miércoles, 18 de enero de 2012

El cartagenero Tomás Olivo niega pagos a Roca desde que dejó de ser su empleado en 1978


MÁLAGA.- El empresario cartagenero Tomás Olivo, acusado en el caso 'Malaya', ha negado que fuera socio del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y que le pagara nada una vez dejó de ser su empleado en 1978; intentando explicar las cantidades anotadas a su nombre en archivos intervenidos, como 600.000 euros, que ha dicho son la comisión a Roca por intermediar en una operación, cantidad que se compensó por una deuda que el principal acusado tenía con él.

   "Yo al señor Roca los pagos que le realicé se los hice, cuando era empleado mío", ha asegurado Olivo, promotor de La Cañada en Marbella (Málaga), que ha comenzado a declarar en la sesión de este martes del último bloque del juicio contra la presunta trama de corrupción marbellí. Así, ha insistido en su comparecencia en que "yo no le pago nada al señor Roca, dejé de pagarle en los años 77 o 78".
   En relación con estos 600.000 euros, el acusado ha explicado que él vendió una parcela en diciembre de 2001 a la empresa Condeor, que después supo que era de Roca, que "me dejó una deuda de 148 millones de las antiguas pesetas --889.497 euros--". Un año después, ha explicado que el principal acusado intervino en una operación en la que Olivo vendió un terreno en Córdoba a otro procesado, fijándose la comisión para el principal procesado en un cuatro o cinco por ciento.
   "Entonces, esos 600.512 euros supongo que son esa comisión que yo le dije al señor Roca que se diese por compensado de los 148 millones de pesetas que me debía", ha insistido el empresario, quien ha recordado que acudió a los juzgados de Marbella de forma voluntaria cuando se inició la investigación del caso 'Malaya' al conocer que se le estaba investigando. Ha presentado documentos de la venta a Condeor "para demostrar que aún me siguen debiendo dinero".
   Sobre la anotación de 1,8 millones de euros, relativa a la compra de un edificio en Puerto Banús, ha explicado que el precio total fue algo más de siete millones de euros que pagó al representante de la empresa, vinculada a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, con cheques y con esa cantidad en metálico. Ha dicho que "nadie tiene por qué seguirle la pista al dinero que paga" en cualquier compraventa u operación.
   Así, ha desvinculado de esta operación a Roca, con quien "de esto no hablé nada" y de quien ha apuntado que "todos aquí en la Sala debemos saber que desde que se fue de mi empresa ha sido empresario". Éste ha sido llamado por el presidente del Tribunal, José Godino, para que aclarara ciertos extremos de esa operación de venta del inmueble y sobre el recorrido que tuvieron los 1,8 millones de euros pagados por el empresario.
   Olivo ha asegurado que muchos de los procesados "están arruinados, yo también prácticamente, pero un poco menos que ellos".
"Estamos todos machacados a lo largo de estos años, estamos cumpliendo penas seis años ya. Hemos cumplido la pena de la imputación, la pena de estar procesado, la pena de estar en los calabozos, la pena de los medios y el desprestigio que hemos tenido nosotros y las empresas, y ahora de banquillo, que llevamos un año", ha indicado.
   Respecto al urbanismo, el empresario ha asegurado que logró licencias para la ampliación de La Cañada, las cuales "en el orden contencioso no han sido suspendidas ninguna de ellas", pero ha lamentado que por llevar "la marca de Malaya" no ha podido comercializarlas y "he dejado de generar 1.500 puestos de trabajo al año", destacando que en dicho centro comercial, hay 4.500 puestos directos y 1.500 indirectos desde hace 16 años.