miércoles, 15 de febrero de 2012

La Asociación de Bebés Robados constata hasta 40 casos y apunta a varios hospitales de la Región

MURCIA.- La Asociación de Bebés Robados en Murcia --nacida en septiembre de 2011-- ha hecho este miércoles su presentación oficial a través de la directora, Inés Madrigal, quien ha cifrado en 40 los casos de familias afectadas que hay actualmente en la Región, de los que ocho están en Fiscalía y en menos de un mes se presentarán tres o cuatro denuncias más.

   Madrigal, afincada en Murcia desde hace 18 años aunque nacida presuntamente en Madrid, en la Clínica San Ramón, dirigida por el conocido doctor Vela, es presumiblemente bebé robado, al ser regalada a su madre por el mencionado doctor.
   Durante la rueda de prensa, ha apuntado a las coincidencias que empiezan a aparecer de médicos y hospitales en la Región de Murcia, aunque ha declinado hacer públicas las identidades de los facultativos. No obstante, no ha dudado en señalar a un conjunto de hospitales murcianos y colegios de adopción "irregulares" de los que han ido saliendo casos.
   Acompañada del abogado valenciano, Enrique Vila; y el gerente de Neodiagnostica S.L, Laboratorio de Genética y Toxicología Forense, Jaume Buj, la presidenta de la Asociación de Bebés Robados en Murcia ha justificado el nacimiento de este organismo argumentando que se hace con la "necesidad de dar al afectado una atención pormenorizada y personalizada, al ver que los afectados se dirigen a nosotros y van buscando ayuda".
   Y es que, ha señalado Madrigal, "han ido apareciendo casos de forma paulatina y se conocen hasta 40 familias afectadas, lo que hace necesaria una asociación fuerte en la Región" que persigue "la búsqueda de la verdad, ayudar a esclarecer los hechos de lo que ocurrió, despejar las dudas que las madres puedan tener en referencia a los robos de sus hijos y ayudar al que quiera encontrar y conocer sus verdaderos orígenes, su familia biológica".
   Aunque reconoce la dificultad existente por el tiempo transcurrido, en algunos casos hasta 40 años, ha expresado su deseo de que "la Administración y el Gobierno murciano, sean de la ideología que sean, muestren su más sincero apoyo y solidaridad para poder llevar a cabo nuestras respectivas búsquedas y paliar el dolor existente en familias de afectados".
   Por su parte, el abogado Vila ha resaltado que "se está empezando a demostrar la existencia de una trama nacional" de compra-venta de bebés, por lo que ha animado a que se luche hasta el final a pesar de las trabas.
   La primera de ellas, ha recordado, era la concerniente a que los asuntos hubieran prescrito y que han superado positivamente, ya que "la situación actual es que estos delitos siguen en vigor y se pueden investigar".
   "La tendencia judicial es que estos delitos puedan ser perseguidos y se condene cuando se encuentre a la red de mafiosos que se dedicaban a enriquecerse vendiendo libros", ha indicado el letrado, que descubrió por casualidad a los 18 años que era adoptado.
   La segunda traba con la que se han encontrado, ha criticado, es que "muchos fiscales están archivando por supuesta falta de pruebas".
   Por ello, ha advertido que estas situaciones "no se pueden permitir", tachando de "vergonzoso" la actividad de algunos jueces y fiscales que le hace pensar que tras esto "hay una clara intención y una directriz no escrita para que los asuntos se archiven como sea".
   Otro caso al que ha hecho mención es aquel que ha reconocido la existencia de un delito, que no ha prescrito, pero que como el ginecólogo ha fallecido "se acabó", tras lo que ha añadido que "no solo está implicado este médico, sino que hay que buscar a los religiosos, auxiliares, el director de la clínica donde se produjo el robo; y esto tampoco se está haciendo".
   En esta línea, ha comentado que de las 15 exhumaciones practicadas a instancia judicial "solo se han encontrado huesos de bebés en una de ellas y en las 14 restantes las tumbas estaban vacías".
   Al considerar que puede tratarse de un "crimen organizado", Vila entiende que se entendería como "un delito contra la Humanidad", apelando así al Tribunal Penal Internacional y de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que "es uno de los escándalos más grandes de la Europa Occidental del siglo XX".
   "No he escuchado a ningún político todavía decir lo siento, o ayudar a afectado poniendo la justicia gratuita o hacer pruebas de ADN gratuitas", ha reprobado este abogado.
   Uno de los casos más significativos en Murcia es el de Pepi Díaz, que busca a sus dos hermanos que le dijeron que habían muerto al nacer, en 1972 y 1973. Según le ha contado su madre, los dos bebés fueron atendidos por la misma matrona pero no le dejaron que los viera cuando murieron, poniendo trabas para que les entregaran los cuerpos de sus hermanos.
   Supuestamente, ha relatado, "mis hermanos están enterrados en una zanja común y ahora en un osario". En concreto, del segundo hermano solo existe un enterramiento, mientras que del primero está la ficha de su madre de cuanto ingresó en el hospital por parto con un número de historia que no existe.
   El primero de sus hermanos falleció, según le dijeron a su madre, a los dos días de nacer y el segundo, la matrona cuando lo levantó le dijo a la madre que pesaba 4 kilos pero que se lo llevaba porque estaba muerto, no dándole ni siquiera tiempo a oírlo llorar.
   Otro caso es el de la misma presidenta de la Asociación, que le fue regalada a su madre adoptiva al ser prematura y no arriesgarse a ser vendida y que falleciera a los días. Ha contado que sabía perfectamente cuando tomó la decisión de que denunciaba a su madre, a quien ha defendido por el hecho de que "tenía una ilusión enorme pero como no podía tener niños, intentó adoptar".
   También ha recordado que el cura al que conoció durante toda su vida, ya fallecido, le dijo a su madre que había tenido suerte al recibir un regalo así, porque había familias que pagaban hasta un millón de pesetas por aquellos tiempos.
   Además, le aconsejaron a su madre la posibilidad de que simulara el embarazo y que cuando saliera a la calle, fingiera estar mareada, pero todo al final "se precipitó y fui entregada porque no era vendible al ser prematura".
   Madrigal también ha sacado a colación casos de mujeres embarazadas que nunca dijeron nada porque "no querían que se las tomara por locas", incluso algunas de ellas fueron indirectamente amenazadas advirtiéndoles que el psiquiátrico estaba una planta más arriba.

