lunes, 30 de enero de 2012

La retribución del consejo de Banco Sabadell alcanzó seis millones en 2011

BARCELONA.- La retribución del consejo de administración de Banco Sabadell fue de 6,06 millones de euros en 2011, de los que 5,8 millones corresponden a la sociedad dominante y 255.000 euros a otras sociedades del grupo, lo que supone el 2,6% del beneficio atribuido a la entidad financiera el pasado año, ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Según datos del Informe Anual de Gobierno Corporativo, los 15 consejeros del banco también recibieron otros beneficios, como créditos por 10 millones, aportaciones a fondos y planes de pensiones por 3,2 millones, y garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros por 4,3 millones.
   Otros 24 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos recibieron una remuneración de 8,7 millones de euros en 2011.
   Además, entre consejeros ejecutivos y alta dirección, Banco Sabadell cuenta con cláusulas de garantía o blindaje por despido o cambios de control para 24 beneficiarios, que han sido aprobadas en el consejo de administración pero sobre las que no se informa ni pide autorización en la junta general.

Las CC AA informarán mensualmente de sus cuentas

MADRID.- Las Comunidades Autónomas (CCAA) deberán informar mensualmente de la evolución de sus cuentas a partir del momento en que entre en vigor la nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria, dijeron fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta información, que hasta ahora tenía un carácter trimestral, constituye una parte esencial de la transparencia que quiere instaurar el Gobierno del Partido Popular con relación a las cuentas públicas y cuyo contenido ya está incluido en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes y que ahora deberá tramitarse en las cámaras legislativas.
Una parte esencial de esta nueva reglamentación, que busca la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas con el objetivo de estabilidad presupuestaria, prevé como rasgos sustantivos el equilibrio o el superávit presupuestario de todas las administraciones públicas y una ratio deuda/PIB no superior al 60 por ciento, ambos objetivos en el horizonte del año 2020.
Sin embargo, el nuevo marco normativo contempla que el Ministerio de Hacienda pueda sancionar a las comunidades en base al presupuesto ya aprobado para este año.

El Gobierno congelará transferencias a CCAA que no paguen multas por déficit

MADRID.- El Gobierno congelará las transferencias que contempla el sistema de financiación autonómica a las comunidades que no paguen las multas impuestas ante la desviación de sus objetivos de déficit, según el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria.

