domingo, 8 de julio de 2012

Conductores y transportistas rechazan los peajes en las autovías

MADRID.- Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la Federación nacional de asociaciones de transporte de España (Fenadismer) han mostrado su total rechazo ante la posible intención del Gobierno de establecer peajes en las autovías españolas para financiar la conservación de las carreteras.

   El Gobierno podría estar barajando la posibilidad de establecer el cobro de peajes para los vehículos que circulen por las autovías españolas, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos y de garantizar la conservación de la red vial.
   Así, el presidente de AEA, Mario Arnaldo se mostró "radicalmente en contra" de esta posibilidad, ya que, en su opinión, es "una regresión al pasado", con el derecho de portazgo de la Edad Media.
   Igualmente, el presidente de la organización de automovilistas afirmó que la puesta en marcha de estos peajes en autovías tendría un efecto muy negativo para el desarrollo de las comunicaciones y generaría una "insolidaridad" entre los territorios.
   Arnaldo, que indicó que este modelo ya se ha implantado sin éxito en Portugal y aseguró que "no es el adecuado", dado que las previsiones de ingresos "nunca se cumplen" y resaltó que no es cierto que el dinero que se obtenga con la medida sea necesario para financiar el mantenimiento de las carreteras.
   El máximo responsable de AEA subrayó que el mantenimiento de las autovías tiene un coste anual de unos 1.800 millones de euros, y recordó que los automovilistas pagan cada año en impuestos 25.000 millones de euros.
   Por su parte, el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, indicó que actualmente "no es el momento adecuado" para el establecimiento de los peajes en las autovías españolas.
   Villaescusa indicó que en el momento y la situación "tan precaria" por el que están atravesando los transportistas, cualquier incremento de los costes, que es lo que se está preparando, es un factor que puede tener consecuencias negativas para todo el sector.
   Así, subrayó que desde su asociación no se entendería que se incrementara el gasto de un sector de la importancia del transporte para la economía española, en la actual situación de crisis por la que está atravesando.
   Fenadismer recuerda que desde el inicio de la crisis han cesado en la actividad más de 19.000 empresas de transporte, por lo que considera "imprescindible" que el Gobierno español ponga en marcha medidas de protección que impidan la desaparición del actual tejido empresarial del sector.

El Ministerio de Justicia propone controlar el horario de sus funcionarios

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

   La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado la próxima semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.
   Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia --de aquellas comunidades sin las competencias transferidas--, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.
   Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen "en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo" mediante "el sistema de control" establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.
   Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que "los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo".
   La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.
   El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.
   La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.
   "Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos", explica.
  "Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes", agrega.
   Para el sindicato, esta propuesta supone "una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día", algo que "en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado".
 "Será otra semana caribeña como la destapada en el CGPJ", concluye.

La recolección de 2012 sitúa a Murcia como líder en la producción de albaricoque

MURCIA.- La Región de Murcia es la principal productora de albaricoque, con un 97 por ciento del total nacional en 2011. Le siguen por orden de importancia las comunidades de Aragón y Valencia. El 20 por ciento del total de la producción regional se destina a la exportación, lo que supone el 37 por ciento de las exportaciones nacionales. Los principales compradores son, por orden de importancia, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.

Así lo constató la Consejería de Agricultura y Agua  a través de una valoración de los resultados de la campaña de frutas de este año 2012, a la vista de los datos de los aforos. Dicho organismo atribuye buena parte del éxito al Plan de reconversión de variedades realizado en el período 2006-2011, para adaptar las producciones a las nuevas demandas del mercado.
El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó que «la producción de albaricoque experimentó un incremento del 27 por ciento respecto a la campaña anterior». Seguidamente, García Lidón señaló que «en los próximos años se prevé un aumento mayor debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones». 
En este sentido, apuntó que se ha reducido la superficie de cultivo de las variedades tipo Valencianos y Mauricio, que han sido sustituidas por nuevas variedades como Mogador, Madison, Rojo Pasión, Mirlo Blanco, Mirlo Naranja, Flopria y Colorao, entre otras, lo que ha propiciado el incremento del albaricoque temprano. Esta misma circunstancia se observa en el albaricoque de media temporada. Las variedades de tipo clases están siendo sustituidas por nuevas variedades como Murciana, Sweet Cot y  y Goldstrike.
El director general resaltó la buena cosecha este año de la variedad Búlida, de la que la industria conservera obtiene una pulpa de la mejor calidad.

