jueves, 19 de abril de 2012

Rajoy dice que "no hay dinero en España para los servicios públicos"

BOGOTÁ.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el jueves un esfuerzo a los españoles ante los recortes de Sanidad y Educación anunciados en los últimos días, en un contexto de fuerte crisis económica que ha dejado a casi cinco millones de españoles en el paro.

"Se trata de pedir un esfuerzo (...) es necesario, es imprescindible porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos", dijo a la prensa en Colombia, donde se encuentra en visita oficial.
"Vamos a seguir haciendo reformas en el futuro, no queda más remedio, son el pasaporte para superar esta difícil situación", añadió.
España se encuentra bajo presión de la Unión Europea y los mercados financieros para reducir el gasto público con la intención de alcanzar en 2013 el compromiso pactado con Bruselas de un déficit del 3 por ciento.
El Gobierno ha anunciado en los últimos días reformas en los sensibles departamentos de Educación y Sanidad, añadiendo un ahorro de 10.000 millones a los sobrios presupuestos generales del Estado presentados este mes.
Esas reformas elevan el precio que los españoles tendrán que pagar por los medicamentos con receta o por la universidad, además de aumentar las horas lectivas de los profesores o reforzar la coordinación en la gestión sanitaria en las diferentes comunidades autónomas.

Felipe González no lo ve así

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho hoy que "hay una salida a la crisis pero no por la senda que vamos", en un acto de homenaje organizado por Radio Sevilla con motivo del 20 aniversario de la Expo 92, que se cumple mañana.
La salida de la crisis no pasa "por la destrucción de una sociedad cohesionada, ni por el liberalismo que nos llevó a esta crisis", según González, quien ha añadido que "hay que ayudar a este gobierno aunque no se deje ayudar, porque lo importante es salir de la crisis".
"Hay que cambiar la política europea", ha insistido González, que ha acusado a la canciller alemana, Angela Merkel, de que "no comprende que una Europa alemana siempre fue un desastre para Europa y para Alemania, y que Alemania funciona con perspectiva de futuro cuando es una Alemania europea".
González ha calificado de "caótica" la actual situación europea en la que "los que se sienten coyunturalmente más perjudicados critican a los más próximos", y ha insistido en que "el problema es Merkel" y en que por sus políticas se prolongará la crisis, porque "la austeridad es necesaria, pero no para que baje la economía de dos puntos en dos puntos".
González ha confesado que está "irritado con el uso electoral que Sarkozy hace de España, cuando lo que hace falta es un presidente que le diga a Merkel que no lleva razón", a la vez que ha advertido de que "los mercados serios no van a invertir hasta que no vean posibilidad de crecimiento".
El expresidente ha recordado que la deuda del Reino Unido es superior a la de España y paga intereses del 1 % en vez del 6 %, porque tanto el banco central británico como la reserva federal estadounidense propician la liquidez e impiden que los especuladores les marquen el ritmo.
Al mismo tiempo ha lamentado que Merkel se acompañe de "talibanes que no permiten que el Banco Central Europeo cumpla su función" y ha calificado de "dogma estúpido" el déficit cero.
González ha pedido "acompasar la deuda para reducir el déficit con tiempo" y se ha preguntado "¿el imperativo categórico del déficit en el 3 % a costa de qué?, para responderse: "Mientras más caiga la economía menos valen los activos, más capital se necesita y menos liquidez y más paro" y volver a preguntarse: "¿A cambio de qué se están produciendo los sacrificios?"
En el plano nacional, González ha señalado que España "necesita una política de austeridad, pero que impuesta será un error dramático porque acabará con la economía", por lo que ha señalado que al acometer las reformas estructurales precisas "es mejor que haya consenso y diálogo, sin destruir lo que ya se ha hecho".
"Si acertamos el 20 % para salir de la crisis -ha dicho- el 80 % restante dependerá de que seamos capaces de encontrar el camino como europeos".

Cayo Lara insta al Gobierno a hacer campaña contra el fraude

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha instado al Gobierno a hacer campaña contra el fraude, que ha cifrado en 90.000 millones de euros anuales entre los 60.000 millones por empresas que eluden el pago de impuestos y los 30.000 millones a los que se eleva la economía sumergida, señalando que, según un informe de Tax Justice Network de noviembre de 2011, España ocupa la décima peor posición del mundo en la materia.

