martes, 13 de diciembre de 2011

El Parlamento Europeo moviliza 21 millones de euros para reparar los daños del terremoto en Lorca


ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo ha dado luz verde hoy a la movilización de más de 21 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para reparar los daños causados por el terremoto que afectó a la ciudad de Lorca el pasado 11 de mayo. Esta ayuda financiará medidas como la reconstrucción de infraestructuras básicas, la protección del patrimonio cultural y la limpieza de las zonas afectadas.

El pasado 11 de mayo, la ciudad de Lorca (Murcia) se vio afectada por dos terremotos consecutivos de una magnitud de 5,2 en la escala de Richter, en los que fallecieron nueve personas y unas 300 resultaron heridas. La catástrofe causó daños importantes en viviendas (10.000 personas fueron evacuadas), empresas, edificios públicos, monumentos e infraestructuras.

Las autoridades españolas presentaron en julio una solicitud de ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE. Según los datos aportados, la cuantía de los daños causados por el terremoto asciende a 842,8 millones de euros.

Esta ayuda de 21 millones del Fondo de Solidaridad servirá para financiar la rehabilitación de las infraestructuras, la protección del patrimonio cultural y la limpieza de las zonas afectadas por el terremoto. No podrá utilizarse para indemnizar daños causados a la propiedad privada.

Los eurodiputados también han aprobado el envío de 17 millones del Fondo de Solidaridad a la región italiana de Veneto, que en octubre y noviembre de 2010 se vio afectada por lluvias torrenciales que ocasionaron daños significativos en carreteras, viviendas y empresas, y perjudicaron a la agricultura de la zona.

Las solicitudes de ayuda de España e Italia, aprobadas por 677 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones ascienden a un total de 38 millones. Esta cantidad se obtendrá de fondos sin utilizar de los programas de desarrollo rural, lo que requiere la aprobación del séptimo presupuesto rectificativo de este año.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se estableció a raíz de las inundaciones que afectaron a Europa Central en el verano de 2002. Con este fondo, la UE presta ayuda de emergencia a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión a la UE afectados por catástrofes naturales importantes. Su presupuesto anual es de mil millones de euros.

El aeropuerto de San Javier registra más de 1,2 millones de pasajeros hasta noviembre

MURCIA.- El aeropuerto de San Javier ha registrado un total de 1.233.788 pasajeros de enero a noviembre de 2011, lo que supone un descenso del 6,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

   Asimismo, el aeropuerto realizó menos operaciones de tráfico aéreo con respecto a 2010, un total de 12.216, un 6 por ciento menos que sobre el año anterior.
   Respecto al transporte de mercancías, el total transportado fueron 1.410 kilos, un 44,9 por ciento menos entre enero y noviembre de 2010.
   En concreto, en el pasado mes de noviembre el aeródromo registró 36.141 pasajeros, y contabilizó 562 operaciones, lo que supone un descenso del 1,9 por ciento.
   Además, según los datos recogidos, transportó 23 kilos de mercancía, es decir, un 97,1 por ciento menos que en noviembre de 2010.

La autopista Cartagena-Vera, participada por Caja Murcia y la CAM, al "borde de la quiebra"


MADRID.- La sociedad concesionaria de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta) advirtió de que se puede declarar en quiebra si en los próximos días no prosperan las negociaciones que mantiene con sus bancos acreedores para que le aplacen el pago de deuda hasta 2012, cuando prevé cobrar los 8 millones de euros que le aportará el Estado en materia de cuenta de compensación.