Otros frutos de hueso
 
Con respecto a las producciones de melocotón, nectarina y paraguayo, las previsiones de cosecha de la Consejería rondaban las 262.000 toneladas, un 19,70 por ciento más que en 2011. Sin embargo, las heladas del pasado mes de febrero provocaron una merma de 27.000 toneladas en la cosecha de melocotón y de 34.000 toneladas en nectarina. 
El paraguayo, sin embargo, aumentó la producción un 25,48 por ciento con respecto al año anterior, con una cosecha estimada de 65.000 toneladas, en la que destacan nuevas variedades como Novaflat-10 (obtenida por el departamento de Fruticultura del IMIDA en colaboración con la empresa Novamed), Carioca, Roblecillo y variedades de la serie UFO, entre otras.
La cantidad de exportaciones en 2011 fueron 45.475 toneladas de nectarinas y 32.560 toneladas de melocotón y paraguayo, lo que supone un 20 por ciento de las exportaciones nacionales. El destino de éstas fueron Alemania y Francia, entre otros más.

La gestión de las cajas de ahorro, al banquillo / Miguel M. Mendieta

Las irregularidades en la gestión en las cajas de ahorros están en manos de los tribunales. La intervención o nacionalización de una quincena de entidades ha desencadenado una cascada de denuncias, tanto por el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de exdirectivos, como por la comercialización fraudulenta de productos financieros. La máxima expresión de todos los procesos abiertos es el planteado el pasado miércoles contra 33 exconsejeros de Bankia y su matriz, BFA, entre los que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En la querella, presentada por el partido UPyD y admitida a trámite por la Audiencia Nacional, se denuncia la comisión de delitos de estafa, administración desleal, falsificación de las cuentas anuales, apropiación indebida y manipulación para alterar el precio de las cosas.

Los juristas consultados tienen serias dudas de que los procesos abiertos puedan llegar a desembocar en condenas penales, pero su repercusión en términos políticos, y en el descrédito generalizado del sector de cajas, será evidente.Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar posibles irregularidades en una decena de cajas: Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Duero, Caja España, Caixa Penedès, Caja Mediterráneo, Caja Castilla La Mancha (CCM)...Este último caso es el que más avanzado está en términos judiciales. El expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y otros consejeros y directivos fueron sancionados por el Banco de España por su mala gestión al frente de CCM. En diciembre de 2010, se inició un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, que aún no ha concluido. En uno de los últimos giros del juicio, la fiscalía reconoció que ni Moltó, ni el ex director general, Ildefonso Ortega, se habían enriquecido por la gestión."Dependerá de cada caso, pero en general va a ser difícil que las acusaciones puedan demostrar que ha habido dolo en la actuación de los directivos", explica un abogado que lleva procesos penales en la Audiencia Nacional.Los dos casos que más alarma social causaron fueron los de Caja Mediterráneo y Novagalicia. En ambos se está investigando si algunos de sus directivos se concedieron generosos sueldos, indemnizaciones y pensiones, pocos meses antes de que sus respectivas entidades fueran intervenidas o nacionalizadas.Otro de los aspectos penales que tiene mayores visos de prosperar es la comercialización de participaciones preferentes de forma irregular, entre clientes que no entendían la complejidad del producto. 

