sábado, 31 de marzo de 2012

Luis Alfonso Martínez, director de la Oficina del Comisionado para la reconstrucción de Lorca

MURCIA.- El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento del director de la Oficina del Comisionado del Gobierno para la reconstrucción y reactivación económica de la zona de Lorca en la persona de Luis Alfonso Martínez.

   Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, este murciano pertenece a los Cuerpos Superiores de Administradores de la Comunidad y de Interventores y Auditores de la Región.
   Después de trabajar durante varios años en el Banco de Murcia, ocupó diferentes puestos en las Direcciones Generales de Economía y Planificación, y de Presupuestos y Finanzas, del Gobierno autónomo, y como interventor ejerció en la Consejería de Educación y Cultura.
   En 2005 fue nombrado vicesecretario de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que posteriormente fue secretario general. Desde julio de 2011 era director general de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud.

Aprobada la protección del entorno de la Noria y el Acueducto de La Ñora


MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la delimitación del entorno de protección de la Noria y el Acueducto de La Ñora, en Murcia. El espacio abarca la parcela donde se ubica el conjunto y el entorno que lo rodea.

   Con esta medida se garantiza la protección visual de ambas construcciones. La Rueda de la Huerta, en La Ñora, está declarada como Bien de Interés Cultural en 1982 y es, junto con la Rueda de Alcantarilla, uno de los símbolos de la Huerta de Murcia.
   La noria actual fue construida en 1936 y reemplazó otra más antigua de madera que data de 1399. La noria actual tiene un diámetro de diez metros.
   El acueducto que acompaña a la noria tiene una longitud de unos 220 metros. Sus orígenes se remontan al Siglo XV. Se distinguen dos partes, una primera, la más cercana a la noria, que es la más antigua, y una segunda, que formaría parte del crecimiento de la Huerta.

Bruselas propone aumentar el presupuesto para promover productos agroalimentarios europeos

BRUSELAS.- El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se ha mostrado partidario este viernes de aumentar el presupuesto comunitario destinado a promover los productos agroalimentarios europeos porque considera que los instrumentos de promoción existentes "no están a la altura del potencial de este sector".

   "Una vez una que el presupuesto de la PAC (Política Agrícola Común) se decida, veremos de qué manera se puede reforzar la asignación presupuestaria para una promoción agroalimentaria más ambiciosa", ha explicado el comisario europeo en rueda de prensa en la que ha presentado "algunas opciones" para mejorar en este ámbito.
   Ciolos ha recordado que en la actualidad el sector de las frutas y legumbres cuenta con un presupuesto anual para actividades de promoción de "alrededor de 30, 35 millones de euros por año", mientras que el sector del vino recibió por su parte unos 112 millones de euros en 2011. "Para el resto, sólo tenemos 50 millones de euros por año", ha recordado.
   "Si los Estados miembros y el Parlamento (Europeo) apoyan a la Comisión en esta propuesta de reforzar la promoción agroalimentaria, presentaremos después un instrumento con presupuesto reforzado, utilizando los recursos puestos a disposición de la Política Agrícola Común", ha precisado. "Con el margen presupuestario que nos podamos permitir", ha recalcado.
   Si se redujeran "menos del 1%" los pagos directos a los Estados miembros, Ciolos ha calculado que podría "llegar a financiar por año una política de promoción de varios cientos de millones de euros". También ha avanzado que se podrían utilizar fondos "con un margen mucho más reducido" una vez se eliminen "en los próximos meses" las restituciones a las exportaciones para sectores "donde no se justifican".
 "Es una cuestión de ver cómo utilizar de forma más eficaz el dinero que tenemos", ha insistido.
   Respecto a la posibilidad de que el sector de las frutas y hortalizas y del vino, que ya tienen partidas asignadas específicas se pudieran beneficiar de más ayudas, el comisario ha dejado claro que "no está decidido" y que barajan "varias opciones".
   "Podemos mantener una partida de presupuesto específica para estos sectores y otra parte, dentro de un enfoque más amplio en el que, incluido el vino y las frutas y las hortalizas, se puedan promover junto con otros tipos de productos", ha explicado.
   "Es el momento de discutir cuál es la manera más eficaz de utilizar los recursos financieros a nuestra disposición para obtener el máximo de resultados", ha apostillado, si bien ha defendido la necesidad de definir una estrategia de promoción "más fuerte".
 "Si queremos desarrollar algo más grande, tenemos que ver cómo garantizamos la sinergia entre productos complementarios", ha explicado en todo caso.
   El Ejecutivo comunitario propone, además de reforzar las iniciativas de promoción conjuntas de varios países en el exterior y de distintos productos a la vez, poner en marcha programas de ayudas "más atractivos" y "garantizar una gestión que sea más simple y con más impacto" y también "reforzar la sinergia entre los diferentes instrumentos, respetando la especificidad de cada sector".
   Ciolos también está abierto a discutir la posibilidad de aumentar el nivel de cofinanciación de los programas de promoción junto con los Estados miembros. "Tenemos que ver si tenemos que aumentar el nivel de cofinanciación o mantener el nivel actual, teniendo en cuenta que la cofinanciación significa más dinero, más presupuesto para la cofinanciación", ha explicado. Ello no debe perjudicar sin embargo a los países "con problemas" para confinanciar su parte.
   El Ejecutivo comunitario también estudia la opción de implicar al sector privado y "combinar" los instrumentos de promoción públicos y privados "para algún tipo de mercados, alguna categoría de productos".
   La Comisión discutirá ahora su propuesta con el sector agroalimentario y los Estados miembros antes de presentar una propuesta legislativa concreta "de aquí a finales de año", ha explicado el comisario del ramo. "La idea es utilizar el dinero de manera más eficaz", ha insistido.
   Ciolos ha justificado la necesidad de reforzar la promoción por "las señales alentadoras para los próximos años" que apuntan a un aumento de la capacidad exportadora tras recordar que en 2011 las exportaciones agroalimentarias europeas se elevaron a "más de 100.000 millones de euros".
 "El balance es positivo. Exportamos más de lo que importamos", ha explicado.
   El comisario ha recordado que la producción europea "tiene un valor añadido" teniendo en cuenta "la calidad" de los productos, especialmente de los elaborados y por ello la propuesta del Ejecutivo comunitario se propone mejorar también el grado de conocimiento entre los consumidores de las especificidades de los productos europeos y poner en valor las denominaciones de origen o los productos biológicos entre otros.

