miércoles, 11 de julio de 2012

Las cajas resaltan que ya están reduciendo su presencia en el accionariado de bancos

MADRID.- Las cajas de ahorros sostienen que ya están reduciendo su presencia en el accionariado de entidades de crédito y desligándose así del negocio bancario, tal y como recoge el memorando de condiciones financieras aparejado al rescate bancario europeo.

   El memorando establece plazos graduales para que las cajas reduzcan su capacidad como accionista de una entidad de crédito, "circunstancia ya prevista y aplicada por las propias entidades", indicaron a Europa Press en fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
   Concretamente, dentro de las condiciones generales impuestas al conjunto del sector financiero en el marco del rescate bancario, el memorando reclama una mejora de la gobernanza de las cajas de ahorros y de los bancos filiales donde han traspasado su negocio bancario.
   Asimismo, insta a España a perfilar a más tardar el próximo mes de noviembre una legislación que aclare la función de las cajas como accionistas de entidades de crédito orientada hacia la reducción de sus participaciones hasta niveles que no impliquen una posición de control.
   Las fuentes de la patronal inciden en que a falta de conocer el texto definitivo del memorando, la actual normativa española "ya recoge una adecuada diversificación de la estructura de capital de los bancos participados por las cajas de ahorros".
   Igualmente, subrayan que en la reforma de la LORCA aprobada el verano de 2010, ya se establecía un régimen de incompatibilidades de los órganos de gobierno de las cajas e importantes avances en materia de gobierno corporativo.
   En cualquier caso, desde la CECA recalcan que el proceso legislativo que defina el marco de actuación para las cajas en materia de accionistas de entidades de crédito no empezará a preparase hasta finales de este año, por lo que esperan una mayor definición por parte de las autoridades europeas.

Rajoy sube el IVA, recorta el paro y quita una paga a los funcionarios

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles una serie medidas de ingresos y gastos con los que se asegura una reducción del déficit público de 65.000 millones en los próximos dos años y medio.

Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los ajustes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses.
En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.
Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. Fuentes del Gobierno no precisaron cuánto se espera recaudar con esta medida, pero recordaron que cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros.
El Gobierno se había resistido hasta ahora a tocar este impuesto para no agravar aún más la recesión, pero las recomendaciones de Bruselas, "obligaciones" como él mismo las llamado durante el debate, no le han dejado muchas opciones. El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos que conlleva, informaron fuentes del Ejecutivo.
De hecho, éste será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental impulsando en el sistema impositivo el principio de "quien contamina paga".
Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.
Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%.
Ésta es una medida muy controvertida que previsiblemente no gustará a los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro supera los 5 millones de personas.
En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.
Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE.
Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los 'moscosos' y el ajuste de el número de liberados sindicales. Solo la supresión de la paga extraordinaria permitirá ahorrar 4.000 millones.
Rajoy ha pedido un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, pero ha dejado claro que la suspensión de la segunda paga extraordinaria solo será compensada a partir de 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos.
Aunque Rajoy no lo ha mencionado en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron que además de reducirse los 'moscosos', se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público, los conocidos como 'canosos'. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
Para ajustar el tamaño de la Administración, el presidente también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.
Con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente ha anunciado un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Con todas estas medidas, el Ejecutivo se asegura un ahorro de 65.000 millones en dos años y medio y avanza en el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Según el Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta postración y que servirán sin duda para reducir el déficit.
A su parecer, se trata de un paquete de medidas "equilibrado", que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo y que se acompañará de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento del país, como la energética o el refuerzo de la unidad de mercado.