   La firma, participada por Globalvía (FCC y Bankia), Ploder, Unicaja, BMN y CAM, negocia con un sindicato bancario integrado por "numerosas" entidades, entre las que figuran Santander, Banesto, RBS, Ahorro Corporación y la propia Unicaja.
   La concesionaria indicó en un comunicado que "en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo" antes de este jueves, 15 de diciembre, sus accionistas "están preparados para tomar las acciones que consideren oportunas".  
   Según indicó, con las negociaciones que actualmente tiene abiertas con los bancos se busca "conjugar los distintos intereses".
"Las partes son conscientes de que se trabaja contra reloj, dado que será necesario recabar el visto bueno de los comités de las entidades financieras y de los accionistas de la concesionaria a una propuesta acordada", detalló.
   La autopista achacó fundamentalmente su "grave" situación a que el tráfico que registra está "muy lejos" del inicialmente "previsto por la Administración cuando promovió" esta vía.
   Según sus datos, en lo que va de 2011 han circulado por la autopista una media de 1.949 vehículos diarios, lo que arroja un descenso del 7,10% en comparación con el mismo periodo de 2010, "ejercicio en el que, a su vez, el tráfico de la autopista ya acusó una importante desviación respecto a las previsiones", añade la concesionaria.
   Aucosta recuerda asimismo que su situación "no es un hecho puntual". La autopista Cartagena-Vera forma parte del grupo de autopistas del país que actualmente bordean la quiebra, bien por los sobrecostes que registraron con las expropiaciones de terrenos para su construcción o por el desplome de los tráficos respecto a las previsiones iniciales.
   Por ello, la concesionaria manifestó su confianza en que el próximo Gobierno "tome conciencia de la situación de la concesión y la del resto de autopistas que se encuentran en situaciones similares y adopte soluciones urgentes para el sector".
   La Cartagena-Vera, de 114 kilómetros de longitud, se puso en servicio a comienzos de 2007. La sociedad concesionaria, que cuenta con un periodo de explotación de la vía de 36 años, está participada por Globalvía, que controla un 35,7%, Ausur, con el mismo porcentaje, Ploder (15%), y Cajamurcia (actualmente integrada en Banco Mare Nostrum), Unicaja y CAM, con un 4,5%, respectivamente.

¿Qué quiere Valcárcel? / Apunte de Argárico

Al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, le cuesta cada vez más pisar Génova 13 desde la victoria de Rajoy en las urnas. Por motivos que aún se desconocen no estuvo ayer lunes en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, su partido, quizá, como ha dicho la alcaldesa de Valencia, Rita Bárberá, 'la más importante de los últimos quince años'. 

Pero es que tampoco estuvo días atrás en la de presidentes autonómicos con Rajoy para unificar criterios de austeridad en los presupuestos regionales. Ni en los actos del Día de la Constitución, en Madrid, en el 33 aniversario. Por no hablar de sus reiteradas ausencias en el Día de la Fiesta Nacional cada 12 de octubre, desairando así varios años seguidos al Rey y al Príncipe. Un caso este Valcárcel entrado en años y que se ha perdido muchas cosas.

¿Qué le pasa, qué es lo que quiere, está a punto de dejarlo todo? Tanta fanfarria de 'Agua para todos' y ahora no acude a defenderla ante las pretensiones contrarias de la Cospedal con el Tajo y la Rudi con el Ebro desde sus respectivas recién estrenadas presidencias de Castilla-La Mancha y Aragón. Parece que en Bruselas tuviera una obsesión llamada deseo porque, últimamente, por Murcia para poco. Se evade con viajes que sirven de casi nada, o nada, a los intereses murcianos aunque sean útiles para calmar su desasosiego y alimentar su relativismo mientras asiste como espectador preocupado a las defenestraciones políticas de amigos cercanos por proximidad geográfica como Francisco Camps o Jaume Matas, ambos con final de etapa en los tribunales de Justicia. La distancia de Bruselas con Murcia creo que le anima y aleja de tanta rutina, al tiempo que le evade de presiones ambientales. Dicen los funcionarios de la CARM destacados que allí es otro hombre y que hasta lo ven felíz (?).

Cada día parece más claro, resulta obvio, que no será ministro. El Gobierno de Rajoy se perfila ya con biografías muy cualificadas y amplio dominio del inglés. Ser presidente de turno en el inocuo y europeo Comité de las Regiones, como premio de consolación dado por Rajoy a modo de migajas, es a lo máximo que puede aspirar de inmediato nuestro hombre, visto que el camino ulterior hacia la Eurocámara lo tiene casi imposible por su magra hoja de servicios y las informaciones alarmantes filtradas hasta Génova 13 por sus propios compañeros de filas; donde puede retirarse más discretamente y en busca de fuero es al Senado, por designación de la Asamblea Regional, que es decisión política en su mano, y al rectorado de la UCAM para lo que desee cada día José Luis Mendoza; extremo mucho menos probable. 

Su entorno familiar -básicamente esposa e hija mayor- viene de tiempo ejerciendo una fuerte presión, especialmente desde los sucesos de hace un año y los huevos estrellados por manifestantes contra la fachada de su nueva mansión en Gran Vía-  para que dimita como presidente de la Región, cargo donde ha perdido ya ilusión y está muy desgastado ante la sociedad y la propia militancia del PP murciano. Además, la sucesión está más que asegurada desde mayo en la persona del ex consejero de Economía, Juan Bernal, una vez desaparecidos, o a punto de desaparecer, de la escena pública los dos apoyos fácticos de Valcárcel en otro tiempo y hoy claramente en baja : Clemente García y Carlos Egea.

Sin embargo, la pirámide de intereses que se ha ido construyendo en torno a él y su familia en los últimos quince años es el principal obstáculo para recobrar su libertad pese a su reiterados intentos, desde hace tiempo, de dejar el Palacio de San Esteban. 

Además, la inminente llegada de Rajoy a La Moncloa inaugura otra época donde los barones regionales del PP pierden poder dentro del partido y Valcárcel, en concreto, el poco pié que hacía en Génova 13, donde su gran amigo del alma cada lunes y en todos los congresos del partido era el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Ahora también parece que menos porque, a juicio de algunos funcionarios de la sede nacional, Valcárcel se ha convertido en una especie de autista que no se fía de nadie allí y cada vez visto más extraño en la nueva situación.

La muerte de su padre -y verdadero consejero político- hace unos meses, no sólo le dejó huérfano sino que provocó en él una especie de metamorfosis dentro de un proceso anterior en marcha. Necesita a su familia pero, a la vez, liberarse igualmente de la parte de carga que supone para él, pasada ya de sobra la cincuentena y con muchos años a sus espaldas de demasiada exposición pública, desde sus tiempos de concejal de a pié del Ayuntamiento de Murcia. 

Además, y eso hay que reconocerlo también, no debe haber sido ajeno - y eso se le nota físicamente mucho- a la tensión provocada por su negativa siempre a sucumbir a los compromisos remitidos desde Madrid: los Gürtel, Urdangarines, Pedrosjota, Santamónicas... y un largo etcétera, que han terminado por complicar trayectorias a otros políticos de regiones, más o menos, cercanas. Aunque él haya hecho lo mismo a favor de ilustres negociantes de nuestra región cerca de políticos con mando en provincias limítrofes. Que también hay que decirlo.

Pero el terremoto de Lorca y la gestión de la crisis económica le superan y lo sabe, deuda histórica del Estado con Murcia y 'efecto población' aparte. Lo primero es prácticamente insoluble en plena austeridad y lo segundo tiende a empeorar con unos presupuestos con fuerte déficit y muy restrictivos a causa de la grave crisis fiscal del Estado. Menos mal que le coincide con su mandato en Bruselas en 2012-2013 y el día a día se lo van a comer en Murcia su consejero Marín y el ufano consejero de Presidencia. Lo malo es que los fines de semana -cuando haga ánimo de volver si es que le viene- todo serán problemas en el despacho y en casa mientras sueñe con sus siguientes días - ¿de vino y rosas? - en Flandes.

Descuidar el flanco aquí le puede suponer que el oriundo de Galicia, Trillo -a través de la diputada nacional y alcaldesa de Cartagena, la gallega Pilar Barreiro- le vaya comiendo terreno a futuro si lo del Banco de Valencia - donde su hermano Carlos es asesor jurídico y Sánchez Carrillo utilizaba para los negocios del poder- o la CAM -donde está empleada su hija menor en la Obra Social y de la que él sabe demasiado- no le proporcionan más adelante un disgusto de muerte o del mismo tenor que la detención e imputación de su ex consejero Francisco Marqués. 

Calero y su gente -crecidos por el ascenso en Génova 13 de su amigo Arturo García Tizón, hombre de máxima confianza política de Dolores de Cospedal, quien no traga a Valcárcel- no cejan en su empeño de revancha y han conectado, además, muy bien con el republicanismo emergente en Madrid a través del abogado José Luis Mazón mientras su aparato mediático -financiado a medias con el PSRM- tiene cercada a la corrupción estructural que atenaza al Presidente y, a la vez, le impide vertebrar una suerte de regionalismo político, por ocupación del discurso, al tiempo que desde Madrid su propio partido conjura éxitos de gestión, susceptibles de alimentar tentaciones de escisión al no caer en la cuenta que los crecientes resultados electorales son de la marca y no del cabeza de lista, para el caso de amenazar con eventuales cismas si no se responde a sus aspiraciones, expresas ó tácitas, tras la teórica contribución con miles de votos para llegar a La Moncloa.

Lo que está muy claro es que Rajoy ha utilizado políticamente a Valcárcel y al PP murciano para que coadyuvasen a su estrategia prioritaria de llegar a ser presidente del Gobierno de España.

Pero hay más que se debe saber dentro del ramillete de hipótesis. Valcárcel comete demasiados errores de bulto por falta de humildad, virtud que, en cambio, le iluminaba al comienzo de su trayectoria política de la mano de Juan Ramón Calero, su verdadero mentor iniciático, y diremos por qué. Uno de los hombres de máxima confianza de Rajoy - hoy y antes- es un hijo del ex presidente del Gobierno, el gallego Leopoldo Calvo-Sotelo, casado con la lorquina Pilar Ibañez-Martín y consuegro de la eurodiputada del PP, la cántabra (como Rubalcaba) Cristina Gutiérrez Cortines.

Cuando murió hace más de tres años el ex presidente no aparecieron por su capilla ardiente, instalada en el Congreso de los Diputados, ni el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ni el alcalde de Lorca, Francisco Jódar; éste por expresa prohibición del anterior, aspecto que apenas ha trascendido pero se sabe donde se tiene que saber a los efectos oportunos, lo que ahora explica muchas actitudes desde Madrid tras el terremoto, incluida la del socialista José Blanco, todavía ministro de Fomento y también gallego.

Y hay más: Valcárcel es y ha sido un 'vendedor de cabras' aparte de un pésimo gestor para los intereses murcianos durante tres lustros pero hay que reconocer que no endeudó a la Región hasta hace muy pocos años aunque hoy la deuda pública regional sea nuestro principal problema por una solvencia que nos vamos dejando en el camino. Pero se contagió de la política de grandes eventos inaugurada por el ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, el cartagenero Eduardo Zaplana, como fórmula de evasión de las obligaciones cotidianas y ordinarias. Y ahí se cayó con todo el equipo, falto de ideas originales, por mal imitador de sus vecinos.


Todos los proyectos para entusiasmar y engañar a un electorado muy necesitado de esperanza resultan inviables económicamente y ahora, incluso, políticamente muy poco estéticos por la austeridad imperante a la fuerza. Valcárcel no tiene hoy -y nunca ha tenido en Madrid- el apoyo de Rajoy y todo el aparato de Génova 13 y, mucho menos del Gobierno central en ciernes, para los ilusos cimientos de su estrategia política. Aunque le duela.


Del agua de otras cuencas, ni hablemos con dos mujeres tan bien colocadas y de tanta influencia como Dolores y María Fernanda. La 7 Región de Murcia es mejor que el Presidente piense en ir cerrándola o privatizándola. Y de El Gorguel, Cabo Cope, Contentpolis, la Paramount y Corvera es preferible que se vaya olvidando, más que nada por económicamente inviables y, mucho más, en los tiempos que corren.  No hay dinero para fantasmadas en el cuaderno de deberes que la Merkel le ha entregado a Rajoy en Marsella. Y por eso el presidente valenciano Alberto Fabra ha comenzado ya a hacer sin dilación lo propio con Terra Mítica y La Ciudad de la Luz, en Alicante, ambas ocurrencias onerosas tan inspiradoras para Valcárcel.

Quizá su principal rebote con Génova 13, y por eso lleva semanas sin aparecer, es que no encuentra eco político para toda esta ruina y el tinglado se le viene abajo, sin AVE y sin aeropuerto, mientras la Región se le deshace en las manos sumida en el desempleo estructural.  Y lo único que ahora le apetece es el sosiego placentero que le proporciona su musa lejos de aquí, donde se estresa por tanta impotencia y toda suerte de presiones, ante las que ya sí que no es capaz de evacuar la más mínima respuesta convincente o real.

Moody's revisa ahora al Banco Sabadell para una posible rebaja de solvencia


MADRID.- La agencia de calificación de riesgos Moody's ha anunciado esta noche que revisa para posibles rebajas las calificaciones de ocho bancos españoles y dos empresas holding. Los bancos afectados son: Cooperativo, Sabadell, Bankia -y su empresa holding Banco Financiero y de Ahorro (BFA)-, Bankinter, CaixaBank -y su holding La Caixa-, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Caja Rural de Granada, Ibercaja Banco y la empresa Lico Leasing.

Moody's justifica su decisión en el incremento de expectativas de pérdidas por su exposición al negocio inmobiliario y la previsión de una reducción en la capacidad de generar beneficios que refuercen las provisiones o el capital a la vista de las perspectivas de una debilitación de la economía española.
La agencia señala también que está ampliando estos planteamientos a las revisiones en marcha de siete bancos implicados en fusiones: Unicaja, Caja Vital, Banco Popular y Nova Caixa Galicia para posibles rebajas, y Bilbao Bizkaia Kutxa, Banco CEISS y Banco Pastor para eventuales subidas de ráting.
En cuanto a la CAM, Moody's ha comenzado a revisar su situación para una posible subida de calificación tras la compra por el Sabadell, pero al mismo tiempo coloca a este último en observación para eventuales bajadas por el impacto en su perfil crediticio de dicha operación.

Solución digna 

La Asociación de Impositores Valencianos de Caja Mediterráneo-CAM ha enviado un burofax al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en el que le piden "una solución digna para los impositores con cuotas participativas".
   En la carta, hecha pública por la asociación este lunes, los impositores advierten a Oliu de que en estos momentos la CAM "ha pedido la confianza de lo valencianos y murcianos, hasta el punto de presentar una demanda por contrataciones irregulares de productos".
   En su opinión, "la recuperación de esta confianza sólo vendría con una solución digna para los impositores con cuotas participativas". A este respecto, han indicado que las cuotas "tendrán ahora un valor económico poco significativo --en relación con las propias palabras de Oliu--, pero pueden tenerlo para la entidad".
  "El Banco Sabadell ha de valorar que su actuación, por activa o por pasiva, en este tema afectará a la fidelización de la marca para los actuales clientes", ha señalado el presidente de Aivcam, Víctor Baeta.

Salgado dice...

La vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, ha asegurado que la situación de los cuotapartícipes de Caja Mediterráneo (CAM) compete al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y no al Ministerio de Economía.
   "Dejemos al Banco de España, a la CNMV y a la propia CAM que nos indiquen cuáles van a ser los siguientes pasos", ha dicho Salgado en una rueda de prensa para presentar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal.
   Salgado se ha pronunciado así al ser preguntada si está preocupada por la actual situación de los cuotapartícipes de la caja que fue adjudicada la pasada semana al Banco Sabadell, aunque la ministra ha remitido a los supervisores financieros al asegurar que estas cosas no forman parte "del ámbito del Ministerio de Economía".

La CROEM cree que la "vía legal" es la única que queda para exigir a la Comunidad el pago de la deuda

MURCIA.- Desde la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), se considera "inasumible" el plan de pago a proveedores presentado por la Comunidad Autónoma para deudas superiores a 120.000 euros, y considera que la única vía que le queda al empresariado para exigir el cobro es la legal, una cuestión que cada empresario "se tendrá que plantear" de forma individual, según ha advertido desde su presidencia.

