miércoles, 18 de abril de 2012

La Región de Murcia no necesita el Parque Paramount

MADRID.- Ante la intención del gobierno regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de apoyar y promover la construcción del complejo de ocio formado por el parque temático Paramount y el LifeStyle Center, según 'Actuable', hay que decir no a la construcción del parque, porque:


- Por un lado, este modelo de negocio ha demostrado estar totalmente obsoleto, acumulando pérdidas millonarias en los años que llevan funcionando, como se está viendo en otros parques similares construidos en otras regiones españolas (Terra Mitica, Parque Warner, Isla Mágica).

- La necesidad de construir viales de acceso, el consumo de agua, la generación de residuos y contaminantes, la intensificación del tráfico rodado y el efecto barrera sobre la fauna circundante son otros de los efectos indeseables que dicho proyecto generará.

-La previsión de visitantes claramente sobredimensionada, de más 3 millones al año, a tenor del número de visitantes a otros parque similares, no le auguran un futuro muy brillante a este proyecto megalómano.

Por todo ello, solicita que no se inicien las obras del complejo de ocio Parque Paramount y el LifeStyle Center, a través del siguiente enlace de 'Actuable'.

http://actuable.es/peticiones/pide-al-consejero-cultura-no-se-inicien-obras-del

Navantia se reorientará para buscar nuevos mercados exteriores

MADRID.- El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha afirmado este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso que buscará nuevos mercados exteriores para mantener la actividad de Navantia y evitar que "sea fuente constante de pérdidas".

   "Navantia es la joya de la corona de SEPI, y no me resigno a que sea fuente constante de pérdidas ni a que se pueda entrar en el debate de reconversión. Navantia tiene margen suficiente para incrementar sus pedidos, tanto en la rama militar como en la civil, tanto en los astilleros gallegos como en los de Cádiz", ha afirmado Aguirre.
   A renglón seguido, ha apuntado que para lograrlo es necesario "reorientar toda su actividad al exterior para abrir nuevos mercados".
 "Por eso me propongo que, a partir de ahora, la actividad exterior de Navantia sea declarada prioritaria y reforzaré para ello su área comercial, incrementando sus responsabilidades, dimensión y recursos", ha añadido.
   De hecho, pese a que la empresa no ha conseguido ningún contrato internacional desde 2007, Aguirre ha avanzado que "puede haber nuevas operaciones en un horizonte cercano", manifestando su "confianza" en las posibilidades de conseguir operaciones en Australia, Arabia Saudí, México o Venezuela.
    "Si tenemos el tiempo y la paciencia suficiente pudiéramos pronto tener buenas noticias de alguno de esos países. Hay que tener presente que la maduración de un proyecto de contratación internacional de un pedido de barcos está entre dos y tres años, así que no es un trabajo de hoy para mañana. Pero no me duelen prendas en decir que el consejero delegado de Navantia deja muy iniciados unos trabajos que remataremos, si trabajamos con acierto, en breve en alguno de esos países", ha señalado.
   A renglón seguido, ha afirmado que con tan solo uno de los pedidos que ha mencionado se conseguiría "estabilizar todos los puestos de trabajo para cuatro años aproximadamente" en las sedes de la empresa en Galicia, Cádiz y Cartagena, insistiendo finalmente en que "el horizonte del éxito de Navantia reside fundamentalmente en orientarla a los mercados internacionales".

El Gobierno rebaja los sueldos de sus expresidentes tan solo un 5,6%

MADRID.- La dotación anual prevista para cada uno de los expresidentes del Gobierno se verá reducida este año en 4.400 euros, aunque la partida presupuestaria se ha incrementado por la incorporación al 'club' de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del Gobierno hasta el pasado mes de diciembre. 

   En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, esta partida presupuestaria del Ministerio de la Presidencia se incrementa hasta los 298.320 euros, ya que ahora hay un cuarto perceptor, José Luis Rodríguez Zapatero, que se une a sus antecesores el 'popular' José María Aznar, el socialista Felipe González --ambos con cargos en Endesa y Gas Natural, respectivamente-- y Adolfo Suárez (UCD). El otro presidente de la democracia es el fallecido Leopoldo Calvo Sotelo.
   Según ha explicado ante el Congreso el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, este incremento se "compensa" con una rebaja de la dotación anual de cada uno de ellos, que se rebaja en un 5,6%. Cada uno de ellos pasará de 79.000 a 74.580 euros anuales.  
   Se trata de la tercera rebaja consecutiva que sufre la dotación de cada expresidente del Gobierno, pues en 2010 llegaron a contar con un apoyo económico de 90.000 euros.
   En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, el subsecretario de Presidencia fue preguntado por el PSOE por el incremento de la partida de asesores. Para el socialista Ignacio Pérez Amor, 26 asesores más en el gabinete del presidente es un aumento "difícilmente justificable", aunque, bromeó, "a la vista del malgobierno, necesitaría aún más asesores".
   Lo que quiso denunciar es el contraste entre el discurso del PP en la oposición y en el Gobierno en este tema. Según recordó, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba en agosto de 2011 que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero contaba con 600 asesores, y en cambio ahora el Gobierno del PP sube un 50 por ciento la partida ara asesores, lo que, siguiendo con la doctrina Cospedal, supondría atribuir a Mariano Rajoy entre 700 y 900 asesores.
   "¿Eran realmente quinientos entonces o se habían considerado asesores hasta los jardineros de La Moncloa?", ironizó, reseñando que el Ministerio de Presidencia sólo habla ahora de 80 asesores, 26 más que antes.
   Pérez Renovales, que fue director de Gabinete de Rodrigo Rato, achacó el aumento de la partida de asesores a una cuestión administrativa, asegurando que el Gobierno del PSOE cataloga a trabajadores eventuales como funcionarios y ahora el PP los "regulariza" vía Presupuestos situándolos en su ubicación real.
   Tanto el subsecretario como el portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, subrayaron que en ningún caso ha habido incremento de plantilla en Presidencia. Es más, el subsecretaria ha dicho que el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ha dado preeminencia a los funcionarios frente a personal de otro origen profesional y ha subrayado que los gastos de personal se han rebajado en cerca de medio millón de euros y que se han reducido las retribuciones un 2% a todo el personal (laborales, funcionarios y eventuales).