Sanidad no tiene conocimiento de ninguna denuncia

 

Moody's le pega otro hachazo a la solvencia de la Región de Murcia

MADRID.- La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de ocho Comunidades Autónomas y ha dejado a Cataluña con una calificación de 'Baa3', un escalón por encima del denominado 'bono basura'.

   Las comunidades afectadas son Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Además, la agencia de calificación también rebaja la nota a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   De esta forma, Cataluña pasa de una calificación de 'Baa3' a una de 'Baa2' --existe un moderado riesgo de crédito--, y la sitúa un escalón por encima del denominado 'bono basura'.
   La Región de Murcia ha visto igualmente rebajada su calificación, de 'Baa2' a 'Baa1', dos escalones por encima del 'bono basura'. En cuanto al resto de comunidades afectadas, Extremadura, Madrid y Galicia bajan dos escalones, de 'A3' a 'A1', estas dos últimas con perspectiva negativa.
   Andalucía y Castilla León pasan de 'A3' a 'A2', esta última con perspectiva negativa, mientras que el País Vasco pasa de 'A2' a 'Aa3', con perspectiva negativa.
   Esta revisión de las calificaciones, según explica Moody's, se produce tras la rebaja de la nota de las calificaciones soberanas de España este martes y "la fuerte correlación entre la sub-soberano y el riesgo de crédito soberano, que se refleja en los vínculos macroeconómicos y fiscales, los factores institucionales y condiciones de los mercados financieros".