   La CROEM ha planteado que la única solución que queda es que el Gobierno regional "reconsidere esta fórmula de pago a las empresas", algo que ve complicado porque los criterios de endeudamiento y de déficit "impiden a la Comunidad endeudarse más allá de lo que legalmente puede".
   Por lo tanto, ha considerado "difícil" que la Comunidad Autónoma pueda acometer el pago de 1.200 millones de euros "de golpe" teniendo en cuenta que dispone de unos 200 ó 250 millones de euros al año para pagar facturas. Así, ha sostenido que la vía legal es la única que queda a los empresarios. "No hay otra", se ha remarcado desde la CROEM.
   "Ya veremos el número de empresas que no se acogerán a este plan de pagos", ha advertido su presidente Miguel del Toro, quien ha manifestado, en cualquier caso, que el rechazo al proyecto "está claro" y el empresariado de la Región se lo ha trasladado así a los órganos de gobierno de CROEM.
   Para solucionar esta situación, Del Toro ha considerado que la administración tendrá que sacar "alguna fórmula novedosa" y las comunidades autónomas "tendrán que presionar al nuevo Gobierno para que esos criterios de déficit no sean tan estrictos".
   En este sentido, ha precisado que "todos entendemos cuál es la situación financiera de la Región de Murcia".
   Sin embargo, ha considerado "excesivo" el plan de pago del resto de la deuda en un plazo de cinco años, máxime cuando "si nos tenemos que acoger a ese convenio para ese 'pronto pago', los gastos financieros de esa operación recaen sobre la parte empresarial".
   A su juicio, esto es "inasumible" por parte de las empresas, habida cuenta que "ya son dos años los que están esperando percibir esas facturas pendientes de pago" Por tanto, estima "un poco complicado y difícil" que el empresariado pueda aguantar cinco años más.

El PSRM dice que el Gobierno regional "parece haber anunciado que está en suspensión de pagos"

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha asegurado este lunes que demorar a cinco años el pago a los proveedores "es como si el Gobierno regional hubiera anunciado que está en suspensión de pagos".

   Y es que, explicó la socialista en rueda de prensa, "el plazo de demora a cinco años es excesivo, sobre todo, porque aunque se pague intereses de demora", una obligación legal, apostilló, "significa como una suspensión de pagos y una quita".
   Por lo que "los empresarios tienen razón cuando hablan del miedo a que esta situación se posponga a cinco años porque significa reducir una deuda que se tiene reconocida", subrayó.
   Además, a su parecer, el Gobierno regional debería hacer un esfuerzo por explicar este plan, porque "todos los proveedores tienen derecho a conocer el plan de pago, el establecimiento de las prioridades" y hacerlo "no solo con rigor sino con transparencia, para que todo el mundo sepa el lugar que ocupa y cuando le puede a él tocar cobrar".
   Por último, indicó, igual que ha ocurrido en Lorca, que algunas entidades bancarias han intentado quedarse con los fondos del Consorcio de Seguros para cubrir las hipotecas, "tenemos miedo de que el banco con el que una empresa-proveedor tiene una deuda contraída, se quede con el dinero del pago de la Comunidad".
   En este sentido, Retegui ha pedido explicaciones a la Comunidad, "seguridad jurídica" y transparencia, pues, "es muy importante que las empresas de la Región empiecen a tener, mínimamente, liquidez". Un plan, añadió, "que no deje a los proveedores en peores condiciones, ni sea un castigo" y que "no sea cerrado".
   Tras lo que ha pedido a organizaciones empresariales y cámaras de comercio que "se sienten con el Gobierno regional" y luchen por un plan de pagos "consensuado y trabajado", que permita la recuperación económica.
   "Tenemos que trabajar todos por este plan", expresó Retegui quien anunció que el PSOE se ofrece a ayudar y están abiertos a cualquier posibilidad y acuerdo con tal de "dar salida a una deuda tan enorme", porque de no pagarse a los proveedores, zanjó, "la Región está finiquitada".

La deuda de las Administraciones con los autónomos en la Región de Murcia se eleva hasta los 623 millones

MADRID.- La deuda de las administraciones públicas con los autónomos y microempresas en la Región de Murcia se sitúa en 623 millones de euros en noviembre, según un informe de morosidad pública de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), presentado este lunes en rueda de prensa. 

   ATA estima en 15.229 millones de euros la deuda de las administraciones con los autónomos españoles a 1 de noviembre de 2011, alcanzando "un nuevo récord histórico".
   Por comunidades autónomas, Cataluña (2.708 millones de euros), Andalucía (2.489 millones), Comunidad Valenciana (1.729 millones) y  Madrid (1.6015 millones) son las comunidades con mayor deuda con los autónomos. Estas cuatro comunidades concentran el 56,1% del total de la deuda de la Administración con el colectivo.
   A estas cuatro comunidades les siguen, en cuanto a deuda pública con los autónomos, Galicia (1.037 millones de euros), Castilla y León (861 millones), Castilla la Mancha (727 millones), País Vasco (689 millones), Murcia (623 millones), Aragón (522 millones) y Canarias (516 millones).
   Con una deuda inferior a los 500 millones de euros se sitúan Extremadura (493 millones), Asturias (390), Islas Baleares (387) y Cantabria (187 millones de euros). Por último, se encuentran La Rioja (69 millones) y Navarra (159 millones de euros), donde las Administraciones Públicas son "las más cumplidoras" y su deuda para con los autónomos y microempresas no supera los 200 millones de euros.
   ATA estima que las deudas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se cifran en torno a los 13 millones en el primer caso y 15 millones de euros en el segundo.
   Según ATA, la deuda de las Administraciones vuelve a cumplir "un récord histórico", pasando de los 14.983 millones adeudados a autónomos y microempresas en agosto a los 15.229 de noviembre, lo que se traduce en 246 millones de euros más y un crecimiento de la deuda del 1,6%.
   Sin embargo, en seis comunidades autónomas la deuda que mantienen las Administraciones Públicas con los autónomos ha descendido en el último trimestre, siendo Cantabria la comunidad que ha liderado este descenso, con un reducción de la deuda del -6,7%, alrededor de 13 millones de euros menos.
   A Cantabria le acompañan La Rioja, con un descenso de la deuda del -5,1% (de 73 a 69 millones), Madrid, que ha reducido su deuda en aproximadamente 71 millones de euros (-4,2%), Extremadura (-3,1%, 16 millones de euros menos), País Vasco (con una deuda de 9 millones de euros menos, -1,3%) y Navarra, que ha pasado de adeudar 160 a 159 millones de euros, un millón de euros menos, lo que se traduce en un descenso del -0,6%.
   El resto de comunidades lejos de disminuir la deuda que mantenían con los autónomos, la han incrementado en los tres últimos meses siendo, porcentualmente, Asturias "la menos cumplidora", con una deuda estimada en 390 millones de euros, 25 millones más que en agosto (+6,9%).  
   Por encima del crecimiento nacional (1,6%) también se situaron Aragón (+5,5%, 522 millones de euros, un aumento de 27 millones en el último trimestre); Andalucía (+5%), Canarias (+4,7%), Murcia (+4,5%), Castilla y León (+3,9%), Comunidad Valenciana (+2,5%), Islas Baleares (+2,2%) y Castilla la Mancha (+2,1%).
   Con un crecimiento por debajo de la media nacional se situaron Cataluña, que ha visto incrementar su deuda un 1,2% -en unos 33 millones de euros-, hasta los 2.708 millones, y Galicia, con un incremento de la deuda de nueve millones en los tres últimos meses (+0,8%) hasta situarse en 1.037 millones de euros.
   ATA denuncia en su informe que a día de hoy, el 90% de las Administraciones incumplen la Ley de Morosidad, ya que únicamente el 11,8% de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas emitidas al sector público.
   Según ATA, uno de cada dos autónomos -el 51,5%- tiene que esperar más de seis meses desde que emite una factura a una Administración pública hasta que la cobra, tiempo de espera que para prácticamente uno de cada cuatro autónomos -el 23,4%- supera el año.
   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, estos datos, junto al "agravante" de que los autónomos han adelantado 1.930 millones en concepto de IVA, por facturas aún no cobradas, suponen "un testimonio claro y definitivo" de que autónomos y microempresas están financiando a las administraciones públicas cuando "debería de ser al revés".
   En su opinión, en estos momentos las Administraciones públicas, con su morosidad, "se han convertido en el principal foco de destrucción de empleo" de autónomos y de microempresas. En este sentido, afirma que 300.000 autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios y cesar en sus actividades como consecuencia de la morosidad tanto pública como privada.
   El presidente de ATA critica el "masivo y generalizado" incumplimiento de la Ley de Morosidad y pide a los ayuntamientos -dado que ahora tienen hasta tres años para poder devolver el importe solicitado- "un ejercicio de responsabilidad" y que recurran a la nueva línea ICO Morosidad puesta en marcha el pasado mes de julio para saldar sus deudas pendientes con los autónomos, que son "los que en este momento están sufriendo con mayor crudeza los efectos de la crisis".