Protesta en Murcia

Unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, se han concentrado este miércoles, a las puertas de la Delegación del Gobierno de Murcia, para protestar contra lo que consideran "la agresión más fuerte que se ha cometido en el periodo democrático contra los empleados públicos, los parados, pensionistas, contra el conjunto del sector trabajador del Estado español" y que supondrán, advierten, más recesión y profundización en el agujero negro".
   Al grito de 'sinvergüenzas', 'ladrón' y profiriendo insultos, han cortado la avenida Teniente Flomesta para dirigirse a las puertas de la Delegación del Gobierno y expresar, a modo de pitidos e incluso cacerolada, las medidas "destructoras e injustas" que el presidente Mariano Rajoy ha anunciado esta mañana.
   Con pancartas en las que se podía leer 'Basta ya que paguemos siempre los mismos. No más recortes', 'Recortes a políticos, banqueros, solución a la crisis' y 'Resistimos', han pedido la dimisión de Rajoy "por chorizo y por ladrón", acusándolo de "mentiroso".
   En una concentración que han convocado esta misma mañana los sindicatos CCOO, UGT y Sterm-Intersindical tras conocer las medidas de ajuste de Rajoy, el secretario general de CCOO en Murcia, Daniel Bueno, ha criticado que el Gobierno, "influenciado" por la UE, "haya decidido tomar el camino de la intervención", por lo que ha dejado claro que "vamos a ejercer una fuerte presión y concentración social y sindical para intentar que estas medidas se vayan para atrás".
   Desde UGT, su secretario general en Murcia, Antonio Jiménez, ha considerado que estas medidas "están en la tónica habitual de este Gobierno", tras lo que las ha calificado de "injustas, ya que vuelve a hacer caer el peso sobre los trabajadores y sus familias".
   "Son medidas destructoras a pesar de que éste es un partido que se ha enarbolado como el partido de los trabajadores, pensionistas y parados, y está haciendo lo posible para reducir y extinguir sus derechos y prestaciones", ha reprobado Jiménez.
   Tras alertar que "se producirá un desplome del consumo total", ha afirmado que son medidas "moralmente indefendibles, inasumibles, que van en el afán del Gobierno de destruir el conjunto de los derechos de los trabajadores, pensionistas y parados".
   Por ello, ha señalado que si Rajoy "no sabe hacer otra cosa más que destruir, y creo que se está riendo de sus propios electores, lo que tiene que hacer es dar un paso y que venga otro presidente del Gobierno a tomar las riendas".
   En este sentido, el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha puesto de manifiesto que "es una auténtica salvajada lo que se ha planteado", ya que "hay alternativa", por lo que ha instado a Rajoy a que "convoque elecciones anticipadas y se presente con este duro programa a las elecciones, a ver si el pueblo lo avala y lo vota".
   Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, ha resaltado que estas medidas "son paralelas o parecidas a las que se han producido en Portugal o Grecia y no han producido ningún efecto reactivo en la economía".
   "Todo lo contrario, ha expuesto, ya que la agresión que ha provocado Rajoy contra la clase trabajadora es totalmente inaceptable, antidemocrática e injusta y la vamos a luchar en la calle y a través de los medios que nos proporciona el sistema democrático", ha sostenido.
   En su opinión, "había otras alternativas que no se atreve por cobardía Rajoy a adoptar, como incidir sobre las rentas más altas, las altas fortunas".
   Para concluir, el portavoz de la Intersindical, Toni Carrasco, ha criticado que la única salida sea "la que lo pague la ciudadanía"
   En opinión de la Intersindical, "para el conjunto de la ciudadanía se aumenta el IVA, impuesto indirecto y, por lo tanto, independiente de la capacidad económica de cada persona". De la misma forma, "se acelerarán los procesos de privatizaciones que, necesariamente, empeorarán los servicios públicos para poder garantizar beneficios empresariales".

Rajoy anuncia un recorte del 30% en el número de concejales

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el Pleno del Congreso que recortará un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos del país, como medida dentro de un paquete de reforma de la administración pública que busca mayor "austeridad" y "eficiencia".