IU-Verdes acusa al PP de "intentar ocultar" su responsabilidad en el acuerdo UE-Marruecos

MURCIA.- El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes en la Región de Murcia, José María Ortega, ha denunciado públicamente la "campaña de contaminación informativa" que ha impulsado el PP para "intentar ocultar que es el verdadero responsable" del acuerdo agrícola con Marruecos.

   En un comunicado de prensa, Ortega ha dicho que el grupo Popular "cuenta con mayoría en las instituciones comunitarias y, por tanto, es el único responsable del futuro de este acuerdo", cuyas consecuencias, a juicio del dirigente de IU-Verdes, "arruinarán decenas de explotaciones en la Región de Murcia".
   Así, ha señalado que la Administración autonómica "intenta arremeter" contra los sindicatos y otros actores europeos "que no tienen un papel vinculante en la aprobación del acuerdo con el fin de ocultar a la opinión pública la realidad sobre el acuerdo".
   "Los viajes del jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, a Bruselas, supuestamente a defender la agricultura murciana han sido más una exhibición floclórica y una visita a su próximo destino que otra cosa", ha concluido Ortega.

El PSRM considera "injustificable" que el PP haya votado en contra de un Plan regional contra la pobreza

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha considerado "injustificable" que el PP haya votado en contra de la petición de un Plan regional de lucha contra la pobreza.

   Y es que la Asamblea Regional ha debatido este miércoles una moción del PSOE en la que se reclamaba dicho plan, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   El Grupo Parlamentario Socialista justificaba esta petición en base a los "altos índices" de pobreza existentes en la Comunidad Autónoma, que se incrementan progresivamente, superando ya el 30 por ciento de la población y a más de ocho puntos de la media nacional.
   La moción defendida por la diputada Teresa Rosique ha sido votada en contra por el PP, que ha presentado una enmienda a la totalidad aplazando 'sine die' la respuesta a la pobreza regional y dejándola a expensas de la aprobación del Plan regional de Servicios Sociales.
   A su juicio, el Gobierno regional "debía haber aprobado dicho plan hace siete años, para elaborar posteriormente las políticas sectoriales contra la pobreza".
   Rosique ha denunciado que "el Partido Popular con su voto en contra ha abandonado a su suerte a las miles de personas que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social en esta Comunidad Autónoma y ha querido decirles que no hay prisa para resolver este grave problema".
   De este modo, ha criticado que "tendrán que seguir esperando hasta que el Gobierno regional se decida a cumplir la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2003 y presente el Plan regional de Servicios Sociales que debería estar desde 2005 y que todavía no ha elaborado. "Después, se verá", ha zanjado.
   La diputada considera que "frenar este grave problema debería ser prioritario para el Gobierno regional. Estamos hablando de miles de personas en la Región de Murcia que sufren una situación insostenible y que no pueden seguir esperando soluciones que no llegan", concluyó.

El frenazo del consumo en la Región hace retroceder el IPC

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) disminuyó un 1,4 por ciento en la Región de Murcia durante el pasado mes de enero, y la tasa interanual se situó en el 1,8 por ciento, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios bajaron en la Región un 1,4 por ciento, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 1,8 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Transporte (1,6 por ciento), Otros (0,6 por ciento), Vivienda (0,5 por ciento), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3 por ciento) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Enseñanza y el descenso experimentado en Vestido y calzado (-16,1 por ciento), Ocio y Cultura (-3,1 por ciento), Comunicaciones (-2,1 por ciento), Medicina (-0,4 por ciento), Menaje (-0,3 por ciento) y Hoteles, cafés y restaurantes (-0,2 por ciento).

UPyD afirma que "el desastre" de la CAM es resultado de la gestión politizada de las cajas

MURCIA.-   El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha responsabilizado al PP y PSOE del "desastre de la CAM", algo que parece que todo el mundo veía venir "pero que fue, ignorado voluntariamente, también por todos". 

   En este sentido, ha criticado que tanto el PSOE como el PP hicieron oídos sordos a las proposiciones y mociones realizadas por UPyD solicitando la reforma del modelo de las cajas de ahorro desde hace más de tres años.
   Además, ha lamentado el incesante goteo de irregularidades de las que se van teniendo noticia. Entre ellas, la que se ha conocido de que los antiguos gestores, ahora expedientados, no cumplieron durante cuatro años los requerimientos del Banco de España, que al final intervino la entidad. También se ha sabido que se pagaron dietas a directivos a espaldas de la Asamblea General.
   Sánchez ha recordado que Rosa Díez presentó en el Congreso de los Diputados a mediados de 2009, una interpelación urgente al Gobierno sobre la necesidad de despolitizar los órganos de gobierno y la gestión de las cajas, separar la obra social de la actividad bancaria y crear un nuevo consejo social consultivo con presencia de las administraciones públicas "Tanto el PSOE como el PP desoyeron la moción, que incluso fue calificada  por algunos de poco democrática.", ha puntualizado Sánchez.
   Ha señalado que la deficiencia en la gestión y el interés por  "no soltar" el control político de las cajas, no tiene colores políticos  Y  para avalar ese dato, ha citado que al ejemplo de la intervención de la CAM, entidad ubicada en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP, se le puede contraponer en la  comunidad  castellano manchega, gobernada por el PSOE, el de Caja Castilla La Mancha,  igualmente intervenida.
   Sánchez ha comentado que "lamentablemente casos como el de la CAM  han dado la razón a UPyD sobre la necesidad de la reforma". Cuando el PSOE y el PP la han acometido, "ésta se ha hecho también de forma deficiente por la tozudez e intereses políticos de los dos partidos a dejar de controlar los órganos de gestión desde las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos".
   Por ello el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados ha avanzado su intención de promover la apertura de una comisión de investigación donde se depuren "responsabilidades políticas y penales, si las hubiera, en la quiebra de  las diferentes cajas de ahorro, entre ellas la CAM", ha concluido Sánchez.

El Banco de España conocía las irregularidades de la CAM desde 2008

ALICANTE.- El Banco de España detectó irregularidades en la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) en los cuatro últimos años, y así se lo comunicó a sus directivos a través de una serie de requerimientos que, al no ser atendidos como debían, terminaron con la intervención de la entidad en julio del año pasado con el objetivo de «evitar su colapso» y perjudicar a millones de clientes e impositores. 

Los directivos no corrigieron los fallos y la deficiente gestión y en algunos casos incumplieron el requerimiento y las advertencias del supervisor, como ocurrió en marzo de 2011, cuatro meses antes de la nacionalización de la Caja. 
El expediente disciplinario abierto por el Banco de España contra a anterior cúpula de la CAM y los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control subraya que la Dirección General de Supervisión realizó «trabajos puntuales de inspección 'in situ' de 2008 a 2011».
Por otra parte, a Fiscalía Anticorrupción está estudiando presentar una querella contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de una pensión vitalicia anual de casi 369.497 euros, según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal. 
Las mismas fuentes explicaron que las unidades de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción han analizado la documentación enviada por los interventores del Banco de España en la que figuran las irregularidades por las que el supervisor le impuso un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre.
"Las irregularidades son las que detectó el Banco de España en la carta de despido, se está analizando si existen indicios delictivos", explicaron las mismas fuentes, quienes matizaron que los hechos pueden constituir sanciones administrativas.
Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
En caso de que se determinen posibles delitos, los fiscales encargados podrían presentar una querella individual contra Amorós por estos hechos o unir sus acusaciones a la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra la CAM por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Esta investigación parte de la denuncia presentada por un particular.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias.
La exdirectora general de la CAM acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.

