viernes, 8 de junio de 2012

Juan Morales, el primer exalcalde de la Región con sentencia firme que ingresa en prisión por corrupción durante su mandato

MURCIA.- Juan Morales ha pasado a convertirse en el primer exalcalde de la Región de Murcia que, con sentencia firme condenatoria, ha ingresado en prisión por las actuaciones urbanísticas corruptas realizadas durante su mandado en Totana y de las que pudo lucrarse.

   Desde este jueves por la tarde, Morales se encuentra en la prisión de Campos del Río y previsiblemente no será hasta dentro de diez meses y medio cuando pueda disfrutar de los permisos de fin de semana y salir de la cárcel, si antes no se le aplica el tercer grado, que supondría que sólo acudiría a prisión por las noches para dormir.
   El fiscal, en su escrito, califica como "graves" los delitos cometidos por Morales. Coincide la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en este sentido, tal y como lo expone en el auto dictado el 30 de mayo de este año, en el que se acordaba su detención e ingreso en prisión.
   Sostiene la Sala que Morales, que desempeñó el cargo de regidor en Totana en las legislaturas 1995-1999 y 2003-2007 y el de diputado regional en el periodo comprendido 2003-2007 renovando por cuatro años más hasta 2011, aprovechándose de tal condición cometió unos hechos que "como máximo responsable municipal nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular y en otros, buscando el trato de favor para sus amistades".
   En concreto, en la legislatura 2003-2007 para conseguir sus objetivos utilizó "todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa y sin el más mínimo recato en actuar tanto él, de forma directa, como en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de estos movimientos estaba su persona".
   Y es que, apunta la Sala, al menos desde 2004 centralizó en su persona todas las actuaciones urbanísticas del municipio, entre las que destacaba lo relacionado con la tramitación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Totana, que "conocía a la perfección".
   En aquel momento, Morales vio una vía "fácil" para la participación personal en las plusvalías que se estaban dando en una época, precisamente, de bonanza económica, conocida como 'pelotazos urbanísticos'.
   En concreto, la actuación urbanística que iba a desarrollar la mercantil con sede en Galicia, denominada Inmonuar S.L., en el paraje de El Raiguero, suelo considerado como rústico y no urbanizable, era para la construcción de unas 5.000 viviendas en un terreno de unos dos millones de metros cuadrados.
   El entonces alcalde de Totana se ofreció a realizar funciones que le eran ajenas a su cargo, como el convencer a los propietarios de los terrenos, la mayoría agricultores, y por otro lado negociar con la empresa para llevar a buen puerto este proyecto urbanístico, según se recoge del auto.
   Además, siendo conocedor que esto era contrario a la función pública que ostentaba, solicitó en concepto de 'peaje' una compensación económica como comisión.
   Por ello, la Sala entiende que es la persona de Morales la que desde el principio "propicia la existencia de esa comisión ilegal, ya que es él que la solicita, quien concreta la cantidad a abonar, quien ordena y coordina la operación, exige la firma de un documento público de reconocimiento de deuda, lo impulsa todo de una forma insistente y firma el convenio urbanístico".
   Las cantidades solicitadas por Morales para su enriquecimiento personal a través de sus testaferros ascendían a 15,4 millones de euros en su conjunto.
   De forma que entiende la Sala que el delito de cohecho continuado cometido por Morales no ha sido realizado "esporádica y ocasionalmente una sola vez, porque le han tentado desde fuera los particular con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana, sino que es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde".
   Consideran los magistrados de la Sala que no se pueden tolerar comportamientos que "en vez de servir con objetividad los intereses generales, sirven únicamente su mezquino interés privado mediante la percepción de dinero por el ejercicio de funciones públicas, lo que supone la conculcación del principio de imparcialidad".
   Igualmente, advierte que para la sociedad "es inasumible que los titulares de los tres poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- se vean inmersos, como sucede en el caso presente, en la comisión de delito continuado de cohecho y malversación, teniendo pendiente proceso penal por delito de prevaricación, no sólo porque los delitos por los que ha sido condenado tengan un bien jurídico protegido que esté llamado a cumplir una función social de primer orden, sino que es la función social relevante al constituir un atentado contra el Estado de Derecho proclamado en la Constitución por parte de quien ha sido diputado en la Asamblea Regional de Murcia y alcalde de Totana".
   En estos casos, son los jueces y tribunales los que, en su labor de defensa del Estado de Derecho, "han de pronunciarse contra quienes lo degradan y lo corrompen".
   En su opinión, la corrupción de los políticos "conduce a la desconfianza de la sociedad en ellos, por lo que en este caso concreto y con estos delitos graves continuados y en las circunstancias especiales que se producen, es cuando la pena ha de cumplir una irrenunciable función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad en la vigencia de la norma infringida con el delito, o sea la función de prevención general positiva".

