jueves, 30 de agosto de 2012

El murciano ex consejero de la CAM, Juan Ramón Avilés, comparecerá como imputado tras admitir el juez Gómez Bermúdez una querella del FROB

MADRID.- Siete directivos y trabajadores de Caja Mediterráneo (CAM) declararán como testigos el próximo martes 4 de septiembre en la causa en la que está imputado por delitos societarios y de administración indebida el expresidente de la comisión de control de la entidad, el murciano Juan Ramón Avilés.

Así consta en un auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez cita a declarar como imputado a Avilés tras admitir a trámite una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la que se apuntaba que podría haberse valido de su posición de influencia para concederse a sí mismo créditos de la CAM por valor de 17 millones de euros.

Junto a Avilés deberán comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 representantes de la entidad como Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.

Los otros cuatro comparecientes son Segundo Romero Sánchez, Enrique Carrión Carmona, Vicente Sánchez Asencio y Sonia Torres. El juez, además, ha citado para ese día a los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.

La querella del FROB sostiene que Avilés habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja, que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.

Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.

A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.

Tras la intervención el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Valcárcel obedece y cierra 7RM mientras también peligra 'Onda Regional de Murcia'

MURCIA.- El Gobierno de Murcia ha anunciado la resolución del contrato entre la empresa Televisión Autonómica de Murcia (TAM) y el grupo GTM, concesionario desde su creación en 2006 del canal 7RM, y ha decidido, según dice, "privatizar la gestión de esta televisión, cuya titularidad seguirá siendo pública".

Así lo han anunciado en rueda de prensa el vicepresidente económico del Gobierno murciano, Juan Bernal, y el consejero de Presidencia, Manuel Campos, que han comparecido junto a altos cargos de sus departamentos y el director general del ente público, el inspector de Trabajo José Daniel Martín, tras reunirse con trabajadores de La 7, para anunciarles que ya se van al paro en septiembre.
El contrato con GTM, según Bernal, se rescindirá con fecha 31 de agosto con el objetivo de empezar a trabajar en la redacción de un nuevo concurso de adjudicación del servicio público audiovisual, "que podría resolverse en siete u ocho meses" o mucho más si no acuden postores (de impostores no se habla).
El vicepresidente ha insistido, al igual que el resto de cargos públicos, en que esta decisión obedece exclusivamente a la crisis económica y a las dificultades del Gobierno regional para hacer frente al contrato con GTM.
Así, ha informado Bernal de que la futura concesión será de carácter plurianual y se adjudicará con un presupuesto de quince millones de euros para cada ejercicio, cuando hasta 2010 la financiación media fue de 46 millones anuales y en 2011 se fijó un ajuste de un máximo de 30 millones.
Además, ha señalado que la futura televisión pública de Murcia la gestionará de "forma directa" el sector privado dado que la nueva ley de comunicación audiovisual permite, en sus palabras, una "gestión indirecta pura" por parte de la Comunidad Autónoma.
En cuanto al futuro de los cerca de 300 trabajadores de la empresa GTM, el vicepresidente y el consejero de Presidencia han subrayado para bienpensantes que el objetivo del Gobierno murciano es procurar que se reincorporen, en el máximo número posible, a La 7 cuando se resuelva el nuevo concurso de adjudicación.
No obstante, al ser preguntados por esa posibilidad, han explicado que la legislación del sector público no permite incluir cláusulas en los concursos para subrogar contratos laborales. O sea, que no hay garantía alguna de reincorporación para nadie.
En ese sentido, Juan Bernal y Manuel Campos han querido asegurar para evitar exclusivamente nuevas protestas, que las conversaciones que se iniciarán ahora con GTM, de cara a la resolución del concurso, y el trabajo técnico que emprenderá la Comunidad Autónoma para la convocatoria de la futura adjudicación, tendrán como una de sus prioridades la recolocación de los trabajadores.
En cuanto a las emisiones de este canal a partir del sábado, 1 de septiembre, han informado de que el deseo del ente Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), al que pertenece la empresa pública TAM, es mantener una programación de continuidad por el tiempo que transcurra hasta la nueva concesión.
Preguntados por el tipo de programación en estos meses y por quién se encargará de la emisión, el director general del ente público ha dicho que la idea es que haya "al menos" un informativo y que siga emitiendo GTM porque los contratos "pueden resolverse en parte o en su totalidad".
Ha añadido que, en el supuesto de que los concesionarios se opongan a ese extremo, el propio ente público tiene infraestructura necesaria para emitir informativos y también fondo documental de programación, aunque el grupo GTM es el propietario de las instalaciones de La 7.
Sobre las obligaciones contraídas con GTM, el vicepresidente Juan Bernal ha dicho que la resolución del contrato es la decisión última que ha adoptado el gobierno "entre un grupo de alternativas" y, al ser preguntado por una eventual indemnización al concesionario, ha dicho que el importe de ésta no se fijó en el contrato de servicios.
Por otra parte, respecto a Onda Regional, la emisora pública integrada en RTRM, Juan Bernal ha informado que su dotación presupuestaria actual es de cuatro millones de euros, si bien en el próximo ejercicio se producirá una "reestructuración importante", cuyo alcance no ha precisado y que "lógicamente puede tener incidencia en el personal".
Bernal ha dicho que el Gobierno empezará en septiembre a trabajar en la definición de los presupuestos de la Comunidad para 2013 y que los ajustes afectarán, al igual que al resto de áreas, a la estructura del ente RTRM, que tiene casi 90 empleados públicos.
Manuel Campos, por su parte, ha informado de que el proceso de modificación del modelo de gestión de RTRM se inicia de manera inmediata y se prolongará hasta final de 2012.
Asimismo, el vicepresidente y el consejero se han mostrado convencidos de que el presupuesto de 15 millones fijado por el Gobierno para la nueva concesión hace atractivo el concurso.