jueves, 31 de mayo de 2012

Policía y Guardia Civil no tienen notificación para detener al condenado ex alcalde de Totana

MURCIA.- La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Murcia no tienen notificación oficial alguna para detener al ex alcalde de Totana y ex diputado, Juan Morales, para el que se ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso".

   Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a preguntas de los periodistas sobre el paradero actual del que fuera regidor de Totana.
   De este modo, ha insistido que "en el momento actual, a las 10.45 horas, ni Jefatura de Policía ni la Comandancia de la Guardia Civil tienen notificación alguna al respecto".
   "No hay ningún tipo de señalamiento y no procede en estos momentos nada más", ha apostillado Bascuñana.
   A última hora de la tarde de ayer miércoles, José María Caballero, el abogado del ex alcalde de Totana, aseguraba que no le había sido notificado el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en el que se ordenaba el ingreso prisión de éste.
   En concreto, por auto de 30 de mayo, el tribunal decretaba el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.

La MCT dice que una parte significativa del agua del Tajo-Segura es para abastecimiento

MURCIA.- El nuevo delegado de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo, ha afirmado que "tiene que quedar claro y queda claro a las CCAA que puedan ser partícipes en el trasvase que una parte significativa del agua del Tajo-Segura es para abastecimiento a municipios de Murcia, Valencia e incluso de Castilla-La Mancha".

   "Todos los gestores de otras comunidades que, de una u otra forma, tienen relación con el trasvase así lo conocen", ha insistido Gallardo tras ser presentado a las distintas autoridades que han acudido al acto, presidido por el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana.
   Gallardo, que considera que no hay percepción alguna de que exista una 'guerra del agua', ha asegurado que su primera labor será la de integrarse en la Mancomunidad.
   Sobre las desaladoras, ha destacado que "es una garantía de recursos y que nos permiten el suministro de agua a todos los municipios, y además tienen una demanda fluctuante y con eso se juega".
   Avalado por una trayectoria profesional en el mundo del agua que se remonta a inicios de los 80, ha dicho que asume este nuevo cargo con "ilusión y tremendas ganas" de trabajar en la MCT.
   Conocedor del interés por el agua en Murcia, ha puesto de manifiesto que va a prestar su máxima colaboración con todas las instituciones, ayuntamientos y las tres comunidades que integran la MCT "en la participación y resolución de los problemas que se nos puedan presentar".
   Y es que, ha reconocido, "es una etapa complicada en la que la crisis está causando problemas nuevos que hasta ahora muchos de nosotros desconocíamos y que obligan a los gestores de los organismos a trabajar con la mayor intensidad, transparencia y colaboración posible con la intención de resolver estos nuevos problemas que se están presentando".
   Por su parte, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha recordado que la MCT "actualmente abastece a 79 municipios". En concreto, abastece a 43 de los 45 localidades de Murcia, 34 de la provincia de Alicante y dos de la de Albacete, "sumando alrededor de 2,5 millones de habitantes, que en verano normalmente pueden estar alrededor de los tres millones de personas a las que hay que abastecer".
   En esta línea, ha comentado que "no hay ningún problema de abastecimiento de agua para la Región en este verano".
   Sobre Gallardo, el delegado del Gobierno ha destacado que le avala una "excelente y larga trayectoria profesional vinculada durante más de 25 años al sector del agua".
   Adolfo Gallardo ha ejercido hasta ahora como subdirector general adjunto de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, anteriormente, entre 1995 y 2008, como jefe de Área de Tratamiento de Aguas en la Subdirección General de Tratamiento y Control de la Calidad de las Aguas.
   Una larga singladura que recientemente le valió su nombramiento como socio de honor de Aqua España, Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas, en reconocimiento a su trayectoria profesional en el sector.

La Asamblea Regional aprueba una moción del PSOE para la recuperación y musealización del yacimiento de San Esteban

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este jueves en la Comisión de Educación y Cultura, una moción del PSOE para la recuperación y musealización del Yacimiento de San Esteban. El responsable de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro celebró esta "excelente noticia para la Región de Murcia", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado. 

   La moción socialista solicita la financiación necesaria para poner en valor el Yacimiento de San Esteban, a través de la línea de ayudas económicas '1% Cultural del Ministerio de Fomento'. En la misma línea, propone que se busquen aquellas vías de financiación complementarias para la puesta en marcha de este Yacimiento, fundamental para Murcia.
   Navarro destacó la enorme importancia que tiene el actualmente denominado Complejo Palatino y Barrio Andalusí de San Esteban, popularmente conocido como Yacimiento de San Esteban. Se trata de una pieza fundamental para conocer el desarrollo y evolución de un barrio islámico del siglo XIII, que tiene visibles algunos restos del siglo XII e incluso  algunos de finales del siglo XI.
   "Más de 10.000 metros cuadrados de un valor excepcional que, gracias a la oposición de los vecinos a la construcción de un parking y a las acciones de la Plataforma en Defensa del Yacimiento Arqueológico de San Esteban, podemos conservar hoy día, obteniendo además la declaración de bien de Interés Cultural".
   El diputado socialista defendió la necesidad de que, sin dilación, se lleven a cabo las actuaciones oportunas para su puesta en valor y su uso público. "Este Yacimiento no es sólo un referente cultural de primer nivel y un medio imprescindible para conocer la Murcia de los siglos XII y XIII y su desarrollo posterior, sino también un recurso turístico de gran trascendencia para la ciudad, lo que puede suponer otra vía de creación de empleo y de impulso económico en estos momentos", concluyó.

La Reina preside mañana en Yecla la inauguración del Museo Arqueológico Municipal 'Cayetano de Mergelina'


YECLA.- Su Majestad la Reina Doña Sofía visitará Yecla mañana viernes, 1 de junio, para presidir la inauguración del Museo Arqueológico Municipal 'Cayetano de Mergelina', a las 11.30 horas, tal y como comunicó oficialmente la Casa Real al alcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, siempre según fuentes del Consistorio. 

   La visita de Su Majestad la Reina responde a la invitación cursada por el alcalde de Yecla, en nombre de la Corporación Municipal, para inaugurar este museo, que posee gran cantidad de la riqueza arqueológica del término municipal de Yecla, y cuenta con una inversión total de 406.000 euros, de los cuales 325.000 han sido sufragados por la Comunidad Autónoma y 81.000 euros por el Ayuntamiento de Yecla.
   La visita de Su Majestad la Reina supone un hecho histórico para la ciudad de Yecla, y así lo ha manifestado su alcalde, Marcos Ortuño, invitando a toda la ciudadanía a asistir a las inmediaciones de la Placeta Ortega para recibir y arropar a la Reina Doña Sofía.
   Esta previsto que Su Majestad llegue a Yecla sobre las 11.30 horas, concretamente a la Placeta Ortega, desde donde se desplazara a pie hasta las puertas del Museo, situado en la Casa Municipal de Cultura.
   Será recibida por las autoridades que le acompañarán en el recorrido por las instalaciones del Maye, un museo que cuenta con 500 metros cuadrados de exposición permanente divididos en cuatro ámbitos culturales correspondientes al Monte Arabí (Prehistoria), Cerro de los Santos (Protohistoria o Prerromano), Torrejones (Romanización) y Cerro del Castillo (Edad Media: periodo islámico y periodo cristiano).
   Tras la visita de las 12 salas con las que cuenta el Museo Arqueológico Municipal los miembros de la comitiva se desplazarán hasta el salón de actos del museo donde tendrá lugar el descubrimiento de placa por parte de Su Majestad así como la recepción a los representantes de las asociaciones de la localidad de Yecla.
   Finalmente, la Reina Doña Sofía procederá a firmar en el libro de honor del museo para dejar constancia de su visita al municipio, con la finalización del acto sobre las 13.00 horas
   Ortuño, quien se ha mostrado muy contento por la envergadura de este acto y la importancia y repercusión mediática que va a tener para la ciudad, ha querido agradecer a la Corona el respaldo mostrado, así como a los ciudadanos de Yecla que en todo momento han mostrado un tremendo respeto por este solemne acto.
   El alcalde también ha informado de las jornadas de puertas abiertas del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina, que realizara su apertura el martes 5 de junio y tendrá entrada libre hasta el próximo 31 de agosto.
   El Museo se creó en el año 1983 siendo heredero de la antigua Colección Arqueológica Municipal constituida y mostrada en exposición permanente desde el año 1958, acordando el Ayuntamiento de Yecla en el año 1987 nominarlo 'Cayetano de Mergelina'. En el año 1990 el Museo se integra en la Red Regional de Museos.
   El Museo está concebido como un espacio de divulgación y enseñanza, a la vez que como un centro de documentación especializada, con una exposición diseñada de forma atractiva y pedagógica a un tiempo. Un recorrido fascinante que comienza en torno al 150.000 a.C (Paleolítico Medio) y termina en la Baja Edad Media a fines del siglo XV y en el que se ofrece una magnífica visión de cómo ha sido gestionado un mismo espacio o territorio en distintos tiempos.