Diego de Ramón solicita la comparecencia de Juan Bernal y Patricio Valverde ante la Audiencia Nacional

MURCIA.- El abogado de Plataforma CAM, el murciano Diego de Ramón, ha solicitado de la Audiencia Nacional que cite a declarar como testigos a ex consejeros de la CAM como Juan Bernal Roldán, actual consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente de la Comunidad de Murcia; Antonio Sánchez Carrillo, exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Murcia; Eduardo Martínez Oliva, jefe del Gabinete del alcalde de Murcia; Patricio Valverde Megías, exconsejero de Industria de la Comunidad de Murcia; el empresario José García Gómez; Juan Antonio Gisbert García, ex director general de la caja, y Esperanza Zambudio Mompeán, según adelanta hoy 'La Verdad'. 

Todos ellos fueron, en distintas épocas, miembros de la Asamblea General de CAM y, en algunos casos, como el de Juan Bernal, integrantes del Consejo de Administración, por lo que considera que su testimonio podría aportar luz sobre las causas por las que la entidad financiera acabó siendo intervenida.
De Ramón también reclama la citación del exvicepresidente de CAM, Armando Sala Lloret, entre otras muchas pruebas que considera necesario realizar para esclarecer los hechos denunciados en las tres querellas que hasta el momento ha interpuesto contra exdirectivos de la caja de ahorros.
Otra de las diligencias propuestas es que testifique el jefe de los servicios jurídicos de la entidad, «para que legitime los créditos superiores a 300.00 euros que fueron declarados fallidos». También reclama un careo entre los exdirectivos Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el secretario general José Pina Galiana y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés, para aclarar cuestiones referidas a «los fallidos todavía no declarados, como las indemnizaciones».
Por último, ha reclamado la nulidad de la subasta de Banco CAM , ya que antes de su adjudicación al Banco Sabadell la entidad alicantina, durante su proceso de conversión en banco, segregó del propio Banco CAM las cuotas participativas y las derivó, junto a la Obra Social y a créditos morosos, a CAM .

Corruptelas entre "ángeles" del cuerpo

MURCIA.- Los nueve miembros de la anterior junta directiva del Colegio de Enfermería, presidida por Diego Gutiérrez, cobraron en un solo año más de 182.000 euros en concepto de dietas, primas y manutención. La auditoria externa que encargó en su día la propia institución revela que al menos parte de los directivos cobraban por acudir a actos y reuniones relacionadas con el Colegio, se revela hoy en el diario 'La Verdad'. 