   En rueda de prensa en el Congreso y en la semana en que han comenzado los debates parlamentarios sobre los presupuestos de 2012, Lara ha insistido en que "hay alternativas a los recortes", que no considera la vía ni para salir de la crisis ni para resolver el problema del déficit y cumplir con los objetivos pactados con la UE.
   Así, ha recordado que el Gobierno podría "hacer campañas publicitarias" y "una reforma fiscal progresiva" para luchar contra la evasión fiscal en lugar de acometer "amnistías fiscales" y "rebajar impuestos".
   "Defraudar a la hacienda pública no puede ser un deporte nacional, sino que tiene que ser una obligación. Es una obligación social de todos los ciudadanos con el Estado de Bienestar y con la educación pública", ha zanjado.
   En este punto, Lara ha hecho referencia al informe 'El coste del abuso fiscal' de la organización Tax Justice Network sobre el nivel de fraude fiscal de 145 países, basado en datos oficiales sobre PIB de cada gobierno así como las estimaciones del Banco Mundial sobre economía sumergida.
   Este documento sitúa a España, con un 22,5% de economía sumergida, como el décimo país donde más fraude se registra, con 107.350 millones de dólares menos de recaudación. El ranking lo encabeza Estados Unidos que, con una tasa de economía sumergida del 8,6%, deja de recaudar 337.349 millones de dólares.
   Ocupan los siguientes puestos Brasil (280.111 millones), Italia (238.723 millones), Rusia (221.023 millones), Alemania (214.996 millones), Francia (171.264 millones), Japón (171.147 millones), China (134.385 millones) y Reino Unido (109.216 millones); si bien el porcentaje de economía sumergida con respecto al PIB nacional sólo Rusia (43,8%) y Brasil (39%) tienen porcentajes superiores al de España.
   Así, la evasión fiscal en el total de los países analizados (que suman el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta) se estima en 3,1 trillones de dólares, equivalente al 5,1% del PIB global. Una cifra equivalente al 54,9% de lo que los estados analizados invierten anualmente en sus departamentos de Sanidad pública, cifrado en 5,7 trillones de dólares.
   Por continentes, la economía sumergida registra sus cotas más altas en África (34,8% del PIB) y Sudamérica (36,8%), mientras que Europa (20,5%) supera las cifras tanto de Asia (17,7%) como de Oceanía (14,1%) y Norte América (10,8%). Sin embargo, las mayores consecuencias económicas recaen en el Viejo Continente, que deja de recaudar 1,5 billones de dólares al año, más del doble de lo defraudado en Asia (665.000 millones) y muy por encima de los 452.000 millones de Norte América.
   Esto supone, concluye el informe, que uno de cada seis dólares que circulan en el mundo no paga impuestos, una ratio que baja a uno de cada cinco dólares en Europa, con picos en países como Italia o Grecia.

BMN anuncia una 'sangría' de empleo y el cierre de 400 oficinas

MADRID.- El grupo financiero BMN, que agrupa a Sa Nostra, Cajamurcia, Caixa Penedès y Caja Granada, suprimirá 1.850 empleos (el 21 por ciento de la plantilla) y eliminará 400 oficinas (23 por ciento de las sucursales) a través de una segunda fase del Plan de Reestructuración.

   En un comunicado, BNM ha recordado que durante la primera fase del citado Plan, que finalizó el pasado mes de marzo, ya se cerraron 300 sucursales y se desvincularon a 1.350 profesionales, de manera que, a través de la segunda fase, se eliminarán 100 nuevas oficinas y 500 nuevos puestos de trabajo.
   Por otra parte, la entidad financiera ha informado de que ha sido la primera en pactar con los sindicatos una rebaja salarial media para todos los empleados del 4 por ciento, que "se implementará aplicando una mayor reducción a los profesionales con sueldos más elevados".
   Mediante estas medidas, BNM pretende alcanzar un ahorro de costes de explotación de un 25 por ciento, después de firmar un preacuerdo con los representantes sindicales para emprender la segunda fase del Plan de Reestructuración.
   Por otro lado, ha recordado que presentó su Plan de Cumplimiento de los requerimientos de provisiones y capital del Real Decreto Ley 2/2012 para el Saneamiento del Sector Financiero, en el 2012, que fue recientemente aprobado por el Banco de España.
   De esta manera, ha recalcado que BNM continúa "avanzado en la consecución de sus objetivos principales, entre los cuales, además de la reestructuración y capitalización, destaca la reducción del riesgo inmobiliario".
   En este sentido, ha anunciado que para este año, está prevista la venta y subrogación de 12.000 viviendas, que se sumarán a las 12.447 ya realizadas durante el año anterior

Investigan sueldos, indemnizaciones y prejubilaciones en las cajas de CyL

VALLADOLID.- Las fiscalías provinciales de León, Soria y Segovia mantienen abiertas distintas investigaciones con el fin de depurar posibles responsabilidades penales respecto de los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos otorgados a consejeros y personal directivo de las entidades de ahorro de Castilla y León, en concreto de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.

