martes, 15 de mayo de 2012

Liberbank, BMN, Ibercaja y Unicaja entrarán en pérdidas por el decreto del Gobierno

SANTANDER.- La entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/12, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero ya está teniendo consecuencias entre los grupos financieros de tamaño mediano como Liberbank. Según fuentes consultadas, el banco de Caja Cantabria, Banco Mare Nostrum, Unicaja-Banco Ceiss e Ibercaja-Caja 3 entrarán en pérdidas este año por el elevado volumen de provisiones que les exige la nueva reforma, que se suman a las previstas por el aprobado en febrero pasado por el Gobierno, revela hoy 'El Diario Montañés'.

De acuerdo con ambos decretos, los cuatro grupos financieros -a los que el Gobierno ha instado a entablar conversaciones para una hipotética fusión- deberán provisionar este mismo año 4.400 millones de euros, una cifra muy similar a la que el Gobierno le exige al BBVA, el segundo grupo bancario del país. Las provisiones llegarán a 5.021 millones si se suman los 621 ya computados por Unicaja-Banco Ceiss durante el primer trimestre del año.
Liberbank deberá hacer frente a provisiones por importe de 961 millones de euros y Unicaja-Banco Ceiss (antiguas Caja España y Caja Duero) a un total de 958 millones. BMN tendrá que provisionar a 1.319 millones e Ibercaja 1.164. El Gobierno exige que los bancos hagan frente a esos saneamientos este año, salvo que se fusionen, para lo que tendrán dos ejercicios.
De confirmarse esas cifras,el banco que comparten Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria tendría hasta el 31 de diciembre para disponer de un dinero que tiene que salir de los resultados del grupo (opción insuficiente, porque el beneficio anual no pasó de 308 millones en 2011 y presumiblemente será inferior este año) y, en su defecto, de los recursos propios de la entidad. Como al mismo tiempo la banca está obligada a mantener un nivel mínimo de capitalización (8% o 10%, según tengan o no participación privada), las entidades que sufran quebranto deberán buscar capital fresco en el mercado (mediante la venta de activos con plusvalías o la captación de accionistas). Si no lo encuentran, se verán obligadas a los préstamos públicos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a devolver con un interés del 10% anual.
Las exigencias del Gobierno han provocado un elemento de reflexión de cara a las fusiones todavía por fraguar, opinan fuentes del sector, que creen que se puede llegar a replantear el escenario conocido hasta ahora. Y están detrás de la suspensión por parte del Ministerio de Economía de un encuentro previsto para ayer por la tarde entre los presidentes de los cuatro grupos y responsables del Ministerio de Economía. Liberbank, BMN, Unicaja e Ibercaja, en efecto, tendrán que volver a elaborar sus planes de negocio y estimaciones para el ejercicio de acuerdo con el impacto en sus cuentas de los dos decretos de reforma. Y la fecha para presentar este nuevo plan ante el Banco de España es el próximo 11 de junio.
La fusión de estas cuatro entidades daría lugar al quinto grupo financiero del país con 270.000 millones de euros en activos y conformaría un banco sistémico como el Santander, BBVA, Bankia y Sabadell. Sería, por su tamaño, un grupo clave y esencial para el funcionamiento del sistema financiero y la economía española.
La fusión, sin embargo, no es bien vista en ámbitos financieros ni políticos ya que podría acarrear problemas adicionales. Unicaja tiene pendiente la absorción de las cajas catellano-leonesas e Ibercaja también se está fusionando con Caja 3. El gran tamaño de la nueva entidad supondría no tanto mayor capacidad de resistencia como unas exigencias más elevadas de solvencia en el entorno internacional. Fuentes del sector llegan a equiparar un proceso de este tipo al que generó en su día la recién nacionalizada BFA-Bankia, resultante de la fusión de siete entidades de ahorro de condiciones dispares.

El Eurogrupo pide a España acelerar la valoración independiente del 'ladrillo'

BRUSELAS.- Los ministros de Economía de la zona euro han respaldado este lunes la segunda fase de la reforma bancaria aprobada por España el pasado viernes pero han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que acelere la valoración independiente de los activos problemáticos en el balance de las entidades y que garantice que habrá fondos públicos disponibles para los bancos que necesiten ayuda.

   El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha dejado al Ejecutivo de Rajoy la decisión sobre si pedir ayuda del fondo de rescate de la UE para recapitalizar las entidades. "El Gobierno español hará lo que haya que hacer", ha dicho Juncker al ser preguntado por si considera que España necesitará solicitar asistencia europea.
   Juncker ha negado además que la subida de la prima de riesgo de España se deba únicamente a la incertidumbre en Grecia, como sostiene el ministro de Economía, Luis de Guindos. "Grecia no es el origen de todos los problemas y no creo que, cuando hay que dar explicaciones, se deba culpar siempre a otros. La nuestra es una responsabilidad común", ha sostenido.
   "Pedimos a las autoridades españolas que aceleren la evaluación externa de la situación del sector bancario y que den los pasos necesarios para poner en marcha mecanismos de ayuda creíbles a fin de que puedan usarse en caso de necesidad. En las actuales circunstancias, la velocidad es esencial", ha subrayado el presidente del Eurogrupo.
   En todo caso, los países de la eurozona celebran la segunda fase de la reforma bancaria aprobada por el Gobierno, que obliga a las entidades a realizar provisiones adicionales por valor de 30.000 millones de euros y prevé ayudas de hasta 15.000 millones para los bancos que no logren los fondos necesarios.
   "Damos la bienvenida y apoyamos plenamente estas medidas", ha dicho Juncker.
   También el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha celebrado la reforma y ha dicho que debe servir para "disipar las dudas persistentes" del sector bancario español.
   "Una reforma rápida y profunda del sector bancario es una piedra angular de la respuesta a España a la crisis y de su estrategia global de reformas. Ello se suma a la determinada consolidación fiscal y las reformas estructurales que pueden traer crecimiento sostenible y más y mejores puestos de trabajo, que son nuestra principal prioridad", ha dicho Rehn.
   "Hemos animado a España a acelerar la evaluación independiente de los balances de los bancos y de sus activos", ha corroborado el responsable de Asuntos Económicos.
   Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que ha encontrado la "cooperación" que había reclamado del Eurogrupo para hacer frente a la crisis en España. "Ha sido una cooperación desde el punto de vista global, desde el punto de vista de que tenemos que buscar soluciones conjuntas a la situación, que es compleja, especialmente derivada del caso de Grecia".
   "España ha hecho todo lo que tenía que hacer y evidentemente la cooperación de todos los países en un momento difícil para el conjunto de la zona euro yo creo que va a ser vital", ha concluido.