   Así lo ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás en una sesión informativa, tras asegurar que la ley es más exigente que las anteriores porque introduce la idea de control permanente de la situación económica desde el suministro constante de información.
   Hasta este momento, solo se elaboraba un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, mientras que a partir de ahora se realizarán una serie de informes periódicos que permitirán un mayor control y rigor en el cumplimiento de los objetivos.
   De hecho, una de las novedades del texto es que las comunidades aportarán mes a mes las liquidaciones de ingresos y gastos al Estado, de forma que el Gobierno pueda publicar mensualmente el déficit de las comunidades autónomas, algo que hasta ahora hacía de forma trimestral.
   El control, los requerimientos de información y los mecanismos preventivos y correctivos que contempla el anteproyecto entrarán en vigor con la aprobación de la ley, por lo que se podrán aplicar ya en los presupuestos del año 2012 y estarán plenamente en vigor de cara a las cuentas de 2013.
   El proceso se iniciará, tal y como ha expresado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, antes del 1 de abril, cuando el Ministerio de Hacienda proponga los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. En 15 días, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) tendrán que emitir un informe al respecto.
   Tras recibir el informe, el Consejo de Ministros fijará los objetivos e incluirá el techo de gasto del Presupuesto estatal junto a un informe del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la situación económica, que contendrá, además, la regla de gasto. Propondrá también objetivos de déficit individuales a las comunidades autónomas que, previo informe del CPFF, también se aprobarán en Consejo de Ministros.
   Una vez que los objetivos y el techo de gasto se aprueben en las Cortes, las administraciones deberán aplicar dichos objetivos y la regla de gasto en la elaboración de sus Presupuestos. Así, antes del 1 de agosto deberán remitir al CPFF los límites de gasto aprobados y antes del 1 de octubre enviarán a Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos.
   En ese mismo mes, antes del día 15, Hacienda informará sobre la adecuación de los Presupuestos a la regla de gasto y el objetivo de estabilidad y hará posibles recomendaciones. De hecho, desde el mismo momento en el que empiece a evaluar los techos de gasto autonómicos Hacienda puede activar los mecanismos preventivos y correctivos. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se aprobarán los presupuestos de los gobiernos autonómicos y locales.
   Antes del 1 de abril del año siguiente, el Ministerio emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos iniciales y antes del 1 de octubre emitirá un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del ejercicio anterior y el grado de cumplimiento del ejercicio corriente. Con esta información, que publicará periódicamente, enviará informes al CPFF y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
   Si en este proceso Hacienda detecta riesgo de incumplimiento de los objetivos podrá formular una advertencia en cualquier momento, lo que llevará a la administración en cuestión a adoptar medidas en el plazo de un mes. Si se no se adoptan estas medidas o son insuficientes, entrarán en juego las sanciones.
   Tras detectar el riesgo y si se supera el 95% de límite de deuda (100% en el periodo transitorio) se limitará de forma automática el endeudamiento de la administración en concreto, que solo podrá realizar operaciones de Tesorería.
   Si alguna administración incumple sus objetivos, deberá elaborar en un mes un plan económico financiero (uno de reequilibrio si incurre en un déficit estructural) que permita reducir la desviación y volver a cumplir los objetivos en el plazo de un año. El plan, que será analizado en el CPFF, se seguirá trimestralmente y puede llevar a la imposición de sanciones si no se cumple. En el caso de las entidades locales, los planes se supervisarán en la CNAL.
   Ante el incumplimiento de los planes, las administraciones requerirán el visto bueno para todas las operaciones de endeudamiento, elaborarán informes para sacar adelante cualquier subvención o convenio y tendrán 15 días para adoptar un acuerdo de no disponibilidad si no cumplen sus planes económico financieros.
   Además, los mecanismos correctivos se concretarán en depósitos con interés en el Banco de España. Las administraciones no recibirán el interés si no aplican medidas en tres meses y los depósitos se pueden convertir en multas si pasan seis meses. Si transcurren nueve meses, el Gobierno puede acordar el envío de una delegación de expertos al territorio incumplidor.
   La secretaria de Estado ha explicado, además, que el Gobierno congelará las transferencias previstas en el sistema de financiación a todas aquellas comunidades que no paguen la multa impuesta previo acuerdo del Ejecutivo. Además, las multas también se podrán imponer a las comunidades que no cumplan sus obligaciones de información.

Según Moody's, las fusiones entre bancos españoles debilitarán a los más fuertes

LONDRES.- La decisión del Gobierno español de impulsar un nuevo proceso de consolidación en el sector bancario español evitando inyectar fondos públicos a las entidades puede suponer el debilitamiento de la calidad del perfil crediticio de los bancos más fuertes que participen en las fusiones, según apunta la agencia de calificación crediticia Moody's. 

