jueves, 5 de julio de 2012

El Rey preside la entrega de despachos en la Academia General del Aire, de San Javier


SAN JAVIER.- Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha presidido este jueves la entrega de Reales Despachos 2012 de nuevos oficiales, a un total de 116 nuevos tenientes y alféreces del Ejército del Aire que finalizaron sus estudios en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier.

De entre los oficiales que recibieron sus despachos, 100 eran hombres y 16 mujeres, uniéndose a ellos un alumno de la Fuerza Aérea Tailandesa que ha recibido un certificado de Estudios por haber culminado con éxito su formación en este centro.
   Así, del total, 59, entre ellos una mujer, recibieron su despacho de tenientes y pertenecen a la LXIII Promoción del Cuerpo General de la Escala Superior de Oficiales.
   Además de la promoción del Cuerpo General, recibieron también los despachos las promociones del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros, cuyos número uno han sido Mª Angustias Hernández Mulas y Miguel Izaguirre Rojas, respectivamente. Mª Isabel Martínez Montero también ha obtenido el número uno en la escala técnica de oficiales, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros.
   El acto, que dio comienzo pasadas las 12.30 horas con la llegada de S.M. El Rey --que vestía uniforme de Capitán General del Ejército del Aire--, se desarrolló en el patio de armas de la Academia General del Aire de San Javier, donde ya se encontraba formado el batallón de alumnos, así como autoridades y un millar de familiares y amigos de los alumnos de la Academia.
   Entre las autoridades que asistieron al acto se encontraban el ministro de Defensa, Pedro Morenés; el jefe del Estado Mayor del Aire, general del Aire José Jiménez Ruiz; el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; los alcaldes de San Javier y Los Alcázares, Juan Martínez y Anastasio Bastida, que forman parte de la presidencia por ser municipios anfitriones del Ejército del Aire; además de autoridades civiles, políticas y judiciales.
   Tras pasar revista al escuadrón de alumnos, el Rey Don Juan Carlos saludó a las autoridades civiles y militares asistentes y, posteriormente, el arzobispo castrense de España, Juan del Río, celebró un acto de acción de gracias.
   Inmediatamente después, tuvo lugar el relevo de abanderados, tras el cual S.M. El Rey entregó los Reales Despachos a los tenientes y alféreces número 1 de los diferentes cuerpos y escalas, e impuso las correspondientes condecoraciones; mientras que los demás alumnos recibieron sus despachos de manos del resto de las autoridades militares y civiles presentes.
   Seguidamente, el coronel-director de la Academia General del Aire, Juan Antonio Ortega, pronunció una alocución. Tras sonar el himno del Ejército del Aire, se produjo el acto de toma de posesión de mando y relevo de mando del nuevo director de la AGA, el coronel Emilio Gracia Cirugeda.
   El coronel saliente, Juan Antonio Ortega, se despidió sintiéndose "afortunado por haber tenido el privilegio de haber dirigido la AGA durante los últimos tres años", en la que fue su última alocución como responsable de la academia militar.
   Finalmente, S.M El Rey, que en determinados momentos del acto hacía uso de su muleta, dio la orden de romper filas a los nuevos oficiales, quienes lanzaron al aire sus gorras para celebrar su graduación.
   El Rey presenció posteriormente un desfile aéreo, compuesto por una formación de nueve aviones E-25 'Tamiz', y siete cazas C-101 de la Patrulla Águila, que sobrevolaron la avenida principal de la Academia General del Aire, y que concluyó con un desfile del escuadrón de alumnos.
   Asimismo, en la misma avenida tuvo lugar un homenaje a los que perdieron su vida por España, depositándose una corona de laurel ante el monumento a los caídos y, a continuación, la banda de la Academia General del Aire interpretó 'La muerte no es el final' y el 'Toque de Oración', se dispararon las tradicionales salvas de ordenanza.
   El acto concluyó con un vino español en el Club Social de Alumnos de la Academia General del Aire de San Javier, al que asistió tanto Su Majestad el Rey, como las autoridades civiles y militares asistentes al acto.

El juez pide la imputación de dos alcaldes por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante

ALICANTE.- El titular del juzgado nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, pide la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.   
 
 El magistrado Manrique Tejada ha trasladado a las partes la exposición de conclusiones, y ha enviado el sumario al Tribunal Superior de Justicia  de la Comunitat Valenciana (TSJCV) debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos.
El portavoz del PP en la Corts en funciones, Rafael Maluenda, ha remarcado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está demostrando desde el primer momento que con la corrupción hay tolerancia cero". Incluso, "está yendo mucho más allá de los estatutos del partido" sobre este asunto cuando, precisamente, "él los redactó", ha destacado.
   Maluenda se ha expresado de esta manera tras la Junta de portavoces a preguntas en relación a la petición de imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi.
   De este modo, ha puesto como ejemplo que el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, a quien también se le ha pedido la imputación por el caso de cooperación, "no está imputado y, sin embargo hace una semana que no tiene funciones de portavoz, a propuesta de Fabra y por acuerdo de todo el grupo".
   Así, ha remarcado que Fabra "tiene una hoja de ruta muy clara y de ahí no se sale: cuando hay imputación, cada uno sabe cuál es su camino. Lo sabe Blasco y lo sabrán también las demás personas si es que les imputan". 
Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha señalado este jueves sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, que "no pasan días sin que se sume un nuevo imputado; no pasan días sin que aumente el grado de deslegitimación de la política".
   En su opinión, es "evidente" que en este contexto "es muy difícil mirar hacia adelante". Puig considera que la Generalitat está "absolutamente constreñida".

Los exconsejeros de la CAM se movilizan para tumbar las propuestas del FROB

ALICANTE.- El resultado de la asamblea general de Caja Mediterráneo (CAM) convocada para el próximo lunes se presenta más incierto que nunca. Los miembros del antiguo consejo de administración de CAM han comenzado a movilizarse para lograr que la asamblea rechace las principales propuestas de los administradores del FROB, que pasan por disolver la caja para transformarla en una fundación, eliminar buena parte de las actividades que desarrollaba su Obra Social y reducir a cero el valor de las cuotas participativas que adquirieron más de 54.000 clientes de la entidad, según 'Abc'.

Los consejeros consultados consideraron que, con esta última propuesta, los administradores del FROB pretenden hacer recaer sobre los 180 miembros de la asamblea la responsabilidad legal -o incluso la penal, que se va a dirimir en la Audiencia Nacional- por la pérdida de los ahorros de los cuotapartícipes.

También el secretario general del PSPV, Ximo Puig, hizo ayer un llamamiento público a los consejeros generales de CAM para que voten en la asamblea en contra de amortizar las cuotas a cero, por considerar que supone «dejar en la cuneta» a los miles de clientes que compraron este «producto tóxico».

«El PSOE está y estará al lado de quienes han perdido todos sus ahorros, muchos de ellos personas de avanzada edad que no tenían cultura financiera alguna», señaló en rueda de prensa Puig, quien recalcó la responsabilidad tanto del Banco de España como del Instituto valenciano de Fianzas (IVF), que a su juicio no han cumplido de forma eficiente su labor de supervisión de la entidad.

El presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, ha convocado para el lunes -dos horas antes de la asamblea- una sesión de este órgano con el fin de debatir varias propuestas que cuestionan la actuación de los administradores provisionales del FROB. En primer lugar, Avilés pretende abordar la situación irregular de José Antonio Iturriaga, quien desde el pasado mes de mayo ha simultaneado las funciones de administrador de la CAM y del Banco de Valencia, algo que prohibe expresamente la Ley autonómica de Cajas de Ahorros y los propios estatutos de Caja Mediterráneo.

Del mismo modo, la convocatoria incluye un punto sobre el «incumplimiento grave» que supone anular la ayuda de 2,5 millones de euros concedida por la caja para la restauración del Santuario de la Virgen de las Huertas de Lorca, dañado por el terremoto. El orden del día incluye otro punto para censurar a los representantes del FROB por haber incumplido el calendario de la asamblea -debería haberse celebrado una en el segundo semestre de 2011 y otra antes de concluir el mes de junio- y por someter a la asamblea las cuentas de la caja del pasado ejercicio, sin que hayan sido informadas previamente por la comisión de control. 

Por otro lado, la Plataforma CAM emitió ayer un comunicado en el que recomienda a los titulares de cuotas preferentes que no acepten el canje por acciones del Sabadell, por considerar que pueden perder hasta el 70% de su inversión. El Sabadell rebatió este extremo y alegó que se trata de una oferta ventajosa.

Diego de Ramón trata de implicar a Bascuñana y Valcárcel en el 'caso Umbra'

MURCIA.- El letrado Diego de Ramón, personado en el 'caso Umbra' como acusación popular, ha dirigido un escrito al juzgado de instrucción nº 8 de Murcia, con fecha 3 de julio, en el que trata de implicar al entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, hoy delegado del Gobierno, y al propio presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en virtud de las competencias urbanísticas supervisoras y ejecutivas que detentaban ambos en la fecha que se aprobaron los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia, según fuentes del bufete del citado abogado. 

De Ramón ha solicitado al juzgado instructor que sean llamados a declarar "quienes tuvieron y tienen competencia en materia urbanística en la Comunidad Autónoma de Murcia, en virtud de la Ley del Suelo Regional de Murcia, decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio TRLSM, en su art 1, ámbito competencial, art 2, arts 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (incluido la revisión de los actos administrativos que incumplan la normativa urbanística, y además en materia de intervención en el mercado del suelo)". 

La fecha clave parece ser la de 20 de julio de 2006, la de aprobación última de dichos convenios urbanísticos, pese a actuar  la Administración Regional como "policía urbanística supervisora de la Ley del Suelo en la Región de Murcia y, por tanto con competencias en materia urbanística".

En esa fecha, se dicta la orden resolutoria sobre aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, expediente 192104 de Planeamiento, por lo que Diego de Ramón estima se debe pedir previamente el informe jurídico redactado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, junto con la firma del consejero que aprobó dicha orden resolutoria de 20 de julio de 2006.  

De Ramón solicita se cite a declarar, pues, a los consejeros y presidente que formaron parte del Consejo de Gobierno que aprobó dichos convenios urbanísticos a propuesta del consejero correspondiente (Bascuñana) así como el informe jurídico de los servicios centrales de Presidencia, previos a su aprobación por el Consejo de Gobierno, para lo cual caso de estar aforados sus miembros se solicita igualmente su desaforamiento para poder comparecer judicialmente y declarar con las protecciones legales del ejercicio de sus cargos. 

A juicio del letrado, "la validez legal de la presunta infracción delictiva (...) no concluye con la aprobación definitiva por parte del alcalde de Murcia, pues es necesario la supervisión (o actuación policial urbanística del consejero) y el acuerdo del Consejo de Gobierno, pues caso de infringir las leyes, el cometido de sus competencias es corregirlo, modificarlo, subsanarlo o suspenderlo; circunstancia que no realizó y de ahí la necesidad de su requerimiento".  

Además, argumenta De Ramón en su escrito al juez instructor, "en dichos convenios urbanísticos de la zona norte, las valoraciones del suelo referidas al valor de mercado, es evidente que el suelo especialmente protegido no tiene el mismo valor, según esté o no dotado de aprovechamiento urbanístico, lo que significa que a efectos expropiatorios se produzca un desmedido e injustificado incremento del valor de expropiación de las fincas y el consiguiente encarecimiento de las grandes infraestructuras, dada la repercusión que el coste del suelo tiene sobre ellas". 

Concluye este abogado exponiendo al juez que "la interpretación que hace la Comunidad Autónoma del suelo especialmente protegido (coincide plenamente con los intereses de los grandes propietarios del suelo) y habida cuenta que esta categoría de suelo es la única que legalmente tiene la consideración de no urbanizable, conduce al disparate urbanístico de dar viabilidad legal a que todo un territorio municipal pueda tener aprovechamiento urbanístico, ya sea como suelo de sistema general de protección, urbanizable o urbano". 

Finalmente, pide De Ramón se dé traslado al fiscal anticorrupción para garantizar con la máxima diligencia "estos requerimientos imprescindibles para llegar a la verdad de estos hechos y se pueda aplicar la justicia en su grado justo".