   Las tres vías investigadoras son consecuencia de la denuncia interpuesta en noviembre de 2011 ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por el coordinador regional de IU y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, José María González Suárez, después, además, de que el Fiscal Superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo, elevara consulta a la Fiscalía General del Estado sobre si las pesquisas eran competencia de Fiscalía Anticorrupción y la respuesta de Eduardo Torres Dulce fuera que las mismas competían a cada una de las fiscalías provinciales.
   Y es que Torres Dulce, según una información del diario El Mundo, entendía que "no concurren elementos de conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su tramitación conjunta" y que "no hay razones fundadas" para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.
   El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que a finales del pasado mes de enero, tras recibir la consulta evacuada a la Fiscalía General del Estado, dio órdenes para que se iniciaran las investigaciones en la Comunidad, que, según ha precisado, llevan a cabo las fiscalías de León, Segovia y Soria, "que desde entonces estarán haciendo lo que tengan que hacer".
   Martín Granizo, quien ha indicado que entre las supuestas conductas irregulares investigadas podrían incluirse delitos societarios y contra el patrimonio, ha apuntado además que "en León ya tenían alguna otra denuncia, al igual que en Segovia por los mismos hechos, que se han remitido al juzgado".
   La denuncia de IU que ha dado origen al proceso investigador incluía una serie de supuestas irregularidades desde 2008 y entre las que destacan una serie de "créditos de escasa solvencia" o en condiciones "ventajosas" para algunos consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.
   Dentro de esos préstamos personales sobresalían una serie de créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio por un monto superior a los 27 millones de euros, dentro del que se incluía un préstamo a una empresa de su propiedad por valor de 13.000.000 de euros.
   De igual modo, se refería una serie de préstamos "irregulares" en el seno de Caja España entre los años 2006 y 2009 cuando se concedieron a uno de sus directivos, Santos Llamas, préstamos a empresas vinculadas a su propiedad por valor de 17.600.000 euros y un préstamo hipotecario, al mismo beneficiario, por importe de 15.200.000 euros.
   La denuncia se completaba con una serie de puntos vinculados a indemnizaciones millonarias para directivos de entidades en "condiciones mucho más favorables" que la del resto de trabajadores y entre las que sobresalían los cerca de 6 millones de euros de Caja Segovia a su exdirector general, Manuel Escribano, en concepto de prejubilación.

Casi 100.000 inmigrantes abandonaron España en 2011

MADRID.- Un total de 85.941 inmigrantes salieron del Padrón el año pasado, cuando la población extranjera se redujo un 0,7 por ciento pese a que se produjeron 45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. 

   En concreto, el número de residentes en España al iniciarse el año era de 47.212.990 habitantes, lo que supone un aumento de 22.497 respecto a las mismas fechas de un año antes. De ellos, 5.711.040 son extranjeros, el 12,1% del total de inscritos.
   Durante el año 2011, el número de españoles empadronados aumentó en 62.944 personas (un 0,2%), mientras que el de extranjeros descendió en 40.447 (un 0,7% menos). De ellos, los oriundos de países de la Unión Europea se incrementaron en 45.494 (hasta 2,4 millones de personas), mientras que los nacidos fuera de la UE se redujeron en 85.941 personas, hasta los 3,2 millones.
   Según la estadística del INE, las bajas más numerosas se produjeron entre los ciudadanos de Ecuador, que perdieron 54.330 habitantes, los de Colombia, con 28.506; los bolivianos, de los que figuran 14.374 menos; los de Argentina, que se han reducido en 12.348; los peruanos, que restan 10.701 y los brasileños, que en enero de este año eran 8.553 menos.
   En términos relativos, las comunidades que experimentaron una mayor reducción poblacional fueron la de Ecuador (-15,1%), la de Colombia (-10,4%) y la Argentina (-10,2%), conforme el avance del Padrón Municipal.
   En cuanto al aumento del número de residentes procedentes de la UE se debió al impulso de los ciudadanos rumanos, la comunidad que más creció el año pasado, con 30.263 nuevas personas empadronadas pese a que desde el mes de julio y por Real Decreto, estos ciudadanos ya no tienen derecho a trabajar libremente en España, sino que necesitan un permiso laboral como el resto de inmigrantes de fuera del continente europeo.
   Entre enero de 2011 y enero de 2012 también creció la comunidad pakistaní en 9.461 personas, los marroquíes sumaron 9.142 nuevos ciudadanos y los chinos vieron crecer su comunidad en 8.681 personas.
   Por lugar de residencia, los mayores descensos de población extranjera se produjeron en la Comunidad de Madrid, que perdió 57.656 extranjeros; la Región de Murcia, con un descenso de 3.796; la Comunidad Foral de Navarra, donde la reducción fue de 2.452 habitantes foráneos; Cataluña, con 1.945 menos y la Comunidad Valenciana, donde fueron 1.616 bajas. En términos relativos, las mayores pérdidas fueron las de Madrid (5,5%) y Navarra (3,4%).
   Con todo, también se produjeron incrementos de población extranjera en algunas zonas de España. En términos absolutos, Andalucía (13.465), País Vasco (5.906), Canarias (2.665) y Melilla (1.228) son las que vivieron el año pasado un mayor aumento de habitantes foráneos.
   En total, la población extranjera supone el 12,1 por ciento de los residentes en España, pero sigue teniendo mayores porcentajes de presencia en en Baleares (21,6%), la Comunidad Valenciana, (17,2%) y Región de Murcia (16,1%). Mientras, en Extremadura (3,8%), Galicia (4,0%) y Principado de Asturias (4,7%) es donde menos peso tienen los inmigrantes respecto del conjunto de habitantes.
   El 49,3% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 50,7% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,9%). Además, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 41,1% tiene entre 16 y 44 años y el 43,1% tiene 45 o más años, conforme los datos del INE.
   La estadística destaca que mientras los empadronados españoles de entre 16 y 44 años son el 38,4% del total, entre los extranjeros la población de esta edad supone el 59,9 por ciento.

