domingo, 1 de abril de 2012

González Tovar y Ximo Puig de acuerdo en mantener una alianza política progresista entre Comunidad Valenciana y Murcia

ALICANTE.- El secretario general del PSRM-PSOE ha asistido este domingo a la clausura del 12º Congreso del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, en el que ha resultado elegido como nuevo secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. 

   Asimismo, este Congreso Regional ha sido clausurado por el Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   En el acto de clausura del Congreso, Pérez Rubalcaba ha aprovechado para felicitar públicamente a Rafael González Tovar por su reciente elección como nuevo secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, así como para mostrarle todo su apoyo al frente de su nueva responsabilidad.
   Igualmente, el nuevo Secretario General de los socialistas valencianos, Puig, ha resaltado en su intervención las acciones que conjuntamente llevarán a cabo con los socialistas de la Región de Murcia en las materias comunes a ambas Comunidades Autónomas, entre las que ha citado la apuesta irrenunciable por el Corredor ferroviario del Mediterráneo que está siendo puesto en cuestión por el actual Gobierno de España.
   Finalmente, ambos dirigentes se han comprometido a mantener una estrecha colaboración en todos los temas que afectan a ambas comunidades y a tener reuniones periódicas con sus equipos colaboradores.

Primer intento serio y riguroso para abordar la reconstrucción de Lorca

MURCIA.- El consejero Antonio Sevilla, junto con representantes de la corporación municipal, presidió la semana pasada en Lorca una reunión de trabajo para continuar elaborando el proyecto integral para la recuperación de esta ciudad, recomendado por el Consejo de Europa.

   Con el fin de desarrollar este programa, se ha creado un grupo de expertos o 'Task Force', coordinado por la eurodiputada y vicepresidenta de la Fundación Ars Civilis, Cristina Gutiérrez-Cortines, y presidido por el catedrático Luis Fernández-Galiano, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.  
   Igualmente, forman parte de este grupo el catedrático de Derecho Administrativo Tomas Ramón Fernández, el catedrático de Geografía Miguel Ángel Troitiño, el catedrático de Urbanismo Josep Parcerisa, el economista Fernando Encinar, el sociólogo José Miguel Iribas, el catedrático de Urbanismo Joan Busquets y el experto en Gestión de Centros Urbanos y Comercio Agustín Rovira.
   Sevilla declaró que, debido a las numerosas iniciativas que se están desarrollando en Lorca, "es preciso disponer de un programa marco de referencia con el fin de garantizar la coherencia en la toma de decisiones. Este marco permitirá definir prioridades y consolidar los ejes principales de actuación, tales como la vivienda, la repoblación y recuperación del casco histórico y la dinamización del comercio".
   Finalmente, el consejero anunció que en la próxima reunión del Task Force, que se espera celebrar en próximas fechas, se presentará una propuesta del programa integral de reconstrucción de la ciudad.

La crisis retira 10.000 camiones y furgonetas al año de las carreteras valencianas

VALENCIA.- La caída del consumo y el hundimiento del sector del transporte, unido al aumento de gastos como el del gasóleo (que ha subido casi un 60 % en tres años), ha provocado una drástica reducción del número de camiones y furgonetas censados en la Comunitat Valenciana. Entre los años 2008 y finales de 2011, han pasado de 543.384 a 512.679. Es decir, la crisis se ha llevado por delante 30.705 camiones y furgonetas. La cifra equivale a 10.000 vehículos por cada año de crisis; 27 camiones y furgonetas menos por día; más de uno por hora, según publica el diario 'Levante'. 

Esta es la respuesta física a datos como el conocido la semana pasada: el tránsito de mercancías de las empresas valencianas se ha situado al nivel de los años noventa después de que la actividad del sector cayera otro 8,5 % en 2011.

¿Y adónde han ido a parar estos vehículos de transporte? «La mayoría se está vendiendo al extranjero, sobre todo a África y a Europa del Este, y muchas veces se venden casi a precio de chatarra. Porque los problemas económicos de muchos autónomos les obligan a vender su camión como sea y abandonar el sector», explica Juan José Ramírez, presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos (Asovaltra).