   Según ha indicado el presidente, se reducirá un 30% el número de concejales "por tramos de población, según la Ley Orgánica de Régimen de Bases Locales", y además se "homogeneizarán y publicarán" las retribuciones de los cargos municipales en función de unos baremos que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado y que también atenderán a las características de cada municipio.
   La reforma de las administraciones públicas también buscará "evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia", por lo que se "solucionarán las competencias impropias de los ayuntamientos, para que no presten servicios para los que no tengan la financiación necesaria" y se reforzará el papel de las diputaciones provinciales con el objetivo de que centralicen la prestación de servicios y "garanticen que los pequeños municipios reciban unos servicios públicos adecuados a precios razonables y mejor gestionados". Según Rajoy, esto generará un ahorro de unos 3.500 millones de euros.
   Finalmente, se acometerá una "reducción, e incluso eliminación, de empresas públicas en el ámbito local" para evitar duplicaciones "e incluso triplicaciones", y se mejorará el control de las cuentas públicas en el ámbito local con el "fortalecimiento" de la "imparcialidad" del Interventor Municipal y de los funcionarios de carácter nacional.

ANSE denuncia la nueva "desecación" de las Salinas de Marchamalo


CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha remitido una nueva denuncia a la Comunidad para que tome medidas urgentes que garanticen la "recuperación y mantenimiento" de las Salinas de Marchamalo (Cartagena, Mar Menor) debido a la nueva "desecación". 

   A lo largo de los últimos dos meses, la Asociación había advertido también al director-conservador de los Espacios Protegidos del Litoral de la Región de Murcia de la situación a la que se enfrentaban de nuevo las salinas, "debido a la más que insuficiente aportación de agua".
   Tras recordar que la empresa propietaria de parte de las Salinas (Salinas de La Manga, S.L) "denunció ante los tribunales a los activistas de ANSE en 2001 por una acción de protesta, denuncia que fue sobreseída", se intentó también por parte de ANSE "un acuerdo con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad y propietarios de las salinas para intentar recuperar la extracción de sal, sin que hubiera respuesta por parte de las administraciones".
   Durante los últimos días, reprueba ANSE, "las salinas han estado nuevamente a punto de secarse completamente y tan solo una laguna permanece actualmente con algo de agua, siendo ésta completamente insuficiente para el mantenimiento de los procesos ecológicos fundamentales para la conservación de la biodiversidad de las salinas en unos mínimos aceptables".
   Para ANSE, "las salinas de Marchamalo corren de nuevo un serio peligro de desaparecer como humedal" y son un enclave de elevado valor ambiental y cultural, tal y como lo atestiguan las figuras de protección que les dan cobertura habiendo sido declaradas Espacio Natural Protegido, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo (Zepim) y Humedal de Importancia Internacional Ramsar.
   Las Salinas de Marchamalo eran, junto con las Salinas de San Pedro, las únicas en la Región de Murcia que "presentaban una lámina de agua permanente acogiendo un importante contingente de aves acuáticas reproductoras e invernantes, así como una interesante población de fartet, un pececillo endémico amenazado. El resto de salinas del litoral se encuentra abandonadas (por ejemplo, las Salinas de Lo Poyo), o están siendo urbanizadas o lo serán en breve (caso de Mazarrón y Los Narejos)".
   En similar estado a las salinas de Marchamalo se encuentran las del Rasall (Calblanque), "donde la inversión de importantes sumas de dinero por parte de la administración ambiental no ha logrado aún el mantenimiento de una lámina de agua permanente, y también se encuentran actualmente casi secas".
   Como denuncia ANSE desde hace años, "el abandono de la actividad salinera está conduciendo a la desecación de los estanques y a una acumulación progresiva de sales y sedimentos, ya que éstos no se retiran".
   Por otro lado, advierte, "al no llenarse adecuadamente los estanques, el proceso de desecación que ha ocasionado la pérdida de muchos de ellos".
   A su vez, dice ANSE, "la pérdida del agua por evaporación y la ausencia de manejo salinero está ocasionando la progresiva salinización de los mismos, acabando con buena parte de las formas de vida que antes encontrábamos en muchas de las charcas".
   Este proceso conlleva la "desaparición" de aves acuáticas tanto de los estanques que se han secado como de otros con altas concentraciones salinas.
   A juicio de ANSE, "es paradójico que esta degradación se esté produciendo precisamente después de que la Dirección General del Medio Natural invirtiese cuantiosos fondos comunitarios dentro de un proyecto LIFE para la conservación del fartet".