CC.OO. destaca que el preacuerdo con BMN “evita 650 despidos forzosos

GRANADA.- El secretario general de CC.OO. en Banco Mare Nostrum (BMN), Ramón Guirao, ha valorado el principio de acuerdo alcanzado entre la representación sindical y BMN que desconvoca la huelga prevista para este jueves, 19 de abril, contra el segundo proceso de reestructuración laboral anunciado por el banco, de forma que, a su juicio, el preacuerdo alcanzado con la entidad “evita los 650 despidos forzosos proyectados al amparo de la reforma laboral”.

En una nota, Guirao considera que con este principio de acuerdo “se ha conseguido parar la iniciativa presentada por BMN a la representación sindical en febrero que, al amparo de la reforma laboral, contemplaba la salida de forma traumática de 650 trabajadores en todo el Estado”, de forma que con el acuerdo alcanzado, “se evitan despidos forzosos y se mejoran las condiciones establecidas en la reforma del Gobierno”.
Concretamente, la segunda reestructuración laboral contemplaba la extinción de 530 contratos –nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones–, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.
Esta propuesta fue rechazada por todos los sindicatos, que pidieron la apertura de la mesa de negociación y que “llevó a CC.OO. a tomar la iniciativa para llevar a cabo un conjunto de movilizaciones en contra de esa medida”.
De esta forma, ha recordado que el principio de acuerdo contempla una serie de medidas, en concreto bajas voluntarias e incentivadas de 150 personas, con una indemnización de 45 días por año con un tope de 42 mensualidades, “muy por encima de la propuesta de la empresa de 20 días por año con un tope de 12 “mensualidades”, ha destacado CC.OO..
La segunda medida contempla un programa de entre 100 y 150 suspensiones de contratos por seis meses, cuya vigencia se establece desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 y durante los cuales la empresa complementará hasta un máximo de 500 euros mensuales durante el período de suspensión.
La tercera, la suspensión durante dos años de forma “rotatoria” de los contratos de trabajo a 800 empleados durante tres meses al año, esto es, 200 por trimestre. Una medida que “está encaminada a evitar o reducir el volumen de afectados por el programa de bajas incentivadas” y se implementará de forma “inmediata”. Todas esas suspensiones de contratos llevan garantizada la reincorporación al puesto de trabajo.
Asimismo, se establece una reducción salarial temporal durante dos años y medio como máximo, “proporcional al nivel retributivo”.
Según el acuerdo, la reducción salarial temporal para toda la plantilla de BMN se aplicará entre el 1 de julio de este año hasta la devolución de las ayudas del FROB o hasta el 31 de diciembre de 2014. Se excluyen de esta medida las personas cuya retribución total anual sea igual o inferior a 30.000 euros y a elección del trabajador podrá aplicar la reducción salarial temporal a las aportaciones a su plan de pensiones del año que le corresponden, en lugar de ver reducido su salario ordinario.
Asimismo, este preacuerdo establece un programa de excedencias voluntarias, en concreto por un período igual o mayor a un año y menor de dos, que se retribuirá con un 15 por ciento del salario actual; una excedencia por más de dos años y menos de tres, que se retribuirá con un 20 por ciento de salario actual; y excedencia por más de tres años o menos de cinco, que se retribuirá con un 30 por ciento del salario actual.
El preacuerdo contempla además un programa de reducciones de jornada con novación contractual, de carácter voluntario, tanto temporales como definitiva, con un mínimo de un 20 por ciento de jornada y un máximo de un 50 por ciento, con una reducción salarial “directamente proporcional” a la reducción de tiempo de trabajo.
Para el secretario general de CC.OO. de BMN la finalidad del acuerdo alcanzado “tiende al mantenimiento de los puestos de trabajo minimizando el impacto de otras medidas distintas a las aquí acordadas”.
Además, resalta que “durante la vigencia del presente acuerdo, BMN asume el compromiso a que cualquier proceso de reorganización y reestructuración interna será negociada previamente con las organizaciones sindicales”.
Ya el pasado martes, los sindicatos resaltaron que “se ha conseguido que esta segunda reestructuración se haga con medidas que garantizan el empleo futuro”. Destacaron que con este preacuerdo “se evitan despidos forzosos” y ha destacado que las condiciones del mismo “mejoran sustancialmente las condiciones establecidas en la reforma laboral del Gobierno”.
 En ese punto, han resaltado que “el anuncio de la huelga y de las movilizaciones y la presión que ello suponía han dado su fruto y en la negociación hemos de conseguir mejorar las condiciones que se contemplan en la reforma laboral”.
Según Guirao, durante la vigencia del acuerdo BMN asume el compromiso a que cualquier proceso de reorganización y reestructuración interna será negociada previamente con las organizaciones sindicales.