 Las estadísticas de la DGT ponen cifras a este fenómeno. Si de las bajas de camiones y furgonetas del año 2006 menos de un 6 % iban a la exportación o al tránsito comunitario —venta al extranjero o a la UE—, en 2011 hubo un 23 % de bajas derivadas de la venta al extranjero de esta clase de vehículo pesado. En total, el año pasado se vendieron 3.744 camiones y furgonetas de la Comunitat Valenciana a países del extranjero (en 2006 se vendieron fuera 1.006). Así pues, se ha cuadruplicado en cinco años el porcentaje de camiones y furgonetas que se dan de baja por venderse en el extranjero.

Juan José Ramírez explica que «hay muchos camiones rígidos, de 12 a 14 toneladas, que en su día costaron 40.000 euros y que se están vendiendo por 3.000 euros (carrocería incluida) a países como Marruecos o Mauritania». ¿Por qué? Porque la venta del camión es «una forma rápida de conseguir algo de dinero» en casos en los que el autónomo «se ha visto sin poder cobrar deudas que arrastraba con empresas en concursos de acreedores (especialmente en el sector de la construcción) y que no tienen un colchón económico ni posibilidad de acceder a crédito de los bancos», agrega Ramírez.

El presidente de Asovaltra añade que la venta del camión es inevitable cuando un transportista autónomo ve que los gastos que le supone el camión le están ahogando. Porque el vehículo no puede dejarlo parado. «Si un camión lo dejas parado, lo primero que pasa es que se devalúa. Después, si no puedes guardarlo en un parking y lo has de tener aparcado en un polígono industrial, te empiezan a robar piezas. Y como usar el camión te cuesta dinero, muchos optan por venderlo, al dinero que sea, y acabar así con los gastos», dice. Y cuando se habla de gastos, sólo los camioneros conocen la magnitud de la tragedia.

Gasóleo: alcanza 1,43 euros por litro y un camión consume entre los 24 y los 28 litros a los cien kilómetros.

Seguro: un camión lleva el seguro de la cabeza tractora, el del semirremolque, uno de responsabilidad civil por si la mercancía se cae, y otro por si le roban o se pierde la carga. En total, cuatro seguros mínimos que cuestan unos 2.000 euros al año. Mantenimiento: cada dos años hay que cambiar las ruedas, y a un precio medio de 300-350 euros por rueda, con 18 neumáticos que tiene un tráiler, cuesta unos 6.000 euros. Y el cambio periódico de aceite y filtros ronda los 350 euros.

Reparaciones: son tan caras que, cada vez más, hay transportistas autónomos que no pueden pagarlas (ni menos aún acceder a créditos bancarios) y tienen que deshacerse del camión por este motivo, porque cada dos años (cuando renuevan su Tarjeta de Transportista) han de pasar la ITV y deben tener el vehículo perfectamente en regla.

Con todo, un camionero autónomo (que además se paga la Seguridad Social) necesita, de media, «unos 1.700 euros al mes» como mínimo para funcionar. «Si no va a facturar ni eso, o no le van a pagar o le van a pagar muy tarde y no puede aguantar sin liquidez, compensa más quedarse en casa y vender el camión», explica el presidente de los camioneros autónomos. Y eso es lo que está pasando.

Pero también las empresas sufren: durante la crisis ha desaparecido el 15 % de las empresas de transporte por carretera (unas 19.000 en toda España). Los carriles derechos de las autovías están cada vez más vacíos. Suenan menos bocinazos de saludo entre camioneros y entre transportistas de furgonetas. Y sus vehículos están siendo víctimas de una emigración forzosa, un exilio de no retorno.

El PP reduce los plazos de la Ley de Estabilidad para aprobar y aplicar ajustes

MADRID.- Las enmiendas presentadas por el PP al articulado del proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria permitirán reducir los plazos en los que las administraciones públicas deberán aprobar los planes económico-financieros o de reequilibrio para corregir los desajustes de sus presupuestos, así como acortar el tiempo en los que se deberán redactar los informes de seguimiento, y también ampliarán los supuestos que dan lugar a la aplicación de medidas coercitivas por parte del Estado.

   Estas enmiendas serán incorporadas previsiblemente al proyecto de ley el próximo martes en la ponencia de la Comisión de Hacienda encargada para revisar el texto.

   El Grupo Popular introduce varias modificaciones en el artículo que hace referencia a la tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio que deberán redactar las administraciones públicas que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, incluyendo los que se hayan aprobado a lo largo de 2012.