Cáritas se pregunta "qué podría hacerse" desde el punto de vista social "con 23.500 millones de euros"

MURCIA.-   El director de Cáritas de la Diócesis de Cartagena, José Luis Leante, ha lamentado que las instituciones públicas y privadas no están haciendo todo lo posible para ayudar a los pobres, y se ha preguntado "qué podría hacerse socialmente hablando con 23.500 millones de euros", en clara alusión a la cantidad de dinero que el Gobierno de España destinará para nacionalizar Bankia, aunque sin citar directamente el rescate la entidad financiera.

   "Como suena la cifra, ya saben de lo que estoy hablando", ha insinuado Leante, quien ha considerado este hecho un "referente" que "a todos nos rechina desde el punto de vista solamente de españolitos de a pie". Así, ha destacado que esto "es injusticia social", ya que las administraciones públicas "están teniendo que hacer recortes pero están recortando muchas veces donde no deben".
   Leante ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, al ser preguntado por si las entidades públicas y privadas están haciendo todo lo posible por ayudar a los pobres y a Cáritas.
   En este sentido, el director de Cáritas ha lamentado que no están haciendo todo lo posible, porque "si de verdad hubiera un verdadero reequilibrio y una verdadera justicia social, habría mucha más preocupación por la falta de los bienes mínimos que tienen muchísimas personas y que estamos teniendo que cubrir las instituciones como Cáritas".
   Por tanto, Cáritas denuncia que "no se está tratando de paliar esta situación y no se están invirtiendo los medios necesarios para conseguir esa justicia social", según Leante, quien ha hecho extensivo este apercibimiento a las empresas e instituciones privadas, que "podrían hacer más" de lo que hacen, aunque ha admitido que están haciendo cosas, y "más en la Comunidad de Murcia".
   A este respecto, Lorca Planes ha considerado que, "quizá", estos problemas económicos han sido ocasionados "por el pecado y por los intereses creados de unos y de otros, y que no se ha tenido en cuenta tantísimas cosas".
   Al ser preguntado por la posibilidad dar la excomunión para los banqueros, Lorca Planes ha achacado esa posibilidad a "un arrebato" de la persona que lo ha planteado. Ha señalado que el problema "no es solamente de una persona", sino que es un problema "social y moral que va mucho más hondo".
   A su juicio, es preciso "tener actitudes y comportamientos que vayan de acuerdo con al Ley de Dios, es decir, respetar al otro, tener en cuenta también la dignidad del otro y, sobre todo, no dejarte llevar por lo que te apetece o lo que te gustaría, sino de loo que realmente es la Ley y lo que significa también el no pasar por encima de nadie".
   Ha identificado el comienzo de "todos los males" cuando una persona "se busca a sí mismo y sus intereses". Este nivel particular, trasladado a un nivel de nación o de instituciones económicas o del tipo que sea, "estropea al final muchas cosas", ha zanjado.
   Sin embargo, ha alabado la labor de Cáritas y que, al menos, haya "una voz profética que sale al encuentro de los más necesitados y ayuda. Cáritas es el corazón de la Iglesia, y está siendo una voz profética, la voz de los pobres, de los más necesitados, y en una sociedad en la que estamos viendo que hay muchas dificultades y muchos problemas de tipo económico", ha afirmado el obispo.
   Leante ha recordado que más del 30 por ciento de la población de la Región vive por debajo del umbral de la pobreza, y añade que "pone los pelos de punta" pensar que uno de cada tres niños en la Región de Murcia "está pasando necesidad".
   "Y poneros en el lugar de una madre que llega la hora de acostar a un niño y lo deja en la cama diciendo: 'hasta mañana si Dios quiere', no quiero ponerme trágico, pero se está pasando mucha necesidad", ha aseverado.
   Respecto a la deuda de la Comunidad con Cáritas, Leante ha recordado que la institución caritativa se encuentra todavía con la promesa del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de que se va a reconocer la deuda de 2011.
   Respecto a la deuda contraída en 2012, ha avanzado que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ahora les toca a las instituciones negociar con la administración.

El obispo Lorca Planes garantiza que "nunca dejará de ayudar" a los necesitados

MURCIA.- El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes, ha afirmado que la Iglesia Católica pagará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) si se cambia o deroga la Ley de Mecenazgo que, hasta ahora, les deja exentos de este abono, pero ha garantizado que "nunca renunciará a ayudar a los más necesitados".

   Lorca Planes ha dicho desconocer "de dónde viene" la polémica sobre el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica "ni las razones que hay detrás de todo esto", pero ha recordado, en cualquier caso, que la Iglesia Católica está sujeta a la Ley de Mecenazgo, que contempla la exención de todas las instituciones de tipo social.
   Por ejemplo, en este grupo "está acogida la Iglesia Católica, al igual que el Islam y los evangelistas o los judíos, así como las otras instituciones que están tipificadas", según ha recordado Lorca Planes en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director de Cáritas en la Diócesis.
   En este sentido, el obispo no ha considerado que esta exención "sea ningún privilegio", y ha afirmado que la Iglesia hace "todo lo posible por pagar todo lo que no se ajuste a esto, que lo hacemos y no presenta ningún problema".
   No obstante, ha aclarado que, si se deroga la Ley de Mecenazgo y hubiera que pagar el IBI, "la Iglesia no va a escatimar y pagará, sin ninguna duda".
   En cualquier caso, ha aclarado que la Iglesia "nunca renunciará a ayudar a los más necesitados. Si tenemos más, entregaremos más, y si hay menos se dará menos, porque en definitiva somos un vehículo de comunicación de la caridad".
   Lorca Planes ha garantizado que la Iglesia, "sin duda ninguna, nunca va a renunciar a lo que para nosotros es esencial, que es ayudar a los demás".

Cruz Roja lanza por primera vez en su historia un llamamiento de ayuda para la sociedad española

MADRID.- Cruz Roja ha lanzado este jueves, por primera vez en su historia, un Llamamiento de Ayuda para la sociedad española ante la necesidad de aumentar su capacidad de respuesta a las situaciones de vulnerabilidad social que se han acentuado con la crisis económica, que ha lastrado al 21,8 por ciento de la población en España por debajo del umbral de la pobreza. 