Renfe pide subir un 10,9% el billete de Cercanías

MADRID.- Renfe ha solicitado al Gobierno subir una media del 10,9% el precio del billete del tren de Cercanías a partir del próximo 1 de mayo, según informaron hoy fuentes del sector.

   La operadora también pide elevar un 10,9% el precio medio de los viajes en trenes de Media Distancia. Estos son los dos transportes con carácter de servicio público que presta Renfe.
   Se trata en ambos casos de una subida histórica, dado que es el mayor incremento que estos trenes registran en al menos los últimos cinco años, que además casi multiplica por seis al IPC actual (1,9%).
   En concreto, entre 2007 y 2011 las subidas del precio del billete de Cercanías oscilaron entre un 3,1% y un 6,28%, mientras que, de su lado, las correspondientes a Media Distancia variaron entre el 3,1%  y el 5% en este mismo periodo.
   El servicio de Cercanías, que Renfe presta en un total de doce núcleos de población, y el de Media Distancia son los que más viajeros transportan.
   Cercanías transportó 412,6 millones de pasajeros en 2011, un 3% más que en 2010, según datos de la operadora, mientras que Media Distancia prestó servicio a 32,5 millones de usuarios, los mismos que en año anterior. En ambos casos superan a los casi 23 millones de pasajeros del AVE.
   En concreto, a partir de mayo el billete sencillo de Cercanías sube un 11,69%, mientras que el abono multiviaje lo hace en un 9,39%, lo que sitúa el incremento medio en un 10,9%.
   En el caso de la Media Distancia, el encarecimiento del billete sencillo es del 12,85%, y el que permite realizar varios trayectos, del 5,74%.
   Los incrementos de tarifa fueron analizados este miércoles en una reunión de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, con el fin de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decida en su reunión de mañana jueves sobre esta demanda de subida de precios de estos servicios de Renfe.
   Las tarifas de los trenes de Cercanías y Media Distancia convencional dependen del Gobierno por tratarse de servicios de carácter público.
   Por contra, los correspondientes al AVE Larga Distancia son decisión de Renfe. En este caso, la operadora espera a que el Ejecutivo decida sobre los otros servicios antes de sopesar una subida, según indicó el presidente de la compañía ferroviaria, Julio Gómez-Pomar, ayer martes tras comparecer en el Congreso.
   Renfe no efectuó a comienzos de año la habitual revisión de precios de todos sus servicios, por coincidir con la transición en la dirección tanto de la empresa como en el Ministerio de Fomento consecuencia del cambio del Gobierno.
   Por ello, la subida se aplicaría a partir del 1 de mayo. Según dichas fuentes del sector próximas a Renfe, en caso de extender el efecto del incremento a todo el ejercicio, el porcentaje de encarecimiento se reduce al 6,5%.
   Las mismas fuentes enmarcan las subidas en la voluntad de la compañía ferroviaria de dejar de depender de las aportaciones estatales y de ahorrar unos 288 millones de euros en costes de explotación.
   Por contra, otras fuentes también ferroviarias señalaron que la compañía ha tenido que repercutir en el precio de los billetes el hecho de que el Gobierno no incluya en los Presupuestos de 2012 el importe que tiene que pagar a Renfe por su encomienda de prestar servicios públicos en nombre del Estado.
   En el caso del billete de Cercanías de Madrid, la subida del 1 de mayo coincide con la entrada en vigor del encarecimiento aprobado para el transporte público de la capital.

El PSRM dice que los recortes del Gobierno regional en sanidad "dan carpetazo definitivo" al Rosell

CARTAGENA.- La socialista Teresa Rosique ha asegurado este miércoles que los recortes del Gobierno regional en Sanidad "dan el carpetazo definitivo" al Rosell como segundo hospital de Cartagena. 

   La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista ha argumentado que "el cierre en su día del quirófano de Urgencias ya pronosticaba el final que iba a tener el Rosell", y recordó que "este hospital tiene ahora menos de cien camas, cuando la consejera prometió 330, una vez que hubiese abierto el nuevo hospital de Santa Lucía".
   De esta forma, denunció que el Área de Salud de Cartagena pierde definitivamente la oportunidad de tener un segundo hospital.
   La parlamentaria socialista se ha preguntado así si guarda alguna relación la desaparición del Rosell como segundo hospital del Área de Salud II, con el anuncio de la reapertura de un hospital privado en la ciudad. En opinión de la diputada, "no sería justificable que se cerrara este hospital público para, con posterioridad, concertar con un hospital privado".
   El Grupo Parlamentario Socialista pide a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que explique en la Asamblea todos los recortes en materia sanitaria y, en concreto, todo lo relativo al Rosell, pues "la consejera ha incumplido todos los compromisos realizados en el Pleno de la Cámara con relación al mismo".
   Teresa Rosique ha reclamado, además, explicaciones sobre qué va a pasar con la Unidad de Psiquiatría, que cuenta tan sólo con 25 camas para las áreas de salud II y VIII, para cubrir las necesidades de una población de 370.000 habitantes, cuando prometió para cubrir las necesidades 120 para el Rosell y 22 para Los Arcos.
   Asimismo, pide a Mª Ángeles Palacios que aclare cómo van a reubicar en el hospital de Santa Lucía a los enfermos que hasta ahora eran intervenidos y hospitalizados en el Rosell; y cuál es la situación en la que se queda la Puerta de Urgencias y la UCI.
   El Grupo Parlamentario Socialista pide que todas estas cuestiones sean explicadas por la consejera en sede parlamentaria.

