miércoles, 6 de junio de 2012

El Banco Popular tampoco quiere tratos con Egea


MADRID.- Aunque Banco Mare Nostrum (BMN), fruto de la unión de Caja Murcia, Caja Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, persigue fusionarse con el Banco Popular, la entidad presidida por Ángel Ron no está interesada en esta operación, por lo menos de momento. Hoy por hoy la adquisición de la entidad presidida por Carlos Egea no conlleva ayudas públicas, ya que BMN es FROB 1, recuerda 'Hispanidad'.

Al parecer, el presidente de BMN, el murciano Carlos Egea, y el del Banco Popular, el gallego  Ángel Ron, habrían mantenido ya algún contacto en las últimas fechas,  según el periódico 'Ideal", de Granada, sin resultados positivos hasta hoy mismo, reconocieron fuentes próximas al grupo bancario, que admiten la existencia de otros contactos paralelos con diversas entidades de crédito.
Desde BMN se mantiene como mejores opciones para la creación de un nuevo grupo bancario, las de Unicaja y Kutxa Bank (las cajas vascas), con quienes también han hablado sin concretar nada.
Pero la percepción del Popular podría cambiar en dos semanas, y es que el ministro De Guindos ha afirmado este miércoles que dentro de quince días se conocerá el resultado de la auditoría realizada por las dos consultoras -Oliver Wyman y Roland Berger- sobre la situación de las entidades financieras españolas. Así, el Ejecutivo esperará a su dictamen para tomar alguna decisión nueva sobre el sector.
De todas maneras, CX continúa siendo la primera opción del Popular. Lo malo, en este caso, es que sus rivales son el BBVA y el Santander, que ya han mostrado su interés en múltiples ocasiones. Por eso, Ron no descarta volver a contactar con La Caixa, pero sólo si la operación CX no llega a buen puerto y la situación del Popular, tras la adquisición por sus propios medios del Pastor, y las nuevas exigencias del Gobierno, le ‘obligan’ a hacerlo.
"Popular descarta cualquier tipo de inyección de capital público", asevera el banco, tras recalcar que ya ha incorporado los cambios regulatorios actuales y provisiones aceleradas en los libros del sector inmobiliario y de particulares.
   Además, sostiene que ya cumple con los requisitos de capital de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en junio y de las autoridades españolas sin problemas y alcanzará el 10,8% en 2013.
    Pese a estas importantes provisiones, el banco prevé generar unos beneficios de 905 millones de euros en los dos ejercicios, y "significativamente mayores" en 2014, gracias a la generación de ingresos ordinarios y extraordinarios.
   Concretamente, calcula que obtendrá un beneficio neto de 325 millones en 2012, lo que supone un descenso del 32% en relación a los 480 millones del año anterior, y espera ganar 580 millones en 2013, lo que arrojará un crecimiento del 78,5%. 
   El Popular también acometerá un agresivo plan de venta de activos con el que prevé obtener plusvalías de 2.000 millones de euros en  2012 y 2013, entre las procedentes de la venta del 51% de popular-e, y de sucursales e inmuebles adjudicados.
   Sobre la ampliación de capital anunciada en octubre 2011 con la adquisición del Pastor por importe de 700 millones de euros, Popular avanza que se llevará a cabo en nueve meses o un año.
   En este escenario, la política de dividendos del banco se mantendrá sin variación, con un 'pay out' del 50%, con lo que se destinará la mitad de la ganancia a la retribución al accionista.
El Banco Popular constituirá de forma voluntaria una provisión de 2.800 millones de euros por créditos de la cartera no inmobiliaria, de hipotecas, empresas y consumo, a partir de un escenario estresado.
   Estas provisiones permitirán cubrir una pérdida esperada del 7,9% de dicha cartera de 79.000 millones de euros, según el plan de negocio 2012-2013 remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   "Popular incorpora en sus planes dotaciones por encima de la pérdida esperada contempladas en los modelos avanzados para las carteras de empresas no inmobiliarias y particulares", destaca el banco que preside Ángel Ron.
   Así, para cubrir eventuales pérdidas en su cartera de créditos,  la entidad dedicará un total 10.100 millones de euros, de los que 7.300 millones corresponden a las exigencias de los dos últimos decretos de saneamiento aprobados por el Gobierno.
   Popular especifica que cumplirá con las exigencias de los decretos de saneamiento por el sector inmobiliario aprobados en febrero (4.000 millones de euros) y en marzo (3.300 millones) en un periodo de dos años con sus propios recursos.

La producción industrial en la Región de Murcia crece un 4,8% en abril

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de abril de 2012 creció un 4,8 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 8,2 por ciento, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   El sector que más ha influido en el aumento interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de la energía con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del 135,2 por ciento y una repercusión en el índice general de 12,239.
   En sentido contrario, presentan repercusiones negativas la producción de bienes de consumo no duraderos con un -11,0 por ciento y una repercusión de -4,285, la producción de bienes intermedios con una variación interanual de -4,2 por ciento y una repercusión de -1,655, los bienes de consumo duradero con un -19,5 por ciento y un -1,047 de repercusión y, por último los bienes de equipo con una tasa de -5,5 por ciento y repercusión de -0,400.
   En el análisis por ramas de actividad, la mayor repercusión positiva la registra el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 135,6 por ciento y una repercusión de 12,256.
   Se registran las mayores repercusiones negativas en la industria de la alimentación con una tasa interanual de -8,0 por ciento y una repercusión de -2,273 seguida de la fabricación de otros productos minerales no metálicos con una variación de -43,9 por ciento y un -1,418 de repercusión
   Se observa que las ramas de actividad que más han aumentado su producción con respecto al mes de abril del año anterior son el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo (135,6 por ciento) y la industria del cuero y el calzado (48,6 por ciento).
   Presentan, por otro lado, las mayores variaciones interanuales negativas la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un -43,9 por ciento y la industria textil y de la confección con un -30,3 por ciento.
   El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta una variación de -8,2 por ciento respecto al mes de abril de 2012.

Los contratistas de obra pública denuncian nuevos impagos de administraciones públicas a partir de enero de 2012

MURCIA.- La Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia ha detectado que "algunas" administraciones públicas no están pagando las certificaciones de obra corrientes emitidas desde el 1 de enero de 2012, y sospecha que las empresas proveedoras no van a ver satisfecha la deuda "en mucho tiempo", puesto que no confía en el desarrollo de un nuevo plan de pagos.