Firman un documento de apoyo a las medidas de austeridad tomadas por el rectorado de la UMU

MURCIA.- Un grupo de 21 decanos de la Universidad de Murcia (UMU) han expresado su apoyo a las propuestas del equipo rectoral y la comisión de reequilibrio para hacer frente a las exigencias del Real Decreto Ley 14/2012, que contempla "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo". 

   De esta forma, los firmantes han resaltado el "eficaz esfuerzo negociador" con la Comunidad hasta "conseguir reducir significativamente los recortes" presupuestarios inicialmente previstos.
   Así, los decanos han declarado que de no haber logrado este "razonable y meritorio preacuerdo" las expectativas del personal de la Universidad "serían muy distintas y mucho más negativas" que las actuales.
   Al mismo tiempo, este grupo de docentes han considerado que "gracias al estricto plan de austeridad que la UMU lleva años aplicando" su situación financiera es de las "más saludables de nuestro entorno".
   Por otra parte, han sugerido que "si se concretara un plan de pagos realista de la deuda" que la Comunidad tiene contraída con la Universidad, "su sostenibilidad y viabilidad futuras quedarían garantizadas".
   Además, han señalado, "se crearía el mejor clima" para abordar con decisión y serenidad "nuevas reformas que mejoren la gestión y optimicen aún más sus recursos".
   Igualmente, la propuesta que presenta el equipo rectoral es "necesaria para cumplir con el objetivo de reducción del gasto que nos viene impuesto por las administraciones", han expresado.
   Finalmente, han expuesto que disponen de un "escaso margen de maniobra" pero que lo han "intentado aprovechar para reducir las consecuencias negativas de unas medidas que, aunque dolorosas, resultan, en estos momentos, inevitables".
   En concreto, el documento lo han firmado Antonio Rouco Yáñez, decano de la Facultad de Veterinaria; José Meseguer Peñalver, decano de la Facultad de Biología; Domingo A. Manzanares Martínez, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo; y Jesús Gómez Amor, decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
   Así como Faustino Cavas Martínez decano de la Facultad de Derecho; Antonio Campillo Meseguer, decano de la Facultad de Filosofía; Francisco Esquembre Martínez, decano de la Facultad de Matemáticas; Juan José López García, decano de la Facultad de Psicología; Gregorio Sánchez Gómez, decano de la Facultad de Química; Pilar Montaner Salas, decana de la Facultad de Economía y Empresa; Joaquín García-Estañ López, decano de la Facultad de Medicina; y Miguel López Bachero, decano de la Facultad de Ciencias del Deporte.
   Además de José Vicente Rodríguez Muñoz, decano de la Facultad de Comunicación y Documentación; Juan Romera Agulló; decano de la Facultad de Bellas Artes; Enrique Pastor Seller; decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo; David Armero Barranco, decano de la Facultad de Enfermería; Paloma Sobrado Calvo; decana de Óptica y Optometría; y Bernardino Benito López, director de la Escuela Universitaria de Turismo.
   Finalmente, han firmado el documento José Manuel García Carrasco, decano de la Facultad de Informática; Carmen Sánchez Trigueros, directora Centro ISEN Cartagena; y Maria José Torralba Madrid, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena

La Asamblea Regional da luz verde a las expropiaciones forzosas para la urgente reconstrucción de Lorca

CARTAGENA.- El diputado popular, Fernando López Miras, ha presentado este miércoles en la Asamblea Regional la Proposición de Ley para la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, que finalmente ha obtenido luz verde, con el apoyo del PSOE y de IU-Verdes, donde se contempla, entre otras, la potestad "del Ayuntamiento para la expropiación forzosa y su obligación de edificar después".