Correos recortará su plantilla en 2.000 personas

MADRID.- Correos reducirá en 2.000 empleos su plantilla este año mediante bajas incentivadas y el traspaso de funcionarios a la Administración General del Estado, con el fin de adecuarla al descenso de la actividad postal, según indicó el presidente de la sociedad, Javier Cuesta.

   La compañía postal pública, que actualmente suma 58.000 empleados, de los que 22.000 son funcionarios, también suspenderá este año las aportaciones al plan de pensiones.
   Con estas dos medidas Correos reducirá en un 5,3%, hasta 1.434 millones de euros, los gastos de personal correspondientes a 2012. Según detalló Cuesta, este capítulo de gastos supone el 73,1% del total de gastos de explotación la compañía, que se rebajarán en un 3,6%, hasta los 1.961 millones.
   La sociedad postal, actualmente integrada en SEPI, busca adecuar sus gastos al descenso del 5% que prevé en su actividad en el presente ejercicio, que cerrará con una pérdida antes de impuestos de 164,4 millones.
   Correos prevé que los ingresos de explotación todo el grupo Grupo Correos (empresa matriz y las filiales Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom) caigan un 11,2% este año, hasta 1.933,4 millones de euros, y que su cifra de negocio se reduzca un 8,9%, hasta 1.903 millones de euros, según detalló el presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
   De su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones, de forma que el resultado antes de impuestos arroje un saldo negativo de 164,4 millones.
   Según el presidente de la entidad, estas cifras son resultado de la situación económica general, pero también de la liberalización del mercado postal, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos "más rentables, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste".
 "Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal", reclamó.
   Asimismo, indicó que desde 2007 los envíos postales han caído un 24,8% (un 7,9% sólo en 2011), mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.
   Según Cuesta, Correos también sufre una pérdida de actividad como consecuencia de la generalización de la comunicación electrónica, por las políticas de recortes en las empresas y el desarrollo de la administración telemática.
   Correos como empresa matriz (excluyendo las tres filiales), registrará un descenso del 12% en sus ingresos de explotación, que se situarán en 1.788,9 millones, como consecuencia del menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas.
   A estos dos factores es preciso sumar la subvención pública que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.
   Así, el resultado neto de explotación de la matriz será de 173 millones de pérdidas, con 6,5 millones de beneficios en los resultados financieros, por lo que el balance final (sin contar impuestos) será de 166,5 millones de euros de pérdidas.
   Respecto a las inversiones, Cuesta ha precisado que se mantendrán en un nivel "moderado" de 74,3 millones de euros, destinados fundamentalmente a infraestructuras, mecanización, transporte y sistemas informáticos para lograr más ahorros y potenciar nuevas áreas de actividad.
   El presidente de Correos ha aprovechado su comparecencia para avanzar también los datos de liquidación del pasado ejercicio, que elevan a 1.946 millones el importe neto de actividad, a 1.515 millones los gastos de personal y a 384 millones el servicio exterior. Así, el año se cerró con un saldo positivo de 3 millones de euros, antes de impuestos.
   También ha precisado que las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que "habrá un déficit de 160 millones" que el Estado deberá validar y compensar.
   En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.
   Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.
   Por todo ello, el presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por "explotar nuevos mercados" como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.
   En concreto, Cuesta ha hecho referencia al convenio entre Correos y Deutsche Bank para la prestación de servicios financieros, un acuerdo "mejorable" y con el que no está "contento". Además, también ha apostado por aprovechar al máximo la "red capital de oficinas y recursos humanos" para construir nuevos negocios.
   Estas iniciativas se concretarán en el nuevo Plan Empresa 2011-14, en el que la dirección de Correos ya está trabajando y que servirá para trasladar las ideas contenidas en el plan anterior a medidas "de acción rápidas y concretas". La integración del grupo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) favorecerá también a estos objetivos.
   El portavoz socialista en la materia, Román Ruiz, ha recordado que Correos es "la primera empresa pública del país", con 4.500 millones de envíos al año y 19 millones de clientes particulares y dos millones de empresas. Por eso, ha instado al presidente a usar los instrumentos con los que cuenta para "adecuarse a la nueva situación de más competitividad", ofreciendo además la colaboración del PSOE en este objetivo.
   Su homólogo en el PP, Carlos Muñoz Obón, ha aprovechado para desear "mucha suerte" a Cuesta en la nueva tarea que acomete, que ha reconocido es "difícil por la coyuntura de austeridad y por el cambio regulatorio" en el sector.