   Así, las administraciones dispondrán finalmente de dos meses (en lugar de tres) para aprobar estos planes una vez se constaten los incumplimientos, y tendrán que poner en marcha las medidas de ajuste en un máximo de tres meses en lugar de cuatro. El objetivo es, según se justifica en la propia enmienda, "acelerar la corrección" de los desajustes.

   Por otra parte, también se acortan los plazos para elaborar los informes de seguimiento de la aplicación de las medidas de reequilibrio, y los plazos para aplicarse las medidas coercitivas previstas en la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.

   En concreto, el Ministerio de Hacienda deberá elaborar informes trimestrales de seguimiento de la aplicación de las medidas de reequilibrio en lugar de cada seis meses como se recoge en el proyecto de ley, y las desviaciones que se prolonguen durante dos semestres darán lugar a medidas coercitivas. En el caso de las corporaciones locales, los informes de seguimiento serán semestrales en lugar de anuales.

   Asimismo, la falta de remisión del informe de seguimiento o su valoración desfavorable serán motivos, junto al incumplimiento de los planes de ajuste, para aplicar las medidas sancionadoras, que pasan por la constitución de un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento del PIB nominal de la administración sancionada que se transformará en una multa coercitiva si se mantiene el incumplimiento durante seis meses.

   Por otra parte, los 'populares' introducen un nuevo apartado en la disposición adicional primera de la normativa para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos presenten, trimestral y anualmente respectivamente, un informe de sus interventores sobre la ejecución de los planes de ajuste.

   Además, se da capacidad al Ministerio de Hacienda para seguir la implementación de las medidas de reequilibrio y para informar al departamento de Economía sobre este asunto, e incluso podrá recomendar actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado cuando los informes de seguimiento recojan riesgos para garantizar el reembolso de operaciones de endeudamiento concertadas por comunidades y corporaciones locales.

   De esta manera se pretenden garantizar los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligación de pago a proveedores. En relación a este último punto, también se excluye explícitamente al fondo de pago a proveedores del artículo que recoge el principio de responsabilidad y según el cual el Estado no asume ni responde por ningún compromiso adquirido por otra administración.

   El resto de las enmiendas presentadas por el PP, hasta un total de 28, se refieren a aspectos técnicos y clarificaciones del texto del proyecto, la precisión de que por estabilidad presupuestaria se entiende el equilibrio o superávit en las cuentas, y la vinculación entre los marcos presupuestarios y los programas de estabilidad.

   Con respecto al punto de la discordia con los socialistas --el límite del cero por ciento en el déficit estructural y su ampliación al 0,4 por ciento sólo en casos excepcionales--, el PP enmienda el texto para que rece: "Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

   Además, incluye un nuevo párrafo al articulado para precisar que se entenderá por 'recesión económica grave' lo mismo que define la normativa europea y, en todo caso, "será necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional".

Según prevé el Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria entrará en vigor el próximo mes de mayo. Tras el rechazo en el Pleno del Congreso de este jueves de las cuatro enmiendas de devolución presentadas contra el proyecto por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), BNG, ERC y CiU, el texto pasará el martes al proceso de ponencia, donde un grupo de diputados de todas las fuerzas políticas presentes en la Comisión de Hacienda redactarán, a puerta cerrada, un informe en base al texto remitido por el Plenario y a las enmiendas parciales que se acepten de entre las más de 200 que se han presentado.

   El documento deberá estar listo a final de semana para que el lunes 9 de abril pueda ser debatido en la comisión del ramo, junto con las enmiendas parciales que aún queden vivas. Tras votar, se emitirá un dictamen, con los cambios que se hayan aceptado, que se remitirá de nuevo al Pleno de la Cámara baja, que lo someterá a consideración el jueves 12.

   El texto que se apruebe se remitirá entonces al Senado, que puede interponer un veto, poco probable ante la mayoría absoluta del PP; introducir enmiendas, con lo que el proyecto debería ser votado de nuevo en el Pleno del Congreso; o aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido, en cuyo caso la ley quedaría ya definitivamente aprobada.

¡Yo aviso! / Carlos Gorostiza *

Aviso a Seat, Renault, Vw, Ford, Opel… de que he reparado mi viejo coche y que ya he descartado completamente cambiarlo. Aviso al BBVA, Santander, La Caixa, Kutxa…de que he renunciado a aquella compra que tenía pensada y que no necesitaré ya pedir ningún crédito. Aviso a Bimbo, Danone, Nestlé, Campofrío, Henkel, Fairy, Ariel... de que me he convertido en un experto en marcas blancas, que son las únicas que llenan ahora mi carro.