   Se trata de un hecho de "gravedad extrema" que los contratistas exigen corregir a las administraciones públicas, según ha demandado el presidente de la Cámara, Luis Ramón Fernández, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta Directiva, Enrique Fernández-Delgado, y el secretario de la entidad, José María Riquelme.
   A pesar de que el Gobierno central está ejecutando los planes de pagos puestos en marcha y cumpliendo los plazos, los contratistas creen que no va a haber más planes de este tipo, por lo que reivindican a partir de ahora "el pago puntual y estable" de todas las certificaciones de obra, algo que "ya se ha incumplido en los primeros cinco meses del año", según Fernández.
   En cualquier caso, ha remarcado que, si las administraciones públicas incumplen el pago en 2012, las empresas "son libres" de tomar medidas y de "asumir los riesgos que crean convenientes", ya que estos impagos son "un hecho gravísimo" que aboca los negocios "al cierre y al despido de trabajadores".
   "No invito a nadie a acudir a la Justicia, cada empresa es libre", ha puntualizado Fernández, quien ha recordado que "también ha habido empresas que se han adherido al plan de pagos y otras que han optado por la vía judicial". No obstante, ha añadido que, con la ley en la mano, las empresas pueden apelar "a la ley de contratos, que exige el pago en 30 días, o de morosidad, que amplía el plazo a 45 días".
   Fernández no ha querido especificar el montante que alcanzan estos impagos ni ha señalado las administraciones que han incumplido la ley en estos primeros meses de 2012, algo que a su juicio "corresponde a las empresas destapar", aunque se ha remitido a "las administraciones que incumplieron en 2011", entre las que ha citado tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos.
   No obstante, ha destacado que el Plan de pago a proveedores se ha comenzado a ejecutar la semana pasada, algo que ha considerado de "vital importancia", pero ha reiterado su denuncia sobre la imposición que supone "la renuncia a los intereses de demora", que podrían ascender a unos 300 millones de euros para los proveedores de la Comunidad Autónoma.
   Esta cifra resulta de retraer el ocho por ciento que supone el interés a los 2.700 millones de euros de deuda que tenía contraída la Comunidad Autónoma y multiplicarlo por los dos años de atraso que arrastraban los proveedores por término medio en el cobro de sus facturas.
   Por otra parte, Fernández ha lamentado que, últimamente, se están produciendo "suspensiones de varias licitaciones de obra pública, tanto de la Comunidad Autónoma como de los ayuntamientos" que alcanzan un importe de unos 50 millones de euros, y ha citado como ejemplo, "sin ir más lejos", las obras de las costeras de la ciudad de Murcia.
   Ha estimado que sólo la paralización de las costeras, que ya habían sido licitadas, van a suponer una pérdida de dos millones de euros para las 298 empresas que se habían presentado al concurso, por el coste de los avales técnicos y de los proyectos, entre otras cosas, mientras que el Ayuntamiento habrá gastado un millón de euros.
   En esta misma tesitura se encuentran, según Fernández, el auditorio de Cehegín que supone un coste de 12 millones de euros, así como diversas obras en Torre Pacheco y en Lorca que ya estaban licitadas y se han paralizado.
   A pesar de la disminución de la inversión por parte de las administraciones públicas y la supresión de determinados proyectos, la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia aumentó sus asociados en 2011 con diez nuevas empresas adheridas, algo que Fernández ha considerado "hasta raro".
   De hecho, del total de 85 asociados a la Cámara, Fernández ha explicado que puede haber 20 ó 30 en situación de concurso de acreedores por la situación económica, lo que "no quiere decir que tengan comprometida su viabilidad".
   Como consecuencia de la situación de crisis económica, la Cámara de Contratistas ha detectado un mayor número de empresas ajenas al sector de las obras públicas y no especializadas que acceden a las licitaciones de las administraciones.
   Ha remarcado que hace dos años hubo una reforma legal en materia de contratación pública por la cual, todas las obras cuyo importe no supere los 300.000 euros, no requieren la clasificación administrativa para poder licitar.
   Este hecho puede dar lugar, por ejemplo, a que empresas no especializadas puedan concursar en proyectos de rehabilitación del patrimonio histórico artístico algo que, según denuncia públicamente, está sucediendo en Lorca, donde la "ausencia de exigencia" está haciendo que cualquier compañía "pueda optar a intervenciones muy especializadas".
   A la vista de esta coyuntura y en base a sus previsiones, Fernández no ve "signos de recuperación de aquí a final de año", y pone en duda que la recuperación llegue en 2013, tal y como "afirma todo el mundo". 
"Sería deseable, pero tengo dudas razonables", ha zanjado.
   Para lograr la recuperación, el presidente de los contratistas ha insistido en pedir a las administraciones públicas "que ejecuten sus partidas de inversión" y que no suspendan proyectos, al tiempo que ha demandado a las entidades financieras "que aceleren las posibilidades de conceder créditos y sean más flexibles".
   Por lo que respecta a los indicadores más reseñables en el ámbito de la obra pública, la Región de Murcia, tras dos años liderando los descensos absolutos y porcentuales de licitación, queda en 2011 en un término medio en cuanto a reducción de inversiones, si bien sigue presentando unas cifras "tremendamente desalentadoras".
   En concreto, la Comunidad Autónoma registró un 45,8 por ciento menos de inversión que en 2010, con el consiguiente efecto de arrastre sobre la industria auxiliar y de materias primas y materiales del sector.
   La inversión total ascendió a 250,10 millones de euros, cuya menor cuantía "hace que este subsector prolongue una situación muy delicada, con grave riesgo de destrucción del tejido regional de pymes que se dedican a la obra pública, y que se acentuará por la falta de inversiones de las administraciones en los próximos cinco años".
   El descenso en la inversión no se reparte por igual entre el conjunto de las administraciones, pues mientras los ayuntamientos lo lideran con un 81,9 por ciento menos (44,08 millones de euros), la Comunidad Autónoma arroja un porcentaje de descenso del 51,5 por ciento (59,40 millones de euros), y el Gobierno central lo disminuye un 52,7 por ciento, con una cifra licitada de 146,63 millones.

El PSOE denuncia que Palacios con el desmantelamiento del Rosell está "incumpliendo" el mandato de la Asamblea

CARTAGENA.- La diputada regional socialista, Teresa Rosique ha denunciado que la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios con su actuación en el Rosell "está incumpliendo la resolución que la Asamblea Regional aprobó en 2010, y que a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue respaldada por unanimidad de toda la Cámara". 

   En dicha resolución, los tres grupos parlamentarios pedían al Gobierno regional que el Rosell se mantuviera como segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general; "algo que a la consejera le trae al pairo".
   Rosique ha participado de tal forma esta mañana, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, en la concentración de trabajadores, convocada por los sindicatos del sector sanitario público.
   Para la diputada "esta falta de respeto institucional de Mª Ángeles Palacios a una resolución aprobada por la Asamblea, cobra mucho sentido ahora que vuelve a celebrarse el Debate sobre el Estado de la Región y en el que se volverán a aprobar resoluciones que el Gobierno regional debe asumir y cumplir".
   "La consejera de Sanidad pretende hacernos comulgar con ruedas de molino; ahora quiere hacernos creer que con el nuevo hospital es suficiente para garantizar las necesidades de la población de esta área de salud, cuando no hace mucho mantenía todo lo contrario", ha declarado.
   Al tiempo que ha recordado que la consejera reconoció con anterioridad al desmantelamiento del Rosell, que exclusivamente con el nuevo hospital no se solucionaba el problema que teníamos y que era necesario mantener el Rosell con una capacidad de 330 camas y 8 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria.  
   Para el PSOE, la Consejería está llevando a cabo este desmantelamiento "mintiendo y sin transparencia. Desde la Consejería y desde la dirección del Área de Salud, pese a todo, persisten en que no se cierra, cuando el desmantelamiento es casi total".
   Teresa Rosique ha advertido que los problemas que el desmantelamiento del Rosell van a producir se están empezando a ver ya, con la saturación del servicio de Urgencias del nuevo hospital de Santa Lucía.
   Por último ha explicado que con su presencia, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido dejar constancia de su oposición y rechazo al desmantelamiento del hospital del Rosell, al entender que dicho hospital es necesario para resolver el déficit hospitalario del Área de Salud de Cartagena.

PSOE Murcia denuncia que los vados en pedanías "cuestan hasta cinco veces más que en la ciudad"

MURCIA.- El concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Murcia, Juan Patricio Castro, lamenta una vez más "el afán recaudatorio y discriminatorio de la ordenanza sobre vados impuesta por el PP a los vecinos de pedanías, quienes pagan hasta cinco veces más por este concepto que aquellos que viven en la ciudad". 