   Con este llamamiento, la institución pretende llegar a 300.000 personas más en extrema vulnerabilidad, especialmente familias con todos sus miembros en paro, niños que viven en hogares pobres, personas mayores con responsabilidades familiares sobrevenidas por la precarización familiar, personas paradas de larga duración, personas sin hogar o jóvenes parados.
   Ya el pasado 16 de mayo la institución, al presentar su informe anual, cifró en 30 millones de euros los fondos necesarios para ampliar la atención a 300.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad, fondos para cuya captación hace ahora este llamamiento.
   "Los indicadores del impacto de la crisis económica que maneja Cruz Roja a través de sus diferentes estudios e informes son preocupantes", argumenta la institución, para destacar que más del 80 por ciento de las personas atendidas actualmente se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, un índice que ya alcanza al 21,8 por ciento de la población española en general.
   Además, entre los beneficiarios de Cruz Roja la tasa de paro es del 64,18 por ciento, (24,86% en todo el país) y más de la mitad (55,1 por ciento) viven en hogares donde todos los miembros se encuentran en situación de desempleo.
   "Estas cifras visibilizan una nueva realidad económica: en los dos últimos años, el impacto de la crisis socioeconómica ha hecho que muchas personas que hasta hace poco se encontraban en contextos socioeconómicos seguros, hayan entrado a formar parte de los colectivos atendidos por la organización humanitaria", explica la institución. En paralelo, se ha producido un "agravamiento importante" de la situación de las personas vulnerables que ya estaban siendo atendidas.
   La institución humanitaria expresa su "profunda preocupación" por el crecimiento del desempleo y la desigualdad social, así como los índices de desprotección, y alerta sobre el aumento de la precariedad en importantes capas de la población y los riesgos de fractura social que conlleva.
   En total, dos millones de personas participaron el año pasado en los programas de intervención social de Cruz Roja Española, un 20 por ciento más que en 2010, y más de un millón de personas fueron beneficiarias de las medidas específicas relacionadas con el impacto de la crisis, como el reparto de alimentos.
   En este sentido, repartió lotes higiénicos e infantiles a más de 17.500 familias afectadas por la crisis, 20.600 familias recibieron ayudas económicas para atender situaciones extremas de sus viviendas, 15.500 personas necesitaron vestuario, 8.800 niños y niñas recibieron lotes de material escolar para iniciar el curso y cerca de 20.000 personas recibieron respuesta sociosanitaria en asentamientos y/o núcleos urbanos deprimidos.
   Además, entre enero y diciembre de 2011 pasaron 15.900 personas por los servicios de atención a personas sin hogar y las Unidades de Emergencia Social (UMES) atendieron a 24.400 ciudadanos, que se suman a los beneficiarios de los puntos de información sobre empleo y ayudas económicas de carácter puntual, que, junto a otras intervenciones, la institución activó en 2008 para responder a la crisis económica.
   "Es fundamental que sigamos incrementando nuestras ayudas de primera necesidad en los ámbitos en los que la población está recortando gastos como consecuencia de la crisis", ha señalado el responsable de los Programas de Lucha contra la Pobreza de Cruz Roja Española, Fernando Cuevas.

Medio Ambiente asegura que "salvaguardará" el litoral

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha afirmado que su departamento "salvaguardará" el litoral y la franja de dominio público marítimo terrestre.
 
   El secretario de Estado ha señalado que la actual Ley de Costas establece unas distancias y una protección del dominio "que deberá respetar ese proyecto". Asimismo, ha aclarado que la reforma que Medio Ambiente está tramitando en materia de la Ley de Costas "tampoco es una modificación que habilite este tipo de proyectos si no respetan la protección del dominio público marítimo terrestre".
   "El litoral, es difícil que, como tal, se vuelva a urbanizar en el sentido de que la Ley de Costas establece unas protecciones muy importantes", ha advertido Ramos de Armas, no sin recordar que las competencias en materia urbanística, una vez salvada la protección de las playas y del dominio publico marítimo terrestre y las franjas de protección que establece la ley, "ya son competencias municipales".
   Durante la comparecencia sobre los PGE, y ante la advertencia del senador de Entesa Catalana Rafel Bruguera de que la nueva Ley de Costas suponga una vuelta a la especulación inmobiliaria, el secretario de Estado le contestado que tal afirmación supone "prejuzgar", puesto que el contenido del borrador de la norma aún no se conoce.

Valcárcel pone la primera piedra de Paramount Park, que "ni está definido ni tiene financiación", a juicio del PSRM

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha tachado de "impresentable" que este jueves se ponga la primera piedra de un proyecto, en referencia a Paramount Park, "que todavía no está totalmente definido, que no tiene financiación, y cuyas obras no se van a iniciar ahora, sino que previsiblemente se retrasen meses y meses".

   Por ello, González Tovar ha exigido "la mayor clarificación y la mayor especificidad sobre los plazos y la viabilidad del proyecto del Parque Paramount".
   Tovar, a quien le gustaría que el proyecto del Parque Paramount fuese "viable" y beneficiase a la zona de Alhama y a toda la Región, "y eso ya lo irá diciendo el tiempo", ha puntualizado que se trata de un proyecto privado, para el cual el Gobierno regional "nos había asegurado que no se iba a poner ni un euro de dinero público".
   "Sin embargo, la Comunidad no sólo participa en un 20 por ciento en la empresa promotora, Premursa, sino que ahora anuncia que va a conceder un aval, lo que significa que, si el proyecto no consigue financiación, el dinero del aval lo tendremos que poner entre todos", ha advertido el líder socialista, quien ha insistido en que la Paramount "no nos debe costar ni un euro a los ciudadanos".
   González Tovar considera que si el Gobierno regional "decide avalar parte del proyecto de la Paramount, debe ser dando la misma opción a otra serie de pequeños y medianos empresarios de la Región que tienen mucha necesidad de avales y de financiar proyectos viables que también generen puestos de trabajo y riqueza para nuestra Comunidad".
   Y es que, ha dicho, "más allá del proyecto privado empresarial, que puede ser positivo, nos parece muy mal que el PP y el Gobierno regional lo aprovechen para darle una connotación política impresentable, con una parafernalia de primera piedra a un proyecto sin financiación, y con la apertura de una bolsa de trabajo que genera expectativas en gente que tiene mucha necesitad". "Eso no es de recibo, no lo admitimos", ha reprobado.
   Para el secretario general del PSRM, "la única justificación que, probablemente, tiene el PP para esta primera piedra es la necesidad de presentar algo, de montar un acto que dé la apariencia de que tienen soluciones a algo, ante la parálisis y la falta de ideas en que están inmersos".
 "La Región está llena de primeras piedras de proyectos que se anuncian y que luego no se hacen realidad", ha recordado.
   Así, considera que "la parafernalia política del acto de hoy resulta ofensiva, porque hay muchas personas en la Región, muchos jóvenes, esperando un puesto de trabajo en la Paramount que se les está prometiendo y que, sin embargo, aún no está definido y carece de financiación privada."
   "Bastante decepcionados están quienes se apuntaron a las listas de espera para trabajar en el aeropuerto de Corvera", ha manifestado, por lo que ha pedido a Valcárcel y al PP, finalmente, que "no jueguen con la buena voluntad de la gente, y no le creen falsas expectativas.

Humo

El coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha dicho este jueves que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "tiene las manos vacías" y por eso "vende humo" con el proyecto de Paramount Park.
   Para Pujante, el jefe del Ejecutivo murciano "se saca conejos de la chistera" porque "no tiene alternativas" para cambiar el modelo productivo de la Región, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   Ha acusado al equipo de Gobierno de "vender humo de otros" y "solo confiar en alternativas privadas" tras el "fracaso demostrado de las políticas económicas del PP para hacer frente a la crisis".
   Así, se ha preguntado si "es Paramount Park el cambio de modelo productivo que plantea el PP para la Región de Murcia", porque si es así, "apañados vamos", ha añadido el dirigente de la federación de izquierdas.
   Ha preguntado a Valcárcel si es socio de Jesús Samper, presidente de la empresa que dirige el proyecto, y "cómo sabe" que la empresa de éste tiene "colchón suficiente para poder estar un tiempo largo sin inversores".
   "Dada sus afirmaciones, no sabemos si el presidente de la Región forma parte del consejo de administración de la empresa de Samper, imputado en el caso 'Umbra', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Murcia", ha concluido.

