viernes, 4 de mayo de 2012

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

Hacienda devuelve el Plan de ajuste del Ayuntamiento de Totana

TOTANA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado, de forma desfavorable, el Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento de Totana para poder acogerse al mecanismo extraordinario de pago a sus proveedores. No obstante, la alcaldesa, Isabel María Sánchez, ha asegurado que "todos los proveedores cobrarán la deuda que el Consistorio tiene con ellos".

   Por ello, ha dejado claro que "se tomarán todas las medidas necesarias de funcionamiento interno para dar continuidad al plan de ajuste y estabilidad presupuestaria con el fin de buscar la viabilidad y estabilidad de las arcas municipales, pero sin subir los impuestos a los ciudadanos ni asfixiar a los totaneros aumentando la presión fiscal".
   Al respecto, la primera edil ha anunciado "una reducción inmediata de tres millones de euros en el presupuesto del 2012, la venta de patrimonio, la reducción del capítulo I de Personal, el reajuste y eliminación de algunos servicios y la obligación de devolver servicios impropios que no son de competencia municipal, sino de otras administraciones".
   El Consistorio certificó el pasado mes de marzo ante el Ministerio una deuda que ronda los 28,9 millones de euros, por lo que se solicitaron a través de la línea de créditos establecida por el Gobierno de la nación para el pago a proveedores un total de 8.747 facturas a 677 empresas.
   Según la regidora, los motivos que esgrime el Ministerio en su informe son que "el plan no recoge ingresos suficientes para financiar los gastos corrientes y los servicios públicos y, además, sostiene que el nivel de carga financiera es elevado".
   De este modo, Sánchez ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y serenidad" a los proveedores, que "cobrarán hasta el último euro" después de que no se haya autorizado la concertación de la operación de endeudamiento.
   En su opinión, el Plan de Ajuste está "bien elaborado y planteado por los técnicos municipales", dado que era "coherente y ajustado a las necesidades socioeconómicas actuales".
   Así, ha insistido en que esto ocurre por "nuestro descenso en los ingresos reales, pero no estamos dispuestos a incrementar la carga impositiva a los vecinos".
   De ahí que haya afirmado que "el pago a proveedores no se suspenderá, sino que se va a efectuar mediante un procedimiento diferente, como regula el propio Gobierno", tras lo que ha dicho que la fórmula será a través del propio Ministerio de Hacienda, "que se encargará a efectuar el abono de las facturas tras la documentación facilitada por el Ayuntamiento, que luego descontaría de la participación municipal de los Presupuestos Generales del Estado".
   Sobre este procedimiento, ha apuntado que la deuda con los proveedores "se abonará por parte del Ministerio a costa de los ingresos que el Ayuntamiento recibe del Estado, de tal forma que cerca del 50 por ciento de los tributos que el Ayuntamiento recibe del Ministerio se destinarán directamente para compensar esta deuda con los proveedores".
   La alcaldesa de Totana ha comentado que "en adelante el Consistorio no gestionará el pago a sus proveedores directamente con las entidades bancarias para devolver ese dinero en 10 años -como recogía el real decreto-, sino que se realizará con el Estado con un período de devolución de 15 años".
   Pese a todo, ha destacado que Totana "no es el único ayuntamiento de la Región ni el único de España, ya que el 20 por ciento de éstos van a seguir el mismo proceso", por lo que ha expresado su contrariedad con actitudes políticas "apocalípticas, dramáticas y de alarma social", instando a todos los grupos políticos a trabajar "para garantizar el futuro de las arcas y los servicios municipales".
   Por último, ha indicado que esta semana se ha reunido con el consejero de Hacienda, Juan Bernal, y mantiene comunicación directa con el portavoz popular en la Comisión de Hacienda del Congreso, Vicente Martínez-Pujalte. La próxima semana se reúne con el presidente Ramón Luis Valcárcel y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Enrique Ossorio.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.
   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.
   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

Las CCAA cerrarán el año con un déficit del 2,2%

MADRID.- Las comunidades autónomas registrarán en 2012 un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, del 2,2% del PIB, desviándose siete décimas del objetivo fijado para este año (1,5% del PIB), de manera que tampoco en 2012 cumplirán con sus compromisos, según cálculos difundidos este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