UPyD afirma que el estancamiento del PIB en 2011 es la consecuencia de la "pésima gestión"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la gestión del Gobierno regional, a la que ha calificado como "pésima", tras conocerse los datos del INE que sitúan a la Región como una de las tres CCAA en las que no creció el PIB durante el año 2011, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado. 

   Sánchez ha responsabilizado directamente de ese estancamiento al Gobierno de Valcárcel, en contraste con el crecimiento en 14 Comunidades. Además, ha señalado que el ejecutivo murciano debería haber previsto que la caída de la actividad económica en la Región sería de mayor intensidad, como consecuencia del modelo de desarrollo urbanístico sobredimensionado "instalado" en la Región.
   Y es que, en su opinión, la consecuencia más grave de ese dato de estancamiento del PIB, es que la Región tiene un 5 por ciento más de paro que la medina nacional. La cifra de PIB por habitante es de 19.144 euros por habitante, 4.127 euros por debajo de la media nacional.
   En este sentido, el coordinador regional de UPyD ha resumido que todos los índices estadísticos económicos indican que la Región está cada vez más "empobrecida", y ha reclamado medidas que reactiven la "paralizada" actividad económica de la Región.
   Así, entre ellas, ha vuelto a insistir en la necesidad de que "de una vez por todas" el Gobierno regional haga frente al pago a los proveedores.
   Sánchez ha recordado las medidas que UPyD ha propuesto para que la Administración regional priorice y disponga de más liquidez. Entre ellas está la eliminación de todos los consorcios, entes y organismos públicos no relacionados directamente con sectores productivos y de los que no afecten de forma directa a las prestaciones sociales básicas, ni a asociaciones de acción social con proyectos de actuación directos.
   Finalmente, se encuentra entre estas medidas la privatización de la televisión regional, respetando todos los puestos de trabajo. "Todos los organismos y entes no relacionados con los servicios públicos básicos, deben ser consideradas no prioritarias y se debe acometer su supresión en un momento tan crítico como el que atravesamos".

El presupuesto nacional de 2012 prevé un recorte de "más de 27.000 millones de euros"

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes su proyecto de presupuesto para 2012, que prevé un recorte de "más de 27.000 millones de euros", sobre todo mediante la congelación del salario de los funcionarios y una bajada de los presupuestos de los ministerios del 16,9% en promedio.

"Estamos ante una situacion límite", reconoció la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros, y "nuestra primera obligación es volver a encontrar unas cuentas públicas saneadas".
España se ha comprometido a reducir de aquí a finales de 2012 su déficit público del 8,51% al 5,3% du PIB.

El mayor ajuste de la democracia

Tan sólo 24 horas después de la primera huelga general de la legislatura, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció el mayor ajuste de la democracia con unos presupuestos que combinan fuertes recortes con una reforma tributaria que va de la amnistía fiscal a menores deducciones en el impuesto de sociedades.
En una multitudinaria rueda de prensa, a la que incluso acudieron periodistas de otros países europeos, el Gobierno anunció un ajuste de 27.300 millones de euros entre un menor gasto, mayores ingresos y una reducción de las transferencias a las comunidades autónomas.
En un momento de fuerte crispación social por la reforma laboral y los recortes sociales, la más sorprendente de las medidas desveladas por el titular de Hacienda fue una de carácter "excepcional para incentivar la tributación de las rentas no declaradas" con la que pretenden recaudar unos 2.500 millones de euros.
En vísperas de aprobar un nuevo paquete de medidas para luchar contra el fraude, el Gobierno se cuidó mucho de hablar de amnistía fiscal aunque la medida funcionará de facto como tal, imponiendo una tributación del 10 por ciento a los capitales ocultos aflorados y un gravamen especial del 8 por ciento para la repatriación de dividendos, todo con la idea de apoyar la consecución del objetivo del 5,3 por ciento de déficit público negociado con Bruselas.
"El objetivo del 5,3 por ciento es irrenunciable", afirmaron en varias ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
Para lograr la consabida meta, además de una subida del impuesto del tabaco con el que pretende recaudar 150 millones de euros adicionales, Montoro anunció una serie de modificaciones en el impuesto de sociedades, fundamentalmente con la eliminación de deducciones, que proyectan una recaudación total de 19.564 millones de euros en 2012, casi 3.000 millones más que en 2011, pese a la crisis.
Con la amenaza de una inminente recesión, el nuevo presupuesto incluye diversas modificaciones del impuesto de sociedades, algunas con carácter temporal y otras permanentes, con las que prevé lograr unos ingresos de 5.350 millones de euros y paliar así la prevista caída de ingresos por la crisis económica.
En el proyecto de presupuestos, elaborado con la base de una proyección de descenso del 1,7 por ciento del PIB, se eliminan 1.389 millones de euros de ayuda al desarrollo y reducen en 1.429 millones de euros el gasto en infraestructuras, además de 1.624 millones de euros menos en políticas de empleo.
Sin embargo, y tras las decepciones cosechadas en las elecciones autonómicas de Asturias y Andalucía por el Partido Popular, el Ejecutivo sí mantuvo la actualización prevista de las pensiones.
En total, teniendo en cuenta el aumento del IRPF aprobado a principios de año, el Estado aumentaría este año los ingresos tributarios en 12.314 millones de euros. Además, para optimizar la recaudación, el Gobierno pretende aprobar en el próximo consejo de ministros un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal.
"Son medidas extraordinarias en una situación extraordinaria", dijo el titular de Hacienda después de que su Gobierno afrontase la víspera una huelga general con masivas manifestaciones en las calles en contra de la reforma laboral y los recortes.
Tras pactar con Bruselas un objetivo de déficit público para 2012 del 5,3 por ciento, el Gobierno revisó también el viernes el cuadro macro presentado a principios de marzo, confirmando que el peso del ajuste previsto recaerá sobre la Administración Central.
El Gobierno del PP, que el 2 de marzo proyectaba un déficit del 5,8 por ciento para 2012, ha ajustado las cinco décimas del nuevo objetivo íntegramente en la Administración Central, para la que proyecta ahora un déficit del 3,5 por ciento a fin de año.
Con un recorte del gasto público de casi un 17 por ciento, la España de los más de cinco millones de parados vivirá este año una congelación de los salarios de los funcionarios públicos combinado con un aumento de su jornada laboral.
Una vez despejada la gran incógnita del presupuesto del Gobierno, la gran pregunta que se hacen ahora los economistas es de dónde van a reducir las regiones los 15.000 millones de euros adicionales a los 27.500 millones de euros que recortará el Gobierno central.
Las autonomías tienen ahora que desvelar su recorte de gastos o aumento de ingresos, con la lacra adicional de unas menores transferencias por parte del Estado de 4.000 millones de euros.