El consumo de áridos, en niveles de hace 25 años

MADRID.- El consumo de áridos para la construcción descendió un 17% el pasado año, hasta situarse en 206 millones de toneladas, lo que retrotrae al sector a niveles de 1987, según informó la patronal del sector Anefa.

   La demanda de este material de construcción, que acumula una contracción del 70% desde el inicio de la crisis, caerá entre un 15% y un 20% adicional este año 2012.
   Anefa atribuye este descenso al parón que registra el sector de la construcción, que se suma al "retroceso" del 18% que, según indica, también presenta el consumo de áridos para aplicaciones industriales.
   En un comunicado, la patronal del ramo señaló que, además de la caída de la demanda, el sector sigue atravesando por "una situación de estrangulamiento del capital circulante" que, según subraya, está afectando a "muchas de sus empresas, que están sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo".
   "A ello se suma la tensión de tesorería que soportan por tener que cobrar, en muchos casos, a más de 240 días, y el riesgo de que el cobro no se llegue a producir", añadió Anefa.

Rehn insiste en que España debe "controlar de forma convincente el gasto excesivo de las regiones"

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha insistido este jueves en que España debe "controlar de forma convincente el gasto excesivo de las regiones" como condición para obtener una prórroga de un año (hasta 2014) en el objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB.

   Rehn ha resaltado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado "medidas enérgicas" en materia de reformas estructurales en el mercado laboral y de productos y en el sistema de pensiones y está reestructurando el sistema bancario. "Son pasos muy importantes para resolver los problemas estructurales subyacentes de España", ha dicho en un discurso en el foro económico de Bruselas.
   "A condición de que España pueda controlar de forma convincente el gasto excesivo a nivel subnacional, especialmente el de las regiones autónomas, y asumiendo que presente un presupuesto bianual sólido para 2013 y 2014 (...), estamos dispuestos a proponer una ampliación de un año en el plazo para corregir el déficit", ha señalado el vicepresidente de la Comisión.
   Rehn ha reclamado una mayor integración y solidaridad en la eurozona para evitar la desintegración del euro. "Necesitamos una auténtica cultura de la estabilidad y una capacidad mejorada para contener el contagio", ha indicado.
   "Eso es así, a menos si queremos evitar una desintegración de la eurozona y en su lugar hacer que el euro tenga éxito", ha subrayado.

Murcia ‘vende’ dos macroproyectos irrealizables para salir de la crisis


MADRID.- Un macropuerto para contenedores en El Gorguel, junto a La Unión y Cartagena, y una macrourbanización de 22.000 viviendas en Marina de Cope, junto a Águilas, son los dos proyectos con los que la Comunidad Autónoma de Murcia espera relanzar la actividad económica en la Región. El problema es que ambos son económica y medioambientalmente irrealizables, según diversas fuentes consultadas por este diario, a juicio de www.elconfidencial.com

El macropuerto de El Gorguel tiene adversarios incluso en las altas esferas del PP. Por ejemplo, uno de los nuevos dirigentes emergentes a nivel regional en el partido gobernante, el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, organizador del reciente congreso del pasado fin de semana y con nuevas responsabilidades en la dirección regional.
Bernabé no cree que la construcción del macropuerto sea conveniente ahora que, después de treinta años, va a arrancar a un kilómetro de El Gorguel la regeneración de la Bahía de Portmán (municipio de La Unión), que fue colmatada por los estériles mineros de la empresa Peñarroya en lo que fue considerado uno de los mayores atentados ambientales de todo el Mediterráneo.
Cree el alcalde de La Unión que no es necesaria esa nueva gran dársena para contenedores puesto que la ampliación de la de Escombreras (Cartagena) puede ir más allá y cubrir las mismas necesidades que se prentenden solucionar con El Gorguel. Bernabé no se refiere a impactos ambientales. Solo habla de “impactos visuales” que tendrían los diques de El Gorguel sobre el nuevo polo de atracción turística que será la Bahía de Portmán cuando se complete su inminente regeneración.
Pero los grupos ecologistas sí ponen el acento en el daño ambiental. “La construcción del macropuerto no sólo dañaría irreversiblemente las praderas submarinas de posidonia que hay en la zona, sino que además las infraestructuras del puerto destruirían buena parte del entorno de la costera Sierra de la Fausilla, catalogada como LIC y ZEPA por la Unión Europea”, dice Pedro García Moreno, de Asociación Naturalista del Sureste de España (ANSE).
Otras fuentes del PP, bajo condición de anonimato, creen que no tiene ningún futuro el proyecto, a pesar de la utilización propagandística que su propio Gobierno hace del mismo y de su continua publicitación por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, un exempresario murciano, tataranieto del primer marqués de Río Florido que ocupa esa responsabilidad desde que el PP ganó las elecciones en Murcia, en 1996.
En Bruselas no querrán ni oír hablar del asunto en cuanto vean que La Fausilla es LIC y es ZEPA, en caso de que el Ministerio de Fomento de su visto bueno y lleve el proyecto a la Unión Europea, creen esas fuentes del PP consultadas por este diario. Otras más atrevidas, pero también con condición de anonimato, recuerdan que Viudes ya propuso en 1997 una regeneración de Portmán consistente en trasladar toneladas de esos estériles en contenedores flotantes para construir los muelles de la ampliación de Escombreras. Lo único que consiguió fue retrasar el proyecto, dicen las fuentes.
Tras años de lucha en Bruselas, esa histriónica ocurrencia del presidente de la Autoridad Portuaria cartagenera fue descartada y la ampliación de Escombreras se hizo a la manera tradicional. Aunque sigue sin terminar desde que se inició hace diez años y con actividad prácticamente nula a pesar de que se ganaron 50 hectáreas de terreno al mar, superficie equivalente a unos cien campos de fútbol, y que tuvo unos impactos ambientales destructivos como demostró en su momento la organización ANSE.
A pesar de ello, las cuentas del Puerto de Cartagena arrojan beneficios porque su negocio está ligado a la refinería de Repsol, recién ampliada, y las plantas de gas de Gas Natural. Las dudas que tienen algunas fuentes del PP son las mismas que, por otra parte, expresan fuentes marítimas sobre la supuesta rentabilidad de El Gorguel. Basan sus reticencias en la experiencia de la ampliación de Escombreras y en la gran competencia actual en el tráfico de contenedores en el Mediterráneo (Tánger-Med, Algeciras, Valencia, etcétera). Puestos a dudar, fuentes del sector inmobiliario privado tampoco tienen nada clara la viabilidad económica de la gran urbanización que se quiere construir en Marina de Cope, junto a Águilas, sesenta kilómetros al sur de Cartagena.
30.000 viviendas nuevas sin vender
Para poner en marcha esa urbanización, el Gobierno murciano cambió los límites del Parque Regional Marina de Cope (en la imagen), en 2001, lo que motivó un recurso de inconstitucionalidad presentado por 52 diputados socialistas y que aún está pendiente de dictamen. El proyecto, al que la administración autonómica acaba de dar su último visto bueno, consiste en construir una de las mayores urbanizaciones de todo el Mediterráneo, con 20.000 plazas turísticas para 40.000 personas, cinco campos de golf, un puerto deportivo y marina interiores sobre una superficie total de 21,2 millones de metros cuadrados.
El problema es sencillo: ¿Quién está dispuesto a invertir en ladrillo con los tiempos que corren? Y en una región que tiene a día de hoy 30.183 viviendas nuevas sin vender, según el último informe de la consultora Deloitte hecho público el jueves pasado.
Iberdrola es la propietaria de la mayoría de los terrenos, a caballo entre los municipios de Águilas y Lorca, los mismos en los que pretendió construir una central nuclear en los años 70 y se encontró con la oposición vecinal de toda Águilas. A la eléctrica se unió hace años Cajamurcia. Pero esta entidad, inmersa en su fusión en BNM con Caja de Granada, Sa Nostra y Caixa Penédès, anunció en septiembre pasado que ponía en venta sus terrenos, dentro del proceso de “salida del ladrillo” iniciado hace cuatro años.        
Los otros socios de Iberdrola, la valenciana Bancaja y CajaMadrid, ambas integradas en Bankia, no parecen en situación de iniciar grandes proyectos de ningún tipo. Fuentes inmobiliarias en Murcia aseguran que no tiene ninguna viabilidad actualmente construir la mayor urbanización del Mediterráneo español, más grande incluso que la famosa Marina D’Or valenciana. Como reconocía el jueves en portada un diario local “la construcción de 20.000 plazas turísticas entre Águilas y Lorca ya solo depende de que haya inversores”. Casi nada.
Respecto a la viabilidad económica, Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción asegura que “al proyecto, según la legislación vigente, le sobran unas 5.112 viviendas, debido a un error en el cálculo de la edificabilidad que ha cometido el Gobierno regional, y del que advertimos a la Consejería de Obras Públicas hace meses, sin que se quiera dar por enterada”.
Así que el Gobierno murciano sigue en sus trece con Marina de Cope, a pesar de que la gran vía de comunicación que debía servir de acceso general a la zona, la autopista de peaje Cartagena-Vera, de 100 kilómetros, lleva funcionando de 2007 con una ocupación que no llega a un tercio de la prevista para ser rentable (9.000 vehículos diarios). Las cuentas oficiales de la concesionaria Aucosta intentan mantener que la autopista puede seguir funcionando así, aunque no sea rentable y tenga que devolver a las financieras 24 millones de euros al año.