IU-Verdes cree que la reforma de la ley de Costas del PP es "un gravísimo error"

MURCIA.- El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles en la Asamblea Regional que la reforma de la ley de Costas que plantea el PP pretende retomar el modelo "fallido" del ladrillo, lo que, a su juicio, supone "un gravísimo error".

   Pujante ha pronunciado estas palabras en el debate de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Gobierno la compatibilización de la protección del litoral con su gestión económica y turística en una futura ley de Costas.
   El parlamentario ha sostenido que la reforma de la normativa que propone el PP es "inconcreta", y "persigue perpetuar la legitimidad de los usos insostenibles y especulación urbanística en el litoral de la Región de Murcia".
   Asimismo, ha preguntado al grupo Popular por el motivo por el que el expresidente del Gobierno José María Aznar no modificó la ley de Costas vigente, que data de 1988, si consideraba que esta contenía preceptos que necesitaban una urgente reforma.
   "El modelo económico del ladrillo nos ha llevado a esta profunda crisis", ha apostillado Pujante, tras insistir en que las alternativas que generen empleo en la Comunidad "tienen que apostar por un turismo de calidad, y no por la masificación e insostenibilidad".

El Príncipe inaugura la nueva refinería de Repsol en Cartagena, la mayor inversión industrial en España

CARTAGENA.- El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, ha inaugurado este miércoles la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena, a la que la petrolera ha dedicado una inversión de 3.150 millones de euros, la mayor de las acometidas en España hasta el momento.

   La planta procurará a Repsol una cuota del 60% en el actividad de refino en España y procesará 4,5 millones de toneladas al año de destilados medios, entre los que figuran el gasóleo y el queroseno, lo que permitirá reducir en un 30% las importaciones de estos productos y, con ello, aliviar el déficit energético español.
   El Príncipe ha presidido la inauguración en sustitución de del rey Juan Carlos I, quien se encuentra convaleciente de una operación de cadera. En el acto han participado también el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
   Don Felipe aseguró que la ampliación de la refinería de Cartagena sitúa a España "a la cabeza de Europa en la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de una mayor sostenibilidad ambiental, un mayor ahorro y una mayor seguridad energética".
   Por su parte, Brufau destacó el empleo directo en la nueva refinería, de 1.800 personas, así como su capacidad diaria para procesar 220.000 barriles de crudo con unos estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad similares a los de las principales plantas del mundo.
   En una presentación para periodistas, el director de 'downstream' de Repsol, Pedro Fernández Frial, y el responsable de refino, Josu Jon Imaz, han explicado que el proyecto de Cartagena, en marcha desde finales del año pasado, eleva un 16% la capacidad de destilación del grupo y un 25% la de productos destilados medios.
   Además, la mejora de la eficiencia de la planta permitirá al grupo elevar entre dos y tres dólares por barril los márgenes obtenidos en la actividad de refino de crudo, lo que redundará en una mejora de los parámetros financieros de la división de 'downstream'.
   En la ampliación de Cartagena se ha utilizado acero equivalente a tres torres Eiffel, se han movido tierras comparables a 900 piscinas, se han usado tuberías capaces de cubrir la distancia entre Galicia y Cartagena, y se han empleados cables suficientes para unir Cartagena con Moscú.

Beteta: El Gobierno tiene "serias discrepancias" con varios planes de ajuste de CCAA

MADRID.- El Gobierno tiene "serias discrepancias" con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no dudará" en intervenir aquellas comunidades que no puedan "cumplir sus obligaciones financieras", si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.

   Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
   "A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha señalado.
   Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente "capacidad" para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
   Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, "se hará", y ha hecho hincapié en que "no va a mirar el color político" de quien gobierne esa región, sino únicamente "la necesidad de que se cumpla la ley".
   Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están "conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones", si bien con otros existen "serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
   No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán "públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado".
   Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas "discrepancias" con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y "empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno", lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
   Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse "sorprendido" por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra "intervención", la cual, a su juicio, "no genera demasiada seguridad".
   En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen "mecanismos" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para "llegar a acuerdos conjuntamente" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
   En su opinión, las palabras de Beteta son "una bravuconada más como otras que ha hecho", por lo que le ha pedido que explique "mucho mejor" a qué se refiere con intervención. "¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad", ha indicado.
   Además, la diputada socialista ha señalado que sería "importante" que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria --CiU, UPyD, Foro y UPN-- "sepan que el Gobierno está pensando en una intervención".
   Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
   Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
   La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
   Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las "condiciones" impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
   Por lo tanto, en su opinión se trata de un "instrumento muy caro", al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán "abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos", entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
   Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que "no puede ser más barato" porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
   En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá "libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos".
 "Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar", ha explicado.