   El edil socialista explica que mientras un vecino que aparca en un garaje situado en la Gran Vía, en el cual entran unos 40 vehículos (de media) y con una puerta de cuatro metros (es lo máximo) paga al año 13,83 euros, uno de pedanías paga 80 euros de media anual por cochera.
   "Se produce una doble discriminación, una entre garajes colectivos e individuales y otra entre centro y pedanías", reitera el concejal del PSOE, quien denuncia que el cobro de esta tasa solo se fundamenta en el "afán recaudatorio de la edil de Hacienda", Isabel Martínez Conesa, "para justificar unas cuentas municipales que no cuadran".
   Para el alcalde de Javalí Viejo, José Francisco Navarro, "esta tasa es absolutamente discriminatoria para la gente de pedanías que, además de pagar bastante más por el mismo concepto, nunca recibe los mismos servicios y prestaciones por parte del Gobierno local por el hecho de no vivir en la ciudad".
   Por su parte, Castro insiste en que se trata de una "medida fuera de lugar" en esta época de dificultades económicas, por lo que vuelve a pedir a la edil de Hacienda que rectifique y frene su afán recaudatorio porque así "no se solucionan los problemas".
   Además reclama igualmente "que se paralice este proceso y se modifiquen las ordenanzas fiscales para que esta tasa sólo la paguen aquellos ciudadanos de pedanías que usan la cochera para aparcar sus coches, a estos últimos se les debería quitar la retroactividad si pagan de forma voluntaria".
   "La responsable de Hacienda no debe seguir exprimiendo esta ordenanza con el único objetivo de sangrar aún más los bolsillos de los ciudadanos que viven en pedanías", finaliza.

Sindicatos y organizaciones presentan más de 10.000 firmas de la ILP por la dación en pago y alquiler social

MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT, así como la Plataforma de Afectados por Hipotecas de la Región, han presentado este miércoles en el registro de la Delegación del Gobierno un total de 10.500 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y alquiler social. Tienen hasta el 31 de octubre para recoger 500.000 firmas y que el Congreso debata la dación en pago.

   Los pliegos de firmas se encuentran en las diferentes sedes de las entidades, pudiendo encontrar esa información en la página web 'www.quenotehipotequenlavida.org', con posibilidad de la firma electrónica con el DNI electrónico o el certificado digital, donde esta mañana tenía registradas cerca de 65.000 firmas, según ha comentado el miembro de la Plataforma, Paco Morote.
   No obstante, independientemente de los pliegos oficiales que se hagan para la recogida de firmas, se realizarán anexos con las mismas características para que aquellos extranjeros no nacionalizados puedan también firmar, ya que la ley no recoge que este colectivo pueda participar en la ILP.
   En esta línea, Morote ha explicado que el acto de hoy "es la primera fase de la entrega de firmas que se vienen recogiendo desde el 21 de abril en Murcia".
   Al hilo, ha destacado que "en mes y medio se han recogido 9.525 firmas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cartagena, Yecla y Murcia con la colaboración de Consumur, La Intersindical e IU". A éstas hay que sumar las recogidas por CCOO y UGT.
   Desde la Plataforma han acudido al Registro de la Delegación del Gobierno "para presentar, de forma pacífica y democrática, esta ILP contra una ley que violenta a las familias al ser expulsadas de sus casas por culpa de una crisis que no han provocado".
   Morote ha calificado de "canallada" lo ocurrido ayer en Las Torres de Cotillas, donde consiguieron paralizar un desahucio. Se trataba de una vivienda que "se la había adjudicado un particular por 37.000 euros y después por 150.000 euros pasó a ofertársela a la familia".
   Al mismo tiempo, ha denunciado públicamente una "sensación de inseguridad jurídica que promueve la Administración de Justicia, ya que en los últimos tiempos ya no señala los desahucios con fecha lugar y hora, sino que los da en un plazo de 15 días y lo que se genera ante las familias es una sensación de angustia, porque no saben en qué momento se producirá este hecho".
   Por ello, ha anunciado su intención de pedir una entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, dado que "se ha mostrado partidario de la dación". En esa cita, reclamará que los órganos judiciales que practican este método "dejen de hacerlo, porque es inconstitucional y antijurídico".
   La Plataforma está realizando talleres dirigidos a atender a las personas que así lo solicitan y que se encuentran en esta situación. "Se les hace ver, ha explicado, que no son culpables de la situación que están viviendo, les hacemos ver que son estafados y vemos qué situación jurídica tiene cada uno de los casos y después negociamos, si lo requiere, con el banco o le hacemos presión".
   Semanalmente acude una media de 35 personas, según ha comentado Morote, quien ha cifrado en 68 el número de desahucios que han conseguido paralizar.
   Por su parte, Charo González, responsable de Mujer, Política Social e Inmigración de CCOO, ha precisado que desde CCOO se han recogido un millar de firmas, por lo que no ha dudado en afirmar que esta iniciativa "está teniendo muy buena acogida".
   Desde UGT, la responsable de Relaciones Institucionales, Manuela Hernández, ha advertido que "esto acaba de empezar", ya que tienen la intención de "recoger el doble de lo que hemos presentado hasta ahora".

Una tesis doctoral de la UMU señala un descenso en la calidad del semen de los jóvenes del sureste español

MURCIA.- Una tesis doctoral realizada en la Universidad de Murcia por Lidia Mínguez Alarcón ha calculado un descenso del 3 por ciento anual de la concentración espermática en jóvenes universitarios del sureste español. 

   La concentración espermática y el recuento total de espermatozoides móviles de los jóvenes del estudio, estudiantes universitarios de la Región de Murcia nacidos después de 1987, está por debajo de los estándares fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
   Este descenso es incluso mayor que el calculado para Europa por la directora del Centro de Epidemiología Reproductiva de la Universidad de Rochester (EEUU), Shanna Swan, que lo ha fijado en el 2,3 por ciento, según explican fuentes de la institución docente.
   La autora encontró en su investigación una asociación positiva entre un consumo importante de antioxidantes -criptoxantina, vitamina C, licopeno y beta-caroteno- y el recuento total de espermatozoides móviles, de manera que el volumen seminal se vio incrementado por un alto consumo de vitamina C, beta-caroteno y licopeno.
   Por ello, la tesis se pregunta en sus conclusiones si las recomendaciones diarias actuales de ingesta de vitamina C podrían estar subestimando los requerimientos de ésta en relación con la calidad seminal.
   Por el contrario, no se halló correlación entre la concentración de ninguno de los metales pesados (plomo, cadmio y mercurio) medidos en sangres total, plasma sanguíneo y plasma seminal.
   La tesis doctoral fue dirigida por los profesores Alberto Torres y Jaime Mendiola, de la Universidad de Murcia, y José Juan López Espín, de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).

La indignación cunde en Murcia entre los periodistas y trabajadores de los medios

MURCIA.- Más de 400 profesionales de los medios de comunicación de la Región de Murcia han perdido su puesto de trabajo en los últimos cinco años, según informó ayer la representante de la sección sindical de CCOO en la televisión autonómica 7 Región de Murcia, Beatriz Romero, quien reveló estos datos en una concentración en la plaza de la Universidad de Murcia que tenía como lema 'Quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos' a la que asistieron decenas de periodistas y profesionales de la comunicación de la Región, según informa 'El Pajarito'.