El vicepresidente de la CAM, Armando Sala, también quiere hacer creer que él no sabía nada

VALENCIA.- El exvicepresidente tercero del consejo de administración de la CAM, Armando Sala, ha asegurado este lunes que los consejeros "no podíamos pensar que la situación de la caja era tan extremadamente mala" como quedó patente en el consejo de administración del 21 de julio de 2011.

   Fue ese día cuando el Banco España comunicó al consejo de administración que no se había aceptado ninguno de los planes de recapitalización de la entidad, a la que daba un plazo de diez días para plantear un nuevo plan. "Para mí era la primera vez que el Banco de España se dirigía al consejo", ha destacado.
   Armando Sala, que entró en el consejo de administración de la CAM en 1998 propuesto por la Generalitat, se ha expresado en estos términos en la comisión de investigación de la caja alicantina en las Corts Valencianes, que trata de esclarecer el proceso que llevó a la intervención de la entidad por parte del Banco de España.
   Sala ha explicado que las cuentas auditadas por KPMG y presentadas al consejo por la dirección solo unos meses antes --concretamente en febrero --arrojaban unos beneficios de 244 millones de euros después de impuestos, "tan solo un 12 por ciento menos que en 2009". Además, ha dicho, "las auditorías se presentaban diciendo que todo era magnífico".
   El exvicepresidente ha explicado que desde 1998 siempre se procuró presentar en la entidad una lista consensuada que se ajustara a la proporcionalidad política de las Corts. Sin embargo, ha explicado que en 2007 a pesar de que también se presentó una lista consensuada, "en el último segundo se presentó una candidatura alternativa, auspiciada por el director general" que, según Sala, llegó a decir que "su candidatura ganaría porque los más de 6.000 empleados de la caja trabajarían para que ganara".
   Armando Sala ha indicado que en el primer consejo "se alteró el escenario convenido". Así, ha asegurado que, entre otros cambios, se le cesó como presidente de la comisión de inversión y se intentó su cese como vicepresidente. "Todo ello, quizá, por mi creciente posición crítica", ha manifestado.
    Preguntado por el diputado del PP David Serra sobre por qué pidieron la intervención de la entidad, Sala lo ha justificado diciendo que el consejo "era consciente de la situación que se estaba viviendo", con "una fuga de directivos", lo que provocaba "desconcierto". 
"Nosotros intentamos mantener la caja e hicimos eso --pedir la intervención-- en base a que pensábamos que era la mejor solución", ha resaltado.
   Sala, respecto a los riesgos de la Generalitat con la caja, ha respondido que "en absoluto influyeron en la debacle". En otro momento de su intervención ha señalado: "jamás pensé que las actas no fueran rigurosas" ya que "no se ajustaban a la realidad".
   También se ha referido a la "falta de información". En esta línea, ha asegurado que los tres vicepresidentes hablaron con el director general y con el presidente "sobre la conveniencia de cambiar de interlocutor en el Banco de España".  
    Por otro lado, ha aseverado que las retribuciones de directivos "jamás pasaron por consejos de administración", y que las dietas se aprobaron "con el visto bueno de la comisión de retribuciones y el informe favorable del letrado asesor".
   El exvicepresidente, quien ha señalado que la dirección no proporcionaba copias de las actas a los consejeros, considera que Bancaja y la CAM siempre han sido entidades muy diferentes, ya que la primera era "presidencialista", mientras que la caja alicantina "siempre estuvo regida y dirigida por los directivos".
   Los grupos parlamentarios, por su parte, han preguntado a Armando Sala, entre otras cuestiones, por las retribuciones y dietas de directivos y consejeros y por las posibles responsabilidades políticas.
   La comisión de investigación de la CAM también ha contado esta tarde con la comparecencia del exsecretario del consejo de administración de la entidad y presidente de la comisión de retribuciones, José Forner, quien ha negado que se falsearan las actas. Asimismo, ha señalado que los riesgos de la Generalitat con la caja eran del 1,4 por ciento. "No creo que tenga nada que ver con la situación a la que ha llegado la CAM", ha añadido.
   El también ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), quien ha dicho que "nunca" ha tenido "injerencias políticas", ha asegurado que votó a favor de la emisión de cuotas participativas ante los rumores de que se produciría la privatización de las cajas.
   Forner, que ha comenzado su intervención recordando su currículum, ha pedido el amparo de la cámara por si sus declaraciones pueden utilizarse en su contra ante el expediente abierto por parte del Banco de España.
   En opinión del diputado socialista Ángel Luna, "da la sensación de que lo único que les preocupaba era ver quién estaba sentado en los diferentes consejos de administración".