   Tras los malos resultados de 2011, cuando sólo cumplió con el objetivo la Comunidad de Madrid, Fedea estima que en 2012 habrá tres comunidades que sí logren el objetivo de déficit y además con holgura: Madrid, que registrará un déficit del 0,8% del PIB, siete décimas mejor que el objetivo; La Rioja, con un déficit del 1% del PIB, y Galicia, cuyo déficit, según Fedea, se situará en el 1,1%.
   El resto de las regiones no cumplirán con el objetivo de este año, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación. Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB).
   Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%); Asturias y Canarias (déficit del 2% en ambos casos), y Castilla y León (1,7%).
   "De confirmarse nuestras estimaciones, las comunidades autónomas no van a cumplir nuevamente sus compromisos", subraya Fedea, que advierte de que España "se juega mucho" y que, por tanto, no puede permitirse que vuelvan a incumplir.
   En este sentido, anima al Gobierno a hacer "todo lo posible para disciplinarlas", incluso, si fuera necesario, recurriendo a la intervención de las mismas.
   No obstante, Fedea recuerda que sus estimaciones pueden ser corregidas con nuevas medidas y planes de reequilibrio por parte de las comunidades y, de hecho, cree que hay dos iniciativas que apuntan a esa dirección.
   Así, la Fundación recuerda que antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de mayo, las CC.AA. deben revisar sus presupuestos para incluir medidas adicionales con las que completar el ajuste fiscal y conseguir así la aprobación del Plan de Reequilibro Económico y Financiero 2012-2014.
   Asimismo, Fedea recuerda que los recortes en sanidad y educación, que según los datos oficiales supondrán un ahorro total de 10.000 millones de euros, no afectarán a la totalidad del ejercicio 2012, sino a seis meses aproximadamente, por lo que su impacto será de 5.000 millones de euros.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

BMN da prioridad al Banco de Valencia frente a una fusión con otras cajas

VALENCIA.- Banco Mare Nostrum (BMN), inmerso en conversaciones cruzadas con ese grupo de entidades financieras medianas surgidas de la unión de cajas de ahorros que han de protagonizar, según anunció el pasado lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, fusiones inmediatas, no ve tan próximas esas operaciones y, según explicaron al diario 'Levante' fuentes oficiales del grupo liderado por Caja Murcia, tan es así que su prioridad sigue siendo la puja por el Banco de Valencia. Antes de que el 27 de mayo finalice el plazo para la presentación de ofertas vinculantes por la entidad valenciana, BMN descarta que haya alguna fusión en la que participe.

