miércoles, 28 de marzo de 2012

El Congreso vigilará la comercialización de productos financieros

 MADRID.- La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado por unanimidad la creación de una subcomisión para vigilar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, tal y como habían pedido PP y CiU en sendas iniciativas, además de haber aceptado también recuperar la subcomisión que controlará el proceso de reestructuración del sistema bancario, que ya existía en la pasada legislatura y se cerró al concluir el mandato.

   El objetivo de la nueva subcomisión será "mejorar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios que ofrecen las entidades de crédito" después de que miles de ahorradores hayan sido víctimas de la letra pequeña de los contratos. Para ello, se citará a representantes de las entidades financieras, de los órganos supervisores y de los usuarios de la banca para analizar todos los puntos de vista y hacer recomendaciones que mejoren la transparencia de estos productos bancarios.
   El portavoz 'popular' en la comisión, Vicente Martínez-Pujalte, ha criticado que se hayan vendido "productos complejos a consumidores que a veces no tenían todo el nivel de información necesario para hacerse cargo de una toma de decisiones compleja", mientras que la portavoz del PP en Consumo, Andrea Fabra, ha calificado de "muy necesaria" esta iniciativa ahora que "la crisis ha puesto de manifiesto la indefensión de los ciudadanos", a quienes los bancos ofrecen productos que "muchas veces no querrían ni para sí mismos".
   Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha añadido al objetivo de la subcomisión el estudio de las posibles mejoras de tutela por parte de los órganos supervisores y que el análisis no se limite a las participaciones preferentes sino que se extienda a "toda la gama de productos financieros y su comercialización" para ayudar a cambiar la "perspectiva negativa" que los ciudadanos tienen sobre las entidades financieras.
   La socialista Cristina Narbona ha calificado la iniciativa de "importante y oportuna" ante un sector financiero "desregulado en exceso y sin suficiente supervisión, mientras que el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha coincidido en la importancia de clarificar este asunto, aunque ha pedido que no se utilice la existencia de la subcomisión "como excusa para paralizar" cualquier otra iniciativa sobre esta cuestión que se presente a debate en el Congreso.
   Por otra parte, la Comisión de Economía también ha aprobado por unanimidad la propuesta de creación de una subcomisión que siga el proceso de reestructuración del sector bancario, un órgano que ya existía la pasada legislatura en cumplimiento del decreto ley de 2009 y que se recupera como consecuencia del decreto ley del pasado 3 de febrero, ambos sobre la reestructuración y el saneamiento del sector financiero.
   Esta subcomisión, que propone el PP pero que también habían reclamado los socialistas, vigilará que el proceso de fusiones bancarias garantice la viabilidad de las entidades resultantes y también controlará la evolución del crédito. En cualquier caso, su existencia no será obstáculo para la comparecencia trimestral del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ante la comisión del ramo y del presidente de la Comisión Rectora del FROB cuando dicho fondo realice alguna operación.
   Queda pendiente todavía la petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y BNG de abrir una comisión de investigación en el seno de la Cámara baja para identificar las causas de la crisis financiera y detectar a sus responsables tanto en las entidades financieras como entre los reguladores, una iniciativa que también ha planteado UPyD, que además pidió al Ejecutivo que instara a la Fiscalía General a exigir responsabilidades a los gestores de las entidades financieras que han quebrado en los últimos años.
   Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso no ha aceptado una proposición no de ley (PNL) presentada por el BNG reclamando medidas para frenar las "comisiones abusivas" que establecen las entidades financieras y que, según ha defendido el diputado Francisco Jorquera, se han incrementado de una manera desproporcionada con respecto a la inflación registrada o al coste real de los servicios que prestan bancos y cajas.
   "Mientras se restringe el acceso a los créditos y las entidades financieras cierran los ojos a pesar tener pingües beneficios es aún más injustificable ese continuo incremento (de las comisiones bancarias)", ha reprochado Jorquera, criticando también la "actitud de los poderes públicos", que conceden fondos públicos para sanear a los bancos y "miran para otro lado ante sus abusos".
   Por eso, los nacionalistas gallegos han propuesto "impedir que, mientras se mantenga la situación de crisis, se produzcan aumentos de las comisiones", establecer límites máximos "en función de parámetros objetivos que tengan en cuenta el coste real del servicio", obligar a los bancos a ofrecer información transparente y a notificar cualquier modificación, "facilitando también el cambio de entidad financiera sin penalización en caso de disconformidad"; considerar la cuenta corriente un servicio básico y, por tanto, exento de comisiones; evitar los abusos en las comisiones de mantenimiento y "obligar a la devolución de las cantidades ingresadas en caso de persistir en dicha práctica".
   Sin embargo, esta iniciativa se ha encontrado con la oposición del PP que, por boca del diputado Antonio Erías, ha reconocido estar de acuerdo con el rechazo a las prácticas abusivas, pero ha descartado "más intervención" en un ámbito que, como el resto de sectores económicos, "requiere cobrar un precio por los servicios que presta".
   Tampoco UPyD ha respaldado la propuesta porque, pese a coincidir en que la situación es "preocupante", los bancos "tienen derecho a cobrar" por el servicio que prestan y no está en el "espíritu" de la formación ese afán "intervencionista".
 "Y hay que tener en cuenta que la situación de los bancos podría deteriorarse aún más con esto", ha añadido Álvaro Anchuelo, que hace unas semanas consiguió el respaldo de los 'populares' en la misma comisión para sacar adelante una propuesta para establecer un máximo legal en los intereses de demora en el pago de las hipotecas.
   El BNG sí ha conseguido el apoyo de IU-ICV-CHA, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, ve "urgente generar en las entidades financieras algún tipo de sentido de la responsabilidad"; y del PSOE, que a través de Antonio Hurtado ha recordado que España es el segundo país de la UE en comisiones bancarias a pesar de la liberalización del sector, lo que "demuestra su falta de competitividad".
Imputación

El juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella que el presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés Olmos, interpuso el pasado día 14 contra dos de los máximos responsables del servicio de Inspección del Banco de España, Ángel Rico y Pedro González, por un presunto delito de falsedad en documento público.

En el auto firmado el pasado día 21, al que ha tenido acceso Abc, el juez instructor ordena notificar las diligencias a la Fiscalía y cita a los dos altos cargos del Banco de España para que presten declaración como imputados el próximo 20 de junio. Ángel Rico y Pedro González son los firmantes del expediente disciplinario que el regulador ha abierto a 49 ex consejeros y directos de la CAM para depurar su responsabilidad en la quiebra de la caja de ahorros alicantina.
Entre los expedientados se encuentra el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, quien en su querella acusa a los dos jefes del servicio de Inspección de haber introducido en el expediente disciplinario afirmaciones «frontalmente contrarias a la verdad» que, a su juicio, adquieren relevancia penal al haberlas realizado en su calidad de funcionarios públicos.
Avilés acusa a los dos inspectores de haber emprendido una auténtica «persecución personal» contra él, «más propia de otros sistemas alejados del Estado de Derecho».

La cristalización al fín de una dictadura sobre el proletariado / Cartas de los Lectores

Mi hermano podría ser uno de los que salen en este reportaje (es tremendo, pero hay que verlo: http://www.youtube.com/watch?v=gH-u7DHvbRU). Tras cinco años trabajando con contrato fijo en el campo de golf de La Manga Club (cuyo actual propietario es George Soros) ha sido despedido, junto con 21 trabajadores más, en aplicación del Decreto de Reforma Laboral: "despido por causas objetivas" dado que la empresa argumenta una disminución de sus ganancias durante tres meses (que no significa pérdidas).... Tiene 40 años y titulación en cocina, discípulo de Arguiñano.

Durante buena parte del tiempo pasado en La Manga Club,ha trabajado como cocinero cualificado en la cocina del Hyatt -uno de los pocos hoteles de cinco estrellas de la Región-. La Manga Club ha sido una empresa altamente rentable desde por lo menos principios de los 90 y sus ganancias inmensas. Durante años fue el referente de la política turística regional: "eso es lo que queremos, un turismo de alto standing". Hace cuatro o cinco años, un equipo de sociologos realizamos una investigación sobre las condiciones de trabajo y empleo (publicada en Mari Luz Castellanos y Andrés Pedreño (2006): "Los Nuevos Braceros del Ocio", editorial Miño y Dávila) y mostramos un paisaje laboral de bajos salarios, trabajo duro y ritmos intensivos, todo ello en una atmósfera en la que la empresa se empeñaba en recrear una comunidad acogedora y cálida (se decía "somos una familia", cuando en realidad pedían "déjate la piel trabajando y demuestra que eres el hijo que esta familia merece").


En este ambiente laboral altamente tóxico, mi hermano experimentó situaciones de fuerte stress laboral y tuvo dos brotes psicóticos (con sus respectivas bajas laborales por prescipción psiquiatrica). Recientemente solicitó otra baja médica porque se vio de nuevo atacado por el stress e intuyendo el riesgo de brote se decantó por solicitar la baja a su psiquiatra. Fue justamente la semana en el que se aprobó el Decreto de Reforma Laboral. Le recomendaron que solicitara inmediatamente el alta por el peligro de despido (el Decreto de Reforma Laboral se ha cargado la baja por enfermedad). Ese fin de semana hablé con él y me dijo que el ambiente en su empresa era de auténtico miedo (se sabía que iba a haber despidos) y que entre compañeros la competencia era brutal. Finalmente despidieron a 22 trabajadores, él entre ellos...


El mundo del trabajo en las empresas de este país ha estado durante muchos años bajo una democracia de bajísima calidad, altamente autoritaria y precaria. Este paréntesis de la democracia se instituyó progresivamente desde la primera Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Felipe González. El reciente Decreto de Reforma Laboral del Gobierno de Rajoy riza el rizo, pues suprime directamente la democracia en las empresas. Es la cristalización al fin de una dictadura sobre el proletariado. ¿Lo vamos a consentir? En nuestras manos está parar esta locura neoliberal...


Salud!

Andrés Pedreño

A Ballesta y Bernabé les falta valor político para oponerse a la dársena de El Gorguel


MURCIA.- El consejero de Universidades Empresa e Investigación, José Ballesta ha afirmado, respecto a la creación de una plataforma contra la ubicación del macropuerto en El Gorguel, que "siempre es respetable e incluso saludable que desde la sociedad civil se articulen mecanismos y formas de participación social para que exista ese debate sobre un asunto que no es baladí, sobre un asunto que es tremendamente importante".

   Ballesta continúa diciendo que "tanto los partidarios de esta plataforma como los que están impulsando el proyecto, todos, tendremos que ser absolutamente respetuosos y rigurosos con los estudios de impacto medioambiental que tendrán que ponerse en marcha ya sean a nivel europeo, nacional y regional".
   "Dependiendo de lo que los expertos digan, aquellos que entienden de estas materias, tanto unos como otros tendrán que acatar lo que en su momento se articulen", ha añadido.
   Por su parte, el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, declara que "sobre lo que pase en el término municipal de Cartagena, como es El Gorguel yo no entro a valorarlo nunca. Yo sí digo que el proyecto de Portmán para mí es prioritario, es el principal y es el más importante".
   Bernabé añade que "siempre voy a estar a favor de que se construya una nueva dársena de contenedores, siempre. Es necesaria para la economía de la Región y que dentro de esas perspectivas soy de los que aboga por que se contemplen otras alternativas".
   "La Unión está centrada, muy centrada, en lo que es su proyecto emblemático". 
El primer edil de La Unión apunta que para este proyecto "afortunadamente soplan muy buenos vientos gracias al apoyo decidido del actual gobierno de la nación". Así que "dentro de muy poco" se hará "la adjudicación definitiva las obras".
   "Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro término municipal y ese es nuestro objetivo: recuperar Portmán para darle esa nueva vertiente de un turismo de calidad y sostenible que genere riqueza y que genere empleo" ha concluido Bernabé.

España dice que el inventario de Odyssey en Gibraltar es falso

MIAMI.- El Gobierno español ha asegurado que el inventario proporcionado por Odyssey de los objetos de 'La Mercedes' que quedan en Gibraltar, y que la empresa debe entregar a España, era "falso" y "ocultaba" significativos objetos, por lo que ha pedido a un tribunal estadounidense que la sancione por desacato.

En un escrito remitido al Tribunal Federal de Tampa (Florida), la defensa de España asegura que el inventario que la semana pasada se realizó en Gibraltar ante notario "confirma de nuevo" sus sospechas de que Odyssey ocultaba información sobre los objetos que dejó en ese territorio. 
Después de haber estudiado este nuevo inventario, la parte española cree que el inventario previo que la empresa de exploración submarina presentó el pasado 20 de febrero era "falso" y "ocultaba objetos importantes".
El juez Mark Pizzo, del citado tribunal, ordenó a Odyssey la semana pasada la entrega inmediata a España de los objetos que la compañía rescató del fondo del mar en 2007 y que permanecen en Gibraltar desde entonces. El mismo magistrado advirtió a Odyssey de que, de no obrar así, podría incurrir en un delito de desacato civil.
En el documento de ocho páginas presentado hoy, España pide al tribunal que proceda de inmediato a decretar que Odyssey ha incurrido en desacato civil y sea sancionada. Aparte de las sanciones solicitadas por desacato al tribunal, se solicita que el Estado español sea indemnizado por entregar un "inventario verificado falso" y por el "ocultamiento, omisión y falseamiento" que han "caracterizado la conducta de Odyssey" en este caso.
La entrega de los objetos de Gibraltar es el último paso para se complete el cumplimiento de la sentencia de hace un mes, que obligó a Odyssey a devolver a España el tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', compuesto de 17 toneladas de monedas de plato y oro, entre otros objetos.
Pese a las varias peticiones de España, el juez por el momento no ha establecido sanciones contra Odyssey por el retraso en cumplir con la sentencia y ha aplazado su decisión al respecto sin concretar fechas. El tesoro formaba parte de la mercancía que transportaba 'La Mercedes' cuando fue hundida en 1804 por una flota británica frente a las costas del Algarve portugués.
El Estado español pide también al tribunal de Tampa que Odyssey asuma los gastos y honorarios derivados de la entrega de los objetos que permanecen en Gibraltar, algo que la empresa intenta evitar con variados subterfugios legales, según la defensa española.
Odyssey entregó a finales de febrero a España un cargamento de más de 500.000 monedas de plata y oro y otros objetos procedentes de 'La Mercedes' que habían trasladado a Florida desde Gibraltar, pero allí quedaron un número indeterminado de objetos adicionales.