Novacaixagalicia. 30 millones en indemnizaciones y el escándalo de las preferentes 

Novacaixagalicia ejemplifica los graves problemas que pueden aparecer al mezclar política y finanzas. El proyecto de fusionar las dos cajas regionales, Caixa Galicia y Caixanova, fue apadrinado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La combinación de dos directos competidores obligó a realizar un alambicado ejercicio de reparto de funciones directivas y de sedes corporativas.Con el deterioro de la situación económica, el proyecto se vio desbordado, lo que forzó el relevo de sus gestores. Entre cuatro altos cargos (José Luis Pego, Gregorio González Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García De Paredes), se repartieron 30 millones de euros entre indemnizaciones y pensiones, a pesar de que a los pocos meses la entidad tuvo que ser nacionalizada y recibir varios miles de millones de euros de dinero público.-Fiscalía anticorrupción. El clamor popular que surgió tras hacerse públicas las indemnizaciones cobradas por los directivos provocó que la Fiscalía Anticorrupción decidiera tomar cartas en el asunto. Hace dos semanas, decidió presentar una querella ante la Audiencia Nacional contra estos exdirectivos, argumentando que todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica" de la caja, en referencia al aumento de las retribuciones que se aprobó durante la fusión a espaldas del consejo y del Banco de España. El entonces presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, también ha sido incluido en la querella al considerado último responsable.-Preferentes. Además del escándalo de las indemnizaciones millonarias, la fiscalía ha demandado a la entidad por la comercialización fraudulenta de preferentes, donde le pide que deposite una fianza de 1.108 millones.

Caja Mediterráneo-CAM. La pensión millonaria de Amorós y la venta de cuotas participativas

 El caso de Caja Mediterráneo (CAM), fue el primero en el que se empezó a atisbar que la gestión de las cajas de ahorros podía saltar de la imprudencia al dolo. La entidad fue intervenida hace un año, y posteriormente adjudicada en subasta a Banco Sabadell, con una importante subvención económica. Unos meses después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recapitalizara la entidad financiera, comenzaron a hacerse públicos los lucrativos contratos firmados por varios de sus directivos cuando la caja ya estaba al borde del abismo.María Dolores Amorós, directora general en el momento de la intervención, cobraba un sueldo anual de 600.000 euros y, además, pactó una pensión vitalicia por 370.000 euros anuales.-El juicio. Cuando el Banco de España retiró a Amorós de su cargo por despido disciplinario, la exdirectiva emprendió acciones legales para reclamar su pensión. El juzgado dio la razón al Banco de España y dejó a Amorós sin indemnización ni pensión.-La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para valorar si Amorós pudo haber cometido algún delito al pactar su remuneración y la generosa pensión vitalicia. Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la plataforma de afectados de Caja Mediterráneo contra una decena de directivos de la entidad, incluido el anterior director general, Roberto López y el expresidente, Modesto Crespo. Los afectados son, fundamentalmente, clientes que invirtieron en cuotas participativas.

CCM. Sus gestores aún no han sido juzgados, tres años después de ser intervenida

 Cuando el Banco de España decretó la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM), el futuro del sector ya estaba escrito, aunque pocos lo querían reconocer. Tres años después de que el supervisor apartara a los gestores de la entidad, la recapitalizara y la vendiera en subasta pública (a Cajastur, ahora en Liberbank), la causa judicial abierta por las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la caja aún sigue en pleno proceso judicial. El coste máximo del rescate de esta entidad se podría elevar a 4.100 millones de euros, costeados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).-Iniciada en 2010. La causa contra los exdirectivos de la caja castellanomanchega se inició en diciembre de 2010. El Banco de España ya impuso a varios de los exconsejeros y directivos sanciones administrativas, pero la mayor parte de los implicados la han recurrido.-Créditos polémicos. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la instrucción, ha pedido al Banco de España un dictamen sobre una serie de créditos polémicos concedidos por CCM a Luis Portillo, Luis Delso, la familia Fermoselle, Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco, por un importe total de 400 millones de euros.-Opinión de la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron personalmente durante su gestión al frente de la caja manchega. En un escrito enviado al juez, la fiscalía concluye que "después de la investigación efectuada por la Guardia Civil, no se han detectado indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los dos imputados". 