Aviso a El Corte Inglés, Inditex, Cortefiel, Hispanitas....de que ya solo compro ropa en outlets o en rebajas. Ah! y que conozco todas las modistas de arreglos de mi barrio. Aviso a Cepsa, BP, Repsol, Shell, Petronor, Avia… de que me acostumbré a conducir despacio cuando la limitación a 110 y que ahora paso de largo por muchas gasolineras. Y, por supuesto, en los viajes largos uso el bus.

Aviso a Prisa, Vocento, Mediapro, Mediaset, Euskaltel y Movistar que la TV de pago ni siquiera la tengo como opción y que he descubierto que se vive perfectamente sin comprar todos los días todos los periódicos. Aviso a las cadenas Barceló, Sol, Zenith, Meliá… de que ya he reservado plaza en un camping para este verano en lugar del hotel de playa de los pasados años.

Soy un privilegiado. Tengo un buen sueldo, excelente en comparación con el de la mayoría de mis amigos, así que estas decisiones no son nada comparadas con las que, sí o sí, han de tomar ellos y otros muchos millones de consumidores. Porque -señores- no olviden que austeridad es NO COMPRAR.

Quienes hoy aplauden entusiasmados esta reforma laboral que precariza los empleos, que expulsa a la clase media del mercado, que destroza la esperanza de los jóvenes más preparados que miran al extranjero como hicieron sus abuelos, mejor harían en no recalentarse las manos con tanta ovación porque tal vez las necesiten para cavar con ellas la tumba de los negocios que hasta ahora les hicieron ricos.

Quien paga sueldos nimileuristas no puede ser tan tonto como para creer que el resto de empresas no harán lo mismo que él y que, por lo tanto, al cabo no habrá consumidores capaces de comprar lo que él tanto necesita vender. Es obvio. Falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y a cuánta gente habrán destrozado para entonces.

Aviso de que mi huelga particular empezó antes del 29 y que se prolongará mucho después. ¿Y la de usted?

(*)  Político vasco

¿Qué quito de mi Vitae? / Gabriel Navarro *

Las escenas que se viven atendiendo la demanda de los jóvenes para encontrar trabajo, sea el que fuere, comprenden día tras día un dramatismo que va más allá de las imágenes habituales de colas de parados. La tensión y la angustia que tienen que soportar y controlar los orientadores de las oficinas de empleo no suele reconocerse públicamente; ellos son quienes les asesoran en como mejorar su capital formativo y les facilitan las pistas para elaborar su Currículum Vitae como carta de presentación que debe de mostrar aquello que se puede ofrecer al puesto de trabajo al que optan, sus habilidades, su experiencia y las competencias obtenidas. Y, al mismo tiempo, son la “cara oficial de la administración” a la que se enfrentan los desempleados depositando en ellos sus esperanzas y una difusa amargura por una situación injusta de la que los orientadores no son culpables.

En el caso de la mayoría de jóvenes parados se añaden varias circunstancias. Por un lado, la denominada “sobrecualificación” predominante que impide adecuarse a las reducidas ofertas de empleo, junto a otros infracualificados por que abandonaron sus estudios prematuramente; la ´precariedad´ creciente de los contratos, y también, la excesiva ampliación del periodo de búsqueda de empleo. Para la OCDE, el problema no se limita al alto número de jóvenes desempleados y subempleados sino que también es mayor que nunca el número de los que han desistido de buscar trabajo. Un informe del Youth Employment Network expresaba que «la infrautilización de los jóvenes en el mercado de trabajo puede desencadenar un círculo vicioso de pobreza intergeneracional y exclusión social». Un documento del National Bureau of Economic Research (NBER) demuestra que quien se ve expuesto a la recesión entre los 18 y 25 años tenderá a creer que el éxito en la vida obedece más a la suerte que al esfuerzo.

Tener empleo no sólo permite disponer de un salario, supone imponerse una organización del tiempo, mantener experiencias compartidas y relaciones personales, plantearse metas, y determina un estatus social y una identidad personal. Frente a ello, repetidos fracasos en la búsqueda de empleo acaban en apatía, vergüenza ante los demás y resignación, en un sentimiento de culpabilidad al pensar que es uno mismo el principal responsable de la situación. La OIT en 2010 decía: «La incapacidad de encontrar empleo genera una sensación de inutilidad y ociosidad entre los jóvenes, y puede elevar los índices de criminalidad, problemas de salud mental, violencia, conflictos y consumo de drogas».

El desempleo interrumpe el proceso de identidad personal y genera una experiencia de fracaso, según Jahoda, y provoca repercusiones psicológicas como pérdida de autoestima, sentimientos de inseguridad y de fracaso, experiencia de degradación social, vergüenza o sentimiento de culpa, aspectos que afectan al concepto que tiene el individuo de sí mismo. Se sabe que el grado de apoyo social que posea en su entorno un joven constituirá uno de los elementos esenciales para amortiguar su malestar, en el cual la familia se convierte en el verdadero “Estado del Bienestar” estirando al máximo los menguantes recursos de que dispone. Pero las perspectivas también son dramáticas. El desempleo provoca una disminución de ingresos económicos, una transformación en las relaciones sociales y un cambio en el lugar donde residía el ejercicio de la autoridad. Estos cambios provocan una desensibilización en las relaciones entre los miembros de la familia y entre ésta y el medio social en que se desarrolla. Aparece un incremento en las peleas y un retraimiento de la vida social generalizado. A medio plazo, se pierde el ánimo en actividades e intereses sociales y disminuye el interés en la política, entre otros aspectos.

Tampoco la reciente reforma laboral augura un escenario distinto, el nuevo ´contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores´ incentiva la contratación de las personas que cobran prestación contributiva por desempleo frente a los jóvenes que generalmente no tienen este tipo de prestaciones. En el contrato de formación y aprendizaje se ha suprimido la obligación para el comienzo de la formación, así que puede finalizar y no haber recibido la formación prevista.

Una de las formas singulares que observamos en los jóvenes para intentar superar el estigma social del parado es modificar las estrategias de búsqueda de empleo. Como predominan los sobrecualificados, ahora realizan un curriculum vitae A y el B. El A, es el real. El currículum B es una adaptación a una determinada oferta de trabajo, que está por debajo de las responsabilidades que por experiencia, formación, le corresponderían al candidato. El caso es que cuando consiguen alguna entrevista, ya no sólo tienen que demostrar esos límites de su curriculum B; además, tienen que representarse como tales, quitando aspectos diversos de su vida, tanto en lo referente a su formación como en partes esenciales de su identidad como ciudadanos. Las respuestas que obtienen, quienes lo consiguen, son desalentadoras, y la duda que emerge es cómo adaptar lo que se quita del curriculum vitae a cada oferta concreta y como se ubica cada sujeto en esos nuevos papeles vitales recortados.

Ya no se trata solo de aceptar una degradación ante el posible empleador, se configura en lo real una identidad con la vitae reducida. Recuerda lamentablemente esa frase atribuida a Freud: «En esta vida para ser feliz hay dos opciones: hacerse el idiota o realmente serlo».

(*) Psicólogo. Ayuntamiento de Cartagena

UPyD Murcia acude al Museo de la Catedral en señal de apoyo con motivo de su posible cierre

MURCIA.- El Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia visita el Museo de la Catedral y su Torre con objeto de trasladar a los trabajadores su preocupación por el posible cierre, tras la suspensión de la subvención otorgada hasta ahora por la Consejería de Cultura. 

   La formación magenta presentó una moción en el Pleno municipal del 28 de marzo para impedir el cierre, instando al Consistorio a intensificar las conversaciones con la Consejería de Cultura, y a asumir en último extremo, el coste de la subvención evitando así el cierre.
   De este modo, la moción fue finalmente rechazada por los votos del Partido Popular, y apoyada por el socialista, según han explicado miembros de la formación política.
   Para el portavoz de la formación en Murcia y además, Guía Oficial de Turismo de la CARM, Rubén Serna, el eventual cierre de este Museo "supone un perjuicio grave al municipio desde el punto de vista cultural, turístico y de imagen", subraya.
   Por último, los ediles quieren invitar a todos los murcianos y turistas a que aprovechen estas fiestas de Semana Santa para visitar el Museo y la Torre, para apoyarlo y poder disfrutar de su riqueza patrimonial, ante su probable cierre.