Hace una semana, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, mantuvo un encuentro con los presidentes de BMN, Liberbank, Unicaja e Ibercaja en el que les planteó la necesidad de que se fusionen para dar lugar a nuevos grupos con de al menos 150.000 millones de activos o incluso a uno solo que llegaría a los 270.000 sumando a los cuatro. Esta última posibilidad, según BMN, es inviable por el distinto grado de integración de cada uno de los grupos, todos ellos surgidos de la unión de diferentes cajas de ahorros. 
Así, mientras BMN y Liberbank se constituyeron en 2010, las últimas operaciones protagonizadas por la andaluza Unicaja y la aragonesa Ibercaja son de hace apenas unas semanas, cuando la primera absorbió Caja España/Duero y la segunda Caja 3.
De ahí que la opción con mayores posibilidades de concretarse sea la unión de dos grupos, siempre que los personalismos -es decir, la voluntad de los distintos presidentes de no perder poder- no aboquen al fracasa a las conversaciones. Aunque unos lo emparejan con Unicaja y otros con Ibercaja, lo más plausible -los tanteos ya se han producido- es que BMN y Liberbank estén intentando reeditar la alianza que no prosperó en 2010. Además de tener zonas de ubicación preferente diferenciadas -el primero en el Mediterráneo y el segundo en el Cantábrico y el centro-, ambos grupos comparten su interés por hacerse con el Banco de Valencia. 
Las mencionadas fuentes de BMN aseguran, no obstante, que, antes del 27 de mayo no habrá ninguna fusión en la que participe este grupo, principalmente porque las conversaciones -"de todos con todos"- no han sido oficiales y todavía "no se han hecho números". Pero, claro, hay dos inconvenientes si no tomamos en consideración el relevante empuje del Gobierno: el Banco de España tardará quince días desde el 27 en adjudicar el Banco de Valencia a la mejor oferta presentada y el 31 de mayo concluye el plazo que establece el Real Decreto para que las entidades comuniquen sus planes de integración si quieren acceder al régimen especial de fusiones, que permite dotar las provisiones en dos años y contra capital, así como acceder a ayudas públicas del FROB 3.
Así las cosas, los plazos y la estrategia de BMN no cuadran, a no ser que la fusión se precipite -Ibercaja, otra novia para Mare Nostrum, también estaba interesado en el Banco de Valencia- y la entidad en su día controlada por Bancaja/Bankia deje de pronto de ser la principal prioridad, en especial si tenemos en cuenta que en estos momentos los responsables de la entidad liderada por Caja Murcia se encuentran revisando a fondo sus cuentas y empiezan a conocer las ayudas que obtendrían si fuera el adjudicatario. Podría concretar una fusión y esperar a ver si luego suena la flauta del Banco de Valencia, en su caso o el de su socio.
Banco Mare Nostrum, Unicaja, Ibercaja y Liberbank son en este momento los cuatro grupos financieros con más posibilidades de concretar fusiones, siempre y cuando no salte la sorpresa con Bankia, considerada la piedra angular de la reforma de la reforma financiera. Con Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia Banco, el primero intervenido y los otros dos nacionalizados, en puertas de ser adjudicados a un competidor y con Caixa Ontinyent y Caixa Pollença firmes en su voluntad de seguir como las únicas cajas de ahorros que quedan, apenas quedan versos libres -Bankinter, Banesto (está en el Santander) o la Banca March- más allá de los citados cuatro grupos. Todos ellos han surgido de la unión de varias cajas de ahorros. 

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

Válcarcel niega tajante la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy intervenga la Comunidad Autónoma

BRUSELAS.-   El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha descartado de manera tajante este jueves la posibilidad de que el Gobierno central de Mariano Rajoy intervenga la Comunidad Autónoma porque ésta ha presentado las medidas de reajuste necesarias "para cumplir el compromiso de déficit" del 1,5 por ciento del PIB regional para este año como máximo en el marco de su nuevo plan de estabilidad presupuestaria.

   "No tenemos la más mínima duda de que los planes son los que la región necesita para cumplir el compromiso de déficit y por tanto no hay riesgo alguno de que haya intervención por parte de nadie. Así de claro se lo digo", ha explicado el dirigente murciano en declaraciones a la prensa desde Bruselas, donde esta tarde intervino ante el pleno del Comité de las Regiones de la UE, órgano consultivo que representa los intereses de las regiones europeas.
   Válcarcel ha dejado claro en este sentido que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha planteado "ningún tipo de trabas" al plan de reequilibrio autonómico remitido "con luz y taquígrafos" con las "medidas" que piensa impulsar para reequilibrar las cuentas autonómicas en el contexto actual de desaceleración económica.
   El presidente murciano ha recordado que Murcia lleva "haciendo planes de reequilibrios" desde 2010 para "ajustar el presupuesto a las realidades objetivas de la región de Murcia" y aunque ha reconocido que su presupuesto de 2012 se traduce en "una merca también importante porcentualmente hablando con respecto al anterior presupuesto" aprobado en diciembre pasado, ha insistido en que se debe adaptar a los presupuestos generales del Estado. "Hay que hacerlo así. De otra manera no se puede gobernar", ha recalcado.
   Valcárcel ha insistido en la importancia de contribuir a generar "confianza" en España en el actual contexto de crisis y ha considerado "peligroso" abrir un debate encaminado a "generar dudas en torno a si intervención sí, intervención no" por parte del Estado central si alguna comunidad autónoma incumple el objetivo del 1,5 por ciento del PIB regional de déficit máximo para este año.
   "Todo lo que sea generar dudas en torno a si intervención sí, intervención no, lógicamente no hace sino ahondar mucho más la quiebra de esa confianza", ha justificado.
   El plan de reequilibrio supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos.