   "Si la calidad crediticia de los bancos inmersos en el proceso de fusión difiere significativamente y el tamaño de la entidad más débil es material, la calidad crediticia de la entidad resultante normalmente es más débil de la que tenía el banco más fuerte", explica la calificadora de riesgos.
   Así, Moody's espera que este proceso de consolidación tenga lugar en los próximos meses y apunta que las nuevas fusiones "no se financiarán con fondos públicos", a pesar de que el fondo de recapitalización ordenada bancaria (FROB) siga en vigor.
   "El Gobierno ha expresado claramente su intención de limitar el respaldo público a los bancos", advierte la agencia, que considera "muy improbable" la posibilidad de que las entidades reciban nuevas inyecciones de fondos en el actual contexto de disciplina presupuestaria.
   "Esperamos que el Gobierno presente a principios de febrero un plan de reestructuración del sector bancario", apunta Moody's, que, de esta manera, advierte del riesgo que puede acarrear la posibilidad de que las entidades más fuertes tengan que fusionarse con otras más débiles sin contar con una compensación suficiente por parte del Gobierno, ya sea mediante inyecciones directas de capital o a través de un plan de garantía de activos.
   Asimismo, la calificadora de riesgos ha advertido este lunes de que el sustancial deterioro de las perspectivas económicas manejadas por el Banco de España, que prevé una contracción del 1,5% del PIB en 2012 y sólo una modesta recuperación del 0,2% en 2013, resulta negativo para el perfil de crédito de los bancos españoles, que sufrirán un impacto negativo en sus niveles de solvencia por la necesidad de mayores provisiones.
   "El deterioro del entorno operativo resulta negativo para el perfil de crédito de los bancos y esperamos que las cada vez más adversas condiciones cuestionarán aún más negativamente los fundamentos crediticios del sector bancario español", explica la agencia en una nota para inversores.
   En este sentido, Moody's precisa que las nuevas y peores previsiones publicadas por el Banco de España añaden presión sobre los indicadores de calidad de los activos de los bancos, por lo que consecuentemente los niveles de solvencia de las entidades se verán negativamente afectados por las mayores provisiones.
   Asimismo, Moody's recuerda que los bancos españoles deberán cumplir en junio de 2012 con las exigencias de capitalización planteadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), así como con unos más estrictos requisitos de provisionamiento por parte del Banco de España y que probablemente podrían aprobarse antes de finales del primer trimestre.
   "Puesto que la capacidad de generar capital mediante la retención de ganancias es muy limitada, los bancos se verán forzados a recapitalizarse a través del desapalancamiento o bien buscando fuentes externas de capital, lo que será un desafío para un gran número de entidades, ya que los mercados de capitales permanecen cerrados para muchos bancos españoles", apunta la agencia.
   "Si ese fuera el caso, el reestructurado sector bancario español podría acabar con un significativo deterioro entre los perfiles de crédito de las entidades más fuertes, debilitando consecuentemente la calidad crediticia del sistema en general", concluye la agencia.
   En concreto, Moody's destaca el impacto de las potenciales fusiones entre bancos españoles sobre la calidad crediticia de las cédulas hipotecarias emitidas por la entidad más fuerte participante en el proceso, que se verá lastrada por la de la entidad más débil.
   "Si las fusiones tienen lugar, los titulares de cédulas hipotecarias de la entidad más fuerte de la fusión tendrán que aceptar la menor calidad crediticia de las entidades resultantes", señala la calificadora de riesgos, como reflejo del empeoramiento de los colaterales aportados como garantía.
   "Los 'pools' hipotecarios más fuertes están correlacionados con las entidades más fuertes y más solventes", señala Moody's, que recuerda que en España los tenedores de estas cédulas hipotecarias cuentan con escasos argumentos legales para oponerse a la fusiones de entidades..

El 36,1% de los murcianos está en riesgo de exclusión y pobreza, un 4% más que hace un año

MADRID.- Más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se incrementó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid. 

   La Red utiliza el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) para medir el grado de pobreza y exclusión en España y concluye que en 2010, más de once millones y medio de personas en España, un 25,5 por ciento de la población, se encontraban en esta situación frente a los 10,6 millones identificados en el año 2009.
   "La diferencias entre los datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la exclusión social, que las medidas y estrategias no han logrado detener, menos aún disminuir", explica EAPN Madrid, para incidir en que "este aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía".
   Por comunidades autónomas, es Extremadura la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión, y un incremento del tres por ciento entre 2009 y 2010. En Melilla, está en esta situación el 37,3 por ciento de los ciudadanos (3% menos que en 2009) y en Ceuta, la tasa se mantiene estable en el 37,7%.
   Le siguen Murcia, que registra un 36,1% y un aumento del 4% en un año; Andalucía, con un 35,9 por ciento (2,9% más); Canarias, donde el 35,3 por ciento de los habitantes está en riesgo de pobreza y exclusión; Castilla-La Mancha, 30,9% (0,7% más); Comunidad Valenciana, con un 26,3% (4% más) y Baleares, con 25,8% (2% más).
   Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia (22%), Asturias (18,8%), Cantabria (19,6%), País Vasco (15,6%), Navarra (9,7%), La Rioja (24,9%), Aragón (15,9%), Madrid (18,1%), Castilla y León (24,6%) y Cataluña (19,8%).
   La organización recuerda que en mayo de 2010, España se propuso llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, reduciendo en un millón y medio en el período 2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados, y, sin embargo, se produjo un aumento precisamente de un millón de personas.
   Por eso, EAPN Madrid pone el acento en la necesidad de acometer "una profunda transformación de las políticas sociales en España" para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como de poner en marcha una estrategia "que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades y ciudades autónomas".

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