Afirmó Romero que, desde 2009, se han despedido a más de 400 personas, entre empleos directos e indirectos, del mundo de la comunicación regional y se han cerrado medios como 'El Faro', 'Intereconomía' y 'Punto Radio', mientras que otros medios de masas han quedado en la mínima expresión, caso del gratuito '20 minutos', con un redactor en la Región.
Romero aseguró además que muchos periódicos, radios y televisiones están "a merced" de grupos empresariales cuyos intereses están en conflicto con los intereses de los medios, de ahí que sea necesario, en su opinión, un foro de debate para hacer frente a esta situación. La representante de la televisión autonómica también defendió el derecho de los ciudadanos a una información "veraz, objetiva y plural", así como la importancia de un puesto de trabajo "digno", con el que los profesionales puedan "vivir" y con condiciones salariales acordes con el puesto que ocupan.
Recordó además que un 20% de los medios de comunicación en la Región de Murcia o han desaparecido o están "en la cuerda floja", y resaltó la situación del sector en España, ya que en el último trimestre se han perdido más de 1.600 puestos de trabajo, convirtiéndose así en uno de los sectores más castigados por la crisis.
Por su parte, el representante de CCOO en centro territorial de RTVE en Murcia, Jesús Sánchez, advirtió que la situación de crisis en el sector de la comunicación puede provocar un "retroceso democrático" en España, sobre todo con el continuo "goteo de ERE, las rebajas de las condiciones salariales y la negociación de convenios colectivos indignos". Sánchez instó asimismo a los "compañeros" periodistas de la Región a "abandonar" una rueda de prensa donde no se admitan preguntas, y mencionó la existencia de "un apagón informativo" en el medio en el que él trabaja.

Concentración ante la Delegación de Gobierno

Alrededor de medio centenar de trabajadores de los medios de comunicación se concentraron ayer tarde ante la Delegación de Gobierno en protesta por la situación del sector. A la concentración se sumaron también dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de la jornada de lucha en los medios, así como miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que quisieron solidarizarse con los trabajadores de la prensa, las radios y las televisiones murcianas.
Durante el acto, al que concurrieron periodistas y trabajadores de larga trayectoria en los medios, así como numerosos jóvenes, se leyó un manifiesto que pone en evidencia los efectos de la crisis en el sector y las consecuencias que tal situación están provocando en la restricción de la libertad de información, algo que favorece a quienes, como dice el lema de la jornada de lucha, “quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos”.
La concentración finalizó con un corte del tráfico de diez minutos en Teniente Flomesta, durante el cual los policías que vigilaban la acción de protesta no intervinieron más que para poner orden en la circulación de vehículos.
Actos similares se repitieron en numerosas ciudades españolas durante toda la jornada.

El obispo de Ávila pide a los fieles que entreguen la paga extra a Cáritas

ÁVILA.- El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha propuesto a los sacerdotes, a la vida consagrada, fieles laicos y personas de buena voluntad, hacer "un signo de solidaridad, renunciando a la próxima paga extraordinaria, o a una parte de ella según las posibilidades de cada uno" y entregarla a Cáritas para atender a los afectados por la crisis.

   "Este será un gesto evidente que la Iglesia de Ávila hace por los empobrecidos", indica en una carta con motivo de la festividad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, ya que esta jornada "se nos presenta este año en medio de la crisis económica que prolongadamente aflige a un gran número de hermanos nuestros y ahora acompañada por un gran agobio financiero".
   El prelado hace alusión a la campaña "sobre lo que llaman 'privilegios de la Iglesia', que se manifiesta en los medios de comunicación escritos, televisivos, redes sociales, y es promovida abiertamente por algún partido político que manifiesta su carácter anticlerical.", para luego preguntarse "¿por qué estos partidos no se exigen a sí mismos  lo que requieren a la Iglesia? ¿por qué no lo exigen a las demás entidades sin ánimo de lucro?".
   A la vez, subraya que la Iglesia, "como se viene demostrando a diario, no tiene privilegios", aunque sí "algunas exenciones fiscales sobre sus bienes", como "todas s aquellas entidades que no tienen fines lucrativos".
   "Del mismo modo -añade- que lo tienen los partidos políticos, los sindicatos, la Cruz Roja, las federaciones deportivas, los consulados, las embajadas, la Renfe, el museo de El Prado, la SGAE, y la religión musulmana, evangélica o hebrea".
   Destaca, a la vez, que "las personas más desfavorecidas están siempre en el centro de atención de los obispos y más concretamente de Cáritas", y que "cada año los obispos renuncian a una importante cantidad para entregarla con el fin de ayudar a los necesitados", que este año ha sido de cinco millones de euros.
   "Con tal gesto demostramos, como lo hacemos a diario, que la Iglesia existe para hacer el bien, que genera cohesión social, aporta esperanza y responde con prontitud a los efectos dramáticos de la crisis en el momento presente", añade.
   "Ante esta realidad social, que se declara católica y que alcanza al 80 por ciento de la población española, cuesta trabajo entender cómo puedan nacer campañas como la actual, precisamente en los momentos en que la Iglesia solicita la aportación de los fieles para sostener este inmenso servicio espiritual y social; lo cual demuestra que la Iglesia no son sólo los obispos y los sacerdotes sino que somos todos".
   El obispo dice que "al contrario" de lo manifestado, "la Iglesia hace un incalculable servicio a la sociedad no sólo religioso, humano y social, sino también económico", a través de  22.700 parroquias, 13.000 entidades religiosas (cofradías, hermandades, ong's), de reunir semanalmente a un millón de fieles que asisten a la Eucaristía, bautiza anualmente a unos 280.000 niños y entierra a unos 370.000 fieles.
   "La Iglesia -añade- ahorra al Estado con su austeridad en los servicios educativos, sanitarios y sociales, patrimonio monumental y cultural, miles de millones de euros anuales", además de "servir a los pobres" 60.000 voluntarios en Cáritas y en Manos Unidas colaboran cien mil socios, "un volumen ingente de servicio social, además del religioso y antropológico que pretende formar una persona basada en la verdad y unas relaciones sociales fundadas en la fraternidad y en una generosidad que sólo es posible conseguir si nace del Evangelio".

Egea necesita casarse con urgencia aunque sea 'de penalty'

MADRID.- BMN, una entidad de tamaño mediano surgida de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, busca pareja para un nuevo matrimonio de conveniencia porque el tiempo apremia. Si no encuentra una solución de aquí al lunes 11 de junio, corre el peligro de que el Banco de España niegue su visto bueno al plan que le presente para limpiar su balance de activos tóxicos. Y sólo tiene hasta el 30 para cerrar una fusión. Sin novio, BMN podría verse abocada a recabar ayudas públicas, a juicio de 'El Economista'. 

El Gobierno ha dictado este año dos decretos de reforma financiera que imponen a las entidades la realización de provisiones. Con el último se ha incrementado notablemente el esfuerzo, lo cual fuerza a la fusión a las entidades de tamaño medio para evitar las pérdidas que podrían tener por el elevado nivel de provisiones exigido.
Además, por esta vía se consigue un año adicional para completar el proceso. Hasta hace unos meses, BMN había intentado hacer la travesía en solitario. Tras el último decreto de reforma -se aumentaron las exigencias- y después de haber perdido la oportunidad de fusionarse con Ibercaja -una de las cajas más saneadas que finalmente optó por Liberbank-, BMN busca pareja. 
Le interesaba el Banco de Valencia, pero la incógnita sobre cuándo se producirá la subasta de este último resta todas las posibilidades de unión. Ante esta situación, los responsables de la entidad han establecido contactos con Popular, La Caixa y Unicaja. El problema es que los tres están inmersos en procesos de absorción de otras entidades y no necesitan más alianzas. 
BMN no puede buscar cualquier pareja y crear un banco zombie, que oculte la situación real, y el Estado tendrá que poner dinero para evitarlo.

El CES pide "blindar" el gasto social para evitar el empobrecimiento de la población

MADRID.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido  de la necesidad de "blindar" el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que "se cronifiquen" las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.
 
   Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un "claro empeoramiento" de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.
   Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.
   Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar "daños irreparables".
   El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.
   Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe "blindarse".
   Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en "niveles preocupantes", sería "imprescindible" que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.
   Para Peña, la situación en la que se encuentra España es "pavorosa" y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. "El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos", ha dicho.
   La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo "en quiebra", hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.
   El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).
   Ante esta situación, el CES llama a un entendimiento entre los políticos para hacer un diagnóstico común de los problemas y buscar soluciones a los mismos. Peña ha defendido además el papel de los sindicatos y los empresarios, a los que ha alabado su responsabilidad y de los que ha destacado que son los agentes que más articulan la sociedad.
   "Sin ellos, se descoyuntaría", ha apuntado el presidente del CES, que ha resaltado además que, aunque el diálogo social tripartito no pasa por su mejor momento, el bipartito sigue en marcha y se continúan firmando acuerdos, a los que muchas veces no se les da la trascendencia que tienen, como el que suscribieron en enero en materia de negociación colectiva.  
   Aunque los periodistas le han pedido una valoración de las reformas que ha realizado el Gobierno en los últimos meses, el presidente del CES no ha querido ofrecer su opinión alegando que él actúa como portavoz de la institución y las reformas emprendidas (la laboral o la financiera, por ejemplo) no han sido remitidas por el Gobierno al CES para su consideración al haber sido aprobadas como Decretos. "El CES no ha opinado sobre nada de esto y como no ha opinado, yo no opino", ha argumentado.

López Abad financió a Polaris por su «celeridad para recalificar terrenos»

ALICANTE.- El expediente disciplinario abierto por el Banco de España a 49 exconsejeros y altos cargos de Caja Mediterráneo (CAM) censura que la entidad financiara operaciones urbanísticas especulativas cuyo éxito dependía de la decisión política de un ayuntamiento para recalificar unos terrenos. Los inspectores del supervisor han detectado varios casos en los que la caja financió la compra de suelo rústico a precio de urbano, muy superior, porque los promotores tenían la expectativa de que iban a ser recalificados disparando así su valor, publica hoy Abc.

La caja de ahorros que en ese momento dirigía Roberto López Abad aprobó en 2007 la concesión de un crédito de 9 millones de euros al grupo Polaris World argumentando que dicha promotora «ha demostrado ser un excelente gestor de suelo, como demuestra la extraordinaria celeridad con la que ha conseguido recalificar los terrenos de sus actuales proyectos». Al respecto, citaba el plan parcial aprobado para construir 1.890 apartamentos y un centro comercial en el municipio de Torre Pacheco.
Tan sólo unos meses después, uno de los ex socio de Polaris, el empresario Facundo Armero, fue imputado por presionar supuestamente al alcalde de Torre Pacheco, Daniel García —quien había sido abogado de una de sus empresas— para que recalificara los terrenos destinados a sus promociones urbanísticas.
Pese a su «celeridad para recalificar suelo», lo cierto es que buena parte de las operaciones de crédito realizadas por Polaris World con la CAM han resultado impagadas. El préstamo de 9 millones de euros aprobado en el verano de 2007 estaba destinado a financiar la participación de GMI Promociones 2000 en la ampliación de capital de Polaris. Como garantía, GMI pignoró a favor de la caja de ahorros su participación accionarial, que había sido valorada en 103 millones de euros.
Sin embargo, GMI no pudo devolver ese crédito, que quedó cancelado, sin que la caja llegara a ejecutar dicha garantía. 
El pasado verano, tras la intervención del Banco de España, los inspectores del FROB se interesaron por conocer los detalles de la operación. En un correo electrónico al que ha tenido acceso Abc, un directivo de la caja les aclaró que CAM no ejecutó las garantías porque «verbalmente me indicaron que no valían nada», pese a que en su día habían sido cifradas en 103 millones.
En otras ocasiones, la CAM ha optado por quedarse con parte del patrimonio inmobiliario de esta promotora para saldar sus deudas. En mayo de 2009, la CAM suscribió un «acuerdo bilateral privado» por el que compró a Polaris 151 viviendas en el complejo residencial La Hacienda Riquelme Golf Resort y otras 164 en la urbanización Los Jardines de Alhama Golf Resort, a cambio de cancelar parte de su deuda hipotecaria.
De nuevo, la difícil situación de Polaris obligó a pactar en junio de 2009 un plan de reestructuración de su deuda con CAM, Banco Popular, Banco de Valencia y Bancaja. Estas cuatro entidades financieras constituyeron la sociedad Inversiones en Resort Mediterráneos para gestionar el patrimonio inmobiliario comprado a Polaris a cambio de su deuda.

El TSJ no suspende la pena de cárcel del exalcalde de Totana mientras lo sigue buscando la Policía Judicial

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia, mediante auto notificado en la mañana de este martes, ha acordado no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de Juan Morales Cánovas por la petición de indulto "y mientras se tramita y resuelve el mismo", manteniéndose la Orden Nacional e Internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, según han informado  fuentes jurídicas.

   Cabe recordar que por auto de 30 de mayo, la Sala Civil y Penal ordenaba "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de Morales por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio. El tribunal decretaba el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
   La Guardia Civil, tras personarse en varios domicilios, constató la imposibilidad de localizar a Morales porque se encontraba en paradero desconocido, por lo que el tribunal decretó su busca, detención e ingreso en prisión y emitiendo orden de busca y captura nacional e internacional.
   Este lunes, José María Caballero, el abogado del ex alcalde de Totana y ex diputado regional insistió en no haber recibido ninguna notificación oficial de la orden de busca y captura, al tiempo que presentó el recurso contra la detención e ingreso en prisión de su defendido.
   Sin embargo, el tribunal ha rechazado este recurso al entender que "no puede suspenderse la ejecución de la pena cuando ésta pena no ha sido ejecutada todavía, porque habiendo decretado el Tribunal la prisión para el cumplimiento de la pena, Morales está en paradero desconocido, por lo que la Sala tuvo que decretar orden de búsqueda internacional".
   En segundo lugar, la Sala considera "intolerable" que "quien se sustrae de la acción de la Justicia, estando evadido y en paradero desconocido, pretenda que se suspenda la condena, cuando se ha dictado orden internacional de búsqueda y captura contra él, faltando con ello a las reglas de la buena fe procesal que rigen en todo procedimiento, según recoge el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
   Respecto a la petición del indulto, el tribunal añade que es una prerrogativa "que está inspirada en la finalidad de templar el excesivo rigor de la Justicia". Sin embargo, puntualiza que, en el presente caso, es "patente y evidente" que no puede cumplir el indulto con esa finalidad porque se trata de una sentencia de conformidad, en la que el Ministerio Fiscal en calificación provisional pedía 20 años de cárcel que se quedaron en dos por la doctrina de delito continuado de cohecho y una atenuante.
   La Sala añade que "si el condenado, en virtud de su propia conformidad, hubiera estimado rigurosa la pena no habría firmado el acuerdo de conformidad y habría recurrido la sentencia, lo que no ha hecho porque estimaba que el acuerdo con el Fiscal era beneficioso para él".
   En este sentido, añade en el auto que "no debe olvidarse que la obtención del consentimiento del acusado a someterse a una sanción constituye una manifestación de la autonomía de la voluntad o ejercicio de la libertad y desarrollo de la propia personalidad, y que con dicho acuerdo de conformidad el acusado reconoce su propia responsabilidad y acepta libre y voluntariamente la sanción y la pena que se le impone".
   Asimismo, el tribunal estima "excesivo desde cualquier punto de vista" que el condenado "no haya abonado la pena de multa de ocho millones de euros, así como la de 133.000 euros, y pida la suspensión de la ejecución de la pena, estando evadido de la acción de la Justicia y en paradero desconocido".
   Por ello, el tribunal ha decidido no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, manteniendo la orden nacional e internacional de busca y captura, pues "nunca debe olvidarse que todo acusado debe estar en persona a disposición de los tribunales".
   Al respecto, añade que la comparecencia personal del acusado en el proceso penal "es un deber jurídico que se le impone, no es un derecho que se le confiere o atribuye, quien incumple ese deber y se sustrae voluntariamente a la acción de la Justicia, se coloca en una situación anómala respecto del proceso, siendo contradictorio exigir facultades y beneficios discrecionales, incumpliendo los deberes elementales en un proceso penal como estar a disposición del tribunal".
   En declaraciones a Europa Press, Caballero explicó este lunes que el ex alcalde de Totana "no trata de eludir la acción de la Justicia, sino que trata de esperar al "resultado final", por lo que descartó que su defendido se presente al juez "antes de que se resuelva el recurso".
   De todas formas, el letrado indicó que Morales se presentaría ante la Justicia "si fuera inevitable" y llegado el momento, pero que lo haría "por su propio pie, para que nadie diga que ha tenido que ser conducido o que trató de eludir la acción de la Justicia".
   Caballero destacó que él no había recibido ninguna notificación de orden de busca y captura pero, en cualquier caso, pidió "que se paralice de inmediato", porque podría perjudicar a su defendido, incluso, ante un hipotético recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
   En caso de ser detenido, Caballero descartó que su defendido viera incrementada su pena porque "no ha quebrantado absolutamente nada". Si hubiera estado preso y se hubiera fugado "sí que hubiera una agravamiento", concluyó.