Esas primas ascendieron, en el año 2010, a 132.701 euros. A esa cantidad hay que sumar 31.622 euros en dietas y 18.259 por manutención, taxis, parking y estancias en hoteles. En total, 182.538 euros.
La auditoría, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', revela además los pagos no justificados que el Colegio hizo a varias empresas, algunas de ellas supuestamente vinculadas a miembros de la institución. Por ejemplo, en 2010 se pagaron 28.548 euros en concepto de «relaciones públicas para la protocolización y asistencia del presidente a los distintos actos convocados».
Una de las empresas con la que se cerraban habitualmente contratos es Dircom Manager. Como ya informó 'La Verdad', el apoderado de esta sociedad era Jesús Cobarro Jaén, director de Comunicación del Colegio e hijo del extesorero, Jesús Cobarro Gómez. Así figura en el Registro Mercantil. Después apareció Dircom Business. El hijo del extesorero ya no figura en los documentos del Registro Mercantil, pero sí aparece la misma administradora que en Dircom Manager: Beatriz Gracia Gómez.
La auditoría señala que Dircom Business está «vinculada a algunos miembros de la Junta de Gobierno», aunque no especifica cuáles. Precisamente con esta sociedad es con la que aparece un agujero de mayores proporciones. En total, hay pagos no justificados a Dircom Business por valor de 218.203 euros en el año 2010. Muchas de las facturas llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la empresa se embolsó del Colegio 672 euros en concepto de gastos de protocolo por un simple encuentro con el recién nombrado director del Servicio Murciano de Salud, José Antonio Alarcón. También cobró protocolo por unas jornadas de matronas (413 euros), o por actividades similares en el Reina Sofía o en Caravaca (707 euros en ambos casos). Además, Dircom facturó 2.897 euros por la compra de marcapáginas-imán, 1.503 euros por la adquisición de «sobres americanos», y 2.030 euros por una fiesta en el Happy Park.
El Colegio contrataba a empresas externas para llevar a cabo servicios que podría haber desarrollado el personal propio de la institución. Así, Dircom organizó la presentación de un libro del presidente, Diego Gutiérrez, en el restaurante Churra. Cobró por ello 986 euros.
Los anteriores responsables del Colegio, que abandonaron la institución tras la intervención del Consejo General de Enfermería en octubre, deberán dar cuentas ante el juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que ha abierto diligencias y está estudiando la auditoría. La nueva junta del Colegio, encabezada por Amelia Corominas, se ha personado en la causa.
Los colegiados pudieron conocer ayer los detalles de la auditoría en una asamblea general. Corominas, que ganó las elecciones del Colegio en marzo, cumple así con una de sus promesas electorales. Tanto la anterior junta como el Consejo General de Enfermería se negaron en su día a facilitar a los colegiados esta información.

Neoladrillismo o cómo volver a tropezar otra vez en la misma piedra / Juan López de Uralde

El ayuntamiento de Tarifa ha aprobado la construcción de más de 300 viviendas y 1.400 plazas hoteleras junto a la playa de Valdevaqueros. Si no lo evitamos, este paraje único, libre de construcciones, y ubicado entre los Parques Naturales del Estrecho y los Alcornocales, puede caer bajo la nueva ola del ladrillo. No es el único. Como si nada hubiera ocurrido en España en estos últimos años, se suceden los nuevos proyectos urbanísticos en los lugares más bellos de nuestro litoral. Es el neoladrillismo. 