Desde 'Unicaja' rehuyen hablar de una eventual fusión con BMN, todavía descolgado de exigencias


MÁLAGA/MADRID/ZARAGOZA/OVIEDO.- El presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel, señaló que la entidad mantendrá su «rumbo» al margen de cualquier hecho externo que puede producirse, en referencia a la fusión anunciada el pasado martes por Liberbank e Ibercaja, dos de los grupos de tamaño mediano con los que en las últimas semanas se la venía relacionando. 

«Mantenemos una línea de actuación tanto en materia de estrategia corporativa como de negocio que naturalmente ni en el pasado ni ahora va a venir condicionada por otros hechos ajenos a ella», manifestó Medel.
«Mantenemos nuestro rumbo y nuestra dirección, así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo», comentó el presidente de Unicaja, que no quiso manifestarse en torno a las posibilidades de fusión con Banco Mare Nostrum (BMN), la única de las entidades medianas que quedaría libre para emparejarse.
Sin embargo, a finales de la semana pasada, Braulio Medel y Carlos Egea, presidentes de Unicaja y BMN, respectivamente, mantuvieron un encuentro formal para abordar las posibilidades de una fusión entre ambas entidades, según revela 'El Confidencial'
Si Unicaja Banco se fusionara con BMN (73.055) sumaría 153.000, recuerda el diario 'La Opinión', de Málaga.
Pero, ¿qué opina Unicaja? Pues ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Desde fuentes próximas a la entidad malagueña se valora a BMN como posible aliado para un proceso de fusión, también su interés en el mismo, pero acto seguido se puntualiza que no hay decisión alguna al respecto. «A Unicaja no le urge ningún proceso de integración, porque cumple con el nivel de aprovisionamiento que exige el Banco de España y goza de una fuerte solvencia», indica una de las fuentes consultadas por el periódico malagueño 'Ideal'.
Todas las fuentes consultadas por este diario andaluz dan por hecho que BMN ha descartado seguir su camino en solitario y la tarea más inmediata de su cúpula es encontrar la mejor alianza posible.
BMN, pendiente de las resoluciones de su consejo de administración, mantiene con firmeza su interés por llegar a un acuerdo de integración con Unicaja. «Hoy por hoy es la mejor opción para nosotros, pero hay que tener en cuenta que en una negociación a dos la otra parte tiene que estar convencida de que también es lo mejor para ella para poder llegara a un acuerdo», afirmaba una de las fuentes de BMN consultadas.
BMN tendrá que jugar muy bien sus cartas para convencer a Medel de que una nueva fusión es beneficiosa para sus intereses, pues el grupo que surgiría de la misma ya tendría un tamaño más que considerable –con 147.000 millones de euros en activos, a cierre del pasado ejercicio– y se situaría como el séptimo en el ranking nacional atendiendo a ese criterio. 
Banco Mare Nostrum (BMN), de momento, se mantiene como principal candidato para una integración con la andaluza Unicaja. Aunque en función de cómo se desarrollen las negociación, tampoco se descarta que se una a las cajas vascas (Kutxabank), según publica hoy 'El Periódico de Aragón'. Este grupo, saneado donde los haya, goza también de una fuerte solvencia.
Ibercaja, la entidad maña presidida por Amado Franco, también barajó en un momento de las negociaciones una fusión con Banco Mare Nostrum, pero esta opción se descartó porque implicaba mayores riesgos. Además, Mare Nostrum contaba con una estructura en Madrid muy pesada, lo que prácticamente hacía inviable mantener las sedes operativas en los territorios de origen y este aspecto importaba a Ibercaja, según fuentes cercanas al proceso.
La realidad es que ahora es precisamente BMN la entidad que tiene una situación más delicada, ya que para cumplir con los nuevos requisitos de capitalización necesita 640 millones de euros, resalta desde Oviedo el diario 'La Nueva España'. Lo cierto es que la preferencia que tenía la subasta del Banco de Valencia en sus planes inmediatos parece que ya no es tal.
En menos de dos semanas, Unicaja y BMN deberán pronunciarse sobre su futuro. Sin embargo, hay quienes aseguran que ninguna de las dos entidades, sobre todo la malagueña, tiene miedo a apurar el calendario dado por el Ministerio de Economía para resolver la reestructuración del sistema financiero, que en parte pasa por alcanzar una dimensión mínima de 100.000 millones de euros en activos bajo gestión, umbral que no alcanzan ni la andaluza (82.000 millones), ni la mediterránea (73.000) en solitario cuando toda la atención la ocupa Bankia, sentencia 'El Confidencial'.

Fitch rebaja aún más la calificación de solvencia de la Región de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch ratings ha recortado la nota a ocho comunidades autónomas españolas y ha mantenido sin cambios la de Castilla-La Mancha, debido a los problemas de la economía española y a los "considerables esfuerzos adicionales" que tendrán que hacer para reducir sus déficits, según informó la agencia en un comunicado. 