El PSRM pide la supresión de dos consejerías, pasando de las ocho actuales a seis

  MURCIA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate ha propuesto este martes la supresión de dos consejerías en el organigrama del Gobierno regional, pasando de las ocho actuales a seis, fortaleciendo la Vicepresidencia, que englobaría una macro área. 

   "El Gobierno regional va muy por detrás de los acontecimientos y parece no querer darse cuenta del alcance de la situación. Consideramos que nuestra propuesta es mucho más realista con las necesidades de la Región que la que el Gobierno regional plantea en el Plan de Reequilibrio", ha enfatizado el socialista.
   Oñate ha explicado que dicha reorganización de la Administración regional es "inexcusable" por motivos de austeridad y ahorro, "para controlar cada euro", así como para concentrar la administración de los servicios y lograr mayor eficacia.
   En concreto, la propuesta socialista contempla la siguiente estructura: Vicepresidencia con áreas de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Trabajo y Política Social, Consejería de Industria, Turismo, Ordenación del Territorio y Vivienda, Consejería de Sanidad y Consumo y Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
   El parlamentario socialista opina que también es necesario acabar con las duplicidades en la Administración regional, como ocurre actualmente con la Dirección General de Vivienda y el Instituto de la Vivienda, con la Dirección General de Turismo y futuro Instituto de Turismo o con la innecesaria Dirección General de Cultura.
   "Consideramos que las funciones de planificación, ordenación e inspección deben desempeñarse desde la Administración regional. Los entes públicos sólo son instrumentos para llevar a cabo las políticas ya decididas, evaluadas y planificadas en la Comunidad", ha agregado.
   Oñate ha indicado que los funcionarios de la Administración regional están perfectamente cualificados para llevar a cabo las tareas de los distintos ámbitos y así poder acabar con la externalización de los servicios y con su alto coste.
   Tras lo que ha recordado que en diciembre de 2010, el PSOE pidió al Gobierno regional que presentara urgentemente una ley de reestructuración y reordenación del sector público.
   El viceportavoz socialista ha vuelto, de tal forma, a reclamar la supresión de entes públicos y chiringuitos del Gobierno regional, ya que "somos los primeros en número de entes, de empresas públicas, fundaciones, consorcios, con un claro despilfarro".
   Ha señalado que de los 103 entes públicos regionales que había en 2010, el Gobierno regional se comprometió a suprimir 49. Sin embargo, todavía existen 97, ya que sólo se han suprimido seis; es más, ha subrayado, "el Ministerio, en su informe sobre la reordenación del sector público autonómico, reprocha a nuestra Comunidad, a la única, que uno de estos entes no aparece en ningún listado porque nunca ha estado en marcha".  
   Por lo que, según Oñate, "ha quedado demostrado que nunca ha existido voluntad política por parte del Ejecutivo de Valcárcel de reducir estos organismos, creados, en muchos casos, únicamente para escapar al control y recolocar a personas afines al Partido Popular".
   Así, pide que de forma urgente se recorte el número de entes, preservando sólo aquellos que sirven al interés y al servicio general, "y así acabar con el despilfarro y el gasto superfluo".
   El PSOE reclama al Gobierno regional que ponga en marcha urgentemente medidas, pues, a juicio de los socialistas, "lo que ha hecho hasta ahora es absolutamente insuficiente". "Suprimir dos de las ocho consejerías que actualmente tiene la Administración regional, nos parece una buena forma de empezar", concluye Oñate.

Fomento prevé incluir el Corredor Mediterráneo en los presupuestos de 2013

BARCELONA.-   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que el Gobierno prevé incluir el Corredor Mediterráneo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, y ha defendido que si no está en los de este año es porque no había un proyecto definido.

   En la inauguración este martes del Salón Internacional de la Logística (SIL) 2012 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha afirmado que "si algo va a ser fundamental para Cataluña y España será el Corredor del Mediterráneo", y que si no está en los PGE de 2012 es porque no había un proyecto, pero en estos momentos se está elaborando el proyecto constructivo, con ancho de vía internacional.
   Respecto al proyecto de nuevos accesos definitivos al Puerto de Barcelona, ha avanzado que "va a ver la luz en pocos meses", mientras ahora se trabaja en los accesos provisionales para dar servicio a la nueva terminal de contenedores que empezará a operar este verano.
   Pastor ha defendido la apuesta del Gobierno por la intermodalidad, así como sus esfuerzos de consolidación fiscal y estabilidad para España, por lo que ha constatado que con la colaboración público-privada todo el mundo tiene "mucho que aportar".
   El delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, ha coincidido en señalar dos prioridades del Gobierno: el Corredor Mediterráneo y los accesos al Puerto de Barcelona.
   El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Recoder, ha señalado el déficit histórico de infraestructuras en Cataluña, y ha defendido el objetivo de "acabar de una vez por todas con este déficit que reduce las oportunidades para salir de la crisis"; ha abogado por una planificación global en España, pero no radial, y ha puesto el ejemplo del Corredor Mediterráneo, mientras que no ha hecho mención de Rodalies.
   Ha reconocido a la ministra que se ha encontrado una difícil herencia, después de que en España "se estirase más el brazo que la manga", y ahora es el momento de la contención y la austeridad, pero ello no debe estar reñido con invertir en proyectos con un elevado retorno.
   Ha lamentado que muchos proyectos de los que se han hecho no serán rentables ni desde el punto de vista económico ni social, y ha enumerado infraestructuras clave que están pendientes en Cataluña, como la conexión de los puertos antes de 2015, garantizar los accesos definitivos al Puerto de Barcelona, la mejor conexión ferroviaria entre Valencia y Cataluña y la tercera vía de ancho internacional con Europa.

La UCAM negocia la adquisición del hospital Naval de Cartagena para ubicar el campus

MURCIA.- La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) está en negociaciones para adquirir el hospital Naval de Cartagena y ubicar el campus de dicha institución docente en la ciudad portuaria, según ha anunciado el presidente de la Católica, José Luis Mendoza.