Bruselas pide la "rápida aplicación" de la Ley de Estabilidad presupuestaria a las CC AA

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha pedido este miércoles la "rápida aplicación" a las comunidades autónomas de la recién aprobada ley de estabilidad presupuestaria. Una "gestión sólida" de las cuentas públicas de las regiones, ha resaltado Bruselas, es un "elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España".

   No obstante, el Ejecutivo comunitario ha eludido valorar si el copago farmacéutico propuesto por el Gobierno es una medida adecuada para recortar el déficit alegando que "la elección de las medidas es responsabilidad exclusiva de las autoridades españolas".
 "Nuestro papel es examinar las medidas propuestas y su impacto presupuestario, si son adecuadas para cumplir los objetivos", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
   "Esperamos una rápida aplicación de la ley de estabilidad que se aprobó recientemente por parte de todas las regiones en España. La dimensión regional de las finanzas públicas en España es particularmente importante. Una gestión sólida de las cuentas públicas en las comunidades autónomas es un elemento importante para el éxito de la estrategia fiscal de España", ha resaltado el portavoz.
   La Comisión todavía no tiene fecha para publicar su evaluación sobre los presupuestos de España para 2012, pero celebra "el claro compromiso y la determinación mostrados por el Gobierno español para cumplir su objetivo de déficit para 2012 y también para 2013.
   El portavoz ha subrayado que los presupuestos de 2012 "confirman el objetivo de déficit de un máximo del 5,3% del PIB este año como se acordó en el Eurogrupo" y se basan "en un escenario macroeconómico prudente".
   El Ejecutivo comunitario espera recibir "antes de final de mes" un programa de estabilidad "completo y sólido para 2013 y 2014" y un plan que contenga "reformas estructurales convincentes que impulsen el crecimiento y el empleo". 
"Todas estas acciones y su aplicación reforzarán gradualmente la confianza del mercado en la economía española y darán mejores perspectivas para los ciudadanos españoles", ha concluido el portavoz.

Un centenar de organizaciones presenta la plataforma 'No a nuestra costa'

MADRID.- Cerca de un centenar de organizaciones han presentado este miércoles la plataforma 'No a nuestra costa' con la que pretenden defender la Ley de Costas en vigor, que data de 1988, y sobre la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado una revisión.

   Entre los miembros de la nueva plataforma figuran ecologistas, vecinos, pescadores, académicos, juristas y sindicatos, que buscan promover un modelo sostenible de desarrollo en el litoral.
   Concretamente, la iniciativa ha sido puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/Birdlife y WWF, ante los "reiterados intentos" de reformar la citada norma, ya que consideran que la Ley de Costas es "una garantía" para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.
   Además, figuran decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.
   'No a nuestra costa' tiene vocación de movimiento ciudadano y apartidista que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de la costa española, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma insisten en que esto es "fundamental" para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.
   Asimismo, junto con la presentación de la plataforma, estas organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez de la Ley de Costas actual.
   En este contexto, recuerdan que en las dos últimas décadas, la costa española ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol al día y destacan que una costa mal conservada cuesta "miles de millones de euros cada año" de un dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.
   Por ello defienden una aplicación de la Ley de Costas "estricta, sin rebajas" que elimine las construcciones ilegales y que compense a los propietarios que son "víctimas" de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). En definitiva, critican que con la reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.

El Gobierno "no dudará" en intervenir CCAA que no cumplan sus obligaciones

MADRID.- El Gobierno tiene "serias discrepancias" con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "no dudará" en intervenir aquellas comunidades que no puedan "cumplir sus obligaciones financieras", si bien no ha especificado a qué regiones se refiere.