   "Esta acciones de rating reflejan el negativo entorno económico y de mercado en España, que se ha traducido en unos bajos ingresos fiscales, así como los déficits fiscales estructurales de las regiones, que requerirán un considerable esfuerzo adicional para ser reducidos, y las dificultades para acceder a financiación a largo plazo", explica.
   En concreto, Fitch ha rebajado en tres escalones los ratings de Andalucía, Canarias y Murcia, en los tres casos desde 'A' a 'BBB'. Asimismo, ha recortado en dos escalones los de Asturias y Cantabria, desde 'A' a 'BBB+'; País Vasco, desde 'AA' a 'A+', y Cataluña, desde 'BBB+' a 'BBB-', cuya nota está ya a un peldaño del 'bono basura'.
   En esta misma línea, ha recortado en un escalón la de la Comunidad de Madrid, desde 'A' a 'A-' y ha mantenido sin cambios el de Castilla-La Mancha en 'BBB-', evitando así que entre en la categoría de inversión denominada 'bono basura'. Los ratings de estas nueve comunidades tienen a partir de ahora perspectiva 'negativa' por la situación de España y el "débil" contexto económico y fiscal de las autonomías.
   Con esta decisión, la agencia da por concluido el proceso de revisión de la calificación para una posible rebaja de ocho comunidades autónomas, todas las mencionadas excepto Madrid, que inició el pasado 9 de marzo y que estaba previsto concluyera a finales de mayo.
   Fitch explica que durante su revisión ha tenido en cuenta especialmente cuatro elementos. En primer lugar, ha valorado que las comunidades sufrieron una menor financiación por parte del Estado en 2011, que empeoró sus resultados generales. Además señala que el gran gasto llevado a cabo en los años anteriores contribuyó a un "deterioro significativo" de sus cuentas.
   En segundo lugar, ha tenido en cuenta el "paso positivo" que supone la Ley de Estabilidad Presupuestaria para inculcar la disciplina presupuestaria en las regiones, así como los "significativos esfuerzos" que las comunidades deben hacer para cumplir sus objetivos de déficit.
   El tercer aspecto que ha tenido en cuenta es la aprobación por parte del Gobierno central de los planes económicos y financieros de 16 de las 17 comunidades, y cree que el aplazamiento a Asturias no es de momento motivo de preocupación. Así, apunta que, pese a la reducción del gasto, las autonomías seguirán registrando un balance operativo negativo en 2012 y critica que hasta la fecha se han tomado muchas medidas de austeridad y solo "limitadas" reformas estructurales.
   Por último, cree que las regiones se enfrentan a una "significativa presión" en su financiación este año, ya que gran parte de su deuda vence en la segunda mitad de 2012. Fitch señala que el Gobierno central está buscando activamente formas de facilitar liquidez a las comunidades, así como instrumentos para facilitar su financiación a largo plazo.
   Tras la revisión al alza de los déficits de las comunidades autónomas de 2011, cree que el objetivo de alcanzar el 1,5% del PIB en 2011 sigue siendo "complicado", aunque cree que es posible alcanzarlo gracias a una reducción de la inversión en capital más que por las reformas estructurales. Además, opina que también dependerá de la voluntad del Gobierno central de implementar la ley de estabilidad presupuestaria.
   Por otro lado, la agencia añade que el rating intrínseco de las regiones más débiles podría ser inferior al actual, pero reconoce que las medidas de control y vigilancia introducidos por el Ejecutivo central y el hecho de que el servicio de deuda sea un gasto prioritario les ayuda a mantener el grado de inversión.
   Sin embargo, Fitch apunta que seguirá vigilando la capacidad y la continuada voluntad del Gobierno central para apoyar y controlar las finanzas regionales y advierte de que un empeoramiento de este apoyo supondría nuevas rebajas de rating.
   En el caso de las rebajas de tres escalones de Andalucía, Murcia y Canarias, explica que obedece a las grandes presiones de refinanciación a las que se enfrentan este año y a que su entorno económico es "más débil" que la media nacional, lo que retrasará su recuperación económica.

La creciente sequedad del suelo en Europa, vista desde el espacio


MADRID.- La tendencia de precipitaciones inferiores a la media en Europa ha continuado en los primeros meses de 2012. La misión SMOS de la ESA ha puesto de manifiesto las consecuencias negativas de este reciente brote de "buen" tiempo.

   Europa Occidental está experimentando una grave falta de agua debido a esta tendencia. La preocupación por el déficit de agua está aumentando en los países europeos y sus respectivos organismos encargados del agua, en particular en España, Francia, Alemania y el Reino Unido, explica la ESA en un comunicado.
   La ausencia de suficientes recursos hídricos pone en peligro las cosechas, lo que a su vez aumenta el precio de los alimentos y puede provocar una escasez de agua potable o para la industria.
   Otoño registró un clima particularmente seco, obligando a interrumpir la navegación en el Rin y el Elba, e incluso provocando un incendio forestal en Baviera.
   La tendencia a la baja precipitación en Europa continuó en los primeros meses de 2012, según reflejan las lecturas de humedad del satélite SMOS.
   Lanzado en 2009, SMOS registra radiación de microondas emitida por la Tierra para calcular la cantidad de humedad que se mantiene en la capa superficial del suelo, hasta una profundidad de unos cinco centímetros.
   Los datos de SMOS muestran la diferencia en la humedad del suelo entre febrero de 2011 y 2012 en toda Europa. El bajo contenido de humedad en el suelo es especialmente pronunciado en España, Francia y el Reino Unido.
   La información es particularmente importante para una mejor comprensión del ciclo del agua y los procesos de intercambio entre la superficie terrestre y la atmósfera. SMOS adquiere sus mediciones a una resolución de 50 kilómetros por pixel.
   La combinación de observaciones de SMOS con los datos de alta resolución sobre vegetación y la temperatura de la superficie de la Tierra, permite crear unos mapas de humedad del suelo con una resolución espacial de un kilómetro.  
   La información sobre la humedad del suelo a una resolución tan alta puede ser utilizada en aplicaciones como la evaluación de contenido de agua del suelo para la gestión de la agricultura.
   En condiciones de extrema sequía, los mapas pueden ayudar a localizar las áreas específicas de alto riesgo de incendio mediante la combinación del conocimiento de la humedad del suelo con otros datos obtenidos por satélite y los pronósticos de temperatura del aire y la intensidad del viento.

El Gobierno rechaza ampliar el plazo a CCAA para reducir el déficit

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha mostrado contrario a que una posible ampliación de un año a España por parte de Bruselas para situar el déficit por debajo del 3 por ciento se traduzca en una ampliación a su vez para CCAA y municipios. "Si eso pasara, mi opinión es que no", ha dicho.

   En declaraciones en el Senado, tras informar en comisión sobre los Presupuestos del Estado, Beteta ha sido preguntado por esta posibilidad y se ha mostrado contrario a una relajación en cascada de los plazos para rebajar el déficit público.
   "Lo bueno es no relajar. Estamos haciendo algo en el control del gasto público que es bueno, la filosofía de no gastar lo que no se tiene es buena y tenemos unos planes económico financieros ya aprobados que son perfectamente cumplibles y lo que tenemos que hacer todos es cumplirlos", ha respondido preguntado al respecto.
   El secretario de Estado ha insistido en que no es oficial que la Comisión Europea vaya a tomar esa decisión, pero ha dejado claro que su criterio es "no relajar en absoluto" el cumplimiento de los objetivos establecidos y seguir "por la misma senda".
   Por otro lado, ha censurado que desde la Comisión se dude de la capacidad del Gobierno para controlar el déficit autonómico y ha defendido los planes de saneamiento aprobados para que las comunidades se queden este año en el 1,5 por ciento.
   "Creo que la Comisión Europea se equivoca, hay una voluntad de las comunidades de cumplir y hay instrumentos suficientes para cumplir", ha respondido, y ha recordado que en junio será público cómo van cumpliendo los gobiernos regionales con los ajustes, al publicarse la evaluación trimestral de su contabilidad. "Se podrá ver si existe ese compromiso, que yo creo que sí existe, de todo el sector territorial con la estabilidad presupuestaria", ha concluído.

Aval

El Ministerio de Hacienda apuesta por que el Estado avale emisiones de deuda de las comunidades autónomas de forma individual y supeditado al cumplimiento del objetivo de déficit y el plan de saneamiento correspondiente acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según han informado fuentes de este Departamento.
   Éste es el mecanismo que el Consejo de Ministros estudiará este viernes para resolver los problemas de liquidez y de financiación de las comunidades y que se ha puesto encima de la mesa este miércoles en la comisión de subsecretarios.
   Se trata de un aval "individual, condicionado y voluntario", ya que lo tiene que solicitar expresamente la comunidad, han explicado las mismas fuentes. El Gobierno concederá ese aval para fines concretos y con la condición de que la comunidad cumpla con el déficit.
   Con esta fórmula, el Gobierno rechaza los llamados 'hispanobonos', porque en la práctica sería mutualizar la deuda de las CC.AA., lo que podría perjudicar al Estado ante los mercados a los que acude para financiarse.
   Sobre la posibilidad de utilizar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar las emisiones de deuda de las comunidades, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro recuerda que ya se ha agotado la línea ICO dedicado a financiar los vencimientos de deuda de las autonomías, según fuentes gubernamentales.
   En concreto, explican que esa línea de financiación se acabó este mismo martes una vez que Hacienda acordó desbloquear el crédito de 510,5 millones de euros solicitado por la Junta de Andalucía para la financiación de los vencimientos de su deuda, después de haber recibido una carta del Gobierno andaluz comprometiéndose a cumplir el plan de saneamiento.
   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dado a entender este lunes que se recurriría al ICO para ayudar a las comunidades autónomas a resolver sus problemas de financiación, si bien no aclaró el instrumento.
  "Hemos establecido una línea en el ICO para que aquellas comunidades autónomas, cuando les vence una deuda y no pueden refinanciarla porque el mercado no se la refinancia, sea el ICO el que les ayude", explicó en una comparecencia en la sede del PP tras la reunión del Comité Ejecutivo de su partido.
   Eso sí, el presidente del Gobierno ya hizo hincapié en que el Ejecutivo ayudará a todas las comunidades con la "única condición" de que asuman el compromiso de cumplir con el déficit que asumieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Gobierno estudia ampliar el pago a proveedores para CCAA y municipios