Así, aquellos parajes que por estar peor comunicados, o por haber sido emblemas de la protección ambiental, se han librado del brutal urbanismo de la última década, están ahora muy amenazados. Se trata de lugares singulares de especial belleza, y hasta ahora prácticamente vírgenes, que lograron sobrevivir de la voracidad urbanística. Hablamos por ejemplo de la playa de Es Trenc, en Mallorca. Un inmenso arenal que ha sufrido varias veces la amenaza de construcciones, pero que hasta ahora se había mantenido incólume gracias a la tenacidad de los grupos ecologistas, en especial del incansable GOB. En Murcia la amenaza se cierne sobre las costas de cabo Cope, hasta ahora ajenas al ladrillazo que inundó otras zonas de su litoral como La Manga del Mar Menor. En Almería es el Cabo de Gata el espacio sometido al riesgo de una nueva ola del ladrillo, como si no estuviera grabada en nuestra retina la imagen de ese espantoso hotel en la playa de El Algarrobico. 
Pero ¿cómo es posible que esto ocurra con la que está cayendo precisamente como consecuencia de un urbanismo salvaje y de una burbuja inmobiliaria que no se supo o no se quiso parar? Ahí tenemos a Bankia, arrastrada al abismo precisamente por los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Un abismo que parece arrastrarnos a todos y que, si no se remedia, va a costarnos miles de millones de euros de dinero público mientras se recortan servicios básicos para la ciudadanía.
 Sin embargo, parece que esté modelo, el de los 5 millones de parados, sigue teniendo defensores en diferentes instancias y que podría volver. La falta de alternativas de los grandes partidos le abre el camino. Ahora no vendrá de la mano de una banca fuertemente endeudada, sino a través de inversores o fondos extranjeros específicos que buscan dónde invertir. El neoladrillismo no es masivo, ni se da en cualquier parte. Busca lugares de especial valor para proyectos de alto standing que puedan comercializarse perfectamente entre inversores extranjeros. 
Puede ser un buen negocio para ellos, pero en España sólo dejará más destrucción agotando todavía más el atractivo turístico de nuestra costa, a cambio de muy poco. Ya hemos visto lo que nos ha traído la economía del ladrillo. Volver a escuchar los mismos argumentos de hace una década para justificar que se enladrille la playa de Valdevaqueros en Tarifa es inaceptable. No debemos permitirlo. No podemos consentir que una vez más se engañe a la gente con un falso desarrollo cuyas consecuencias ya conocemos. Tenemos que decir no. Otra vez no.

El Banco de España duda de que BMN pueda devolver las ayudas del FROB y sugiere intervención

MADRID.- Según informa hoy El Economista, el Banco de España considera “prácticamente imposible” la “devolución del apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenaba Bancaria (FROB)” a Banco Mare Nostrum. Por otra parte, fuentes del supervisor no descartan que el presidente ejecutivo de la entidad, el murciano Carlos Egea (en la imagen), dimita o sea destituido la próxima semana si hubiese sospecha fundada de presunta comisión de graves delitos societarios porque asi se desprendiese, y se confirmase en sus justos términos, del informe definitivo de la última inspección del Banco de España y de que, en consecuencia, se han venido también alterando las cifras reflejadas en balance. A renglón seguido podría actuar de oficio, o a instancia de parte, la fiscalía anticorrupción, en Madrid, tal como ha sucedido en el caso de Bankia.

 Según el último informe de seguimiento elaborado por los inspectores del supervisor es “prácticamente imposible el cumplimiento de las medidas contempladas en el contrato y plan de integración y la devolución del apoyo financiero del FROB, pudiendo encontrarse en la situación prevista en el artículo 7.1.c) del RD-L 9/2009 de 26 de junio”, siempre según El Economista.

Dicho artículo se refiere a la toma de control de la entidad por el FROB y a la sustitución de los gestores por incumplir de forma grave el plazo de ejecución o las medidas concretas del plan.

En cuanto a los informes que recibirá el próximo lunes el nuevo gobernador del Banco de España, Luis Linde, se escribe hoy en 'El Financiero' que "habrá un tercero del servicio de inspección en el que le explicarán al nuevo Gobernador que la viabilidad de Banco Mare Nostrum no está muy clara, y que lo mismo conviene empezar a tomar cartas en el asunto".

El informe del Banco de España, que se terminó el 8 de mayo (tres días antes del anuncio de la segunda reforma de De Guindos) y que analiza la situación de la entidad a cierre de 2011, advierte que se aprecian desviaciones "muy significativas" respecto a las estimaciones de la entidad sobre el cumplimiento del plan de integración, desviaciones que cuestionan "la generación de resultados para poder devolver las ayudas", se escribe en 'El Economista'.

Pero el incumplimiento de los objetivos marcados en el plan, no es lo único que se resalta en el informe. Los inspectores también se refieren, entre otras muchas cosas, a cambios de criterios contables, "márgenes inflados", una inadecuada calificación del riesgo y, en su opinión, un incorrecto ajuste contra reservas que habría librado a la entidad de registrar pérdidas en 2011.

El grupo BMN, nacido de la unión de Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, recibió en junio de 2010 915 millones del Frob en participaciones preferentes.