Ecologistas en Acción y ANSE denuncian el desmantelamiento de las políticas de medio ambiente en la Región de Murcia

MURCIA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción se han dirigido al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para pedirle que detenga el desmantelamiento de las políticas de Medio Ambiente que están caracterizando los últimos años de su mandato. Y es que, se pregunta, "quién se acuerda ahora del Pacto Social por el Medio Ambiente de finales de 2006".
 
   Las organizaciones ecologistas consideran que la dimisión de la directora general de Medio Ambiente, Teresa Navarro, es una consecuencia más de la "desastrosa" situación de la Consejería que debía velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres.
   La unión de las antiguas Direcciones Generales de Patrimonio Natural y de Evaluación e Impacto Ambiental, con una notable reducción de presupuesto y personal, están llevando, a su juicio, "a la paralización de muchas de las políticas ambientales en la Región".
   Las organizaciones denuncian que ninguna de las estrategias relacionadas con el Medio Ambiente que se han aprobado o redactado durante los últimos diez años están siendo desarrolladas, y apenas se han cumplido en un porcentaje ínfimo: es el caso de la Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, la Estrategia Forestal de la Región de Murcia o la Estrategia para la Educación Ambiental.
   Un caso paradigmático es el Mar Menor, que con múltiples figuras de protección ambiental y evidentes signos de degradación, sigue careciendo de ningún Plan de Gestión de sus espacios naturales protegidos a escala internacional, y el anunciado Plan de Acción del Mar Menor a desarrollar a través de la Fundación Cluster desapareció con ella, lo mismo que ocurrió con la Comisión del Mar Menor, impulsada por el Gobierno del Estado.
   Así mismo, las ayudas para la conservación de la naturaleza desaparecieron ya hace dos legislaturas, y la mayoría de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Protegidos de la Región siguen sin aprobarse. Los Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados no tienen dotación, y ninguna especie amenazada de la Región de Murcia cuenta todavía con Plan de Recuperación, aunque muchos se han redactado y duermen en los cajones de la administración regional.
   También se ha visto mermado el acceso a la información y la participación pública. Prueba de ello es que Ecologistas en Acción y ANSE han tenido recientemente que denunciar ante el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia que el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente no se reúne desde el año 2008, cuando debería reunirse al menos cuatro veces al año, añade las asociaciones ecologistas.
   Las dos organizaciones, que no firmaron en 2006 el Pacto Social por el Medio Ambiente debido a la falta de credibilidad del Gobierno de la Región para cumplir los compromisos de dicho pacto, y los adquiridos en otro sinfín de documentos y acuerdos relacionados con la conservación de la naturaleza, no dudan en calificar de "suicidas" las políticas de desarrollo regional impulsadas por los sucesivos gobiernos de Ramón Luís Valcárcel.
   ANSE y Ecologistas en Acción consideran que el presidente Valcárcel es el máximo responsable de "descabellados" proyectos urbanísticos de gran impacto en espacios naturales costeros como Marina de Cope o Novo Carthago (Mar Menor), y de la urbanización excesiva de buena parte del territorio regional, que ha contribuido de manera considerable a la crisis actual, y a la debacle de diversas instituciones financieras, entre las que destaca la CAM.
   También consideran a Valcárcel responsable de la continuación de trámites para la construcción de grandes infraestructuras de "dudosa" necesidad, rentabilidad e impacto social y económico, y que ocasionarán un gran impacto ambiental en la costa, como el macropuerto de El Gorguel.
   Las organizaciones opinan que la inclusión de las competencias ambientales en Consejerías que no velan por el cumplimiento de la legislación que protege nuestros espacios naturales y el medio ambiente, y se dedican a facilitar las tramitaciones de proyectos que pueden tener un impacto negativo, sólo han contribuido, y contribuyen aún, a un desarrollo más desequilibrado e inestable, y a una mayor hipoteca para esta generación y las futuras.
   Por ello, ANSE y Ecologistas en Acción piden al presidente Valcárcel que cambie el rumbo de la política ambiental de su ejecutivo y que proceda a crear de nuevo una Consejería de Medio Ambiente con competencias exclusivas en la materia, con suficiente personal y presupuesto para cumplir los mínimos exigibles en la gestión del medio ambiente y la naturaleza que exigen la normativa comunitaria, estatal y autonómica, y los compromisos internacionales, así como para asegurar el derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.

IU-Verdes llama a participar en la manifestación del domingo contra la "brutal y salvaje" reforma laboral

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha llamado este martes a la participación en la manifestación del próximo domingo en la capital de la Región contra la "brutal y salvaje" reforma laboral.

   Al respecto, Pujante ha alertado que la reforma "conllevará más despidos y un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores porque se ha hecho para poder despedir más fácilmente".
   Tras manifestar su "confianza escasa y escepticismo" en la efectividad de la Comisión Especial de Empleo del Parlamento autonómico, "ya que sus resultados para frenar el paro en la Región en la anterior legislatura fueron nulos", Pujante ha dejado claro que "más que Comisión Especial de Empleo habría que llamarla del desempleo, porque tenemos una situación en Murcia dramática, con 200.000 parados, de los que un 50% aproximadamente son jóvenes".

El PSRM reclama en la Asamblea un Plan Regional contra la pobreza

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, pedirá este miércoles en el Pleno de la Asamblea un Plan Regional Contra la Pobreza, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. 

   "Estamos hablando de exclusión social y también de personas y familias que han pasado de vivir en una situación de normalidad a no tener cubiertas ni siquiera sus necesidades básicas, como consecuencia de la pérdida de empleo por la crisis económica y de la falta de prioridad política del Gobierno regional", añade Rosique.
   En este sentido, recuerda que los últimos datos sobre población por debajo del umbral de la pobreza en la Región de Murcia arrojan unas cifras altamente preocupantes.
   Así, precisa que, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), la población de la Región de Murcia en riesgo de pobreza y exclusión social no ha dejado de crecer, situándose entre el 30 y el 36 por ciento, según diferentes fuentes, lo que nos sitúa muy por encima de la media nacional.
   Cáritas, Jesús Abandonado y otras entidades reciben cada día nuevas demandas de atención para alimentos, vestido, transporte de familias al límite de sus posibilidades.
   Ante esta situación, Rosique preguntó "a qué espera el Gobierno regional para garantizar ingresos mínimos a las personas carentes de recursos, a través de la Ley de Renta Básica aprobada hace cinco años y paralizada por el Partido Popular".
   A su juicio, se trata de "la única medida que puede frenar los insoportables índices de pobreza y de exclusión social de la Región de Murcia", y recuerda que las demás comunidades "conceden ese derecho a sus ciudadanos desde hace años".
   En su moción, Teresa Rosique expone que el PP comprometió en sus objetivos estratégicos reducir los índices de pobreza hasta el 17 por ciento en 2013. "La evolución de los datos nos demuestra que lejos de acercarnos a ese objetivo cada vez nos alejamos más", denunció.
   Rosique indicó que "esta brecha posiblemente se ampliará en 2012, como consecuencia de la ausencia de políticas de lucha contra la pobreza por parte del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel cuando la crisis económica se está viviendo con mayor intensidad en la Región de Murcia".
   La diputada hizo hincapié en la necesidad de un Plan regional contra la pobreza que aborde de forma integral el problema, al tiempo que reprochó que "el Gobierno regional no  aprovechara los años de bonanza para reducir la pobreza".
   Rosique agregó que "la contundencia de los datos exige una respuesta urgente de los poderes públicos, que sin demora deben poner en marcha cuanto sea necesario para reducirlos. Crear empleo, prestar servicios sanitarios, educativos y atención social es la obligación del ejecutivo regional y debería ser su prioridad política".
   Sin embargo, explica que "el Partido Popular vuelve a utilizar la estrategia de dilación para impedir que se ponga en marcha un Plan de Lucha contra la Pobreza en la Región, presentando una enmienda a la totalidad a la moción socialista, en la que se consiente el retraso 'sine die' de la adopción de medidas que permitan de una vez atajar el problema y se sigue sin ofrecer soluciones a los verdaderos problemas que está sufriendo la ciudadanía".

Una profesora de la Facultad de Biología denuncia a la Universidad de Murcia por acoso laboral

MURCIA.- Una profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (UMU) ha denunciado a la institución docente por acoso laboral durante más de seis años en su Departamento y que se materializa en "impedir o dificultar sus tareas docentes e investigadoras", según informaron fuentes del sindicato CCOO en un comunicado.

   En concreto, critica que este "acoso laboral" se materailiza en "exclusión en la impartición de másteres, dificultades en el acceso a recursos bibliográficos y laboratorios, e imposibilidad práctica de dirigir tesis doctorales, entre otras cosas".
   El juicio en el que se expondrá el caso tendrá lugar mañana miércoles, 15 de febrero, a las 12.00 horas en el Juzgado nº 7 de lo Contencioso-Administrativo de Murcia.
   CCOO critica que la puesta en conocimiento de los hechos ante el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, "no impidieron la situación de hostigamiento y que ésta se haya seguido perpetuando en el tiempo, lo cual ha supuesto un perjuicio en su trayectoria profesional, además de contribuir al deterioro de su salud, por lo que esta profesora se vio obligada a poner el caso en manos de los tribunales".
   La respuesta que el gobierno de la Universidad ha dado, al cabo de cinco años, ha sido "trasladar a esta profesora y ubicarla en otro edificio, donde se le ha dotado de un laboratorio para investigación, mientras permanecen intactos muchos aspectos que siguen vulnerando la actividad de la docente y, lo más importante, su dignidad personal", añade el sindicato.
   Sin embargo, CCOO entiende que "no se llegó al fondo del problema, y, en vez de resolverlo para que la profesora permaneciera en su puesto de trabajo desarrollando su actividad con normalidad, se optó por la solución fácil de crear nuevas infraestructuras".
   La sección de CCOO de la Universidad de Murcia manifiesta su apoyo y solidaridad con esta profesora, a la vez que siente "preocupación" ante hechos como los que se denuncian, y "otros casos de los que también ha tenido o tiene conocimiento, que no pueden tener cabida en la convivencia universitaria".
   "El acoso laboral está mucho más extendido en la sociedad, y la Universidad de Murcia no es una excepción, de lo que a simple vista pudiera parecer y tiene gravísimas consecuencias para la salud y el normal desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras y es por ello que consideramos necesaria aún una mayor sensibilidad, toma de conciencia e implicación del Rectorado en la resolución de estas situaciones", añade el sindicato.
   La Asamblea de Trabajadores y trabajadoras de la Sección sindical de CCOO en la UMU ha emitido una resolución en la que denuncia la actitud de los órganos de Gobierno de la Universidad, así como el que aún permanecen intactos muchos de los aspectos que motivaron la denuncia de la profesora.

La CE defiende el acuerdo agrícola con Marruecos y promete un control "muy estricto" de la entrada de tomate

BRUSELAS.- El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha pedido a la Eurocámara que ratifique el nuevo acuerdo agrícola con Rabat porque, ha dicho, Marruecos "no es un socio cualquiera" y se trata de un pacto "equilibrado". También ha defendido que las importaciones marroquíes cumplen las normas europeas y se ha comprometido a un "seguimiento muy estricto" de los alimentos "más sensibles", entre los que está el tomate.

   Ciolos ha debatido este martes con los eurodiputados sobre el nuevo acuerdo negociado por Bruselas con Rabat, que ha sido aprobado por los Veintisiete, incluido España, pero que necesita aún luz verde del pleno del Parlamento Europeo para su entrada en vigor. Los eurodiputados --que pueden aprobar o rechazar el pacto, pero no modificarlo-- votan el jueves un régimen comercial que apoyan la mayoría del Partido Popular Europeo y liberales en la Eurocámara.
   El ponente del informe que se votará, el francés de Los Verdes, José Bové, ha pedido al Hemiciclo que tumbe el nuevo acuerdo porque "es malo" y sólo beneficiará a grandes terratenientes en Marruecos, al tiempo que ha recordado que un voto negativo no invalidaría el acuerdo en vigor.
   Los eurodiputados españoles del Partido Popular y del PSOE han anunciado su intención de votar en contra del acuerdo y este martes también se han pronunciado en contra el representante de IU en la Eurocámara, Willy Meyer; el de ICV, Raül Romeva; el de UPyD, Francisco Sosa Wagner; y la gallega del BNG, Ana Miranda.
   Además del daño a los intereses agrícolas españoles que esgrimen 'populares' y socialistas, los eurodiputados Meyer, Romeva, Sosa Wagner y Miranda han reclamado que se revise el acuerdo para que no incluya los recursos del Sáhara occidental en línea con lo que exige el Derecho internacional.
   El sector agrícola en España, en especial los productores de tomate en Andalucía, Canarias y Murcia, ha criticado el nuevo acuerdo porque lo consideran desequilibrado y se quejan de que la parte marroquí incumple los volúmenes y precios pactados en el convenio actual.
   Sin embargo, el comisario Ciolos ha advertido de que Marruecos "no es un socio como los demás" para la Unión Europea, sino que es un país estratégico con el que los 27 se han comprometido a apoyar en sus reformas para una mayor democracia.
   Ciolos también ha asegurado que se trata de un acuerdo "equilibrado" que "en su conjunto, abre perspectivas comerciales" para los agricultores europeos, si bien ha concedido que entiende la "preocupación" del sector europeo.
   El acuerdo prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.
   Bruselas ha tenido especial cuidado con el sector hortofrutícola y ha tomado "las disposiciones necesarias" para "garantizar un futuro en Europa tanto para el tomate, como para el pepino, el calabacín y el ajo", ha dicho el comisario.
   Asimismo, el Ejecutivo comunitario llevará a cabo "un seguimiento muy estricto de los volúmenes importados" y "calidad sanitaria" de los productos considerados 'sensibles', y abrirá negociaciones en materia de Indicaciones Geográficas. Ciolos ha matizado más tarde que también reforzará el seguimiento del modo en que los Estados miembros realizan sus controles en frontera, porque es competencia de la autoridades nacionales supervisar las importaciones.
   Ciolos se ha hecho eco de las "preocupaciones recurrentes" sobre los precios de entrada al mercado comunitario del tomate marroquí y ha advertido de que en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se prevén modificaciones en el reglamento de precios, para lo que trabajará para que "avance lo más rápidamente posible".
   Con todo, el comisario ha minimizado el impacto en la competencia del aumento de los contingentes y ha asegurado que el nuevo acuerdo permitirá la entrada de 52.000 toneladas más de tomate marroquí, lo que supondrá un 0,8 por ciento de la producción europea en un año.

El Plan de Pagos de la Comunidad Autónoma está "bloqueado" , según los empresarios

MURCIA.- Empresarios han confirmado que el Plan de Pagos a Proveedores de la Comunidad Autónoma "está bloqueado" y esperan que se ejecute "cuanto antes", porque se trata de una cuestión "prioritaria" dadas las circunstancias económicas y que "se le debe mucho dinero a las empresas", según fuentes de los afectados.

   Cabe recordar que el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, anunció el pasado 3 de febrero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Comunidad Autónoma iba a materializar en los "próximos días" el pago de la deuda que tiene contraída con unos 20.000 proveedores, fundamentalmente del Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque también de la Administración regional.
   Al parecer, los empresarios han dado está "una especie de plazo de cortesía" a la Consejería porque "el nombramiento es reciente y nombre a su equipo".