jueves, 12 de abril de 2012

Beteta dice a los funcionarios que deben "olvidarse de tomar el cafelito"

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado este jueves en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales.

   Durante su partipación en el Foro Aragonex, Beteta ha subrayado que "nada será como antes" y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.
   Así, ha señalado que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, "que no sumisión".
   Beteta ha indicado que la economía española tiene que ganar en competitividad y ligar las subidas salariales a este concepto y cuando las circunstancias lo aconsejen, al tiempo que ha asegurado que los salarios de los empleados públicos no deberían vincularse con la evolución de la inflación.
   El secretario de Estado se ha referido también a la reforma laboral, apuntado que ésta se ha hecho para modernizar las relaciones laborales un país con más de 5 millones de desempleados y "harto" de escuchar "palabras vacías".
 "No entiendo por qué se venera tanto un régimen que es herencia del Franquismo", ha añadido.
   En cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal, que incluirá la prohibición para empresarios y profesionales de pagar en metálico operaciones por importe superior a los 2.500 euros, Beteta ha indicado que la sociedad entera "tiene que rebelarse contra la economía sumergida".
   Así, ha advertido de que cuando no se emiten facturas en las operaciones comerciales. "se está poniendo en peligro el pago de medicamentos y la educación", entre otras cosas. "Es malo que lo haga una empresa y que el particular lo tolere. Y yo creo que no es cuestión sólo de multa. Para las empresas está el riesgo de la reputación", ha añadido.

El PSOE pide garantías a la Comisión Europea para los inversores de CAM

BRUSELAS.- El eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo se ha dirigido a la Comisión Europea (CE) para pedir que se dé "garantías" a los inversores con acciones preferentes de entidades "que cuentan o han contado con el apoyo del Estado" como Novacaixagalicia (NCG), Unim o Caja Mediterráneo (CAM).

A través de una pregunta parlamentaria, el eurodiputado socialista reclama que se respeten los derechos de los consumidores que han invertido en estos productos y ahora se ven afectados.
"¿Dispone de alguna información al respecto?, ¿puede afirmar que el proceso de comercialización de las participaciones preferentes se ha hecho conforme a la legislación comunitaria en vigor?, pregunta el europarlamentario.
Más allá, cuestiona a Bruselas si la CE "está trabajando con las autoridades competentes para garantizar que los planes de acompañamiento a las ayudas de estado garanticen los derechos de los consumidores que han invertido en estos productos".
Sánchez Presedo ha remitido a Bruselas a través de la pregunta escrita los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cuantifica las participaciones preferentes negociadas en estos momentos en los 11.000 millones de euros.
La página web del órgano regulador califica a estos productos de "complejos de riesgo elevado" con "una liquidez limitada".
Sánchez Presedo informa asimismo a la CE de que "distintas asociaciones de consumidores denuncian que varias entidades financieras habrían comercializado a lo largo de la última década y durante la crisis estos valores como garantizados carentes de riesgo".
La CNMV, de hecho, explica Sánchez Presedo al Ejecutivo comunitario, ha abierto hace pocas semanas expedientes sancionadores a cuatro de los dieciocho emisores de participaciones preferentes, al tiempo que su presidente reconocía la existencia de "problemas puntuales" en su colocación.
"Los cambios en la valoración de las entidades en proceso de reestructuración han afectado a la rentabilidad de las participaciones preferentes que han emitido", añade el eurodiputado, quien apunta además que "en algunos casos su negociación ha llegado a ser suspendida o las entidades emisoras han ofrecido el canje por productos alternativos como acciones".
Así, asegura Sánchez Presedo, "en estos momentos, la principal fuente de incertidumbre afecta a los tenedores de participaciones preferentes emitidas por entidades que han contado o cuentan con apoyo del estado como Novacaixagalicia, Unim o la Caja de Ahorros del Mediterráneo".

Los accionistas díscolos condicionarán la subasta de Banco de Valencia

VALENCIA.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) da luz verde este jueves a la subasta de Banco de Valencia, la primera de un banco en España. El matiz conlleva novedades y nuevos jugadores hasta ahora inauditos, según 'Economía Digital'.

Porque la historia de la entidad valenciana, intervenida en noviembre por el Banco de España desde que se destapara un agujero de 600 millones de euros, no sólo la escribirán los administradores públicos y las entidades dispuestas a acudir a la puja. Los accionistas valencianos esperan “presentar batalla” en las próximas semanas.