La desviación de sus objetivos, según se recoge en el documento, "ha llevado a BMN a revisar a la baja sus previsiones de resultados en diversas ocasiones, aumentando el esfuerzo de optimización de empleados y oficinas".

BMN anunció inicialmente una reducción de 1.049 empleados y el cierre de 171 oficinas, unos objetivos que luego fueron ampliados para alcanzar a 1.650 trabajadores y 280 sucursales.

El informe recoge algunos fragmentos de varias actas del comité de dirección de BMN, donde se refleja que la entidad es consciente de que los resultados no se corresponden con sus previsiones iniciales. Así, el 11 de mayo de 2011, se afirma que "el presidente manifiesta su preocupación por los resultados provisionales del primer cuatrimestre, en los que se han alcanzado unos niveles de mora y adjudicados muy por encima de los objetivos presupuestados".

Ello implica, según el acta de esta reunión "revisar todos los cálculos para los dos próximos años, que son los más relevantes para la viabilidad del grupo, estableciendo un nuevo plan de negocio para el resto del ejercicio".

El diario El Economista se puso en contacto con fuentes de la alta dirección del Banco de España para conocer su opinión acerca del informe de seguimiento de BMN realizado por el equipo inspector asignado a esta entidad. Afirman que el documento no había llegado hasta ninguna persona de la alta dirección de la institución debido a un fallo en la cadena de supervisión y que aún no se ha sometido a ningún tipo de control interno.

Estas fuentes afirman que los informes que elaboran los equipos de inspectores reciben el visto bueno del cabecera, el jefe de equipo. En este caso, aseguran, el cabecera unió la información elaborada por su equipo sin ponderarla ni darle forma, algo que sí se hace habitualmente. En su lugar, carga directamente el informe en el disco x, el soporte donde se archivan los documentos que aún no son definitivos, y no se lo comunica al jefe de grupo, por lo que ni éste, ni el jefe de departamento, ni el director general llegan a tener conocimiento del informe de seguimiento trimestral de BMN.

El fallo en el procedimiento de la supervisión lo atribuyen estas fuentes del Banco de España al estrés al que está sometido este inspector, que últimamente soporta una importante sobrecarga de trabajo, dicen desde el vértice.

En todo caso, sostienen, el documento se encuentra en fase de formación de opinión y sólo cuando sea un informe definitivo pasará al Sigas (Sistema Integrado de la Gestión de la Actividad Supervisora), que es la base de datos donde se almacenan todos los informes.

En cuanto a su contenido, estas fuentes afirman que contiene juicios de valor descabellados, como el de que los gestores no están capacitados para dirigir una entidad de 70.000 millones de euros de balance, o que podría estar en situación de ser intervenida. Apuntan, además, como garantía de profesionalidad, que en la alta dirección de BMN hay algún exinspector del Banco de España. Éste es el caso del director de riesgos del grupo.

En cuanto al ajuste de 452 millones realizado contra reservas, que el informe sostiene que es contrario a las normas contables, aseguran que está regulado por la NIC 8, (una norma internacional de contabilidad sobre cambios en las políticas contables y corrección de errores) y el valedor de su aplicación es la CNMV. Al haber, aseguran, autorización previa de este organismo, el Banco de España también da su visto bueno.

Sobre el trasvase de provisiones recogido en el informe, de activos no inmobiliarios a inmobiliarios, el supervisor admite que los hubo, si bien siempre se cumplió la norma.

Admiten también que hubo retrasos de BMN en facilitar información a los inspectores, pero no lo atribuyen a una actitud de obstaculización a la labor supervisora, sino por las dificultades que ocasiona que los sistemas informáticos de las cuatro cajas que conformaron el grupo "no están asentados".

Asimismo, afirman que consideran que lo que se vierte en el documento es sustancialmente falso y que existen conceptos erróneos. Ahora, el informe deberá pasar el control interno y se debe "tamizar" y suavizar sus términos, concluyen.