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el ministerio de Hacienda estudia ampliar el plan de pago a proveedores para comunidades autónomas y ayuntamientos, al no agotarse en la primera fase los 35.000 millones que se habían previsto para saldar esta deuda.

   "Pronto se hará una normativa adicional que permita incluir supuestos complementarios para alcanzar la cifra de 35.000 millones", ha dicho Beteta durante su comparecencia en el Senado para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
   El plan se dotó con 35.000 millones, a través de un crédito sindicado en condiciones ventajosas al que han podido recurrir las CCAA y los ayuntamientos para pagar esa deuda. Sin embargo, las primeras han pedido finalmente 17.000 millones y los segundos, 10.000, por lo que quedarían disponibles otros 8.000 millones de euros.
   En los pasillos del Senado, el secretario de Estado ha precisado algo más su anuncio. Su departamento estudia aceptar "nuevos supuestos" para que pequeñas y medianas empresas puedan cobrar nuevas facturas tanto de CCAA como de entidades locales. Para ello, se baraja ampliar el plazo en el que se emitieron esas facturas y aceptar las que se emitieron por la prestación de algunos servicios públicos de gestión indirecta cuya cobertura no se ha admitido.
   Se estudia además atender la petición de alguna institución que tiene facturas pendientes de pago y que no ha podido saldar, pese a querer hacerlo, porque a su vez "ha sufrido retrasos en sus ingresos por otra administración", sin querer precisar nombres.
   La otra vía para ampliar este plan de pago a proveedores afectará exclusivamente a las entidades locales. Hacienda trabaja con la Federación Española de Municipios y Provincias para dar un nuevo plazo a los ayuntamientos que quieran aprobar el correspondiente plan de saneamiento para sumarse a este programa y que no pudieron hacerlo en su momento.
   Se trata de los 315 municipios a los que Hacienda les suspendió ese plan y de aquellos otros que, pese a tener la voluntad política de elaborarlo, no lo hicieron por falta de consenso en el pleno. A todos los demás municipios, los que según Beteta no han demostrado ninguna intención de cumplir esta exigencia, se les retendrá el 50 por ciento de la financiación estatal.
   "Es mejor un plan saneamiento aprobado que tener que ir a una retención de la participación en los ingresos del Estado", ha dicho el secretario de Estado, para quien será así "más visible ese compromiso de la estabilidad presupuestaria".
   Beteta ha repasado por lo demás las grandes líneas del proyecto de Presupuestos, que inicia este miércoles su debate en el Senado. Ha defendido que la financiación autonómica crece un 0,19 por ciento pese a la rebaja general de las cuentas y que la financiación local sube un 8,08 por ciento.
   Por parte del PSOE, Basilia Sanz ha criticado el proyecto, aunque también se ha felicitado de las nuevas medidas del plan de proveedores anunciadas y de que Gobierno y socialistas vayan a trabajar de forma conjunta en la reforma de las administraciones públicas.
   Al respecto, el secretario de Estado ha dicho que "muy pronto" estará listo el informe que elabora el Instituto Nacional de Administración Pública en colaboración con expertos, y que podrá servir de base para el trabajo en el Parlamento.
   Ha insistido en que el Gobierno no es partidario "de la desaparición obligatoria de municipios", sino que quiere mejorar los servicios públicos que estos prestan y su coste. Para ello, ha vuelto a defender un refuerzo de las diputaciones provinciales.

La Sala Civil y Penal del TSJ ordena la "inmediata" detención e ingreso en prisión del exalcalde de Totana en calidad de preso

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

   Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia(TSJRM).
   En este sentido, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad".
   Cabe recordar que el principal acusado en el denominado 'caso Tótem', que saltó a la luz pública en noviembre de 2007, había pedido evitar su ingreso en la cárcel al no superar los dos años de prisión.
   Así como que el pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.
   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.
   En concreto, por el delito de cohecho por el cobro de comisiones se le condena a dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros; y por el de blanqueo, a la pena de cinco meses de prisión y una multa de 133.000 euros, además del comiso de dos vehículos, una vivienda en Murcia por valor de 120.000 euros y 55.800 euros que en su momento le fueron incautados.
   Por el delito de falsedad, la pena de un año, seis meses y un día de prisión sustituible por una multa de 32.900 euros, y una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros; por el de malversación, la pena de cárcel de cinco meses sustituible por una multa de 3.000 euros, así como una pena de multa de un mes y 15 días; e infidelidad en la custodia de documentos, seis meses de prisión sustituibles por una multa de 10.800 euros, así como una multa de seis meses con una cuota diaria de 30 euros.
   Procede también que Morales indemnice al Ayuntamiento de Totana en la cantidad de 2.945 euros por las facturas telefónicas y al mismo tiempo se decretará la nulidad de los contratos firmados.
   Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero.
   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
   Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.
   En abril, el Ministerio Fiscal solicitó que se averiguara si existían procesos penales contra el condenado y en la información solicitada por los Juzgados de Totana detallaba que seguía contra Morales un proceso penal en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por un presunto delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como por un posible delito de prevarización.
    Tras lo que el Ministerio Fiscal presentó un escrito pidiendo que no se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Morales, quien solicitaba la suspensión de la pena privativa de libertad de dos años.
   Finalmente, la Sala fundamenta que el artículo 80 del Código Penal dispone que los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.
   Sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la Sala recuerda que Juan Morales ha sido condenado por un delito continuado de cohecho cometido por funcionario público, que no ha sido un delito realizado esporádica y ocasionalmente una sola vez "porque le han tentado desde fuera los particulares con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana".
   Sino que, puntualizan, "es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde, de suerte que centralizó en su condición de autoridad en el ejercicio del cargo la tramitación de los convenios urbanísticos como un suculento negocio a explotar a nivel particular, exigiendo comisiones o participaciones en la venta de terrenos, tras conseguir la calificación de urbanizables, asesorando a los particulares a tal fin no sólo a los vendedores sino también al comprador, como ha sucedido en el caso de Inmonuar S.L".
   De tal forma, añaden, que "su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos de los propietarios. Concretamente 1,2 millones en la operación de 'Inmonuar'; 2,1 millones en la actuación de 'Agroproducciones Integradas S.L.'; 5,4 millones en la operación 'Visanfer' y 6,5 millones en la operación con 'Frutas Guadalentín'.
   En total, 15.483.901 euros, que es la cantidad "con la que el condenado pretendía enriquecerse", lo que evidencia, según la Sala, "la magnitud de la operación y la degradación del ejercicio de funciones públicas, movido exclusivamente por el enriquecimiento privado".
   Asimismo, señala que el delito de cohecho es continuado y que tiene pendiente otro proceso en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por lo que, subraya la Sala del TSJ, "durante todo el ejercicio de sus funciones propias como alcalde sólo iba dirigido al menoscabo de la función pública, y la búsqueda de su interés propio y personal".
   El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

Sorprendido su abogado

José María Caballero, el abogado del ex alcalde de Totana, ha criticado que el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, por el que se ordena "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de éste, no le haya sido notificado.
   El letrado ha asegurado que este auto de notificación no le ha llegado, por lo que el ex alcalde y ex diputado regional aún no ha entrado en la cárcel.
   "Nos tenía que haber llegado por el procedimiento ordinario", ha manifestado Caballero, quien ha reprobado que los medios de comunicación se hayan enterado con tanta celeridad y no así las partes personadas en la causa que, a su juicio, "somos las primeras que nos deberíamos de enterar".
   De este modo, ha anunciado que cuando le llegue este auto tiene intención de recurrirlo, tras lo que ha querido dejar claro que hablará previamente con su cliente para analizar la situación.
   Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal ha decretado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.

