de finalidad progresiva", al no aplicar el impuesto sobre el Patrimonio ni una fiscalidad que grave a las rentas más altas mientras "sí pone en marcha nuevas tasas para las familias numerosas y las personas discapacitadas y dependientes", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   "Esta actitud desenmascara a un Gobierno regional para el que los pudientes no contribuyen más pero sí eleva las tasas a los desfavorecidos, al mismo tiempo que reduce el alcance de las políticas sociales profundizando en la importante brecha social que existe en la Región entre quienes más tienen y quienes están al borde de la pobreza y la exclusión social", ha añadido.
   Ha reprobado también que el proyecto de ley modifica cuatro leyes que no se ciernen solo a 2012, sino que "tienen una vocación temporal mucho más dilatada", lo que supone, en su opinión, "introducir inseguridad jurídica y dispersión legislativa", además de que "hurta el debate social pues no lleva un proceso previo de consulta a las organizaciones sociales".
   A esto, ha añadido que el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha puesto de manifiesto la "ausencia de debate social sobre contenidos importantes de la ley, y la inexistencia de una memoria rigurosa que pueda respaldarla".
   En cuanto a la proposición de ley de Medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca, Pujante ha explicado que el planteamiento de la misma le parece "acertado", aunque ha presentado una enmienda con el fin de "mejorarlo para que sea más garantista y sirva como instrumento para los damnificados".

El PSRM lamenta que PP rechace su enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha lamentado que el PP "rechace en el Pleno de la Asamblea la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2012". 

   Así, García Retegui ha criticado que "el PP no haya tenido en cuenta que estos Presupuestos no nos van a sacar a la Región de la crisis", anunciando, al respecto, que el PSOE "seguirá trabajando en las enmiendas parciales".
   El rechazo de la enmienda a la totalidad del PSOE, a juicio de la portavoz, "también tendrá consecuencias severas y graves para la calidad de los servicios públicos y pondrá en riesgo el mini estado del bienestar que disfrutamos los ciudadanos y ciudadanas de la Región".
   Por ello, considera que estos Presupuestos "no son creíbles por irreales y caminan en dirección contraria al crecimiento económico, a la creación de empleo y nos llevará a más impagos, más recortes, más cierres de empresas, más paro, más desigualdad, más pobreza y menos derechos para los ciudadanos".
   Tras añadir que el PP "no ha querido aprobar nuestra enmienda porque no quieren reconocer que son unos presupuestos hechos en un clima de desconfianza, incertidumbre y donde ninguna organización o empresa de la Región encuentra la respuesta que necesita", ha subrayado que no ha justificado "por qué renuncia al cobro del impuesto de Patrimonio y a los fondos para 2012, que han venido reclamando al Gobierno socialista de España y ahora le perdonan al gobierno de Rajoy".
   "Tampoco han justificado por qué la Región sigue siendo la más incumplidora en materia de déficit y cómo eso va a afectar necesariamente a un nuevo recorte de los presupuestos que hoy se han presentado", ha cuestionado en un comunicado.

Pujante insta al PP a que tenga "reaños" y reclame a Rajoy el pago de la deuda histórica

CARTAGENA.- El diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Antonio Pujante, ha solicitado este miércoles al Gobierno autonómico que reclame "con las mismas fuerzas" que en las dos últimas legislaturas el pago de la deuda histórica del Estado con la Región y el anticipo del Fondo de Convergencia para 2012, así como los atrasos correspondientes a los años 2010 y 2011.

   Así, Pujante ha instado al PP a que "tenga reaños" y pida al nuevo presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "el cumplimiento de sendos pagos para incrementar los ingresos de la Comunidad Autónoma, con el fin de poner en marcha políticas expansivas del gasto público que permitan alcanzar una salida a la crisis económica y generar empleo".
   El parlamentario de la formación de izquierdas ha indicado que el Ejecutivo regional "exigió de forma insistente en los mandatos del Partido Socialista el reintegro de la deuda histórica y de los atrasos del Fondo de Convergencia de los últimos dos años, además del anticipo para 2012, que el propio PP cifró en 4.280 y 595 millones de euros, respectivamente".
   En este sentido, ha recordado que el PP "incluyó en los presupuestos de la Comunidad para 2011 el pago del Fondo de Convergencia mientras que en los de 2012 no están contemplados", y ha considerado "inaceptable" que "tampoco incluya la aplicación del impuesto sobre el Patrimonio".
   Ha hecho también hincapié en que "es necesaria una reforma fiscal progresiva para que las rentas más altas contribuyan en mayor medida, una medida que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha solicitado a los gobiernos integrantes al objeto de frenar el aumento de la desigualdad entre los países".
   Pujante ha alertado de que al recorte en el presupuesto hay que sumar el que el Gobierno central aplicará en un futuro debido a su "obsesión enfermiza" por reducir el déficit público, "en un contexto que demanda un mayor gasto social para luchar contra el incremento del paro, la pobreza, la desigualdad y los bajos salarios".
   Asimismo, ha pedido "una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de déficit de la Comunidad como consecuencia de la acción inversora en la rehabilitación de Lorca".

El Supremo retira el carnet al diputado del PP Arsenio Pacheco por alcoholemia

MADRID.- El Tribunal Supremo ha condenado con multa de 2.400 euros y privación del carnet de conducir al diputado electo por Murcia Arsenio Pacheco, quien también fue parlamentario durante la anterior legislatura, por haber dado positivo en un control de alcoholemia tras sufrir un accidente.

   Pacheco, que es diputado desde 2004 y que compatibiliza esta labor con una oficina de farmacia, ha sido condenado este miércoles por hechos acaecidos en junio de 2010, cuando el vehículo que conducía por Murcia colisionó con otro coche que circulaba en paralelo, produciéndose daños materiales de poca importancia. El resultado de la prueba de alcoholemia realizada al diputado fue de 0,58.
   La sentencia se ha dictado de conformidad, al asumir Pacheco los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía que le supone una rebaja de un tercio sobre la inicialmente solicitada para él. El delito por el que se le condena es el de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
   En su día, cuando el Supremo  solicitó el suplicatorio al Congreso para proceder contra él, Pacheco argumentó que  no veía motivos para renunciar a su escaño porque el delito, que asumió haber cometido, no tenía "nada que ver" con su condición de parlamentario.  
  El diputado, que pidió "perdón" por su actuación, reconoce haber aprendido la lección y está dispuesto a asumir la responsabilidad por sus hechos "hasta las últimas consecuencias".

La Infanta Elena y los Duques de Palma podrían dejar de ser considerados Familia Real

MADRID.- La Casa Real estudia "desde hace tiempo" limitar los miembros de la Familia Real a los Reyes, los Príncipes de Asturias y las Infantas Leonor y Sofía, por ser los únicos que viven solo del presupuesto que el Estado destina a la Corona y ocupan los primeros puestos en el orden de sucesión al trono, han informado hoy fuentes del Palacio de La Zarzuela.

   En la actualidad los miembros que conforman la Familia Real y, por tanto, asisten a actos oficiales en representación de la institución son los Reyes, los Príncipes de Asturias, la Infanta Elena y los duques de Palma, es decir, la hija menor del Rey, Cristina, y su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como puede comprobarse en la web de Casa Real.
   Solo los Reyes y los Príncipes, de quienes dependen sus hijas, viven exclusivamente del presupuesto que el Estado asigna a la Casa del Rey, y que Don Juan Carlos distribuye libremente, según establece la Constitución.
   Las cuentas para el ejercicio presupuestario de 2011 asignaron un total de 8,4 millones de euros para la Casa del Rey, un 5,2 por ciento menos que en 2010. Una parte de este dinero el Rey lo destina al "sostenimiento de su familia" y otra a cubrir los gastos de funcionamiento y de personal a cargo directo de la Casa, como los sueldos del personal de alta dirección, dirección y otros empleados de la institución.
   La Infanta Elena y los duques de Palma reciben una parte de ese presupuesto (que nunca se ha hecho pública) en proporción a los actos oficiales a los que acuden, según aseguran fuentes del Palacio de la Zarzuela.
   Precisamente porque esa cantidad no equivale a un sueldo,  compatibilizan su función de representación de la Corona con otras actividades económicas en empresas privadas, un modelo de doble dependencia que ha quedado en evidencia con la investigación judicial en torno a los negocios de Iñaki Urdangarin.
   Con la familia de Don Felipe, heredero de la Corona, consolidada, sus hermanas Elena y Cristina han perdido relevancia en el orden de sucesión al trono en favor de las hijas de los Príncipes. En la actualidad, la Infanta Elena es la cuarta en esa línea de sucesión y su hermana la séptima.
   Precisamente por eso, las actividades oficiales de Doña Elena y Doña Cristina "ya iban camino de limitarse", algo que se hará más evidente a lo largo del año próximo, según apuntan en Casa Real, donde se estudia llevar a cabo este cambio de miembros en la Familia Real incluso antes de que llegue el momento de la sucesión.
   En Zarzuela no descartan que debido a la investigación que afecta al duque de Palma, la Infanta Cristina pida voluntariamente dejar de asistir a actos oficiales en representación de la Corona, al menos hasta que todo el asunto que afecta a su marido se aclare.
   No obstante, subrayan que tanto en su caso como en el de la Infanta Elena, ambas están llamadas a emular el ejemplo de las hermanas del Rey, Doña Margarita y Doña Pilar, que son familia del Rey pero no Familia Real, por lo que no tienen ninguna función de representación de la Corona, ni están en la línea de sucesión que nuestra Carta Magna restringe a los "sucesores" de Don Juan Carlos.

Navidades difíciles

Los duques de Palma se enfrentan a sus navidades más difíciles. Ambos están a la espera de que el proceso en el que aparece implicado el nombre de Iñaki Urdangarín experimente un avance reseñable. Pero, sin duda, la peor parte se la lleva Cristina quien, como hija del Rey de España debe afrontar sus deberes, sin olvidar el amor que siente por su marido.
   Difícil situación. Tanto es así, que esta semana dos de las revistas del corazón han elegido este tema para ilustrar sus portadas. Semana y Diez Minutos se centran en esta historia de amor que, desde el principio, ha sido perfecta pero ahora, aunque Cristina siga muy enamorada, la presión por los dudosos negocios de Iñaki y el miedo a que afecte a la monarquía, podrían perjudicar su relación.
   Y es que, aunque apoye a su marido, la presión social y la repercusión que la investigación sobre el Duque de Palma tiene en la Casa Real podrían hacerle tomar una decisión sobre su futuro juntos.
   Se casaron el 4 de octubre de 1997 y, desde entonces, la imagen de su matrimonio ha irradiado siempre amor, complicidad y unión. Hasta hoy. Ahora se enfrentan a la situación más delicada de su vida ante la presunta implicación de Urdangarín en un desvío de fondos públicos, entre otros posibles delitos que estarían penados hasta con quince años de cárcel.
   De momento, Cristina se mantiene al lado de su marido, pero este apoyo podría ir debilitándose, tal y como publica la revista Diez Minutos, en el supuesto de que se confirmase la implicación de Iñaki en el escándalo.
   Todo el empeño de la infanta es mantener a sus hijos al margen de todo este escándalo. Consciente del revuelo mediático que podría producirse cuando vuelvan a España estas Navidades, aún no han decidido dónde pasarán las vacaciones.
   A todo esto se suma el problema de la repercusión que esto podría tener en la monarquía, por lo que se dice que para Don Juan Carlos cualquier sacrificio es pequeño para salvaguardar la Corona. Ya se contempla un posible divorcio, aunque sea temporal.
   Siguiendo con el mismo tema, la portada de ¡Hola! nos muestra a la Reina Sofía quien, tras presidir en Nueva York la gala del Spanish Institute, pasó unos días en familia con los duques de Palma en Washington.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Ortega Cano y 170.000 euros de indemnización

SEVILLA.- La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cuatro años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años para el exmatador de toros José Ortega Cano por el accidente de tráfico registrado el pasado mes de mayo en el que perdió la vida un vecino de Castilblanco de los Arroyos identificado como Carlos Parra, pues considera que el imputado circulaba bajo los efectos del alcohol, lo que "le mermaba los reflejos necesarios para" conducir, "haciendo que su conducción fuera irregular, realizando maniobras arriesgadas para él mismo y los demás usuarios de la vía". 

   En el escrito de acusación elevado este mismo miércoles ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla, el fiscal de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, atribuye al imputado un delito de homicidio imprudente en concurso con dos delitos contra la seguridad vial, en concreto por conducción temeraria y circulación bajo los efectos del alcohol, por los que solicita cuatro años de cárcel y el pago de una indemnización de 169.619 euros a favor de los familiares.
   De este modo, el fiscal relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 22,00 horas del día 28 de mayo de 2011, cuando el acusado, tras dejar a su hija en Villaverde del Río, emprendió el viaje de regreso a su casa en la finca Yerbabuena, ubicada en Castilblanco. Así, precisa que el exmatador de toros circulaba en un Mercedes Benz R320 "en condiciones no apropiadas para ello" debido "a la previa ingestión excesiva de alcohol", a consecuencia de lo cual, y cuando circulaba por la carretera A-460 entre Villaverde y Burguillos, "se acercaba y se separaba constantemente del vehículo que le precedía".
   Los ocupantes de este último vehículo llegaron "a creer que era algún amigo que les estaba gastando una broma", añade el fiscal, señalando que, al llegar a Burguillos, el conductor de este turismo "tuvo que aminorar la marcha por encontrar un paso sobreelevado", siendo en ese momento cuando el imputado "pasa al carril contrario, adelantando al vehículo referido y continuando la marcha por el carril izquierdo, en sentido contrario, sin retornar al suyo hasta llegar a una gran rotonda que se encuentra a 100 metros".
   Tras ello, "y alarmado por la forma de conducir" del acusado, el conductor del referido turismo decidió llamar al 112, poniendo en su conocimiento lo ocurrido y facilitando la matrícula del coche del imputado. Como quiera que la ruta del acusado coincidía con la del otro vehículo, éste circuló desde ese momento detrás del Mercedes de Ortega Cano, añade el fiscal, quien pone de manifiesto que el extorero, estando aún dentro de Burguillos, "invadió de nuevo el carril de sentido contrario" en una calzada de tramo curvo a la derecha.
   Tras precisar que durante todo el trayecto recorrido por el acusado dentro de Burguillos está prohibido adelantar "salvo puntualmente en algún cruce", indica que, al salir de la localidad de Burguillos, en el punto donde se encuentra el hotel La Alquería, el acusado "se detuvo con una maniobra extraña y dejando el coche en marcha con las luces encendidas", tras lo que entró en el local; minutos más tarde, reanudó la marcha en dirección a Castilblanco por la A-8002, siendo la conducción de Ortega Cano "irregular y peligrosa".
   Así, señala que sobre las 22,25 horas, el acusado adelantó "en una maniobra de evidente riesgo para los vehículos implicados" a un segundo coche, "y en la misma maniobra a otro que circulaba delante", todo ello "a gran velocidad, no respetando la línea continua en dicho tramo y adentrándose en la curva por el carril de sentido contrario, alejándose rápidamente" de los dos turismos adelantados en la recta posterior.
   "Escasos segundos después, en un tramo curvo a la derecha, con visibilidad reducida, con señalización tanto vertical como horizontal de prohibido adelantar, con señal de advertencia de peligro y limitación genérica de prohibición de circular a más de 90 kilómetros por hora, el acusado perdió el control del vehículo al trazar la curva, invadiendo durante 60 metros el carril de sentido contrario, llegando a colisionar de frente contra el Seat Aleta" conducido por la víctima, relata el fiscal.
   En esta línea, asevera que "no existe ningún indicio de corrección de la trayectoria" por parte del acusado, a lo que se añade que, "aunque" la víctima "se apercibió en un momento dado de la presencia del otro vehículo, no tuvo espacio ni tiempo material para evitar la colisión", que se produjo de forma fronto-angular y cuando Ortega Cano circulaba a 125,2 kilómetros por hora frente a los 51 km/h de la víctima. Así, y a consecuencia de la "brutal" colisión, Parra falleció en el acto por traumatismo torácico severo y rotura cardiaca.
   Por el choque, el vehículo del acusado salió despedido hacia su derecha y el de la víctima hacia la cuneta de la izquierda, quedando el motor de éste último caído en mitad de la carretera y "constituyéndose en un obstáculo" contra el que posteriormente colisionó otro vehículo, "que no pudo evitar el golpe al derrapar el coche con los líquidos vertidos" en el siniestro.
   Respecto al acusado, indica que sufrió numerosas fracturas y heridas que le provocaron un shock hipovolémico, quedando atrapado en su vehículo, del que fue excarcelado casi dos horas más tarde, tras lo que fue ingresado en el Hospital Virgen Macarena a las 1,00 horas del 29 de mayo. "Debido al estado en el que se encontraba y siendo prioritario atender a su grave situación física", los agentes de la Guardia Civil no realizaron al acusado la prueba de alcoholemia reglamentaria.
   No obstante, y una vez fue ingresado, se le realizaron dos extracciones de sangre "con finalidad terapéutica", conservándose una de las muestras en el Laboratorio de Bioquímica "de la que no quedan restos", y otra en el Banco de Sangre de Hematología, "custodiada conforme al protocolo habitual".
"A la vista de la gravedad de los hechos", el juez instructor ordenó la remisión de muestra suficiente de la extracción al Instituto Nacional de Toxicología al objeto de analizar la presencia de alcohol o cualquier otro tóxico, detectándose finalmente 1,26 de gramos de alcohol por litro en la sangre del acusado.
   El fiscal entiende que, en el momento del accidente, a consecuencia del cual los dos vehículos resultaron siniestro total, "era noche oscura, la calzada se encontraba en buen estado de conservación, con señalización vertical y horizontal, con balizas reflectantes a ambos lados de la vía, no había incidencias meteorológicas que influyeran negativamente en la conducción y los vehículos, con carácter previo, estaban en buen estado de conservación".
   Por estos hechos, y además de la pena de cárcel, el fiscal solicita que de manera solidaria con las compañías aseguradoras abone una indemnización de 119.731,161 euros a la viuda de Carlos Parra; de 19.955,18 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima, y de 9.977,58 euros a la madre del fallecido. Además, pide que abone a la viuda 5.640 euros por los daños en el coche, y 5.864,51 euros al conductor del coche que colisionó contra el motor.