sábado, 14 de abril de 2012

Rajoy y sus 'barones' cuerdan fijar un "sistema de prioridades" para salvar servicios sociales básicos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales del PP se han comprometido este sábado a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello se han marcado como reto establecer un "sistema de prioridades" para salvar la prestación de esos servicios.

 En esta línea, han apostado por acometer una "profunda" reforma de las administraciones públicas y los servicios que prestan, eliminando duplicidades y ordenando competencias, pero sin devolverlas.
   Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha explicado ante la prensa las medidas acordadas por los 'barones' del PP en esta "fructífera" reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, y a la que han asistido también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis De Guindos, respectivamente.  
     En este encuentro, Rajoy y sus 'barones' han suscrito una declaración de cuatro páginas en la que, entre otros puntos, expresan su apoyo con el cumplimiento de los objetivos de déficit y las reformas que está realizando el Gobierno. Cospedal ha definido este texto como "el gran pacto del Partido Popular" y ha invitado a sumarse a otros grupos políticos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a un gran pacto con el primer partido de la oposición, si bien ha recordado que el PSOE ya votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta misma semana en el Congreso.
   La 'número dos' del PP ha explicado que para poder garantizar los servicios sociales básicos, el Ejecutivo central y los gobiernos del PP "están estableciendo un sistema de prioridades para que los servicios sociales básicos se puedan mantener" porque "de otra manera, con la situación económica" que han "heredado" del PSOE sería "imposible" mantenerlos.
   "El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de lo servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", ha insistido Cospedal, que ha recalcado que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.  
    En la reunión en 'Génova', los presidentes del PP se han comprometido a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible", en palabras de Cospedal.
    De hecho, en el documento que han suscrito figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añade el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".
   En cuanto a las competencias -el documento no habla en ningún momento de devolverlas como planteó esta semana Esperanza Aguirre--, se comprometen a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración". El ordenamiento de las competencias, añade, debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales. Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", dice el manifiesto.
    Además, la número dos del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha destacado que España saldrá de la crisis si cumple el objetivo de déficit y sigue adelante con las reformas. "Ese mensaje de confianza absoluta ha sido apoyado y respaldado por todo los presidentes del PP", ha dicho, para subrayar que todos los presidentes se han comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 por ciento fijado para las CC.AA.
    Durante la reunión, los presentes han compartido el "diagnóstico" de la situación, subrayando que España se encuentra en una situación "muy difícil", y han manifestado su respaldo "sin fisuras" a las reformas del Ejecutivo y, en concreto, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Sabemos que hemos heredado la peor situación que haya tenido nunca un Gobierno de España en la democracia española", ha indicado Cospedal, que se ha mostrado convencida de que se saldrá de esta situación "complicada".
     En la declaración firmada por los presidentes del PP se recoge además la importancia de la lealtad institucional que "tanto se ha olvidado en los pasados ocho años", según Cospedal. Tras recordar que España está formada por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas , ha señalado que "no se puede hacer una política de oposición ente las partes y el todo".
 "Nunca más con el PP al frente del Gobierno de España se dará la espalda a las CC.AA. como se ha hecho estos últimos ocho años ni las comunidades actuarán con deslealtad hacia los intereses generales de los españoles", ha proclamado.
    Cospedal ha manifestado que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a no establecer nuevos servicios que tengan que prestar las CCAA sin la suficiencia financiera necesaria y las CCAA se han comprometido a racionalizar las respectivas administraciones, evitar duplicidades y gestionar el dinero de los ciudadanos de manera "eficaz, austera y sobria".
   Finalmente, la secretaria general de los 'populares' ha asegurado que las Comunidades Autónomas "no son el problema de España" sino que tienen que ser "parte de la solución". Con este espíritu, ha dicho que las CC.AA. Se han  comprometido a hacer los mayores ejercicios de austeridad para que las normas y las pautas fijadas en la ley de Presupuestos Generales del Estado estén recogidas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de todas y cada una de las autonomías.
   Ante el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad que debe realizar el Gobierno, Cospedal ha indicado que los presidentes han planteado "fórmulas" en sus comunidades y ha recordado que se estudiarán la próxima semana en las dos conferencias sectoriales convocadas.

EQUO RM denuncia públicamente que los últimos recortes del Gobierno regional "precarizan los servicios públicos"

MURCIA.- EQUO RM denuncia que la disminución en 623 millones de euros aprobada en el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero, presentado por los consejeros de Obras Públicas, José Ballesta, y de Economía, Juan Bernal, supondrá "un grave empeoramiento en los servicios públicos, en la calidad de vida de la ciudadanía y en sus derechos sociales".

   Para Equo, los ajustes en la Consejería de Sanidad "son preocupantes, con una reducción de 95 millones de euros, consistentes, entre otras medidas, en el cierre parcial de centros de salud, disminución de guardias y sustituciones de vacaciones, reducción de servicios del hospital del Rosell de Cartagena o el recorte en el Plan de Salud Bucodental infantil".
   Asimismo, el 'tijeretazo' en la Consejería de Educación, estimado en 14,7 millones, "supondrá el despido de miles de profesores interinos, con el consiguiente aumento de la ratio del alumnado y el deterioro progresivo en la calidad de la enseñanza", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.
   "El capítulo cultural es otro de los damnificados por la jibarización presupuestaria, que ya ha propiciado la desaparición de iniciativas destacables como el Festival de Jazz o el de Música Antigua, la situación precaria de la Orquesta Sinfónica de Murcia  (que recibe 500 mil euros menos) y que ahondan en la difícil situación de los museos y las bibliotecas murcianas, lo que hará que nuestra Comunidad se hunda aún más en la cola de los índices culturales", han criticado.
   Y es que, según han señalado, a ello "se añaden los recortes tanto a las Universidades públicas (en más de 31 millones de euros) que precariza la enseñanza superior y disminuye la I+D+i, como al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), en casi 16 millones, un departamento encargado de áreas tan sensibles como son las ayudas a la dependencia, la gestión de las pensiones no contributivas, las residencias de mayores o los centros ocupacionales para personas con discapacidad".
   Por ello, apela una vez más a un cambio en el modelo de desarrollo económico, con el avance en sectores como las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la movilidad sostenible, la eficiencia energética o la agricultura ecológica, todos ellos con un gran potencial económico y de generación de empleo.