   También ha indicado que "el agente edificador será Sepes en los procedimientos de reedificación forzosa", así como que "es una Ley necesaria". López Miras ha añadido que "los vecinos deben ser el eje y poder constituirse como agentes edificadores", y que así pues, "la ley aporta celeridad y agilidad".
   Entre las medidas más destacadas está el hecho de que "si al menos el 50% de los propietarios de un inmueble formula un programa de actuación edificadora, sean éstos los adjudicatarios de la actuación".
   O que "si el concurso queda desierto, se designe como agente edificador a cualquier Administración pública u organismo de ella dependiente", así como "se regulan, de forma pormenorizada, las relaciones entre los propietarios y el agente edificador y las consecuencia que genera el impago de las cuotas de edificación".
   De esta forma, se aprueba el dictamen de la comisión de política territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la proposición de Ley reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca, que "aporta soluciones a un problema que están sufriendo los lorquinos".
   Por su parte, el diputado socialista, Joaquín López Pagán, ha indicado que se trata de "una iniciativa adecuada a la realidad que existe en Lorca, que va en la línea de solucionar problemas y no crearlos".
   López Pagán ha añadido que "es necesaria que la respuesta sea rápida y ágil tras esta Ley", y que hace "aportaciones fundamentales en el campo de que se pudiera establecer la edificación forzosa, pero desbloqueando lo que sí quiere la mayoría de propietarios". Y respecto a la participación del Sepes, ha dicho que "los ciudadanos tienen que saber que la obra va a tener buen fin".
   El PSOE ha propuesto enmiendas que van en "la línea de la garantía pública y la proyección de los derechos de los ciudadanos afectados, para los que quieren someterse a la edificación y para los que no, por causas económicas o por lo que sea, para que tengan una salida que no les obligue a someterse a una cuotas que no pueden pagar".
   Se trata pues de "no poner más trabas a los afectados", de que éstos "no tengan que tener garantías hipotecarias para la reconstrucción", aunque todo esto "tendrá sentido si el dinero llega a manos de los lorquinos, que no ha llegado".
   José Antonio Pujante, de IU-Verdes, ha señalado que "las medidas adoptadas por Rajoy afectarán a la Ley que debatimos aquí, porque la subida del IVA coincide con la reconstrucción de Lorca", así como que la Ley "tendrá sentido en la medida de que lleguen las ayudas del Gobierno de la Nación", y de que "se ejecute el plan Lorca".
   IU ha presentado 35 enmiendas a la Ley que han sido rechazadas, siguiendo el marco regulador "de Castilla La Mancha", bajo la premisa de hacer "propuestas que pretendan resolver las situaciones de indefinición", aunque finalmente ha apoyado la propuesta de Ley del PP, que ha calificado Pujante de "necesaria".

Varcárcel asumirá la presidencia de las regiones de Europa sin un solo logro para la suya en quince años


MURCIA.- El jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, asumirá el próximo 18 de julio (fecha coincidente que le complace en extremo por su confesa ideología de extrema derecha), la presidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) para los próximos dos años, tal y como se acordó al inicio de la actual legislatura comunitaria entre los dos grandes partidos continentales, pese a no hablar más idioma que el castellano barroco con fuerte acento  panocho.

   El nombramiento, que se hará efectivo a partir del 13 de agosto, tendrá lugar en el transcurso del pleno del CdR que se celebrará en Bruselas ante la presencia de los representantes de todas las regiones y municipios que integran este órgano consultivo y no vinculante de la Unión Europea.
El nuevo presidente parece que, finalmente, no tomará posesión vestido con el traje típico de la Huerta de Murcia por no ser representativo del conjunto regional.
   Valcárcel será, por otra parte, el primer presidente de una comunidad autónoma española que ocupará el cargo. (Con anterioridad, el socialista Pasqual Maragall ostentó la presidencia, entre 1996 y 1998, siendo alcalde de Barcelona).
Y el primero también que llegue a la presidencia del CdR sin un solo logro para su región en quince años de mandato, lo que supone otro récord todavía por descubrir por parte de la prensa de Bruselas y los corresponsales de toda Europa acreditados ante los organismos comunitarios en plena crisis del proceso de construcción continental bajo inspiración franco-alemana.
En sus constantes y obligadas ausencias de Murcia a partir de ahora, el vicepresidente Juan Bernal ocupará el cargo de Valcárcel en funciones para evitar vacíos de poder al frente de la Comunidad Autónoma hasta mitad de 2014.