   Aunque la UCAM tiene instalaciones en Los Dolores, Mendoza ha confesado que están intentando ver si lo consiguen instalar el campus en el Naval. De este modo, en Los Dolores se instalaría un club deportivo, según ha expresado Mendoza.
   Igualmente, ha comentado que están negociando con Málaga desde hace un año para implantar una Universidad Católica en Andalucía. Al respecto, ha resaltado que la institución docente "se está fortaleciendo abriendo sedes en Singapur, Yakarta, y ahora tenemos un campus en La Habana y en Paraguay".

Mendoza anuncia que se ha resuelto favorablemente la implantación de Medicina en la UCAM

MURCIA.- El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha avanzado que la implantación de Medicina en la institución docente "está ya", a falta de que llegue la certificación entre este martes y el jueves de esta semana.

   En concreto, ha pasado ya el 'examen' de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y el Ministerio, por lo que este tema, ha afirmado, "está solucionado y resuelto favorablemente".
   Preguntado si cree que tendrá problemas con el Gobierno regional, ha dudado este extremo, ya que esta institución "genera riqueza y puestos de trabajo".
   En febrero, la Aneca remitió a la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación la valoración positiva de los recursos disponibles para comenzar los estudios del Grado de Medicina en la UCAM.
   Tras el análisis y la valoración de la documentación presentada por la Universidad, la Agencia concluyó que la Sala de Disección de la UCAM se encontraba plenamente operativa en cuanto a recursos humanos y materiales.
   Tras el análisis por parte de los expertos en la Comisión de Evaluación de Grado de la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, de la información remitida por la institución docente, se concluyó con una valoración positiva y satisfactoria.

El PP quiere limitar indemnizaciones a exdirectivos de bancos con ayudas del FROB

MADRID.- El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha avanzado este martes que su grupo parlamentario presentará una iniciativa para limitar las indemnizaciones para los exdirectivos de aquellas entidades que hayan recibido ayudas del FROB, lo que afectará al expresidente de Bankia Rodrigo Rato.

   Así lo ha puesto de manifiesto Alonso durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Forum Nueva Economía al ser preguntado por la posibilidad de que Bankia pague 1,2 millones de euros a Rato para evitar así que fiche por la competencia.
   El dirigente 'popular' ha comenzado poniendo en valor el decreto ley aprobado por el Ejecutivo el pasado 3 de febrero que, según ha recordado, contemplaba "por primera vez" medidas para el buen gobierno y limitaba, además, las retribuciones de los responsables de aquellas entidades que estaban recibiendo ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   Ésa es, según ha destacado, la situación en la que se encuentra Bankia, donde opera una limitación que tendrá que establecer la Comisión de Retribuciones o el consejo de administración de la entidad recientemente nacionalizada. "Y ahí no debemos entrar", ha apostillado.
   Ahora bien, donde sí cree que hay que entrar por resultar "escandaloso" es en aquellas retribuciones que vienen de antes del 3 de febrero y que no limitaban "en absoluto" esas indemnizaciones. De ahí que el Grupo Popular esté estudiando proponer al Gobierno alguna medida para poner remedio a una situación, a su juicio, "execrable" e "inmoral".
   Fuentes 'populares' precisaron que el partido que sustenta al Gobierno comenzó a estudiar la posibilidad de plantear una propuesta en este sentido a raíz de que saliera a la luz la indemnización de 13,9 millones de euros para Aurelio Izquierdo, un exdirectivo de Bancaja, segunda accionista de Bankia.

¿Dónde está el Sr. Montoro? / Cartas de los Lectores

Recientemente ha publicado el BOE la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sienta los principios que deben guiar las políticas presupuestarias de los poderes públicos: transparencia, eficacia, eficiencia, responsabilidad, lealtad, etc. Todo con el objetivo de alcanzar la estabilidad presupuestaria (equilibrio entre ingresos y gastos) y la sostenibilidad financiera (capacidad de financiar compromisos de gasto presentes y futuros).

Igualmente regula el procedimiento para el establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (OEP), y las medidas preventivas, correctivas y coercitivas para garantizar la consecución de los mismos. Las últimas pueden culminar con las medidas de cumplimiento forzoso, que precisarían de mayoría absoluta del Senado, y capacitarían al Gobierno central para dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma incumplidora.

FEDEA recientemente ha publicado su Segundo Informe – Mayo 2012, dentro de su Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas. Está estructurado en tres apartados: análisis de ejecución presupuestaria de las CCAA en el IV Trimestre de 2011, análisis de los Presupuestos Generales para 2012, y conclusiones.

En el primer apartado examina  los datos de ejecución presupuestaria de las distintas CCAA en el cuarto trimestre de 2011, y cuantifica el déficit presupuestario de cada una de ellas en dicho año. El 4,33 % en el caso de la CARM. FEDEA en su Primer Informe estimó que el déficit que presentaría la CARM sería del 4,6 %, a 31/12/2011.  Su error fue de 0,3 puntos.

El segundo apartado del informe incluye un subapartado con una previsión de déficit para final de 2012. Para el caso de la CARM estima que será del 3,5 % (3,7 % en términos de Contabilidad Nacional). Osease que la CARM incumplirá el OEP. Se sirve FEDEA de varios parámetros para hacer su previsión, figurando entre éstos las sobrestimaciones detectadas en los ingresos de las CCAA desde 2008 en adelante, un 7 % de media anual; y el déficit presupuestario promedio del periodo 2008-2011, de cada una de las CCAA. El  promedio de la CARM ha sido del 3,3 % en ese periodo, con una desviación media de 2,1 puntos por encima del déficit presupuestado. El error medio de la CARM ha sido, pues, de 2,1 puntos.

Señala FEDEA en el tercer apartado, que los datos del informe pueden sufrir correcciones con las medidas adicionales que las CCAA incorporarán a sus presupuestos para 2012, medidas que se incluirán en los Planes presentados al Consejo de Política Fiscal y Financiera. A las anteriores habría que adicionar las medidas de ahorro en Sanidad y Educación, pero señala que éstas supondrán en 2012 la mitad del ahorro previsto, dada la fecha de su vigencia.

Ramón Luís Valcárcel ha tachado de “simplón” el informe de FEDEA.

Todos los Planes de Reequilibrio presentados el pasado 17 de mayo ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera fueron aprobados, excepto Asturias. El Plan de Reequilibrio de la CARM prevé para el año 2012 un reajuste de 623.408.589 €, y para el año 2013 un reajuste de 673.649.167 €. Ramón Luís Valcárcel y el Consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, celebraron la aceptación de su Plan con la cohetería retórica que acostumbran.

Examinaremos el reajuste del año 2012, que comprende un aumento de ingresos por importe de 219.000.000 €, y una reducción de gastos de 404.408.583 €. Centrémonos, en concreto, en los ingresos, ya que la reducción de los gastos está desglosada en distintos conceptos y éstos a su vez en distintos subconceptos por importes cada vez más pequeños, y su análisis pormenorizado haría interminables estas notas.

El aumento de los ingresos impositivos lo cifran en 81.000.000 €, magnitud que incluye los ingresos del confiscatorio Impuesto sobre el Patrimonio. Son en parte responsables de la pérdida del empleo o del pequeño negocio de un sector de la población, y ahora van a compensar la caida de  ingresos producida por los errores de su política esquilmándole el patrimonio familiar a la clase media, y continuar con ello el despilfarro. Respecto de esta estimación de ingresos recordemos que, según FEDEA, los ingresos de las CCAA han estado sobrestimados en un 7 % de media anual desde 2008 en adelante.