Las banderas nacionalistas ocultan el bosque argentino de Repsol-YPF / José Luis Vidal Coy *

Entre tanto ondear de banderas nacionalistas, tanto cruce de acusaciones y tanta estentórea voz, han pasado desapercibidas algunas cosas importantes en el espinoso asunto de la toma de control por el estado argentino del 51% de la petrolera YPF, controlada por Repsol.
Antonio Brufau, el presidente petrolero español, ha tenido éxito en estos últimos días en hacer creer a mucha gente a este lado del Atlántico que nos han quitado nuestra parte en YPF (el 57%), o incluso que nos han arrebatado un trozo de nuestra Repsol. Si el adjetivo posesivo es de aplicación en este caso lo veremos más adelante. Antes de nada, el presidente de Repsol debería explicar por qué razones su compañía estaba teniendo negociaciones secretas para vender a la china Sinopec la parte argentina de la petrolera.
Esto no es ninguna invención ni intoxicación interesada, sino que fue publicado el día 17 de abril, el martes, por el nada sospechoso Finantial Times en su edición electrónica.
Sinopec participa con el 40% en las actividades de Repsol en Brasil. En la información firmada por Miles Johnson en Madrid, Jude Webber en Buenos Aires y Anousha Sakoui en Londres se asegura que la petrolera española quería vender su 57% de YPF a Sinopec por más de diez mil millones de dólares y que no informó previamente al Gobierno argentino ni de sus intenciones ni de las negociaciones “secretas” en curso.
También se dice que Repsol declinó el martes hacer comentarios sobre este asunto. ¿Alguien puede imaginar por qué? Seguro que sí. ¿Podemos deducir de lo que cuenta el FT alguna de las razones que llevaron al Ejecutivo de Cristina Fernández a la expropiación? Quizá. También podía explicar la viuda de Kirchner qué papel juega en todo el asunto el Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que tiene un 25,46% en YPF.
Cínicamente, Sinopec hizo saber ayer que no es el momento adecuado para entrar en YPF, cuando la semana pasada tenía casi ultimado un preacuerdo con Repsol. Argentina puede que se haya disparado en el pie, como se le escapó y retiró muy oportunamente al canciller español García Margallo, pero es seguro, si el FT no miente, que Repsol ya andaba trapicheando con YPF y probablemente no haya obtenido sino lo que ella misma se ha buscado.
Por eso trae cuenta apartar las banderas rojigualdas que agita el gobierno de Mariano Rajoy ayudado por el PSOE para intentar obtener más datos que nos pongan a alguna distancia del embrollo y verlo con cierta nitidez. Lo de “nuestra” es otro de esos árboles que ocultan el bosque.
La primera voz americana que lanzó anatema a la nacionalización de YPF fue el políticamente agonizante –hay elecciones en julio– presidente mexicano Felipe Calderón. PEMEX, la estatal petrolera mexicana, participa con un 9,5% en Repsol después de aquella rocambolesca historia del verano pasado que le costó a Sacyr y a su expresidente Luis del Rivero la posición de accionista de referencia en la petrolera española.
O no tan española, porque, además del 9,5% de PEMEX, el 42% de Repsol es de fondos de inversión multinacionales gestionados por grandes bancos. Y la patria del capital ya sabemos cuál es. Entre “nuestros” propietarios nacionales de Repsol destaca Caixabank, con casi el 13%, y Sacyr, que mantiene el 10%. Como se ve, ejemplar capitalismo popular, aquel invento de Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevado al paroxismo por los neocons actuales cuyos desmanes financieros han dado lugar a la actual crisis sistémica.
Tan popular como la cantidad de perjuicios medioambientales por derrames y otras circunstancias, que no son exclusivos de Repsol sino comunes a todas las prospecciones, yacimientos e instalaciones relacionadas con el petróleo.
En la inauguración ayer de la nueva planta de Repsol en Escombreras (Cartagena, Murcia), la mayor inversión industrial en España con 3.000 millones de euros y que estuvo realzada por el Príncipe de Asturias por lo que todos sabemos, la compañía presumió de que, a pesar de haberse duplicado la capacidad de su antigua factoría, el impacto ambiental ha crecido mínimamente.
No es cuestión de discutir sobre ese impacto. Pero hay que señalar que, aun dando por buena esa apreciación, los riesgos ambientales sí han crecido: la puesta en marcha de la nueva planta ha llevado asociada la instalación de un segundo oleoducto de Cartagena a Puertollano que pasa bajo el lecho del pantano del Cenajo, reserva reguladora de todos lo regadíos y el abastecimiento humano de la Cuenca del Segura.

(*) Periodista
 

Hacienda asegura el pago a proveedores de ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha garantizado el pago a los proveedores de las facturas pendientes de cobro que tienen los ayuntamientos, hasta el punto de que descontará a los municipios con deudas su financiación proveniente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) en caso de ser necesario.

   Así lo ha asegurado el secretario general de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Osorio, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha insistido en que "los proveedores cobrarán" y que "no se van a enterar" si el dinero que se les debe procede de los créditos que pidan los municipios para pagar las facturas pendientes o de la retención de la PIE.
   Osorio ha indicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene hasta el próximo 30 de abril para comunicar a las corporaciones locales si los planes de ajuste que debían presentar para acogerse al mecanismo de pago a proveedores han sido aprobados.
   En caso de que un municipio haya solicitado adherirse al mecanismo, pero no haya remitido su plan de ajuste o éste no sea aprobado por Hacienda, el departamento que dirige Cristóbal Montoro procederá a retener sus ingresos procedentes de la PIE para poder pagar a los proveedores.
   El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya adelantó esta idea la semana pasada, cuando dijo que de los más de 4.000 ayuntamientos que se habían sumado al plan de pago a proveedores, unos 2.000 no han presentado el plan de ajuste que se les exige, lo cual calificó de "intolerable" y anunció la retención de sus participaciones en los ingresos del Estado.
   El secretario general de Coordinación Autonómica y Local también ha augurado en el Congreso que los proveedores, principalmente pymes y autónomos, comenzarán a cobrar hacia mediados o finales de mayo, un poco más tarde de lo anunciado en un principio, ya que cuando se aprobó el plan de pago se hablaba de principios de ese mes.
   Al igual que el propio secretario de Estado en la misma Comisión de Presupuestos, Osorio ha defendido las condiciones establecidas para que los municipios puedan pedir los préstamos ante las críticas de la diputada socialista Meritxell Batet.
   La parlamentaria ha censurado sobre todo el tipo de interés del 5 por ciento que tendrán los créditos, una cifra que considera muy alta para las corporaciones locales. Además, ha advertido de que el tipo real podría subir hasta el 7,45 por ciento por las condiciones del mercado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) presta al 1 por ciento a las entidades financieras.
   Según Osorio, las condiciones que se les da a los municipios no son las mismas, ya que, a diferencia de los bancos, que han de devolver los préstamos en tres años, los ayuntamientos lo podrán hacer en diez años con dos de carencia. Por tanto, a su juicio, "se ha conseguido un tipo muy bueno".

Fabra cree que no se rescatará a la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que no cree que el Gobierno central lleve a cabo una posible intervención o rescate a la Comunitat y ha recalcado que lo que ha hecho esta autonomía es un ejercicio de "transparencia" informando de todas los pagos que adeuda. 

   "No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes, me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho", ha señalado el 'president', que se ha mostrado "convencido" de que "otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen, pero allá ellos".  
   Fabra, que no ha querido especificar a qué autonomías se refiere, ha señalado, preguntado por los medios por una supuesta intervención a la Comunidad Valenciana, que lo que han hecho las comunidades es "comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea".
   "Y nosotros lo vamos a hacer; nos va a costar más quizás que a otras comunidades autónomas pero, al final, el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado".
   Fabra ha abogado por, en esta situación, "hablar con claridad y decir las cosas como son". "Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit", ha argumentado.
   En este sentido, ha subrayado: "desde que yo soy presidente puedo asegurar que lo que se ha hecho es ir con la verdad por delante, decir cómo están las cosas e intentar buscar soluciones".
   Asimismo, y preguntado por el hecho de que la Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor nivel de deuda, el jefe del Consell ha resaltado que la Valenciana "también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peores financiadas por el Gobierno", lo que ha provocado el endeudamiento, especialmente en capítulos como el de sanidad.
   "Nosotros nos marcamos un estándar que tienen que alcanzar todos los ciudadanos en cuanto a derechos y prestación de servicios y lo hemos hecho a pesar de no tener financiación", ha agregado Fabra, que ha realizado estas declaraciones tras inaugurar el Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València.
   Ahora, ha apuntado, gracias a las medidas del actual Ejecutivo central para el pago a proveedores, "las empresas podrán ver cobradas sus cantidades".

Directivos del Banco de España y del FROB rechazan comparecer en la comisión de investigación de la CAM

VALENCIA.- Un total de siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han negado a comparecer en la comisión de investigación de la CAM que se va a desarrollar en las Corts Valencianes.

   Se trata del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el exsubgobernador de la entidad, José Viñals; el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección, Pedro González y Ángel Rico; y el director general y el exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente.
   En los escritos remitidos a la Presidencia de las Corts en los que ruegan que excusen sus comparecencias, alegan que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no "al ámbito de actuación de aquellas comisiones de investigación que pudieran crearse en el seno de parlamentos autonómicos".
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del parlamento valenciano para conocer cómo actuar. De este modo, podrían incluso llegar a la Fiscalía.
   Los grupos parlamentarios acordaron el pasado 15 de marzo que en la comisión de investigación de la CAM comparecerían 79 personas, entre ellas dirigentes de la cúpula de la entidad, como el expresidente Modesto Crespo; los que fueran directores generales Roberto López y María Dolores Amorós; el vicepresidente, Armando Sala; el miembro de la comisión de control Arcadio Gómez, así como numerosos vocales.
   El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Francisco Javier Aríztegui, y el equipo de inspectores del Banco de España que realizaron la última inspección de la CAM también fueron llamados por las Corts Valencianes para dar explicaciones de la CAM.
   Además, acordaron que tendrían que hablar en la tribuna del parlamento valenciano el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Enrique Pérez Boada; representantes de la plataforma de Afectados CAM, el abogado Diego Ramón; un miembro de Adicae; el representante de Impositores de la CAM, Victor Baeta; y una persona perteneciente a Ausbanc, entre otros.
   El grupo parlamentario popular rechazo peticiones de los grupos de la oposición de que comparecieran miembros del Gobierno valenciano --entre ellos los últimos presidentes de la Generalitat, José Luis Olivas, Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra--, de representantes sindicales y de empresarios como Enrique Ortiz, Rafael Galea y Enrique Ballester.

Ecologistas en Acción solicita la mediación del Defensor del Pueblo ante sus demandas a la Administración regional

MURCIA.-   El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia se ha reunido este jueves con el coordinador de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Pedro Luego, y su secretario general, Rubén Vives, quienes han solicitado la mediación de la Defensoría para tratar de resolver las quejas tramitadas contra la Administración regional.

   En la queja que iniciaron los ecologistas consideraban que "se está incumpliendo la legislación ambiental, en cuanto al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, ya que el presidente del citado órgano está haciendo una dejación de su obligación de convocarlo con la periodicidad establecida, como mínimo una vez al trimestre y siempre que deba de dictaminar sobre asuntos de su competencia". Según la documentación que aportaron al expediente, este organismo no se reúne desde abril de 2008.
   Ante la petición de información que cursó el Defensor a la Consejería de Presidencia para interesarse por este asunto, el consejero Manuel Campos contestó que en la actualidad se llevan a cabo las actuaciones preparatorias necesarias para una próxima convocatoria.
   En este sentido, la Consejería ya ha dirigido los oficios a las consejerías de Obras y Públicas y Ordenación del Territorio y a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, para que designen a los representantes que actuará como miembro del Consejo Asesor, según ha informado la institución en comunicado.
   Ecologistas en Acción también ha solicitado un seguimiento del cumplimiento de la resolución del Defensor del Pueblo que se cursó a la Consejería de Agricultura y Agua, en la que se recordaba el Deber Legal que tenía de "remover todos los obstáculos existentes para proceder a la redacción y aprobación de los distintos planes de recuperación, conservación y manejo de la fauna silvestre amenazada, dados los inexcusables mandatos contenidos en el artículo 18 de la Ley de Fauna Silvestre de la Región de Murcia".
   Con respecto a esta recomendación, la Consejería contestó que aceptaba su contenido y que "asumía los compromisos de desarrollo de los mandatos contenidos en esta ley y que se estaba procediendo, dentro de la estrategia Regional para la Conservación y el uso sostenible de la Diversidad Biológica, a la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento".
   En contestación a las demandas del Defensor, recientemente la Administración regional también ha informado por escrito sobre los distintos planes de recuperación de las especies en los que están trabajando.

La propuesta del GPP para promover la modificación de la Ley de Costas recibe el rechazo de la oposición

CARTAGENA.- La moción presentada este miércoles por el Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley de Costas, dirigida principalmente a mejorar la protección de la actividad empresarial en las ciudades de playa, ha recibido el rechazo de la oposición, han informado fuentes del partido en comunicado.

   La propuesta ha sido defendida por la diputada Alicia Jiménez, quien ha recordado que en estos momentos permanece vigente la Ley de 1988 "que no ha sido capaz de proteger adecuadamente el litoral ni de satisfacer los derechos de los ciudadanos, dado que no contempla la valoración de la realidad física, económica patrimonial y social de las propiedades afectadas, así como de las concesiones empresariales vigentes".
   La diputada ha subrayado que el objetivo de su propuesta es "proteger y recuperar el litoral, compatibilizando la actividad económica con el cuidado del medio natural marítimo y terrestre, con el fin de ayudar a mantener los miles de puestos de trabajo que tal actividad proporciona en las ciudades costeras y proteger el medio ambiente".
   Tal y como ha explicado Jiménez, las modificaciones de la Ley deberían centrarse, entre otras cuestiones, en las instalaciones de temporada en playas, "permitiendo la explotación durante un periodo de tiempo que supere la época estival y ampliando así su periodo de explotación y estudiando la posibilidad de autorizaciones anuales con instalaciones desmontables, que permitirían afrontar inversiones que mejorarían la calidad de los servicios prestados e impularían el rendimiento económico".
   La modificación propuesta por el GPP incluye también la ordenación del espacio marítimo, de manera que sea posible compatibilizar la producción de energía, puertos, pesca, acuicultura, turismo y protecciones medioambientales y, a su vez, ser coherente con la ordenación del espacio terrestre colindante.
   En su opinión, la modificación de la Ley adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la actual normativa "ha pasado factura en nuestras costas dentro de los distintos municipios costeros de la Región en los últimos años", y ha puesto como ejemplos las demoliciones y retiradas de bares, restaurantes, chiringuitos y quioscos en distintos puntos de la Región como San Pedro del Pinatar, Cartagena, San Javier, Mazarrón o Águilas.

El PSRM reclama que "se flexibilicen los objetivos de déficit para evitar la paralización de la economía murciana"

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate, ha reclamado este miércoles, ante el Pleno de la Asamblea Regional, que "se flexibilicen los objetivos de déficit para evitar la paralización de la economía de la Región, evitar que siga creciendo el paro y que se recorten aún más los servicios públicos fundamentales.