Las cajas podrían perder control en bancos tras la ayuda europea

BERLÍN.- Las cajas de ahorro españolas podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española, según se desprende del borrador del Memorándum de Entendimiento acordado entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del sistema financiero nacional.

Según una copia del borrador del MoU -siglas en inglés del documento- a la que tuvo acceso la agencia británica Reuters, España deberá "preparar para finales de noviembre de 2012 una legislación que clarifique el papel de las cajas de ahorro en su papel de accionistas de entidades de crédito con la idea de reducir eventualmente sus participaciones a posiciones de no control".
En todo caso, España deberá ofrecer una hoja de ruta para antes de diciembre de 2012 con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.
La desaparición de los vínculos entre las cajas y los bancos que han creado -y por tanto entre estas entidades financieras y los poderes políticos que durante décadas las han controlado- está en línea con las recomendaciones de un reciente informe del FMI sobre el sector bancario español, cuya larga resaca de la burbuja inmobiliaria ha hecho necesario el rescate por parte de los socios europeos.
Los ministros de finanzas de la zona euro acordaron en la madrugada del martes otorgar a Madrid relajar el calendario de consolidación a cambio de nuevos ahorros presupuestarios y establecieron los parámetros de un paquete de ayuda para los bancos de España, con un máximo de 100.000 millones de euros, y la concesión anticipada de unos 30.000 millones de euros estarían disponibles para fines de julio si hay una necesidad urgente.
Es previsible que estos 30.000 millones de euros, para los que España tendrá que enviar una petición, vayan a cubrir las necesidades de las cuatro entidades en manos del Estado (Bankia, CatalunyaCaixa, NGC Banco y Banco de Valencia).
Aunque las condiciones que se exigen a España a cambio del rescate de su banca son específicas para la banca, el MoU señala que "en paralelo España tendrá que cumplir plenamente sus compromisos y obligaciones bajo el EDP (procedimiento por déficit excesivo) y las recomendaciones para abordar los desequilibrios macroeconómicos dentro del marco del semestre europeo".
Estas condiciones llegan en un momento en el que el Gobierno español se dispone a aprobar una serie de ajustes fiscales que coincidirán previsiblemente con las recomendaciones presupuestarias de Bruselas con el fin de reconducir las cuentas públicas dentro de los límites europeos de déficit.
Los avances en este sentido "se vigilarán estrechamente", dice el borrador del MoU, que añade que habrá un control trimestral -incluyendo visitas al país- del programa de ayuda a la banca a cargo de las autoridades europeas, acompañadas por el FMI.
La recapitalización de los bancos, que finalmente parece que no podrá hacerse de manera directa hasta el año que viene -una vez esté en vigor el supervisor bancario europeo-, se realizará a través del estatal FROB, que recibirá bonos del FEEF (fondo temporal de rescate europeo, que será sustituido posteriormente por el MEDE) para entregárselos a los bancos. Las entidades podrán utilizar estos bonos, que tendrán una vida media de 12 años y medio, para obtener liquidez del BCE, según dijo el ministro español de Economía, Luis de Guindos.
Está previsto que las condiciones finales del crédito al sector bancario español -con un interés que estaría en torno al 3-4 por ciento- se firmen el 20 de julio.
El documento incluye numerosas condiciones a las entidades financieras que reciban ayudas y al conjunto del sector financiero, entre ellas que todas las entidades deberán tener un capital principal Tier 1 -una medida de la solvencia de los bancos- de al menos el 9 por ciento hasta finales de 2014.
Esta exigencia de core capital ya estaba vigente como resultado de las exigencias de la EBA para los bancos sistémicos europeos, entre ellos las cinco mayores entidades españolas -seis teniendo en cuenta la compra de CAM por Sabadell.
En el MoU, las autoridades españolas se comprometen a dar un papel más preponderante al Banco de España, estableciendo una nueva legislación que le transfiera la potestad sancionadora y de concesión de licencias para la banca española.
No obstante, el Banco de España estará controlado muy cerca por la Comisión Europea, con el asesoramiento de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), el BCE y el FMI, que recibirán, con carácter semanal, información sobre el nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, sobre el nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.
En el MoU se establece un calendario para el proceso de recapitalización, con la vista puesta en las pruebas de estrés que se realizarán en la segunda mitad de septiembre y que servirán para dividir, en octubre, a los bancos en cuatro grupos: entidades sin necesidad de capital, las cuatro entidades ya nacionalizadas, entidades que necesitan más capital pero lo pueden captar por sí solas y entidades que necesitan ayuda pública.
Los bancos que reciban ayudas deberán además transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación (el denominado "banco malo", que deberá estar listo antes de que acabe este año), recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y activos no estratégicos, no podrán pagar dividendo y deberán limitar el salario de sus ejecutivos.
Asimismo, aquellos inversores que posean títulos híbridos y de deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán soportar una quita en el valor de sus participaciones.

Beteta recalca que los gestores públicos que gasten sin tener crédito serán inhabilitados

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recalcado que la Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a aquellos gestores públicos que gasten "sin tener crédito para ese gasto", lo que permitirá "eliminar a los malos gestores y de la vida pública".

   Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al encuentro que él y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han mantenido en Madrid con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas. Beteta ha recalcado que "no se puede gastar sin tener dinero" y ha señalado que el mecanismo de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha revelado cómo estas administraciones han ido contrayendo importantes deudas.
   El Gobierno ya había advertido que la Ley de Transparencia contendría este tipo de castigos, pero el Consejo General del Poder Judicial había observado que a la vista de su redacción, la normativa no penalizaba el hecho de gastar por encima de lo presupuestado sino únicamente el falseamiento de las cuentas. Ahora Beteta ha sido más claro y ha subrayado que se inhabilitará a quien gaste sin tener crédito para ello, lo que supondrá "una auténtica revolución".
   Por otro lado, el secretario de Estado ha trasladado que en la reunión de hoy con el vicepresidente andaluz, que ha definido como "intensa en el fondo y con discrepancia en algunas cuestiones", le ha trasladado a éste que la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de las entidades locales pretende "mantener la calidad democrática" de las mismas, que estará inspirada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que contendrá entre sus ejes la idea de una administración, una competencia; la no supresión de ningún ayuntamiento pero sí la de otros entes supramunicipales "que solo hacen que estorbar".
   Además, ha subrayado que la voluntad del Ministerio es tramitar la misma como proyecto de Ley y, por tanto, sujeta a debate y enmiendas en el Congreso; y que se "estudiará" la posibilidad de convocar una Conferencia de Administración Local, "teniendo en cuenta que la competencia que existe entre las diferentes comunidades autónomas es muy asimétrica", debido a las diferencias que los estatutos de autonomía de tercera generación recogen en cuanto a competencias con respecto a los otros anteriores no reformados.
   Beteta no ha aclarado si el proyecto de ley será visto en el Consejo de Ministros de este viernes porque aún está en proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas.
   Por último, el responsable ministerial se ha referido al mecanismo que el Gobierno presentará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves para facilitar a las regiones la colocación de deuda en el mercado y, tras señalar que en la reunión con Valderas no se ha abordado los condicionantes de la propuesta, ha dicho que con el déficit público establecido, en el 1,5 por ciento, las comunidades autónomas ven imposible financiarse o refinanciar deuda, por lo que, una ampliación del déficit es "de difícil justificación".