   Así lo ha advertido este miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, que serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), prevista para la primera quincena de mayo.
   "A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo", ha señalado.
   Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit o por no tener suficiente "capacidad" para devolver los gastos financieros que le generen los créditos del mecanismo de pago a proveedores.
   Así pues, el secretario de Estado ha insistido en que, si el Ejecutivo ve necesario intervenir una comunidad autónoma, "se hará", y ha hecho hincapié en que "no va a mirar el color político" de quien gobierne esa región, sino únicamente "la necesidad de que se cumpla la ley".
   Según ha explicado a los medios después de la comparecencia en la Comisión, algunos planes de ajuste de comunidades ya han sido examinados por el Gobierno y están "conformes, en un proceso de mínimas aclaraciones", si bien con otros existen "serias discrepancias porque contienen partidas de ingresos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
   No obstante, Beteta no ha querido concretar a qué autonomías se refiere, ya que ha dicho que hay que esperar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos los planes de ajuste se expondrán "públicamente para que el conjunto de las regiones puedan dar opinión y conocer también la del Estado".
   Eso sí, ha advertido de que, en caso de que persistan esas "discrepancias" con las comunidades, el plan de ajuste no será aprobado en el Consejo y "empezará a cumplirse lo dispuesto en la ley en su fase uno", lo cual, si no se cumplen los objetivos de estabilidad, podría llevar a la intervención.
   Tras la comparecencia del secretario de Estado, la diputada socialista Meritxell Batet ha dicho haberse "sorprendido" por los términos utilizados por el secretario de Estado, en concreto por la palabra "intervención", la cual, a su juicio, "no genera demasiada seguridad".
   En este sentido, Batet ha afirmado, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que en la configuración del Estado español existen "mecanismos" como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para "llegar a acuerdos conjuntamente" entre el Gobierno y las comunidades autónomas que no hacen necesario llegar a la intervención.
   En su opinión, las palabras de Beteta son "una bravuconada más como otras que ha hecho", por lo que le ha pedido que explique "mucho mejor" a qué se refiere con intervención. "¿Quiere decir llegar a la suspensión de una autonomía? Entiendo que no es lo que quería decir, pero en todo caso no genera demasiada seguridad", ha indicado.
   Además, la diputada socialista ha señalado que sería "importante" que los partidos que han apoyado en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria --CiU, UPyD, Foro y UPN-- "sepan que el Gobierno está pensando en una intervención".
   Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso también ha servido para que el secretario de Estado haya dado a conocer las cifras individualizadas de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores. En total han sido 14, ya que Galicia, País Vasco y Navarra han rechazado adherirse a este mecanismo.
   Como ya adelantó este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la deuda de las comunidades con proveedores asciende a 17.255 millones de euros que corresponden a más de 3,9 millones de facturas. Andalucía es la región que más facturas ha presentado (772.758), por delante de Castilla-La Mancha (611.766) y la Comunidad Valenciana (578.647), si bien es esta última la que tiene la mayor deuda, de más de 4.200 millones de euros.
   La segunda en el ranking de deuda es Andalucía, con 2.763,5 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con 2.510,4 millones; Cataluña, con 1.984,7 millones; Madrid, con 1.279,4 millones; Murcia, con 1.173,3 millones; Castilla y León, con 1.066 millones; Baleares, con 742,3 millones; Aragón, con 405,6 millones; Cantabria, con 329 millones; Asturias, con 259 millones; Canarias, con 232,7 millones; Extremadura, con 227,2 millones; y La Rioja, con 76 millones.
   Aunque la diputada del PSOE ha subrayado durante la Comisión que su grupo respalda este plan de pago, ha dicho no estar de acuerdo con las "condiciones" impuestas a las administraciones públicas que se hayan querido acoger a él. Sobre todo ha puesto el acento en el tipo de interés del 5 por ciento al que deberán devolver los préstamos que utilicen para pagar a sus proveedores.
   Por lo tanto, en su opinión se trata de un "instrumento muy caro", al tiempo que considera que con los planes de ajuste que tienen que elaborar comunidades y entidades locales éstas se verán "abocadas al despido de personal laboral, subida de tasas e impuestos o disminución de prestación de servicios públicos", entre otras medidas, para poder hacer frente al pago de los créditos.
   Sobre el tipo de interés, Beteta ha negado que sea caro. Es más, ha asegurado que "no puede ser más barato" porque el mecanismo de pago ofrece la posibilidad de dos años de carencia y diez años para devolver los préstamos.
   En cuanto a los planes de ajuste, el secretario de Estado ha respondido a la diputada que cada administración tendrá "libertad para elegir entre cobrar más o gastar menos o un mix de las dos".
 "Yo creo en la libertad de cada administración. Sólo exijo que se cumpla la estabilidad presupuestaria. Hay facturas en pesetas y es algo que nos debería avergonzar", ha explicado.

Fomento confía en tener lista en mayo su solución para las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento confía en tener lista el próximo mes de mayo la batería de medidas en que actualmente trabaja para ayudar a la decena de concesionarias de autopistas que actualmente se encuentran en riesgo de quiebra.

   "Actualmente trabajamos sobre cualquier tipo de medida, sin descartar ninguna, y confiamos en tener elaborada una solución en mayo", según detalló el secretario general de Infraestructuras de Fomento, Gonzalo Ferre, tras comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso.
   En su intervención en la Cámara Baja, el alto cargo de Fomento recordó que los presupuestos del Ministerio para 2012 contemplan una partida de 289 millones de euros para otorgar préstamos participativos a estas autopistas, y además amplían hasta 2021 la posibilidad de que recurran a cuentas de compensación.
   Con los préstamos se busca ayudar a las autopistas a afrontar el sobrecoste que soportaron en las expropiaciones realizadas para construir las vías, mientras que las cuentas de expropiación se dirigen a amortiguar el descenso de los tráficos que registran.
   Estos son los dos principales problemas que han roto el equilibrio económico-financiero de las empresas que construyeron y explotan estas autopistas, y que actualmente las abocan a la quiebra.
   Además de estas dos medidas, Fomento también contempla la ampliación del plazo de concesión y gestión de las autopistas, y la promoción de fusiones entre concesionarias, según detalló la titular del departamento, Ana Pastor, en una reciente comparecencia pública.
   Con todo, el Ministerio no descarta rescatar las autopistas que no logren solventar sus problemas con las medidas que finalmente promueva Fomento, cumpliendo de esta forma lo que contemplan los propios contratos de concesión. El eventual rescate se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de este Departamento.
   También se refirió a este asunto el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, durante su comparecencia en la Cámara Baja, en la que ratificó la voluntad del Ministerio de "esforzarse en diseñar una solución de estabilidad y futuro para estas vías". 
 "Evitaremos que caiga un sistema que las empresas españolas exportan a todo el mundo", añadió.
   Entre la decena de autopistas que actualmente están en riesgo de quiebra figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. 
Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país.