Caixa Penedès. Investigación sobre los planes de pensiones

 Caixa Penedès, integrada ahora en grupo BMN, también está siendo objeto de una investigación por las indemnizaciones que recibieron algunos de sus directivos y que, en conjunto, superan los 20 millones de euros. Estos profesionales son el ex director general (Ricard Pagès), el ex director general (Joan Caellas), el ex director general (Manuel Troyano) y el ex director de recursos humanos (Jaume Jorba). Las indagaciones las comenzó la Fiscalía Superior de Cataluña y después tomó el testigo la Fiscalía Anticorrupción. De la cantidad señalada, Ricard Pagès habría recibido cerca de 11 millones.-Posición de BMN. El consejo del grupo Banco Mare Nostrum -donde está integrada Caixa Penedès, junto a Cajamurcia, Caja Granada y Sa Nostra- ha exigido a los cuatro exdirectivos investigados la devolución de los más de 20 millones que tenían en pensiones depositadas en otra entidad. De todas las entidades con problemas legales, BMN es la única que no ha sido intervenida ni nacionalizada, aunque sí que ha recibido un préstamo del FROB por importe de 916 millones, y podría tener problemas para continuar siendo independiente. 

Bankia. La Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros de la entidad 

La admisión a trámite de la querella interpuesta por UPyD contra 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA ha provocado un fuerte terremoto en amplios círculos políticos y financieros de Madrid y Valencia. El segundo grupo financiero español, producto de la fusión de siete cajas (entre las que estaban Caja Madrid y Bancaja), fue bendecido por todas las autoridades políticas y supervisoras, tanto en su constitución, como en su decisión de salir a Bolsa. Su nacionalización y la solicitud de 19.000 millones de capital, ha revelado los fallos de diseño del grupo.-El juicio será uno de los más relevantes de la historia de España. No solo por las miles de personas afectadas (entre accionistas, empleados y tenedores de participaciones preferentes), sino por el perfil de los imputados: Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno), José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat valenciana), Ángel Acebes (exministro de Interior). Entre las personas que han sido llamadas a declarar en la fase de instrucción están el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura.-Participadas. Tras conocerse la imputación, algunos de los exconsejeros de Bankia y BFA que permanecen en los consejos de participadas han empezado a renunciar a sus cargos. El grupo ya tenía previsto reducir drásticamente el número de consejeros y que este proceso estuviera culminado para el próximo septiembre. Ahora, sin embargo, podría acelerarse.-Los delitos denunciados se refieren al enorme agujero patrimonial hallado tras la nacionalización, el fiasco de la salida a Bolsa, a la comercialización de participaciones preferentes y a la obtención de pensiones y créditos por parte de consejeros en condiciones ventajosas. UPyD ha llegado a solicitar la intervención judicial del grupo financiero, que actualmente está dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo desde que Rodrigo Rato abandonó el cargo. La Fiscalía es partidaria de imputar también a algunos directivos del grupo que no formaban parte del consejo de administración. 

Catalunya Caixa. Sospechas sobre los sueldos de los exdirectivos de la entidad

 Catalunya Caixa es otro de los juguetes rotos del sistema bancario español. El intento de integrar un colectivo de cajas catalanas para ganar tamaño y sortear la crisis nunca acabó de funcionar. La entidad ha acabado siendo nacionalizada y está pendiente de la recepción de hasta 4.300 millones de dinero público para recapitalizarse. A pesar de este fiasco, algunos de los antiguos exdirectivos se fueron con jugosas indemnizaciones antes de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.-Investigación. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para conocer si existen indicios de delito o de irregularidades en los sueldos que percibieron altos cargos de la entidad. El Fiscal quiere determinar si esas remuneraciones son compatibles con que la entidad recibiera ayudas públicas: 2.968 millones de euros vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que todavía no ha devuelto al Estado.Algunas informaciones apuntan a que el ex director general de Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, Josep María Loza, pudo cobrar cerca de 10 millones de euros en concepto de indemnización y de pensión.-El caso Unnim. El otro grupo catalán de cajas que acabó siendo nacionalizado, y posteriormente vendido en subasta a BBVA, también tuvo una investigación por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), después de que se hiciera público que el último director general, Enric Mata, pudo haber cobrado cerca de ocho millones de euros tras dejar el cargo. Este organismo acabó concluyendo que los pagos se habían ajustado a derecho. 

Banco de Valencia. La entidad denuncia a los anteriores gestores 

La debacle de Banco de Valencia -filial de Bancaja y, posteriormente, de Bankia- dio la señal de alarma sobre lo que se avecinaba para el resto del grupo. El 28 de octubre de 2011, dimitía su presidente, José Luis Olivas, presagiando la tormenta que se avecinaba. Olivas, que también era presidente de Bancaja, había empezado a tener problemas con sus socios en la alianza de cajas (especialmente con el presidente de Caja Madrid y del grupo, Rodrigo Rato). Le reprochaban que la entidad había inflado la valoración contable de Banco de Valencia, para ganar una mayor cuota en el capital de Bankia. Un mes después de la salida de Olivas, el Banco de España intervenía la entidad.-Accionistas. En una convulsa junta de accionistas, donde se aprobó que el Estado se hiciera con el control del 91% de la entidad, también se acordó que Banco de Valencia ejerciera una acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores, especialmente contra el que fuera el director general de la entidad durante 17 años, Domingo Parra, que pactó una indemnización de 7,5 millones. 

Valcárcel se sigue endeudando y Rajoy consintiendo

MADRID.- El último Consejo de Ministros ha autorizado sendas operaciones de endeudamiento a las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y de las Islas Baleares por un importe conjunto de 380,8 millones de euros.

   En primer lugar, el Consejo de Ministros ha autorizado a Murcia para realizar operaciones de préstamos a largo plazo y emisiones de pagarés, obligaciones y bonos hasta un importe máximo de 212,5 millones de euros que se destinan a cubrir las necesidades de financiación derivadas del primer tramo del objetivo de estabilidad del ejercicio 2012.
   Este primer tramo está fijado en el 0,75 por ciento del PIB regional de dicha comunidad autónoma por acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.
   La operación de endeudamiento es conforme con el Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-201, aprobado por el mismo Consejo en su sesión del 17 de mayo y con el Programa Anual de Endeudamiento de 2012 acordado entre el Estado y la Región.

A Sotoca le importa un pijo el déficit

MURCIA.- La responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, María Carmen Moreno, ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que pregunta los motivos por los que el consejero de Educación, Constantino Sotoca, no ha cesado, con fecha 1 de julio, a la mitad el numero de asesores de su Consejería, tal y como se comprometió. 

   Moreno criticó que los recortes de su Consejería han dejado a 5.500 interinos en el paro desde el pasado 30 de junio. Además, dejará sin volver al trabajo a más de 2.000 interinos el próximo curso, debido al aumento de las ratios por aula y de la jornada laboral, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   "Esto no se le ha olvidado al consejero ponerlo en marcha en la fecha que dijo. Sin embargo, el compromiso adquirido de eliminar a la mitad de los Asesores Técnicos de la Consejería si lo ha aparcado. No entendemos la razón, por lo que le pedimos explicaciones en la Cámara", ha concluido.

El PSOE exige que se paralice la autorización de funcionamiento del vertedero de Abanilla

MURCIA.- El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros, ante las informaciones aparecidas en diversos medios regionales, exigió que se paralice la autorización de funcionamiento del vertedero de Abanilla hasta que se resuelva el procedimiento judicial que existe contra la empresa propietaria.

   Ros adivirtió que los vecinos de Abanilla y la Murada "no pueden soportar más la ineficacia administrativa del Gobierno Regional y las tomaduras de pelo de la empresa", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   "En estas dos poblaciones la situación que se vive es inadmisible, ya que no sólo tienen que soportar los malos olores y los tránsitos clandestinos de camiones y basuras, sino que tienen que sufrir también la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar todo esto", explicó.
   Y es que, en su opinión, "es necesario que el Gobierno regional deje de estar en ese estado de indefinición administrativa, de dejarse llevar por el paso del tiempo sin buscar una solución real y definitiva a los graves problemas que padece una población murciana".
  "Valcárcel tiene que dar la cara, dejar de esconderse ante las situaciones ilegales que se están produciendo en el vertedero de Abanilla", finalizó.

El PSOE exige que Sotoca dé explicaciones por el "brutal" recorte que se ha producido en el SEF

CARTAGENA.- El diputado regional socialista Francisco Javier Oñate está seguro de que el consejero Sotoca "debe estar avergonzado por el brutal recorte" que se ha producido en el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Comunidad Autónoma, que ha provocado la supresión de programas de formación de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

   De este modo, el Grupo Parlamentario Socialista "lleva semanas esperando la contestación a mas de 70 iniciativas parlamentarias que pretendían sacar a la luz el efecto de los recortes en materia de empleo, pero que hasta ahora ha sido completamente imposible obtener información".
   En el día de ayer ha llegado el primer reconocimiento público de que se van a suprimir programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
   Oñate advirtió que, sin embargo, "estos no son los únicos programas amenazados, ya que el SEF se ocupa también de la Formación Ocupacional, de los Centros especiales de empleo, así como de las ayudas al autoempleo y a la contratación".
   "Resulta ocioso recordar los difíciles momentos por los que pasamos, el grave problema social y económico que representa el desempleo, o que la Región de Murcia es la tercera región por la cola del continente europeo", apuntó.
   Asimismo, señaló que "también es ocioso explicar que las políticas activas de empleo son el único refugio posible para los más de 200.000 parados marcianos. Por eso, este recorte no sólo es cruel con las personas, es un desatino económico porque cercena una de las vías que quedan para la reinserción laboral y la recuperación de nuestra economía".
   Y es que, para el diputado del PSRM, "se da la paradoja de que el Gobierno regional exige a los perceptores de prestaciones la asistencia a cursos de formación, y al mismo tiempo retira los programas a los que tendrían que acceder".
   "Por eso insistimos en que Sotoca debe estar avergonzado. Sólo así se explica su diligencia para comparecer cuando cree que ha conseguido un éxito, por pírrico que sea, y el silencio que mantiene en explicar el verdadero alcance de los recortes, datos que ya han dado el resto de las Comunidades", añadió.
   El Grupo Parlamentario Socialista, que ya tiene registrada una petición de comparecencia en Pleno del consejero, pedirá el lunes una reunión urgente de la Comisión Especial de Empleo para que Sotoca aclare con detalle la relación de afectados por este importante recorte "que va camino de la desaparición del propio SEF y gran parte de sus empleados", finalizó.

También UPyD se alarma

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la supresión de las escuelas taller y a los talleres de empleo de la Región. "El Servicio de Empleo y Formación (SEF), al no convocar las convocatorias para este año de estos programas, condena en la práctica a estos programas a su desaparición".
   UPyD ya denunció el pasado mes de mayo que el SEF no iba a sacar este año la convocatoria. En ese sentido los Grupos Municipales de UPyD en los ayuntamientos de Murcia, Molina de Segura, Caravaca, Los Alcázares y San Pedro han presentado mociones instando al SEF a que convocase los programas para 2013, según han informado fuentes de la formación magenta en un comunicado.
   Sánchez ha recordado que las escuelas taller y los talleres de empleo son programas que se desarrollan en la Región de Murcia desde hace más de 20 años, cofinanciados en un 80 por ciento por la Unión Europea, y cuyo objetivo es la cualificación de personas desempleadas para que puedan insertarse en el mercado laboral. "Combinan formación teórica y práctica laboral en la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social", ha apuntado.
   En este sentido, Sánchez ha destacado el importante papel que desarrollan estos programas "en una Región con unas tasas de abandono escolar muy altas". Asimismo, ha subrayado que las escuelas taller están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 24 años, normalmente procedentes del fracaso escolar y sin experiencia laboral, que a través de estos programas "tienen la oportunidad de prepararse para conseguir su título de la ESO, al mismo tiempo que aprenden una profesión trabajando".
   Además, los talleres de empleo se dirigen a personas desempleadas de larga duración y con escasa cualificación, de entre 25 y 54 años, que encuentran aquí una posibilidad de insertarse laboralmente. En la Región vienen desarrollándose actualmente 15 proyectos de escuelas taller y talleres de empleo, formando a más de 400 personas desempleadas.
   Por todo ello, Sánchez ha criticado que la Comunidad Autónoma haga recortes en las medidas de apoyo al desempleo. "La supresión de la convocatoria del SEF este año de estos programas como medida de recorte en las políticas activas de empleo supone una merma considerable en las posibilidades de acceso al mercado laboral de sus destinatarios", ha concluido.