El alcalde de Murcia se resiste a dimitir tras su imputación judicial y expediente en el PP

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha confirmado que el Ayuntamiento continuará con "normalidad" su actividad, por lo que descarta su dimisión a pesar de su imputación en el caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, aunque ha admitido que el Partido Popular, del que es secretario general, le ha abierto un expediente informativo, tal y como "está establecido en los estatutos" de la formación.

   Cámara ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido flanqueado por los miembros de la Corporación municipal, para valorar de 'motu propio' su imputación por parte del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que le ha citado para prestar declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en esta causa.
   El alcalde, que ha ratificado en todo momento que su actuación se ha atenido a la "legalidad" y ha mostrado su "total colaboración con la Justicia", ha agradecido la "confianza y el respaldo" recibido desde su partido, desde el presidente Ramón Luis Valcárcel, que le llamó este martes, hasta a multitud de miembros de los órganos de dirección del PP murciano, alcaldes y compañeros.
   Al ser preguntado por la posibilidad de que se le apartara del PP, Cámara ha señalado que la formación política "se regula por unos estatutos en los que vienen claros en los temas en los cuales actúa el partido", y cuando se produce un hecho como su imputación, lo que se abre es "un expediente informativo para realizar un seguimiento de la situación".
   Ha confirmado que el PP le va a abrir este expediente, al igual que lo haría a "cualquier afiliado del partido, porque todos tenemos el mismo trato y estamos todos en la misma situación".
   Al ser preguntado por el efecto de su imputación en el municipio y al Partido Popular, Cámara ha señalado que encara el proceso "con confianza y esperanza en que se resuelva" y que se conozcan "los interrogantes que han ido corriendo estos dos últimos meses en los medios de comunicación, enterándonos de cuestiones que estaban bajo secreto de sumario".
   Respecto a su posible responsabilidad política y la posibilidad de que dimita, el alcalde ha dicho compartir su responsabilidad "como parte de la Corporación, en la adopción de los acuerdos y en los convenios, en el caso de Nueva Condomina, con 28 de los 29 concejales del PSOE y del PP".
   En el resto de las actuaciones, ha señalado que comparte la responsabilidad "con aquellos concejales que votaron afirmativamente los convenios", todo ello, "desde la confianza de que los informes técnicos-jurídicos que avalaban esos procedimientos, son correctos", es decir, desde la confianza "en el trabajo de los técnicos que hay".
   Asimismo, ha remarcado su responsabilidad "desde la confianza de que, en el caso de Nueva Condomina, dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región avalaron la legalidad del convenio, la legalidad del instrumento urbanístico que se estaba desarrollando".
   Igualmente, recuerda que, a denuncias de un concejal del PSOE, el Tribunal de Cuentas "avaló la legalidad del procedimiento en la valoración de los aprovechamientos que debía recibir la ciudad en el resto de convenios".
   Al ser preguntado por el papel de los técnicos, Cámara ha añadido que las propuestas que llegan a los órganos de gobierno, en este caso al Pleno, vienen informadas "desde estudiados los expedientes, y cumpliendo lo establecido en la legalidad vigente". Se trata de un procedimiento que "se sigue en los miles de decisiones que se toman", defiende.
   "Todos los acuerdos vienen propuestos, y previo informe de los servicios técnicos y jurídicos correspondientes en cada uno de los casos", ha defendido Cámara, quien ha remarcado que si el procedimiento fuera de otra manera "sí se podría incurrir en algún tipo de responsabilidad".
   Cámara también ha defendido que en las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos "hay informes de cuatro tasadoras distintas, informes periciales, informes de expertos y peritos que, incluso, han comparecido en este procedimiento y cuyos razonamientos han salido publicados en medios de comunicación".
   Ha recordado que algunos de estos informes "dicen que, al contrario, el Ayuntamiento recibió mucho más de lo que tenía que haber recibido, otros que mucho menos", pero ha valorado que esta cuestión "la tendrán que dirimir los órganos jurisdiccionales".
   Al ser preguntado por uno de sus abogados, José María Caballero, que también representa al ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, también imputado en la causa, Cámara ha señalado que no comparten abogado, en el sentido de que "uno comparte cuando tiene mitad y mitad".
   El alcalde ha señalado que Caballero, junto con su otro abogado,  Vicente Sanmartín, le van a asistir en la declaración "independientemente de que tengan otros procesos, que estoy seguro, que si trabajan como profesionales, estaré compartiendo abogados con un buen número de ciudadanos".
   El alcalde de Murcia ha manifestado, una vez más, su "total colaboración con la Administración de Justicia", y ha resaltado la "tranquilidad" con la que ha recibido la citación judicial, porque él es "el primer interesado en llegar hasta el fondo de estas cuestiones".
   Por ello, ha avanzado que va a poner "todo" de su parte y va a dar "todas las explicaciones" sobre todos aquellos temas que le puedan preguntar, porque a su juicio "no hay nada que ocultar" y las actuaciones que se han hecho en el municipio y las decisiones tomadas en los órganos de Gobierno en el Pleno de la Corporación "se han hecho siempre de acuerdo a lo que está establecido en los procedimientos administrativos".
   En este sentido, Cámara ha dicho estar con la conciencia "muy tranquila" y ha insistido en expresar su deseo de que "se pueda resolver cuanto antes mejor" porque quiere que se conozca "de una vez por todas" que todos los procedimientos realizados en el Ayuntamiento relacionados con la tramitación de los convenios "se han realizado bajo criterios lógicamente administrativos e informes técnicos y jurídicos municipales y externos que lo han ido avalando".
   Así, ha manifestado que declarar es "colaborar con la Justicia, tal y como he hecho con anterioridad, lo hago ahora y lo continuaré haciendo en el futuro". Su interés, ha insistido, es que "se conozca todo y llegar al fondo del asunto, porque siempre en el Ayuntamiento se ha actuado con transparencia y con criterios de legalidad".
   El alcalde ha recordado que siempre ha defendido "criterios de actuación desde la honestidad y la honradez". Se ha mostrado "totalmente convencido de cómo se han hecho las cosas y cómo se han realizado en el ámbito del Ayuntamiento", por lo que ha confiado en que, una vez resuelto este asunto, la confianza en el Ayuntamiento "sea todavía mayor".
   La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

Samper elude opinar sobre la imputación del alcalde de Murcia en el caso de presunta corrupción urbanística

MURCIA.- El empresario Jesús Samper ha declinado hacer una valoración sobre la imputación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en el caso 'Umbra', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

   "No tengo ninguna respuesta a eso y no opiné en su momento ni opino ahora, y menos en una cuestión que está subyúdice por respeto al juzgado y al juez", ha apostillado Samper.
   Este empresario ya declaró en 2010 ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, encontrándose imputado en este mismo proceso por delito fiscal, inducción a la prevaricación y blanqueo de capitales.
   Samper, cuyo domicilio y despacho en Madrid fueron registrados por la Guardia Civil en el marco de dicha operación, no hizo declaraciones sobre la legalidad del convenio de Nueva Condomina cuando finalizó su comparecencia en el Juzgado.
   Será el 15 de junio cuando el primer edil capitalino declare en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia como imputado en esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros.