viernes, 20 de abril de 2012

Las televisiones autonómicas deberán evitar el déficit si se las quedan los gobiernos


MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios de televisión".
La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es "ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos servicios de "mayor eficacia y eficiencia".
La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.
En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma" deciden prestar el servicio público de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que 'de facto' ya aplicaban algunas comunidades.
En cualquier caso, la Comunidades Autónomas que decidan quedarse con las televisiones autonómicas tendrán que cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha subrayado.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

El Gobierno cambia la Ley para evitar que los extranjeros vengan a España a recibir asistencia sanitaria

MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

   En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".
   Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
  "Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".
   Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
   Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".
   Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
   Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
   La directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.
   El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
   A su juicio, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".
  Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".
   El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
   Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.
   El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
    De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.

El Ministerio de Hacienda no plantea objeción alguna al Plan de Reequilibrio del Gobierno murciano

ARCHENA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "no ha planteado ninguna objeción a los documentos que se han presentado desde la Comunidad de Murcia", según ha manifestado el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

   En la rueda de prensa que ha ofrecido tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Ballesta ha explicado que el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha mantenido contactos con dicho Ministerio, que no ha planteado objeciones con respecto al Plan de Reequilibrio económico-finaciero, aprobado inicialmente hace una semana en Consejo de Gobierno, y que supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos.
   "A raíz de las noticias que han surgido con otras CCAA y no con la de Murcia, se han establecido esos contactos para conocer si había algún problema con la Región", ha indicado Ballesta, quien insiste en que lo que le ha transmitido Bernal, tras contactar con Madrid, es que "no hay ningún problema con los documentos presentados de la Región".

Hacienda dice que cualquier CCAA puede ser intervenida de forma "inmediata"

MADRID.- La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra.

   Así lo ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la estabilidad presupuestaria organizada por la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano, donde no ha querido precisar si el Gobierno tiene ya en mente a algún territorio concreto.
   La secretaria de Estado ha explicado que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará en la primera quincena de mayo, el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.
   En este sentido, ha confiado en que la Ley ya esté plenamente en vigor en ese momento, tras su paso por el Senado la semana que viene, de forma que se puedan aplicar "todos y cada uno" de los mecanismos para proceder "contundentemente" en esta materia.
   Currás ha admitido que el Gobierno puede haber rechazado ya algunos de los planes de reequilibrio presentados por las comunidades, aunque no ha querido especificar cuáles y se ha limitado a explicar que no se trata de un rechazo en sí, sino que forma parte del procedimiento para consensuar dichos planes.
   En cualquier caso, ha afirmado que todas las comunidades autónomas están recibiendo sugerencias y recomendaciones, que además suelen ser bien recibidas por los diferentes territorios. "Cualquier recomendación de la Secretaría de Estado de Hacienda es bien aceptada por las comunidades", ha dicho.
   Durante su participación en las jornadas, Currás ha repasado las líneas principales de la Ley de Estabilidad, que no puede ser otra cosa que "la hoja de ruta" que debe guiar a todas las administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.
   A su parecer, la norma permitirá a las administraciones cumplir "sin fisuras y devaneos", y ayudará así a superar la crisis que atraviesa la economía española y a recuperar la confianza, algo necesario, aunque suponga asumir algunos "sacrificios" a corto plazo. "Vale la pena", ha dicho.
   Según Currás, el Gobierno aspira a que la Ley de Estabilidad imponga "comportamiento constante" en todas las administraciones, ya que se basa en la estabilidad, la plurianualidad, la transparencia, la eficiencia en la asignación de recursos, la responsabilidad y la corresponsabilidad. "El Gobierno tiene el firme compromiso de cumplir (la ley)", ha aseverado.

La ONU presenta una iniciativa de gestión de riesgos ante desastres naturales en ciudades


NUEVA YORK.- La Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres (UNISDR) presentó esta semana una iniciativa para apoyar a las ciudades en la gestión de riesgos ante desastres naturales. El año 2011 fue el de mayores pérdidas económicas por ese tipo de siniestros en la historia registrada, con un total estimado en 380.000 millones de dólares.

La iniciativa de la UNISDR consiste en una herramienta on line de autoevaluación para los gobiernos locales, que se ha probado en más de 20 ciudades de distintas partes del mundo.

La herramienta se inscribe en la campaña de la UNISDR que promueve la planificación e inversión para reducir los riesgos ante desastres y buscar la adaptación al cambio climático.

IU-Verdes inicia una campaña para "poner nombre y apellido" a los responsables de la crisis

MURCIA.- El área de Juventud de IU-Verdes en la Región de Murcia ha iniciado una campaña consistente en la pegada de carteles, la distribución de chapas, panfletos y material por las calles con la intención de poner "nombres y apellidos" a los "verdaderos culpables" de la crisis, que identifica fundamentalmente con "políticos, empresarios y banqueros".

   Esta campaña de carácter regional, que lleva por título '¿Quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades?', ha sido presentada en rueda de prensa la responsable del área de Juventud de IU-Verdes de la Región, Lucía Martínez, y la miembro de la comisión coordinadora del área de Juventud de esta formación, María Belló.
   La campaña, que también contempla la celebración de actos públicos para llegar a la "mayoría de gente", se extenderá a los diferentes municipios de la Región de Murcia a partir de este jueves y hasta finales de junio, como mínimo.
   Martínez admite que la campaña "no podrá poner nombre y apellidos a todos los culpables de la crisis, porque la lista es, desde luego, inacabable", pero va a señalar a los responsables que "están más a la vista, tanto empresarios, como políticos, banqueros y todos aquellos que se han estado lucrando en la época de bonanza y ahora lo siguen haciendo, durante la crisis".
   En el cartel de la campaña figuran, entre otros "responsables de la crisis", el Rey Juan Carlos I en primer plano, rodeado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; y el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
   Asimismo, se pueden ver rostros como el de la canciller alemana, Angela Merkel; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell; el duque de Palma, Iñaki Urdangarín; y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
   "Aunque la campaña es de ámbito regional, es extensible a todo el Estado, porque los culpables de la crisis no sólo están en la Región de Murcia", según Belló, quien ha remarcado que en la Comunidad "hay nombres propios que han llevado a Murcia a una deuda muy grande y que la siguen abocando a una crisis muy aguda".
   No obstante, ha insistido en que "la situación se está viviendo en todo el Estado y en toda Europa", por lo que la campaña señala a "responsables de la crisis también en la UE, a quienes nos han llevado a esta situación mediante el establecimiento de la Europa del capital".
   La campaña considera que la situación actual "no es una crisis", sino "una estafa", y denuncia que la juventud "es uno de los sectores más perjudicados", mientras que los culpables "son los mismos que, en su momento, la generaron, y que actualmente nos obligan a pagarla".
   Por ello, Martínez ha remarcado que los jóvenes "no vamos a asumir que nos exijan que arrimemos el hombro para solventar los errores de una evidente mala gestión, mientras destruyen empleo y echan a familias enteras de sus casas, van camino de privatizar la educación, venden la sanidad y, además, nos mandan a la juventud a un futuro bastante precario".
   En este sentido, puntualiza que la juventud "se siente estafada por aquellos que, en su momento, nos dijeron que la formación era la única vía para alcanzar un empleo digno y son los mismos que ahora nos roban el futuro y solo nos dejan acceso a un empleo precario y mal remunerado en el mejor de los casos, o la salida del país".
   Por su parte, Belló ha indicado que "a diario nos están bombardeando con que hemos sido nosotros los que hemos generado la situación que estamos viviendo porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades".
   Sin embargo, ha recordado que los jóvenes "éramos los que soñábamos hace años con ser mileuristas y somos los que estamos pagando ahora los excesos de los que se forraron a nuestra costa en los años de bonanza".
   Así, ha explicado que los jóvenes de IU-Verdes de la Región "no podemos mantenernos impasibles mientras vemos que nos están robando nuestro futuro". Por eso, se proponen señalar a los que "sabemos que realmente son los culpables, quienes han vivido por encima de sus posibilidades y de las nuestras".
   IU-Verdes explica que "la juventud es uno de los pilares en los que se apoya el sistema para poder sobrevivir y no hundirse". Por lo que ha avanzado que "vamos a seguir luchando y denunciando a todo aquel que abuse de una tragedia de los jóvenes para enriquecerse ellos a su costa, y para que no seamos nosotros los que carguemos con los excesos de los demás".

El director territorial de la Inspección de trabajo dice que "la economía sumergida va unida a una tolerancia social clara"

CARTAGENA.- El director territorial de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, Diego Martínez, ha comparecido este jueves ante la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional, donde ha dicho que "la economía sumergida va unida a una tolerancia social clara" y que "existe un problema de empresas ficticias, empresas inexistentes, que se crean sin una actividad real, de las cuales se han eliminado 34 desde 2009".

   De éstas ha dicho que son "fuente de facturas falsas, donde las personas pagan porque les den de alta de cara a la obtención de prestaciones como el desempleo o la incapacidad temporal o la maternidad".
   Igualmente ha señalado que "Murcia es pionera en sistemas de detección de esta problemática", ya que "en 2009 se anularon 34 códigos de cuenta de cotización de estas empresas", suponiendo la anulación de su alta "7.800.000 euros". También ha indicado que actualmente hay "132 casos en investigación, lo cual da una imagen del fenómeno".
   Diego Martínez ha admitido que "hay más economía sumergida, pero que Murcia es pionera en sistemas de detección gracias al cruce de datos, que está dando magníficos resultados".
   Martínez ha querido destacar también "que comparece ante la comisión para trasladar datos desde 2006 hasta la actualidad", y que así éstos "se puedan analizar, contribuyendo a minimizar la economía sumergida", ya que "es un fenómeno complejo".
   Además, el director territorial ha informado de que "Murcia funciona con 3 inspectores y 10 subinspectores". También ha dado datos como que "hay previstas 8.516 actuaciones para 2012".
   Diego Matínez ha propuesto ante la Comisión de Empleo de la Asamblea, que lo ideal sería un "cambio de concepción social", ya que actualmente "el trabajador joven no valora su situación de futuro", a lo que ha añadido que "la Seguridad Social sí que somos todos" y que "desgraciadamente la crisis aumenta la economía sumergida".
   Como solución, ha propuesto "una mayor coordinación administrativa", eso es, "un grupo conjunto de actuación entre la inspección de trabajo y la agencia tributaria".
   Finalmente, ha dicho que "en Murcia no hay más economía sumergida que en otras regiones".
   Por parte del PSOE, Francisco Javier Oñate ha dicho que "Murcia tiene el 35 por ciento de economía sumergida, que es el mayor de España" y que "si afloraran los ocho millones de euros de la economía sumergida, se equilibrarían los porcentajes de déficit".
   José Antonio Pujante, del Grupo Mixto, ha pedido "el incremento de medios humanos con el fin de regularizar la eco sumergida", así como "la necesidad de llegar a acuerdos entre la Administración regional y la del Estado" pues "hay que incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda".
   Y ha finalizado diciendo que "los 60.000 millones de fraude fiscal al año, es la cantidad justa para ajustarse al déficit" y que "así serían innecesarios los recortes del Gobierno".

UPyD exige al alcalde de Murcia una explicación oficial por la retirada de la pancarta de 'Agua para Todos'

MURCIA.- El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, a través de su concejal José Antonio Sotomayor, exige un pronunciamiento oficial del alcalde Miguel Ángel Cámara sobre la retirada del cartel de Agua para Todos.

   Para Sotomayor, resultaría "una incoherencia" que esta retirada fuera definitiva y "quedaría patente" el oportunismo político, dado que la llegada al gobierno del Partido Popular y "su postura ambigua" ha generado incertidumbre sobre el futuro de nuevos trasvases.
   Así, la formación magenta, a través de una pregunta en el próximo Pleno municipal, requerirá al Alcalde una explicación oficial sobre este hecho, y si se tiene intención de volver a reponer la pancarta, en qué plazos se tiene previsto.
   UPyD considera que declaraciones como las del ministro de Agricultura Arias Cañete, de esperar a que se realicen los planes de cuencas antes de decidir cómo resolver el déficit de la cuenca del Segura, generan incertidumbre a la hora de valorar futuros trasvases.
   Si bien UPyD se ha manifestado siempre en contra de la colocación pública del lema Agua para Todos y de la utilización política de un tema como el del agua en la Región, "los murcianos no entenderían la contradicción de la retirada de la pancarta estos momentos".
   Esto daría a entender "que su fin era electoralista y simplemente hacer frente al anterior gobierno de la nación" del Partido socialista, concluye Sotomayor.
El Ayuntamiento de Murcia ha retirado «provisionalmente» del balcón principal del edificio la pancarta 'Agua para todos' que colocó años atrás cuando fue derogado el trasvase del Ebro.
Este emblema, que resumen la posición del agua del PP de la Región de Murcia, volverá a su lugar cuando sea reparado o cambiado por otro, indicaron fuentes municipales, que niegan que se trate de una retirada definitiva. 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región aumentan 1,07% en marzo y se sitúan en 80.936

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 80.936 en marzo, lo que supone un aumento del 1,07 por ciento con respecto al mismo mes de 2011, según informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia registró un aumento en marzo de 860 personas, frente al crecimiento del 0,55 por ciento registrado en el conjunto nacional.
   En lo que va de año el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región decreció en 3.294 personas, lo que supone un descenso del 3,91 por ciento con respecto al año anterior.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 72.126 pertenecen al Régimen General, 4.995 al Régimen de Autónomos, 3.668 al Régimen del Hogar (en extinción), 147 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 43.204 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 1.693 ; y el general, con 27.229.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.034 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 67.902 son extracomunitarios.