IU-Verdes presenta cerca de 300 enmiendas parciales a los presupuestos de la CARM para 2012

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado cerca de 300 enmiendas parciales a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2012, con el fin de "corregir la orientación en la política de gasto y el modelo privatizador de los servicios públicos por el que ha apostado el PP", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   El portavoz de IU-Verdes en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, ha explicado que el objetivo de las enmiendas presentadas por su formación es "reforzar los pilares del estado del bienestar, esto es, la educación, la sanidad y las políticas sociales públicas".
   Así, ha señalado que las reformas que propone "están dirigidas a frenar el fracaso y abandono escolar prematuro; defender las universidades públicas y la investigación como eje para cambiar el modelo productivo, y garantizar las políticas públicas de la promoción y prevención de la salud".
   Además, tienen como finalidad "reforzar la atención social a los sectores de la población más desfavorecidos; impulsar una lucha sin cuartel contra la pobreza en la Región y apostar por la creación de empleo estable y de calidad mediante un incremento de la inversión pública".
   Con relación al modelo de gestión del Gobierno regional, Pujante ha indicado que las enmiendas que ha presentado abogan "de forma clara y decidida" por los servicios públicos "frente a la política privatizadora" que lleva a cabo, a su juicio, el PP en la Región.
   "Las enmiendas de IU-Verdes suponen un refuerzo generalizado en las políticas de todas las consejerías y garantizan las transferencias a los ayuntamientos para que estos puedan poner en marcha las acciones más inmediatas", ha apostillado.
   El parlamentario de la formación de izquierdas ha indicado que el incremento de las partidas planteado por IU-Verdes es además "ampliable", es decir, que puede sufrir otra subida como consecuencia de un "necesario" aumento de los ingresos públicos.
   En este sentido, ha propuesto la introducción de los 595 millones de euros del Fondo de Convergencia en la previsión de ingresos, así como el 25 por ciento de la deuda histórica, lo que equivale a 1.070 millones de euros, y el establecimiento del impuesto de Patrimonio.
   Pujante también ha insistido en la necesidad de subir el tramo autonómico del IRPF que afecta a las rentas más altas; crear sendos impuestos para gravar los depósitos bancarios y las grandes superficies comerciales e incluir una mayor progresividad en el tributo de Sucesiones y Donaciones.
   Con respecto a la Ley de Medidas Fiscales relativas a Lorca, ha presentado un total de 17 enmiendas encaminadas a mejorar las ayudas para los damnificados por los seísmos del pasado 11 de mayo, al objeto de que sean "más justas y equitativas".

Murcia recibe 2,7 millones de euros para la reconversión de su viñedo

MURCIA.- La Región de Murcia recibirá un total de 2,7 millones de euros para diversos programas de desarrollo rural, reestructuración y reconversión del viñedo, competitividad de la producción agrícola, lucha contra plagas y mejora del sector de frutos secos.

   La distribución de esta cantidad fue acordada hoy en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en Madrid, que estuvo presidida por la ministra en funciones de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y a la que asistió el consejero de Agricultura y Agua de la Región.
   En la reunión se ha aprobado la distribución territorial de fondos entre las comunidades autónomas para la reestructuración y reconversión del viñedo, con 2,2 millones de euros para la Región de Murcia, según han informado fuentes del Ejecutivo murciano.
   La partida aprobada se destinará también a la competitividad y calidad de la producción agrícola, con 209.000 euros para la mejora del sector de frutos de cáscara y algarrobas, 160.000 para la calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción y 105.000 para la lucha contra plagas.
   En esta reunión se acordó también la distribución territorial de fondos europeos FEADER entre las comunidades autónomas para las acciones contempladas en el Programa de Desarrollo Rural, con cerca de 17.000 euros para la Región.
   El titular de Agricultura y Agua, preguntado tras la reunión sobre las líneas del nuevo Gobierno, subrayó que el principal objetivo en materia de agricultura es "abordar la reforma de la Política Agraria Común, que es donde se juegan muchos recursos y el futuro del sector".