UPyD-Aragón considera "impensable" un trasvase del Ebro

ZARAGOZA.- La coordinadora territorial de UPyD-Aragón, Cristina Andreu, ha propuesto realizar una gestión hidráulica "de país". Ha afirmado que es "impensable" realizar ahora un trasvase del río Ebro por su coste. 

  Tras reunirse la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, Cristina Andreu ha reclamado "una gestión integral del agua, pensando en la cuenca y el caudal ecológico".
   La coordinadora de UPyD-Aragón ha exigido que se tengan en cuenta las necesidades futuras de la comunidad autónoma y de todas las comunidades.
   Además, Andreu ha recomendado gestionar no solamente la oferta, sino también la demanda de agua. La líder de UPyD-Aragón ha expresado que "hoy por hoy hablar de trasvase es avivar las aguas, que aquí, en Aragón, siempre son revueltas".

IU-Verdes presenta una moción en la Asamblea Regional contra los peajes en las autovías

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado una moción en la Asamblea Regional para evitar que el Gobierno central ponga en marcha un plan para el pago de peajes a los vehículos que circulen por la red de autovías del Estado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   La iniciativa insta al Gobierno autonómico a que reclame al Ejecutivo central que desestime el establecimiento de este impuesto en autovías españolas, por considerar que "únicamente tiene un fin recaudatorio".
   El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha opinado que la aplicación de esta medida demuestra que "la inoperancia del Gobierno, del PP, la vuelve a pagar la ciudadanía", y pone "en entredicho" el derecho a la movilidad.
   Pujante ha criticado que "no se aporte alternativa real" para evitar el impuesto como la potenciación de una red de transporte público que permita la movilidad de la ciudadanía desde un punto de vista "sostenible y eficaz".
   "Si seguimos así pagaremos hasta por respirar", ha concluido el dirigente de la federación de izquierdas.

No en las autovias de la Región

El coordinador Regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado la oposición de su formación política a la posibilidad de que se cobren peajes por el uso de las autovías de la Región.
   Sánchez cree que el Gobierno intenta sacar ingresos de "cualquier lado" sin importarle las repercusiones que esta "escalada de cobros" pueda tener entre los ciudadanos. Asimismo, Rafael Sánchez considera que la mayoría de las propuestas del PP tienen el denominador común de ser indiscriminadas.
   Además, el coordinador de UPyD considera que, de llevarse a efecto esa medida en la red estatal de autovías de la Región, habría muchos casos en los que no existiría una alternativa gratuita a la autovía de pago, "lo que resulta inaceptable".
   En este sentido, Sánchez ha citado el trayecto entre Murcia y Cartagena entre los que no tendrían posibilidad de alternativa gratuita, al ser la autovía A-30, en ese trayecto, el desdoblamiento de muchos tramos de la carretera nacional N 301.
   Rafael Sánchez ha subrayado que todavía queda mucho terreno de donde poder ahorrar "antes de poner más tasas y repagos indiscriminados".

El Ayuntamiento de Lorca recibe la aprobación a su plan de ajuste

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha informado junto al concejal de Economía, Luís Amador, de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el plan de ajuste del Ayuntamiento, convirtiéndose en uno de los primeros municipios de España en recibir el visto bueno del Gobierno Central. 