La Asociación Amigos del Yacimiento de San Esteban denuncia al Ayuntamiento por su abandono

MURCIA.- La asociación 'Amigos del Yacimiento de San Esteban' ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Murcia por el abandono del yacimiento de San Esteban y su entorno, ante las instancias pertinentes. 

   Así, han denunciado que el yacimiento y su entorno presentan un vallado falto de seguridad, encontrándose muchas vallas sueltas y rotas; falta de mantenimiento del yacimiento, lo cual ha llevado al desperfecto del geotextil que lo protege en algunos muros o el crecimiento descontrolado de malas hierbas.
   Por ello, la asociación hizo llegar la situación en que se encontraba el yacimiento al Ayuntamiento de Murcia, a través de la entrevista personal que mantuvieron con el Concejal de Cultura y Festejos, Rafael Gómez.
   "Una vez agotada toda vía negociadora, nos hemos vistos obligados a denunciar al Ayuntamiento de Murcia y los hechos que acontecen, ante las instituciones oportunas", han subrayado.
   Las denuncias se han presentado ante el Servicio del SEPRONA, de la Guardia Civil de Murcia, por el abandono continuado del yacimiento; la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, por el abandono del yacimiento; y la Policía Local, por el deterioro del vallado, convirtiéndose esta deficiencia en un peligro para la seguridad pública.
   Finalmente, la Asociación 'Amigos del Yacimiento de San Esteban' han exigido al Ayuntamiento de Murcia que cumpla con la normativa vigente.

Ecuatorianos afectados por la crisis en España se van a otros países europeos

QUITO.- Los ecuatorianos, que constituyen la cuarta comunidad más numerosa de extranjeros en España, se están trasladando a otros países europeos, como el Reino Unido, para escapar de la crisis en la nación ibérica, informó la Secretaría Nacional del Migrante (Senami).

"Un porcentaje de compatriotas no se queda con los brazos cruzados y está buscando solución a la crisis económica que se vive en España. Entre las alternativas está la decisión de migrar a otros países de Europa como Reino Unido", dijo el titular de la Senami, Francisco Hagó.
El funcionario agregó que ante la movilización de los migrantes ecuatorianos, la cartera les brinda en España capacitación, como la enseñanza del idioma inglés.
"La Senami contribuye con capacitación gratuita en cursos de inglés y bolsa de empleo", manifestó el funcionario en un comunicado, en el cual recordó que los ecuatorianos han perdido sus viviendas por la crisis hipotecaria, el desempleo y la xenofobia en España.
Entretanto, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, señaló que se "están coordinando acciones con las embajadas para defender a los compatriotas que perdieron sus viviendas" en España, según el mismo comunicado.
Rivadeneira apuntó que el tema es un "problema de política pública" y señaló que se "analiza tomar medidas más drásticas como demandar a los bancos ante el tribunal de Estrasburgo" por el mecanismo de cobro de hipotecas.
En mayo pasado, la Asamblea Legislativa ecuatoriana aprobó una ley que prohibió que préstamos hipotecarios adquiridos por ecuatorianos en otras naciones puedan ser cobrados sobre bienes que posean en su país.
En 2008 estalló una burbuja inmobiliaria en España, lo que provocó un acelerado incremento del desempleo, que alcanza actualmente un 24,44% pero ronda en 35% entre los inmigrantes.
La crisis en España también ha motivado el retorno de ecuatorianos y desalentado la migración hacia esa nación.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, visitará Quito el 24 y 25 de julio para dialogar sobre posibles soluciones a la crisis de las hipotecas que afecta a los emigrantes ecuatorianos, de acuerdo con su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño