viernes, 30 de diciembre de 2011

Valcárcel se agarra más fuerte que nunca al tema del agua al derrumbarse todas sus promesas

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha reclamado este viernes 1.000 hectómetros cúbicos de los 110.000 que discurren por los ríos españoles para solucionar el déficit de agua regional.

   En un desayuno con periodistas ha resaltado que en España "hay agua suficiente, agua para todos", y, por lo tanto, "hay que darle agua a todos".
   En este sentido, ha argumentado que 110.000 hectómetros cúbicos discurren anualmente por los ríos españoles y "no llega a 25.000" hectómetros cúbicos los que se consumen" -incluidos todos los usos: abastecimiento, agricultura e industria-. A esto hay que descontar otros factores, como por ejemplo los caudales ecológicos, pero por mucho que se descuente "nos pueden dar 1.000 hm3 por algún lugar", esto supone "calderilla".
   El presidente murciano ha apuntado que hay muchas fórmulas y combinaciones posibles para esas hipotéticas transferencias hídricas, desde un trasvase del Ródano a comprar derechos de agua o cualquier otra opción. Lo que se necesita, ha defendido, "es un pacto nacional del agua para elaborar un  Plan Hidrológico Nacional (PHN)", que determine esas opciones.
   "Hay que jugar con todo esto, ordenar lo que no está ordenado y determinar de donde puede llegar ese agua", al tiempo que ha advertido que no se trata de que esos 1.000 hectómetros cúbicos vengan del Ebro, "queremos un PHN que nos de agua de donde sobra".
   Por otra parte, y en relación a las declaraciones a Onda Cero del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, sobre el tema del agua, Valcárcel ha defendido que el ministro sólo ha hecho una "lectura textual de lo que dice el programa electoral del PP, no ha dicho nada nuevo".
   El programa señala que hay que  respetar la prioridad de cuenca cedente, "algo que ya contemplaba el PHN elaborado por el PP y la Ley que regula el trasvase del Tajo al Segura ya dice que siempre la cuenca cedente es prioritaria a la hora de plantear trasvases; así como que "hay que realizar las obras del Pacto del Agua de Aragón" y alcanzar un pacto nacional del agua.
   Al presidente murciano, según ha reconocido, le ha llamado la atención que se refiriera a Aragón "cuando le preguntan por trasvases" y  hable de "regular la cuenca del Ebro" y no habló "del Miño, el Duero o del Guadalquivir".
   Al final dijo que se trasvasará "sólo cuando haya excedentes trasvasaremos" y también reconoció que "en España hay agua suficiente para todos, por lo que pongamos en marcha el mecanismo de la solidaridad interterritorial".

El Gobierno de Rajoy crea un Comisionado para las actuaciones derivadas del terremoto de Lorca

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que crea un "Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas del terremoto de Lorca", cargo que ocupará el hasta ahora consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, que también ha sido designado subsecretario de Fomento. 

   El Ejecutivo no ha explicado cuáles serán las tareas de Garcés como persona de representación del Gobierno ante el pueblo de Lorca, devastado el pasado 11 de mayo por dos seísmos consecutivos de 4,5 y 5,1 grados en la escala de Richter y que aún se encuentra en fase de recuperación.
   Garcés, nacido el 29 de abril de 1967 en Jaca, casado y con tres hijos, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pertenece al Cuerpo de Inspectores de Finanzas de Hacienda del Estado y al de Interventores y Auditores del Estado.
   Ha sido profesor de Sistema Fiscal en el Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de las Illes Balears y de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, vocal asesor del Gabinete del Presidente del Gobierno y auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. Actualmente era consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente de la Confederación Empresarial Pública de Aragón.

El PIB de la Región de Murcia cae un 4,8% entre 2008 y 2010, la tercera mayor caída por CCAA

MADRID.-   La Comunidad Valenciana fue la región española donde más se contrajo el PIB entre 2008 y 2010, con una caída del 6,4%, seguida de Asturias (-5%), Murcia (-4,8%), y La Rioja y Castilla-La Mancha (-4,8% en ambos casos), según la Contabilidad Regional de España difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Las regiones que registraron una menor contracción del PIB entre 2008 y 2010 fueron Melilla (-0,6%), Ceuta (-1,3%), Castilla y León (-2%), Navarra (-2,4%) y Madrid (-2,6%). La caída media del PIB de España fue del 3,8% entre 2008 y 2010.  
   Estas son las primeras estimaciones anuales que realiza el INE de la Contabilidad Regional con la nueva Base 2008, aunque los datos son "complementamente consistentes" con los de la Contabilidad Nacional publicados el pasado mes de octubre.
   El cambio de base ha supuesto, según el INE, revisiones en el nivel de PIB del año base de las comunidades autónomas. Aunque el nivel del PIB nacional apenas ha variado, el peso de cada comunidad autónoma sobre el total de España ha variado.
   En cualquier caso, el orden que cada una de ellas ocupa permanece prácticamente igual, salvo en el caso de Galicia y Castilla y León, que han intercambiado las posiciones que tenían con la Base 2000. Cataluña es la comunidad que presenta, con Base 2008, la mayor participación en el PIB nacional (18,5%), seguida de Madrid (17,7%) y Andalucía (13,7%).
   Atendiendo al PIB nominal por habitante en términos de paridad de poder adquisitivo España superó ligeramente en 2010 la media de la UE-27. En dicho año, siete comunidades superaron la media europea.
   La primera posición la ocupa el País Vasco, con un índice superior en un 32,5% al de la media europea, seguido de Madrid (29%), Navarra (28,3%) y Cataluña (17,3%). Extremadura, con un valor casi un 30% inferior a la media europea, es las región que cierra la lista.

UPyD le cruje al Gobierno de Rajoy por subir impuestos en vez de ahorrar en el gasto

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy "empieza mal" al cargar sus medidas de reducción del déficit sobre las rentas del trabajo vía IRPF y, en cambio, no ahorrar evitando duplicidades en la Administración o suprimiendo entes superfluos como las diputaciones provinciales.  

   El responsable económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, critica las medidas del Consejo de Ministros porque "cuando uno navega en un barco con el casco agujereado, tirar a parte del pasaje por la borda no es una solución a largo plazo", sino que es necesario reformar un "Estado autonómico mal diseñado", algo que, según denuncia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ni se plantea".
   Anchuelo lamenta que, aunque el núcleo de la desviación se debe al "gasto desbocado" de las comunidades autónomas, éstas "no se ven apenas involucradas" en la solución y lo que se hace es subir los impuestos para "seguir financiando esos excesos", así como recortar partidas de gasto socialmente "muy sensibles", con medidas "toscas" y de "brochazo gordo"
   "Los de siempre, los objetivos fáciles, siguen estando en el centro de la diana", incide Anchuelo, que considera que se debería actuar con una filosofía de "presupuesto base cero" que concentre los recortes "más drásticos" en las instituciones autonómicas superfluas, o los sueldos excesivos para funciones profesionales similares.
   En similares términos se pronunció el 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien recuerda que su partido ya había avisado de que "era imposible seguir gastando como proponía el PSOE y bajar los impuestos como decía el PP".
   En su opinión, el Gobierno de Rajoy hace "gran continuismo" con las medidas fiscales del PSOE apuntando a los "objetivos fáciles" pues y dos tercios del incremento de recaudación que esperan con estas medidas provendrán precisamente de las rentas del trabajo mientras "las grandes fortunas siguen protegidas por sus falsas fórmulas societarias".
    A través de Twitter, Martínez Gorriarán ha aconsejado al Gobierno empezar por "acabar con las duplicidades y el gasto superfluo suprimiendo administraciones como las diputaciones provinciales. También abogan por una reforma fiscal que equipare las rentas del trabajo con las del capital.
   Su impresión es que el PP va a "dosificar las malas noticias para salvar el tinglado" y que en marzo, cuando presenten los Presupuestos Generales, "vendrá una segunda oleada de recortes".

El Gobierno español avisa que el paquete de medidas es "el inicio del inicio"

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este viernes de que el paquete de medidas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "el inicio del inicio" y ha insistido en que el Ejecutivo se ha visto "obligado" a tomarlas ante una situación "extraordinaria y no prevista".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con una cifra de déficit público "mucho más elevada" de la que había "comunicado y comprometido" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha estimado en el 8%, una desviación presupuestaria "elevada" que ha obligado a tomar "decisiones extraordinarias".
   La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo tiene el "compromiso" de "decir la verdad" y, por eso, ha asegurado que quieren afrontar "con realismo la situación económica", lo que les ha conducido a tener que "adoptar medidas extraordinarias y no previstas".
   Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad de gasto que se ha fijado en 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.
   Además, se ha decidido la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos y el aumento de su jornada laboral, hasta las 37,5 horas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
   A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.
   Una vez anunciadas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que la situación es "extraordinaria" por el desfase "no previsto" del déficit y ha remachado que esto ha "obligado" al Gobierno a "adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit".
   En este punto, ha anunciado que el Gobierno "se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles.
   "Son medidas extraordinarias, temporales, excepcionales e imprevistas", ha remachado Sáenz de Santamaría, quien también ha hecho hincapié en que la subida de impuestos se ha querido hacer según principios de "justicia y equidad" y, por eso, un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o que más tienen".
   Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han explicado después que el aumento del IRPF se va hacer de manera progresiva, de modo que "la proporción de aportación por parte de los que mayor renta tienen es muy grande".
   El Partido Popular se había comprometido a modificar el IRPF en su programa electoral, pero el cambio previsto estaba destinado a "favorecer el ahorro" y crear una "nueva deducción" que redundase en este objetivo. En ningún momento habló de incrementar las cuotas de este ni de ningún otro impuesto.
   Una vez ganadas las elecciones, el presidente del Gobierno no se quiso pronunciar sobre esta cuestión cuando se le ha interrogó al respecto, con o sin micrófonos. Ha eludido la cuestión alegando que no podría anunciar sus medidas hasta conocer el "estado real" de las cuentas del Estado.
   Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y al ser preguntado al respecto por el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy aseguró que su intención era "no subir los impuestos" porque no le parecía "lo más razonable".
   En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reconocido que el PP "no es partidario de subir impuestos", pero ha insistido en que la situación es "extraordinaria y no prevista" y ha "llevado a adoptar medidas extraordinarias, no deseadas" y "obligadas por el agujero del desfase en el déficit público".
   Este desfase, ha dicho, ha hecho "necesario adoptar otro tipo de medidas que en circunstancias normales, si se hubieran cumplido el compromiso del déficit público, si se hubiera limitado a 16.500 millones de euros, no se hubieran adoptado". "Estamos hablando de otras magnitudes y magnitudes de esta naturaleza obligan. Las circunstancias obligan y son duras, difíciles", ha recalcado".
   A pesar de que la ministra de la Presidencia ha asegurado que el anterior Gobierno no les avisó de cuál iba a ser el dato de déficit de 2011, Sáenz de Santamaría no ha incidido en las críticas al PSOE y ha asegurado que al Ejecutivo de Rajoy lo que le "importa" ahora es "tomar decisiones que se han empezado a tomar y se seguirán tomando".
   Dicho esto, la vicepresidenta ha insistido en que aunque la situación es "difícil", el Gobierno está "dispuesto a tomar decisiones" y a "afrontar" la situación "como viene" y a "dar la cara ante los ciudadanos".    
   Además, ha asegurado que, en esta tarea, va a "decir la verdad" y a "procurar ser justo a la hora de exigir esfuerzo y sacrificios". "Es un momento difícil, pero con medidas y reformas, estamos seguros de que España puede salir de la crisis y se puede volver a generar empleo", ha remachado.

Banco CAM perdió 1.893 millones hasta octubre

MADRID.- Banco CAM perdió 1.893 millones de euros hasta octubre, lo que supone un deterioro de las cuentas de 162 millones de euros en un mes, según los datos remitidos por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Banco CAM registró un resultado negativo de las actividades de explotación de 2.349 millones de euros, un margen de intereses de 308 millones de euros y un margen bruto de 472 millones de euros en los diez primeros meses del ejercicio.
   La entidad registra créditos a la clientela por importe de 47,59 millones de euros hasta octubre, y depósitos a la clientela por importe de 40,72 millones de euros.
   El Banco de España adjudicó el Banco Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a Banco Sabadell el pasado 7 de diciembre por el precio simbólico de un euro, después de que la entidad fuera intervenida el pasado 22 de julio por sus graves problemas de solvencia.
   La operación lleva aparejada una ayuda procedente del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de las entidades financieras, por importe de 5.249 millones de euros.

La inversión extranjera en inmuebles en España creció un 27,8%

MADRID.- Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8% hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, con 3.601  millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6% en 2010, según datos del Banco de España.

   Además, estas inversiones superaron los 1.000 millones de euros durante tres trimestres consecutivos, algo que no se observaba desde 2008, antes del último desplome de estas compras. En el tercer trimestre, el incremento de las compras respecto al mismo periodo de 2010 fue del 19,2%, hasta 1.164 millones.
   Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005 y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.
   Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.
   En esta línea, se sumaron 5.331 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. En 2009, la crisis del 'ladrillo' desincentivó estas inversiones, que cayeron un 31,5%, hasta los 3.651 millones, mientras que en 2010 volvieron a crecer un 2,6%, hasta los 3.747 millones.
   En cuanto a las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero, descendieron un 38% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que ahondan en el descenso del 17,4% registrado al término del pasado año.
   Además, sólo en el tercer trimestre estas inversiones se situaron en 155 millones de euros, lo que supone un descenso del 17,5% respecto a los mismos meses de 2010.
   Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, crecieron progresivamente en los cuatro siguientes años, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.365 millones en 2007.
   Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.789 millones de euros, un 46,8% menos que un año antes, marcando una tendencia que se mantuvo en 2009, con un descenso del 44,9%, y que aún no ha cesado. En 2010, las compras de viviendas en el extranjero volvieron a caer un 17,4%, hasta los 814 millones de euros.

Eduardo Torres-Dulce, nuevo fiscal general del Estado

MADRID.- El Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, para lo que ha acordado solicitar la audiencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita el preceptivo dictamente previo sobre esta designación.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.
   Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.
   Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
   En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de lo Penal hasta junio de 2005.
   Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.
   Reconocido cinéfilo, ha colaborado en varios programas de radio y televisión junto al cineasta José Luis Garci. Actualmente colabora con este último y Luis Herrero en el espacio 'Cowboys de medianoche', en esRadio.
   El proceso de nombramiento comienza con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se produce a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
   La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto".
   El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
   En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.

El Consejo de Ministros nombra a Joaquín Bascuñana delegado del Gobierno

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de los delegados del Gobierno en siete comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, los primeros relevos en estas instituciones.