   En un comunicado, Oñate ha advertido que "se está en una espiral que lleva a la muerte de la economía, pues al tener menos ingresos públicos se ejecutan nuevos recortes y no es posible seguir apretando el cinturón".
   Y es que, ha subrayado, "lo que al principio parecía una propuesta heterodoxa y atrevida desde el punto de vista económico, al estilo del premio Nobel, Paul Krugman, se ha convertido en una afirmación también por parte del FMI, que ha venido a decir que o frenamos esta dinámica de recortes o nos morimos de anorexia económica. Algo en lo que coincidimos plenamente".
   Para el viceportavoz socialista es tiempo "de hacer los deberes en casa, con un ajuste adecuado para acabar con el descrédito de nuestras cuentas ante los mercados".
   Por ello, se ha mostrado convencido de que la Unión Europea "tendrá que plantearse inyectar fondos estructurales en las economías que están haciendo más sacrificios". "Esto incluso es algo que le interesa a Alemania, porque se está dando cuenta que asfixiando a los países periféricos, se resienten sus propias exportaciones", ha indicado.
   Asimismo, ha apostado por que la UE ponga en marcha "una especie de Plan Marshall para que algunos países puedan salir a flote, al tiempo que se relajen los objetivos de déficit".
   En este sentido, ha criticado que el Estado "ha hecho el reparto de estas 0,9 décimas de diferencia de forma desigual, porque mientras la Administración central se ha quedado con 0,6 décimas, a las CCAA ha cedido un 0,2 y a los ayuntamientos un 0,1, cuando están equiparadas en gasto y responsabilidades. Por lo que sería razonable que el reparto fuera más equitativo y así evitar ciertos recortes inconvenientes".
   Esto, ha alertado, "es especialmente importante en el caso de la Región de Murcia, pues somos los terceros a nivel de déficit público. Lo dice Krugman, lo dice el FMI y también el PSOE".
   Aboga, por tanto, por "trabajar por Murcia en el Parlamento y aprobar una flexibilización de los objetivos de déficit para tener cierto margen de maniobra y poder cumplir con nuestros deberes de déficit, pero con unos ritmos que no lleven al rigor mortis a los servicios públicos que todos necesitamos, sobre todo en sanidad y educación".

Bernal afirma que las medidas de ajuste es una "obligación" que tienen

CARTAGENA.-   El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha comparecido este miércoles ante el pleno de la Asamblea Regional para hablar del Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 y medidas de ajustes presupuestarios.

   Así, Bernal ha comentado que es "una obligación que tenemos, sin que exista la posibilidad de dejar de hacerlo", tras lo que ha manifestado que "el déficit es del 1,5 por ciento para cada una de las comunidades, donde también es imprescindible tener un plan de pago a proveedores y las autorizaciones para el endeudamiento".
   De este modo, ha subrayado que "se ingresarán 81 millones de euros en el capítulo de impuestos, 60 millones en inmuebles y otros 78 millones en puntos de amarre, llegando a un total de 219 millones de euros", por lo que respecta a los ingresos, añadiendo en el capítulo de recortes "623 millones de euros que dan lugar a una nueva visión para el Gobierno".
   "El presupuesto que entró en vigor en enero de 2012 será sustituido por éste de reequilibrio que será el que nos acompañará durante el segundo semestre de este año", ha añadido, y que se trata de "un plan ambicioso del Gobierno regional para tener crecimiento económico, ser capaces de recuperar la inversión económica y para que haya actividad en el sector privado".
   Por su parte, Alfonso Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, ha dicho que Bernal presenta un plan de reequilibrio que "sustituye al casi inédito 2011-2013, con medidas que hace tres meses lo podían haber planteado en el debate general de presupuestos".
   Navarro ha añadido que todo esto se ha realizado "sin atender, además, a las propuestas realizadas en su día por el Grupo Socialista", y ha reflexionado sobre "desde cuándo se podrían haber aplicado estas medidas" y le ha preguntado a Bernal si "puede asegurar que éste será el último plan de ajuste que traerá a esta cámara".
   El portavoz del Grupo Mixto, José Antonio Pujante, ha dicho por su parte que "las medidas de ajuste duro del Gobierno están teniendo un efecto contrario al deseado, con la mayor caída de la bolsa en lo que va de año" y que aquí en Murcia "auguro el fracaso de la política de Valcárcel con su plan de ajuste".

Sanidad y CCAA acuerdan el copago farmacéutico de 8 a 18 euros al mes para jubilados

MADRID.- No habrá copago sanitario pero sí habrá copago farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su pensión. También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta. En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además, Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.

   Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
   A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas. "No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
   En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros mensuales.
   Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el IRPF, y para familias numerosas.
   Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros mensuales.
   Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
   Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
   Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las modificaciones técnicas que necesita.
   Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
   "Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo Inteterritorial de Sanidad.
   De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
   Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario. Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países".
   Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".
   Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad".
   Para ello, se establece una cartera común básica de servicios asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por financiación pública.
   Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
   Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria, se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
   Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
   También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.
   En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
   Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
   Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000 millones.  
   La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce comunidades autónomas.
   Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la cultura del gratis total", en referencia al debate del copago farmacéutico.
   Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en la sostenibilidad".