   El primer edil ha explicado que "esta aprobación nos va a permitir poner en manos de las pequeñas y medianas empresas lorquinas casi 25 millones de euros, posibilitando que el Ayuntamiento elimine la deuda que mantenía con proveedores y contratistas". El alcalde ha calificado como "un losa muy pesada" la herencia recibida en este aspecto, al tiempo que ha asegurado que "hemos conseguido quitarnos de encima una carga que se estaba convirtiendo en insoportable".
   Francisco Jódar ha señalado que la recepción de estos 25 millones de euros "es una auténtica inyección de vida al tejido socioeconómico de nuestra comarca que nos llega justo cuando más la necesitábamos". En breve, ha remarcado, "los acreedores del Ayuntamiento van a recibir la cantidad que se les adeudaba. De hecho ya tenemos previsto celebrar un pleno extraordinario para la aprobación de este trámite, en el que procederemos a la formalización del procedimiento".
   Este pleno, ha añadido el alcalde de Lorca, será el próximo 15 de mayo. Además, antes del 25 de mayo, se concretará con el ICO el préstamo, y el dinero llegará a los proveedores durante el mes de junio.
   El primer edil ha subrayado "el efecto de dinamización que va a suponer esta medida, que permite al Ayuntamiento poner el contador de la deuda con proveedores a cero, al tiempo que limpiamos la era, como se suele decir coloquialmente".
   El préstamo del ICO posibilita que el Ayuntamiento cierre un préstamos de 25,8 millones de euros, una cantidad que se pondrá en manos de las PYMES a las que el Consistorio Municipal les debía dinero, y cuyo número se sitúa en 730. El alcalde ha aclarado, en este sentido, que se ha optado por no negociar "quitas" con las empresas, atendiendo a la difícil coyuntura que atraviesa el municipio, golpeado por la crisis y los efectos de los terremotos.
   El Ayuntamiento, con carácter previo, ha realizado una fase de información a los proveedores municipales cuyas principales fechas han sido 21 marzo (publicación del listado completo de proveedores municipales), hasta el 22 de abril (plazo para beneficiarse del nuevo sistema de pagos) y 8 mayo (periodo de verificación de facturas para los acreedores), según han informado fuentes municipales.
   Hasta el momento, y de acuerdo con los datos de los que dispone el área económica del Ayuntamiento, en torno al 99 por ciento de los acreedores se han adherido al proceso de pago.
   El alcalde de la localidad ha recordado que la deuda global existente en el Ayuntamiento se ha ido reduciendo paulatinamente desde 2007, año en el que la cantidad heredada por la actual administración ascendía a 105,4 millones de euros. Mediante la aplicación de sucesivas medidas de ahorro, el Consistorio redujo este 'guarismo', situándolo en 2010 en 98,2 millones, mientras que en la actualidad, se concreta en 93,1 millones.
   Jódar ha anticipado que a partir de ahora la gestión municipal se marca tres objetivos principales dentro del trabajo del área económica: la eliminación de la deuda comercial, "algo que se conseguirá gracias a los 24,8 millones de euros que se ponen en manos de los proveedores".
   Cumplir la ley de morosidad, "consiguiendo que la administración municipal pague en aproximadamente 40 días". Durante este año, ha apuntado, se está consiguiendo reducir ostensiblemente el periodo de pago a proveedores, de tal forma que las facturas registradas en enero se pagaron en abril, mientras que las de febrero se están pagando ya.
   Y por último la consolidación del equilibrio presupuestario, objetivo, ha concluido, "que ya se ha conseguido con las cuentas del año 2011".

El PSOE exige explicaciones a Cruz por "la compra realizada por Murcia Cultural de 500 libros suyos"

CARTAGENA.- El responsable de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, va a solicitar la comparecencia en Comisión en la Asamblea del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, para que explique "la compra realizada por Murcia Cultural de 500 libros suyos por los que se pagaron 3.000 euros, en septiembre de 2010". 

   En su opinión, el consejero "debe aclarar todo lo acontecido con este hecho, habida cuenta que es el consejero de Cultura y que quien compra sus libros es precisamente una empresa pública regional, vinculada a su Consejería". Por ello, el consejero de Cultura "tendrá que explicárnoslo por razones de ética y estética política", ha insistido.
   Para el Grupo Parlamentario Socialista, "resulta cuando menos sorprendente y abusivo que Murcia Cultural, que hasta 2008 compraba como máximo 100 libros de escritores murcianos considerados de interés, haya hecho una excepción con el propio consejero y haya quintuplicado la compra del número de ejemplares haciendo esta singular excepción".
   Asimismo, el diputado socialista va a solicitar información en la Cámara para saber "cómo se tomó la decisión de comprarlos, cuántos se han comprado, criterios de esa compra y en qué bibliotecas pueden encontrarse".
   También va a solicitar información sobre la compra de libros de otros autores murcianos desde 2007, dónde están distribuidos y criterios objetivos de compra, según fuentes del PSOE.
   "El consejero es autor de otros libros, por lo que es necesario saber si también se han comprado ejemplares de los mismos, y de ser así cuál ha sido su coste y cuáles han sido los criterios en los que se ha basado la compra", ha advertido.