De forma paralela a la subasta, un nutrido grupo de accionistas minoritarios, liderados por el empresario Vicente Simó, se han unido para hacerse fuertes y pelear para no perder el valor de sus acciones. Y no se trata de ninguna minoría desechable. El paraguas Pro Banco de Valencia representa el 25% del capital social de la entidad. En total, cerca 1.800 personas con 125 millones de acciones.

Esta asociación espera jugar un papel decisivo en la próxima junta de accionistas, una cita que todavía no se ha celebrado pero que se intuye inminente, antes del verano. Porque el Banco de España ha comenzado la subasta sin aclarar si las acciones de la entidad valenciana tendrán valor. Y en el seno de esta asociación se teme que se produzca una operación acordeón, que supondría reducir a cero el precio de los títulos. “Y eso significa que mucha gente perdería los ahorros de toda la vida”, asegura Simó.

“Si se confirma, nos preparamos para una junta de general accionistas muy movida y caldeada, con numerosas impugnaciones”, augura Simó, que ha presentado un estudio de Caruana & Asociados, basado en el flujo de caja, que atribuye a la entidad un valor de 900 a 950 millones de euros. Incluso ha señalado que tanto la Bolsa como el propio Frob le otorgan igualmente un valor a la entidad.

Por ello, estos accionistas proponen que realice una operación similar a la de Banesto en los años noventa. Además, esperan para el futuro de la subasta un nuevo socio que tenga poca presencia en territorio valenciano, que mantenga la marca Banco de Valencia y permita la presencia de capital y representantes valencianos en el consejo.

De momento, y como punto de partida, las entidades interesadas ya tienen en su poder desde el martes los cuadernos de venta. El primero en admitirlo ha sido Carlos Egea, presidente del Banco Mare Nostrum (BMN) y principal favorito para hacerse con el Banco de Valencia. De hecho, es el único que ha mostrado públicamente su interés en adquirirlo.

A Egea le interesa el banco valenciano porque le permitiría completar su presencia en el arco del Mediterráneo con el grupo liderado por Caja Murcia y que también cuenta con Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra como accionistas. BMN apenas cuenta con 44 oficinas en Valencia y Castellón de las cerca de 1.500 que tiene el grupo, por lo que serían complementarios. Pero además, Banco de Valencia, entidad ya cotizada, le permite salir a bolsa sin la necesidad de hacer una oferta pública de venta.

Egea, sin embargo, no es el único. Otras entidades como Popular, Ibercaja o Bankinter también han mostrado su interés en hacerse con el cuaderno de ventas para estudiar si acudirán a la puja. De hecho los dos primeros ya mostraron su interés por la catalana Unimm, que finalmente fue adjudicada al BBVA. Los interesados disponen ahora de tres semanas para presentar sus ofertas no vinculantes al Banco de España, que seleccionará a los candidatos más idóneos, para que puedan estudiar a fondo las cuentas de la entidad.

Fomento anuncia un 'Macrocontrato' de concesión en el Corredor Mediterráneo

MADRID.- El Ministerio de Fomento acometerá en colaboración con la iniciativa privada, a través de un contrato de concesión, las obras de implantación de un tercer carril en la línea ferroviaria del Corredor Mediterráneo, un proyecto estimado en 1.200 millones de euros.

   La implantación de un tercer carril en este Corredor supondrá su conversión al ancho de vía por el que circulan los trenes AVE y al que actualmente existe en toda la red ferroviaria Europa.
   De esta forma, Fomento busca promover el transporte de carga por tren "para que las mercancías españolas lleguen al centro de Europa a través de Francia", según indicó la titular del Departamento, Ana Pastor.
   Pastor indicó que el proyecto se acometerá a través de un contrato de colaboración público-privada, un sistema por el que el capital privado adelanta la mayor parte de la inversión necesaria para acometer el proyecto, para recuperarla una vez que la obra se pone en marcha mediante el cobro de un canon o tasa anual a la Administración.
   Por ello, según indicó Fomento en un comunicado, la ministra "animó" a empresarios españoles y a inversores internacionales a participar en este proyecto.
   El Ministerio enmarca esta iniciativa en su intención de impulsar la coloración del capital privado en la promoción de obra pública, para compensar el descenso del presupuesto público.
   Para ello, Fomento prevé modificar la legislación sobre concesiones para delimitar los riesgos del concesionario y dar más seguridad jurídica, e incrementar la participación pública en algunos proyectos de forma que alcance incluso el 50%.