El PSRM calcula que 3.000 interinos de la enseñanza "se quedarán sin trabajo" en la Región

CARTAGENA.- La diputada regional del PSOE, María del Carmen Moreno, ha advertido que "los recortes en Educación deteriorarán la calidad de la enseñanza y fomentarán la desigualdad". Así, calcula que "el aumento de un 20 por ciento de la ratio en las aulas supondrá que 3.000 interinos se quedarán sin trabajo".

   Por ello, Moreno ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional pidiendo al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel "que no se apliquen los recortes en Educación anunciados por el ministro Wert".
   Para la diputada socialista, "los recortes anunciados por el ministro de Educación suponen un deterioro en la calidad de la enseñanza, fomentan la desigualdad, y suponen un perjuicio para el alumnado con necesidades educativas".
   "Medidas como la eliminación de las dos ramas de bachillerato supondrán un perjuicio en la formación futura de los jóvenes y una merma de sus capacidades, ya que se estará imposibilitando al alumnado de bachillerato la elección de la rama que deseen estudiar, además de fomentar la desigualdad", ha subrayado.
   Considera que "si el ajuste presentado a los Presupuestos regionales por el Gobierno de Valcárcel para cumplir con el Plan de Equilibrio del Gobierno de España, para alcanzar el 1,5 por ciento del objetivo de déficit, se cumple, serían innecesarios los recortes anunciados por el ministro de Educación".
   Esto hace pensar que, o bien la Comunidad "ha presentado un ajuste que no se cree que pueda cumplir, o bien que lo que se quiere hacer por parte del Gobierno de España es un ajuste ideológico para acabar así con la Educación Pública en España".
   Además, "hay que recordar también que estas medidas anunciadas por el José Ignacio Wert fueron consensuadas y aceptadas por Valcárcel el sábado en la reunión mantenida con Rajoy en Madrid, y que el PP de la Región no puso ninguna pega al respecto de estas medidas, ya que las aceptaron, a diferencia de los consejeros de Andalucía, Canarias o País Vasco".
   A su juicio, "si se hiciera una apuesta decida por la lucha contra el fraude fiscal y pagaran impuestos todas las instituciones, no haría falta tomar estas medidas que van a desmantelar el Estado del Bienestar en nuestro país".

El JEMAD alerta de que si continúan los recortes en Defensa los riesgos en seguridad pueden superar a los de la crisis

MADRID.- El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, ha alertado este martes de que si continúan los recortes al presupuesto de las Fuerzas Armadas la seguridad y la defensa de España deberán "asumir riesgos crecientes", que, teniendo en cuenta la "incierta situación geoestratégica", pueden llegar a "superar a los de la crisis económica".

   Así lo ha avisado el JEMAD en su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en la que ha insistido en la necesidad de contar con un "compromiso presupuestario" a largo plazo para poder afrontar los cambios que se plantean en la organización de la Defensa.
   El almirante García Sánchez ha explicado que la reducción del gasto en Defensa supone que algunas de las capacidades de las Fuerzas Armadas "disminuyen", lo que "implica un aumento de los riesgos asumidos". Y aunque ha asegurado que se entiende que en estos momentos "los mayores riesgos" que afronta España son "los derivados de la crisis", ha alertado de que si los recortes en Defensa continúan, esto podría revertirse.
   Para evitar esta situación, ha defendido la necesidad de hacer un esfuerzo en la priorización de capacidades y de adaptación, orientado a un modelo de "unas Fuerzas Armadas ágiles, adaptables, sostenibles y tecnológicamente avanzadas", pero que necesitan de "una base presupuestaria estable tanto para esta etapa de restricciones como para posteriores etapas previsibles de estabilización y recuperación".
   "La Defensa no es algo que pueda improvisarse y las Fuerzas Armadas son una organización que puede convertirse en frágil y hueca cuando se deterioran equilibrios imprescindibles", ha señalado, tras apuntar que el "problema" de la financiación de las Fuerzas Armadas no son los presupuestos para 2012, sino en la "acumulación de recortes de los últimos años".
   Por lo que se refiere a los presupuestos de 2012, el almirante García Sánchez ha explicado que se ha dado "prioridad" a la seguridad y el mantenimiento y sostenimiento de las fuerzas que participan en operaciones en el exterior. Además, ha explicado que se está trabajando para que la reducción presupuestaria tenga "un impacto limitado en la ejecución" de estas misiones y "no suponga una merma de la eficacia en su desarrollo".
   A partir de aquí, los Ejércitos de Tierra y del Aire y la Armada han realizado un planeamiento de sus actividades, que ha sufrido una merma considerable, debido, entre otras cosas a la disminución del combustible y a la capacidad de mantenimiento de vehículos y otro material.  
   Así, ha detallado que el Ejército de Tierra está considerando acometer "cierres temporales de algunas instalaciones no vitales para el cumplimiento" de sus misiones y la disminución o supresión de determinadas actividades que no tengan influencia directa en las operaciones.
   Además, ha indicado que se continúa con la tendencia de los últimos cuatro años de reducción de créditos a la preparación de la fuerza, con la premisa de alcanzar el "nivel de adiestramiento necesario", en el que tienen prioridad los elementos que se desplegarán en el exterior, y ha hablado de la reducción de créditos para munición y combustible.
   También deberá continuar con el plan puesto en marcha desde 2009 que hace que el 30% de su flota se mantenga paralizado, mientras que los escasos recursos para inversiones hacen que sea "prácticamente imposible acometer nuevos programas de adquisición".
   En la Armada, el almirante ha explicado que, siendo igual las prioridades, se contempla una "reducción general de actividades de preparación de la fuerza", una disminución de número de horas de vuelo y de navegación, la disminución de buques y unidades en diversos escenarios y la "reducción selectiva" del nivel de sostenimiento e incluso renuncia a la modernización de ciertos elementos.
   Entre otras cosas, se reduce a cuatro los meses de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, se renuncia a asumir el mando de la misión de cazaminas de la OTAN y se reduce la actividad de adiestramiento y presencia en zonas de interés.
   Además, se reducen servicios de externalización, cuyas labores pasarán a ser asumidas por personal militar y, con menos de dos tercios del apoyo logístico que se considera necesario, se dedicará a las unidades que vayan a participar en misiones y operaciones.
   El almirante, exsegundo jefe de Estado Mayor del Armada, ha reconocido que estos recortes suponen una "disminución de la capacidad de acción del Estado en la mar", en sus actividades de vigilancia, seguridad marítima, entre otras.
   Finalmente, en lo que se refiere al Ejército del Aire, ha precisado que el recorte afectará principalmente a las partidas de combustible, el mantenimiento de edificios, los servicios contratados con empresas y las indemnizaciones por servicio.
   En concreto, ha explicado que no es "factible" acometer las 82.000 horas de vuelo que se preveían para 2012 y que se quedarán en entre 65.000 y 70.000, el "mínimo" requerido para que los pilotos tengan las calificaciones que les permitan cumplir sus misiones con niveles de seguridad.
   Además, se han cancelado "toda participación en maniobras de gran envergadura en el extranjero" y se reducirán los despliegues, mientras que se cancelarán o reducirán los programas de inversión. Además, el recorte en apoyo logístico afectará al mantenimiento de aeronaves, vehículos y material logístico.
   El JEMAD ha resumido los presupuestos como "pragmáticos", "austeros" y "solidarios" y ha hecho hincapié en que las medidas de ajuste no pueden tener un "impacto negativo" en los "valores propios" de las Fuerzas Armadas.

El Banco de España exige a algunas entidades medidas adicionales para sanearse

MADRID.- El Banco de España ha exigido a algunas entidades financieras medidas adicionales y de contingencia para asegurar el cumplimiento de la norma de saneamiento aprobada por el Gobierno con el fin de afrontar el riesgo vinculado al 'ladrillo'.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha anunciado que intensificará la vigilancia del cumplimiento de los planes presentados y exigirá dichas medidas para corregir desviaciones y asegurar el cumplimiento en la fecha prevista.
   Según ha indicado, en algunos casos, el cumplimiento de las nuevas obligaciones de saneamiento y recapitalización está previsto "de manera más ajustada, pero con razonables posibilidades de poder afrontarse".
   El instituto emisor especifica que la mayor parte de las entidades ha realizado ya el saneamiento derivado del real decreto ley o lo realizará sin grandes dificultades merced a su sólida situación de solvencia y rentabilidad.
   Como excepción, estas entidades tendrán de plazo doce meses desde la autorización de la fusión para cubrir las nuevas exigencias, que han de cubrirse a lo largo del ejercicio 2012.
   En conjunto, las entidades han comunicado unas necesidades adicionales de provisiones por importe de 29.077 millones de euros, y unas mayores exigencias de capital principal de 15.573 millones, después de los saneamientos extraordinarios por 9.192 millones y efectuados anticipadamente al cierre de 2011.
   Así la cifra de saneamiento global se eleva a 53.842 millones de euros, según la información del Banco de España, cuya comisión ejecutiva ha concluido hoy el proceso de aprobación formal de los planes de saneamiento que las entidades presentaron antes del 31 de marzo para cumplir con la norma del Gobierno.
   La cifra global de nuevas provisiones será parcialmente cubierta mediante el uso de 3.917 millones de provisiones genéricas y el resto del saneamiento se realizará con cargo a la cuenta de resultados, lo que se traducirá en una reducción de beneficios y hará que algunas entidades registren pérdidas en 2012, ha advertido el organismo
   "Este último hito en el proceso de reforma financiera iniciado en 2009 supone un paso muy importante y un esfuerzo añadido para las entidades españolas, que experimentarán en las cuentas su impacto", sostiene.     
   Los planes presentados también muestran que todas las entidades pueden cumplir con los requerimientos de capital principal en la fecha prevista mediante las aportaciones estimadas en unos 12.500 millones y por retención de resultados.