Entre los ingresos estimados por actuaciones sobre el patrimonio de la CARM figuran 60.000.000 € por enajenación de inmuebles. Le han colocado el cartel de “se vende” al: Palacio Campuzano, 15 millones; Hospital Los Arcos, 9 millones; edificio Onda Regional y Servicios Jurídicos, 17 millones; Palacio Fontes, 7 millones; y Residencia de Isla Plana, 3 millones. Según la Consejería de Economía alguno de los inmuebles es “de alto interés para sedes de entidades financieras”. A la vista de la crisis inmobiliaria que padecemos este capítulo no está sobrestimado en un 7 %. Ni qué decir del alto interés para sede de entidades financieras, estando inmersas éstas en fusiones, reajustes y supresiones de oficinas.

Otros ingresos patrimoniales de la CARM para 2012 serán los 78.000.000 € procedentes de concesiones portuarias. Por declaraciones del Consejero de Obras Públicas, sabemos que se incluyen los ingresos que reportarán las concesiones de Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Los Alcázares y  Águilas. En 60.000 € de media han estimado cada uno de los puntos de amarre que integran las cinco concesiones. Más el importe de la inversión en la infraestructura. En Hacienda deben haber confundido el Mar Menor con la Costa del Sol. A todo esto no se conoce convocatoria alguna de concesión.

La agencia Moody’s, que debe manejar tantos o más parámetros como FEDEA para elaborar sus informes, bajó el rating de la CARM a Ba1, el nivel conocido como “bono basura”. Esta agencia no le debe dar mucha credibilidad al Plan del Gobierno Valcárcel. Muchos ciudadanos de esta región tampoco se la damos, sin manejar tantos parámetros como Moody’s, pero sí conociendo la trayectoria personal de algunas figuras de la política regional como Ramón Luís Valcárcel, Juan Bernal, Pedro Alberto Cruz y José Ballesta, por poner un ejemplo.

Ramón Luís Valcárcel. Que hablen de él los 200.000 parados de la región, los autónomos o pequeños empresarios arruinados en esta crisis, las fantasmagóricas urbanizaciones diseminadas en el suelo regional…

Juan Bernal. Ya fue anteriormente Consejero de Economía y Hacienda. En aquella época el Gobierno regional alumbró la perniciosa Ley del Suelo de la Región de Murcia. También se sentaba en el Consejo de Administración de la CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO cuando fue intervenida por el BANCO DE ESPAÑA. Desconocemos el coste de su saneamiento. Pero su pertenencia a ese Consejo no la busquen en la biografía publicada en la web de la CARM. Semejante borrón en su hoja de servicios  ha sido obviado.

Pedro Alberto Cruz. Ha malgastado los recursos públicos en Manifesta 8, SOS 4.8, Fórmula 1 y ahora en ese otro circo de la Paramount Picture. Con cargo a esta última ensoñación ha adjudicado contratos a través de Región de Murcia Turística por unos 750.000 €, al menos. Y después de esos dispendios ideó la campaña “Yo soy Mecenas de la Cultura. Región de Murcia”, para recaudar fondos para el sostenimiento y financiación de la cultura. Seguirá en esa línea mientras nadie le detenga.

José Ballesta. Qué decir del Portavoz del Gobierno Valcárcel. Quienes mejor le conocen son los contratistas de obra pública por su anterior gestión al frente de Obras Públicas. Con sus primeras piedras y sus cortes de cintas dejó “tiesos” a varios de ellos, y así siguen. Y no olvidemos su “papelón” en el aval de 200 millones de euros, que según el Tribunal de Cuentas transfirió el riesgo de la concesión del Aeropuerto a la Administración regional. Nunca debió dejar de lucir el birrete y cantar el “gaudeamus igitur”.

A la vista del Plan de Reequilibrio y de la hoja de servicios que presentan estas figuras de la política regional, este mismo año la CARM se verá obligada a justificar la desviación del OEP y abocada a nuevas medidas para garantizar el cumplimiento del mismo, trámites previstos en el artículo 24 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los siguientes pasos en la ley son las medidas coercitivas del artículo 25 y las de cumplimiento forzoso del 26.

Lo indicado en el anterior párrafo sucederá, y lo anticipan los datos publicados el viernes 1 de junio, relativos a cifras de déficit de las CCAA a fecha 31 de marzo. 0,85 % en el caso de la CARM. El límite para este año lo tiene en el 1,5 %.

Las tijeras se cebarán entonces con el sector sanitario y asistencial, y con el capitulo 1 del presupuesto. El capítulo de inversiones no admitirá recorte alguno, como podrá aseverar cualquier usuario de carreteras secundarias  y el propio Consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla. Su antecesor no le ha dejado aglomerado que echar ni cinta que cortar. Y persistirán por otro lado los proyectos faraónicos que caracterizan la época Valcárcel y que alimentan el ego de los que la protagonizan, proyectos por los que brindarán en compañía de los buhoneros que con sus crecepelos hasta esta región se acercan.

Pero en los últimos días el horizonte se ha tornado más sombrío, los Consejeros Bernal, Sevilla y Cruz han confirmado que Jesús Samper ha solicitado un aval para el proyecto de la Paramount Picture, y que la Administración regional va a estudiar su solicitud. Desde la Administración hablan de avalar 11, 20 millones… Sin que implique coste alguno para la Hacienda Pública. Con la mayor naturalidad del mundo.

Y nuestro horizonte económico más se oscurece este primer domingo de junio. Ese día La Verdad habla de aeropuerto, aval, préstamo, retrasos, rating, renegociación, Sacyr, ICO, Moody’s….Una confusa página para informarnos que “el Gobierno regional tiene que renegociar el mes que viene el aval por 200 millones”. En el mundo de las finanzas una cosa es el préstamo y otra el aval que garantiza la devolución del mismo. Las condiciones de  concesión de ese aval las determinó la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley de Presupuestos para el año 2010. Luego las condiciones del aval no son negociables. En todo caso serán negociables las condiciones del préstamo.

Para dar la noticia La Verdad se sirve de reproducciones literales de párrafos  correspondientes a noticias publicadas el 27/11/2009 y 22/03/2010, plazos de vencimiento que se contradicen entre sí y alguno inventado. Cóctel más propio de filtración interesada que de noticia elaborada. Y, por lo general, las filtraciones interesadas persiguen una finalidad. Estemos atentos, pues, ante la posible aparición del buhonero que está detrás de la misma y del crecepelo que le vamos a comprar.

El jeroglífico montado por La Verdad el domingo es solucionado dos días después. Querían informar que la rebaja en el rating de la CARM, realizada por las agencias de calificación, da lugar a que los bancos que financiaron a AEROMUR la construcción del aeropuerto puedan solicitar la ejecución del aval. Se sobrentiende que para ello darán por resuelto el contrato de préstamo. Ballesta declara que el tema está en manos de las Consejerías de Obras Públicas y de Economía y Hacienda que llevan adelante todo el proceso de dialogo. Y Antonio Sevilla nos informa que “los bancos no nos han reclamado nada en este sentido y no creo que lo vayan a hacer”. Estas palabras son un consuelo para los murcianos en general y para Juan Bernal en particular. El Presupuesto de 2012 y el Plan de Reequilibrio de la CARM no contemplan el pago de esos 200 millones. ¡Y este aval tampoco tenía coste alguno para la Hacienda Regional!. Pero, ¿ha preguntado Buitrago a los bancos?

¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde la responsabilidad? ¿Dónde está la lealtad institucional? ¿Dónde la transparencia? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde la eficiencia y la economía? ¿Dónde está el sentido de la realidad? ¿Dónde está el sentido de la oportunidad? ¿Dónde está la visión de futuro? ¿Dónde está el Sr. Montoro?

S. E. J.  (Cartagena)

PD. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma  estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (Art. 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).