   Así, ha sido nombrada delegada en Cataluña a María de los Llanos García Tobarra; en Cantabria, Samuel Ruiz Fuertes (primer teniente de alcalde de Santander); en La Rioja, Alberto Bretón Rodríguez (senador y exconsejero del Gobierno riojano); en Murcia, Joaquín Bascuñana García (senador y exconsejero del Gobierno murciano).
    En la Comunidad Valenciana ha sido nombrada delegada Paula Sánchez de León Guardiola (vicepresidenta de la Generalitat valenciana); en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (secretaria de Organización del PP en las islas); en las Islas Baleares, José María Rodríguez Barberá (senador).
   Además, han sido nombrados los delegados de las dos ciudades autónomas; en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez (exdiputado y exconcejal en la ciudad) y en Melilla; Abdelmalik El Barkani (consejero de Presidencia del Gobierno local).
Bascuñana, quien no ha dudado en afirmar que es un "orgullo" el hecho de que los gobiernos nacional y regional hayan pensado en su persona para desempeñar "esta responsabilidad y trabajo".
   En Murcia, Bascuñana ha reconocido que es un nuevo reto dentro de su carrera política que afronta "con mucha ilusión en un momento que no es fácil y es duro". No obstante, ha hecho un llamamiento a que ciudadanía e instituciones estén "unidos" para poder trabajar y "salir cuanto antes de esta situación con las medidas que hay que llevar a cabo".
   En esta línea, ha puesto de manifiesto que la labor en lo que concierne a Lorca "no será difícil", ya que se parten de unas actuaciones que ya están en marcha y, al mismo tiempo, "funcionan bien", resaltando la "buena" coordinación que había desde la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo murciano, que ha apostado por "continuarla" en el sentido de que es un "compromiso" del Gobierno central con la Ciudad del Sol.
   Por ello, ha brindado su disponibilidad "en cuanto a las ayudas". Y es que, ha matizado, "buenas intenciones las hemos manifestado, pero ahora tenemos todos que intentar agilizar para que las familias que están necesitadas vean cuanto antes que esas ayudas son realidad en sus vidas y negocios".
   En esta línea y en relación a las nuevas medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno central, Bascuñana ha recordado que en los programas electorales "nadie ha mentido ni nadie ha engañado a nadie, ya que todos sabíamos que entrábamos en un momento duro y que había que tomar una serie de medidas".
   "Los españoles decidimos quienes queríamos que fueran los que tomaran las decisiones oportunas para llevar a cabo estas medidas", ha puntualizado Bascuñana, quien ha afirmado que estas nuevas medidas "las necesitamos todos y estamos concienciados que si queremos salir de esta situación no hay otra que aceptarlas al ser el único camino para que en el menor tiempo posible podamos salir de esta situación económica y social en la que estamos inmersos".
   Para concluir, ha destacado que quien tiene que tomar las decisiones y marcar las líneas es el Gobierno murciano, tras lo que ha asegurado que "le tendrán al lado para que "desde el Ejecutivo de la nación, en los tres aspectos que ha marcado siempre Ramón Luis Valcárcel --financiación autonómica, infraestructuras y agua--, estemos coordinando posturas políticas junto a la Administración regional".
   Nacido en Molina de Segura en 1951, es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca y Diplomado en Magisterio por la Universidad de Murcia.
   Tras ingresar en el Partido Popular en 1985, fue concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Molina de Segura desde 1987 hasta 1995; y vicepresidente del PP de dicha localidad desde 1991, año en el que fue nombrado secretario regional de Política Municipal.
   En 1993 accedió a la Secretaría Regional de Política Institucional y nombrado miembro del Comité Ejecutivo Regional. En ese mismo año y hasta 1999 fue diputado en la Asamblea Regional y miembro del Consejo de Dirección de Onda Regional desde 1991 y presidente de dicho ente desde 1995.
   Senador por designación tras las Elecciones Generales de 1995, es miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, vicesecretario de Institucional y Sectorial del Partido Popular de la Región de Murcia de 1999 a 2004, vocal titular de la Delegación Española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) hasta el año 2002 y vocal titular de la Delegación del Senado en el Grupo de Amistad España-Francia, hasta el año 2002.
   Ya en 2002 fue nombrado consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y en julio de 2003, pasó a la cartera de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y de Relaciones Institucionales. Nombrado Secretario Ejecutivo de Organización del Partido Popular de la Región de Murcia en octubre de 2004 y consejero de Política Social, Mujer e Inmigración en julio 2007, cargo que ocupó hasta junio de 2011, fue finalmente designado de nuevo senador por la Comunidad desde el 28 de junio de 2011.

El año 2011 termina con más de cinco millones de inmigrantes en España y un nuevo Reglamento de Extranjería

MADRID.- La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, ha sido la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas. 

   La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE.
   Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.
   En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas han presenciado un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según datos recopilados.
   En las Islas Canarias, las llegadas han aumentado un 60 por ciento hasta al menos 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe pateras desde septiembre de 2009, cuando además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400 personas.
   El año 2011 ha sido el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las extranjeras víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.
   Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración, la adecuación de la vivienda o la integración social de los inmigrantes para trámites como renovaciones de permisos o residencia por arraigo.
   No obstante, el año termina sin que se aprueben los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, ACNUR ya ha advertido de que tiene una importancia "vital" para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.
   También en materia de medidas, este año se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se ha sancionado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se han puesto en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
   Al igual que en otros departamentos, la crisis ha dejado recortes en las áreas de inmigración, especialmente en el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, que tras haber contado con 200 millones de euros de presupuesto, en 2011 se ha quedado reducido a 66,6, un mínimo histórico.
   Con las elecciones generales y el cambio de gobierno, el área de inmigración ha perdido además, peso político. Si bien antes encabezaba el nombre del Ministerio de Trabajo y contaba con su propia Secretaría de Estado, en el gabinete de la nueva titular de esta cartera, Fátima Bláñez, los asuntos de extranjería han quedado relegados a un nivel administrativo inferior.
   No obstante, hay reformas en perspectiva que podrían devolver a la palestra los asuntos que atañen directamente al 12 por ciento de la población de España, ya que tanto en campaña como a posteriori, el Partido Popular ha difundido su intención de modificar la normativa para, entre otras medidas, eliminar la figura del arraigo y crear un visado de búsqueda de empleo que garantice el retorno a su país de quienes no encuentren trabajo.

Leguina cree que sería un "suicidio" elegir a Chacón secretaria general

MADRID.- El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha asegurado que elegir a la exministra de Defensa Carme Chacón secretaria general del PSOE sería "directamente un suicidio" porque antes el partido debe "arreglar bien" su relación con el PSC, a quien ha acusado de haber puesto "de chupa de dómine" a instituciones como el Tribunal Constitucional.

   "O el PSOE arregla bien con el PSC cuáles son las relaciones o gente del PSC no se puede presentar todavía, después de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña", ha aseverado en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que ha añadido que los socialistas catalanes "se han salido sistemáticamente de las líneas generales que había antes de la llegada de Zapatero".
"No se sabe si son nacionalistas o qué coño son", ha criticado.
   En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, la elección entre Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha anunciado oficialmente su candidatura, y Chacón, "no es dudosa" porque el primero "da tranquilidad". 
"Con Rubalcaba, hemos perdido estrepitosamente las elecciones pero no nos vamos a suicidar", ha señalado, para criticar, no obstante, que el exvicepresiente se ha rodeado "del más puro zapaterismo".
   "Yo puestos a elegir entre Rubalcaba y Chacón no tengo ninguna duda pero Rubalcaba se ha vuelto a rodear del mas puro zapaterismo" ha sentenciado, para reconocer, no obstante, que tanto el que ya fuera candidato en las pasadas elecciones generales como la diputada catalana "son corresponsables de muchísimas políticas" desarrolladas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodrgíguez Zapatero que han llevado "al hoyo" al PSOE.
   La política territorial "impuesta" por Zapatero es, según Leguina, una de las causas que han provocado la debacle en el PSOE, la cual ha calificado de "desastre autentico".
"Zapatero no tenía una visión de la sociedad española como no un conjunto articulado de personas y grupos, sino como la suma desarticulada de grupos: por un lado las feministas, por otro los homosexuales, por otro los sindicatos...", ha explicado.
   "Así no se construye un proyecto nacional ni un proyecto socialmente visible. No es nada de extrañar que las capas medias urbanas se hayan ido del PSOE en masa", ha continuado, para señalar que dicho "proyecto nacional" hay que recuperarlo "con otro discurso y otro proyecto político que no se puede parecer en casi en nada al que ha puesto en marcha Zapatero".
   Dicho esto, ha confesado que no cree que 38 Congreso Federal que tendrá lugar en febrero vaya a servir para arreglar el PSOE porque ha sido convocado "a todo correr en función de las elecciones en Andalucía".
"Es una locura" ha denunciado, para añadir que la única forma de avanzar sería que el próximo secretario general sea una persona ajena a la "cuadra del zapaterismo" y "capaz de asumir que esto es una transición".
   Preguntado sobre la posibilidad de que surjan candidaturas alternativas, Leguina ha apuntado que podría ocurrir, al tiempo que ha destacado que en el PSOE "hay una cantera mucho más grande de lo que pueda parecer", para criticar, no obstante, que en estos momentos el partido tiene "un problema de selección y de calidad del personal".

España eleva la jornada de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

MADRID.- El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal. 

   Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.
   De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.
   El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.

El Gobierno recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y sindicatos

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.
   Para ello, ha adelantado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que fijaba su cuantía base para 2008 y su actualización mínima de IPC año a año.

El almirante Fernando García Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)


MADRID.- El Consejo de Ministros ha decidido nombrar al almirante de la Armada Fernando García Sánchez jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), en sustitución del general del Aire José Julio Rodríguez, al frente de los Ejércitos y la Armada desde 2008, y a propuesta del ministro de Defensa, Pedro Morenés.

   Según el sistema rotatorio establecido como una tradición, se esperaba que el ministro de Defensa nombrase a un almirante o vicealmirante. Antes del general Rodríguez, fue JEMAD el actual director general del CNI, general del Ejército de Tierra Félix Sanz Roldán.
   Morenés ha decidido relevar la cúpula de manera escalonada y ha dejado para más adelante los cambios en los dos Ejércitos y la Armada. Sí ha querido acudir a la celebración de la Pascua Militar del próximo viernes con el JEMAD ya nombrado.
   Actualmente, Fernando García Sánchez desempeñaba al cargo de almirante 2º Jefe del Estado Mayor de la Armada. Nacido en Granada hace 57 años, casado y con tres hijos, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1971, ascendió a Alférez de Navío en 1976, a Teniente de Navío en 1979, a Capitán de Corbeta en 1989 y a Capitán de Fragata en 1996.
   En el año 2001 ascendió a Capitán de Navío y cuatro años después progresó a Contralmirante, ascendiendo a Vicealmirante en 2008 y finalmente a Almirante en este año 2011. Domina el inglés y es Diplomado en Guerra Naval. 
   En cuanto a los destinos y mandos a flote que ha desempeñado, el Ministerio de Defensa recuerda que ha estado embarcado en diferentes unidades durante 21 años con más de 2.000 días de mar.
   Ha desempeñado funciones de mando en la Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas, en el Patrullero "Villamil", en la Corbeta "Infanta Elena", en el Petrolero de Flota "Marques de la Ensenada" y en el Centro de evaluación y calificación para combate (CEVACO) de la Flota. Además, durante el año 2003 tomó el mando, en dos ocasiones, del TG 441.01 en la operación OTAN de protección de buques "Active Endeavour" en el Estrecho de Gibraltar.
   Estuvo embarcado como Oficial en el destructor "Almirante Valdés", en el patrullero "Cadarso" y en el Submarino "Cosme García". También como 2º Comandante en el buque de salvamento de submarinos y apoyo de buceadores "Poseidón" y fue jefe de Operaciones de la Fragata "Baleares", jefe de Órdenes del Grupo de Escoltas y 41ª Escuadrilla de la Flota y Jefe de Estado Mayor del Grupo ALFA (de combate de la Flota).
   En el capítulo de destinos en Tierra, ha sido profesor del Curso de Oficiales de Acción Táctica (TAO), jefe del departamento de Operaciones de la Escuela de Guerra Naval, profesor de Operaciones en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), jefe de Sección de Planes Estratégicos en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) y 2º Jefe de Estado Mayor de la Armada, destino que desempeñaba en la actualidad.
   En cuanto a sus cruces y condecoraciones, ostenta la Gran Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz del Mérito Naval, la Cruz del Mérito Naval y la Orden de San Hermenegildo.

Hoy se espera conocer lo que gana Egea Krauel al frente de BMN

MURCIA.- Banco Mare Nostrum (integrado por las cajas del Penedés, Murcia, Granada y Sa Nostra) estaba ultimando esta mañana los detalles para hacer públicas este mismo viernes las retribuciones individuales de su equipo directivo, fundamentalmente su presidente e ingeniero murciano Carlos Egea Krauel.

Es la exigencia de que el Banco de España ha hecho en las siete entidades españolas que han recibido ayudas públicas del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB). En la mayoría de los casos, las entidades prevén difundir los datos a través de su página web, según explicaron fuentes de todas ellas. Alguno de los directivos se podría acoger a la ley de Protección de Datos por no difundir los de su salario, algo que no se espera de Egea Krauel.
A pesar de que el plazo requerido por el Banco de España expira mañana sábado 31 de diciembre, la voluntad de las entidades es hacer pública la información en día laborable, por tanto este viernes.
La voluntad del Banco de España es promover la transparencia de un sector que en los últimos meses se ha visto salpicado por los casos de indemnizaciones millonarias y fondos de pensión sobredimensionados de directivos. Es el caso de Caixa Penedés (BMN), Nova Caixa Galicia o la CAM. Unos hechos que están siendo investigados por la Fiscalía, que ve indicios de delito.
Precisamente en su requerimiento por escrito, el Banco de España indica específicamente a las entidades que han recibido ayudas públicas que no pueden difundir las remuneraciones de forma conjunta por todo el equipo directivo, sino que se deben dar las cifras individuales de cada uno.
Se podría dar el caso, como decimos, de que alguno de estos directivos se acogiera de forma individual a la ley de Protección de Datos para evitar difundir su salario. En caso de que sea así también se deberá especificar qué directivos concretos han decidido beneficiarse de este escape legal para impedir que accionistas y clientes sepan lo que pagan a quienes llevan las riendas y tienen en su poder información privilegiada y capacidad de actuación.

Piden a la Fiscalía que investigue la pensión vitalicia de antigua cúpula CAM

ALICANTE.- La Plataforma Unidad Sindical de Caja Mediterráneo (CAM) ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante un recurso para que investigue la legalidad de la concesión de una supuesta póliza de pensión vitalicia a favor del antiguo comité de dirección de la entidad.
 
Fuentes de plataforma sindical han explicado que la denuncia se ha interpuesto contra el expresidente de CAM Modesto Crespo, la exdirectora general de la entidad María Dolores Amorós y su antecesor en el cargo Roberto López Abad.
Dicho recurso se fundamenta, según las mismas fuentes, en que la supuesta póliza de previsión social complementaria habría sido contratada sin la aprobación ni el conocimiento del Consejo de Administración de CAM.
"Si se demostrase que todo ello es cierto y que esta información hubiera sido manipulada por parte de la anterior dirección en su propio beneficio", que afectó a "los estados financieros y contables de CAM, entendemos que podría dar lugar a los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional", han indicado.
Todo ello se ha producido "independientemente" de una gestión por parte de los antiguos dirigentes que provocó "la intervención de la entidad y que ha puesto en peligro el empleo de sus más de 6.000 trabajadores", han dicho fuentes de esta plataforma sindical que integran CCOO, UGT, CSICA y SICAM, entre otros.
Según las mismas fuentes, el antiguo comité de dirección de CAM habría suscrito en mayo de 2007 una póliza para garantizar pensiones vitalicias a sus propios miembros por valor de 57 millones de euros con una compañía de seguros.
"El pago efectivo de la prima se aplazó, en su contratación, hasta 2013", pero en 2010, según los sindicatos, se hizo efectiva ante los acontecimientos que se sucedían en CAM en aquel momento.