sábado, 6 de octubre de 2012

El Gobierno aprueba una polémica Ley de Costas

MADRID.- El Gobierno aprobó finalmente el proyecto de una nueva Ley de Costas que plantea un uso sostenible del litoral español y trata de reforzar la confianza en las actividades económicas costeras, pero que ha contado con la oposición frontal de los grupos ecologistas.

Entre otras cosas, supondrá que los edificios que están a menos de 100 metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo e incluye una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa.
Esta ley modifica la de julio de 1988 que, según el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha demostrado ser ineficaz en numerosas ocasiones.
La ley tiene tres objetivos, según el ministro: "reforzar la protección del litoral conciliándola con actividades económicas sostenibles, (...) reforzar la seguridad jurídica en el litoral, y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica", dijo Arias Cañete durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministro detalló que la ley tratará de proteger las 23.000 ocupaciones no residenciales que generan empleo en la costa española, de las cuales 3.000 corresponden a los denominados "chiringuitos", para los que establecerá concesiones de cuatro años siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral.
El titular de Medio Ambiente dijo que la normativa pretende también ofrecer seguridad jurídica para los titulares de viviendas.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables a otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la norma de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la pasada legislación era un seguro contra la especulación y la corrupción, a pesar de que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
Greenpeace - que hace unos meses denunció que el mantenimiento de las actuaciones inadecuadas en la costa cuestan 100 millones de euros anuales al Estado - calificó la nueva norma de "engaño" y acusó al Ejecutivo de "vender la costa al mejor postor" en un comunicado.
"El Gobierno tenía claro desde la campaña electoral que quería desmantelar el dominio público marítimo terrestre tal y como se ha entendido hasta ahora. Solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades lucrativas en la costa", dijo Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace en una nota difundida tras el anuncio del Gobierno.
Por su parte, el ministro sostuvo que "es una ley que refuerza la prohibición de nuevas edificaciones. Esta ley no es más laxa, no es más tolerante, sino que va a reforzar la prohibición de nuevas edificaciones".
La ley incluye también la llamada "cláusula antialgarrobico", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"Regula la posibilidad que tiene ahora el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles siempre con la última palabra para los tribunales", dijo Arias Cañete.
La ley diferenciará también las playas urbanas de las naturales, incrementando la protección en estas últimas y reduciendo las ocupaciones, agregó.

Más de una cuarta parte de los jueces españoles no son de carrera, sino juristas que cumplen esta labor como sustitutos

MADRID.- Más de una cuarta parte de los miembros activos de la carrera judicial, un total de 1.431 (27,82 por ciento del colectivo) son sustitutos, es decir, juristas ajenos a la carrera judicial que realizan sustituciones en los juzgados.

Así lo destacan los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez y Antonio Dorado en sendos votos particulares discrepantes con un informe aprobado el pasado jueves por este órgano que critica los planes del Gobierno en el estatuto de los jueces, como el recorte de días para asuntos propios de 18 a 12 y la reducción a la "excepcionalidad" de estos jueces sustitutos.
Según destacan estos vocales, esta auténtica "judicatura paralela" está integrada por juristas (la mayor parte abogados) de muy distinto nivel técnico y procedencia que, pese a estar equiparados legalmente a los miembros de la carrera judicial carrera, carecen de normativa orgánica que regule sus servicios.
Así, estos profesionales trabajan y cobran por días trabajados -en régimen de incompatibilidad con otras actividades profesionales-, no consolidan derecho a plaza o puesto de trabajo alguno en la judicatura y, al menos en los Juzgados, son destinados indistintamente a órganos de las diferentes jurisdicciones con frecuencia en una misma semana "lo que provoca no pocas disfunciones y carencias técnicas perfectamente comprensibles.
Pese al "innegable esfuerzo y cualificación" de muchos de estos profesionales, "no puede ignorarse que no parten de la formación inicial común con la que cuentan los jueces de carrera de los distintos turnos y que su régimen laboral es difícilmente compatible con el principio constitucional de inamovilidad de los jueces y magistrados", advierten ambos vocales.
Esta justicia de suplentes tiene un coste económico extraordinario, aunque según Dorado y Gómez Benítez "su eventual reducción a los estrictos términos de lo imprescindible", tal y como planea el Ministerio de Justicia, tendría que ir acompañada de la incorporación a estas funciones de jueces y magistrados titulares, mediante el sistema que propone el Anteproyecto ideado por el Ministerio, pero siembre combinado con "la incorporación de nuevos titulares".

Huelga de hambre / José Coy *

Estoy en huelga de hambre para evitar mi desahucio. Pido cosas sencillas de entender; pido que si me embargan me dejen sin deuda, esto es, la dación en pago. Eso es lo mínimo que pido, poder comenzar de nuevo para poder volver a tener una vida normal y corriente sin ser perseguido de por vida por Cajamar. Para no convertirme en un semiclandestino, en un excluido de por vida.

Pero podría haber otras soluciones distintas a perder la parte de la vivienda que está en proceso judicial, con fecha de subasta para el 31 de octubre y así resolver este calvario que vivimos en mi familia desde que empezó esta crisis, otras fórmulas que ya se están barajando en las negociaciones que representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) están realizando con la entidad bancaria. Un calvario que también afecta a más de 500.000 familias en todo el país, que según el Consejo de Poder Judicial están en riesgo de perder la vivienda entre 2012 y 2015. A ese dato hay que sumarle las 160.000 familias que ya la han perdido desde que empezó la crisis.

Una crisis que no hemos provocado la mayoría de la población, pero que, sin embargo, la estamos pagando con creces en forma de recortes de derechos que ha costado décadas conseguir.

En una manifestación reciente que convocó la asamblea local del 15M en Molina de Segura me encontré con antiguas trabajadoras de la conserva y me decían: «Coy, con todo lo que hemos luchado antes por los derechos y nuestros hijos tienen menos derechos que nosotras». Y así es: antes luchábamos por los convenios y su cumplimiento; ahora, con las reformas laborales, ni siquiera vamos a tener convenios colectivos que defender, porque la tendencia es a individualizar las relaciones laborales, y en ellas regirán los trabajos y salarios precarios. Con ello se perderá fuerza colectiva y nos iremos acercando cada vez más a países del tercer mundo o, lo que es lo mismo, nuestro país volverá hacia atrás varias décadas.

La pobreza extrema se está adueñando de nuestros barrios y pueblos; de hecho, en esta tierra murciana hay ya más de 530.000 personas „un 36% de la población„ que vive por debajo del umbral de la pobreza. La consecuencia de este drama humano las conocen bien miles de abuelas murcianas que están actuando de soporte familiar. Sin ellas, comer y cenar diariamente se haría muy difícil para demasiada gente. Los servicios sociales de los Ayuntamientos y organizaciones como Cáritas también conocen al detalle esta situación.

Miles de frigoríficos están vacíos o casi, porque muchas familias no tiene capacidad por sí solas de adquirir los productos más básicos. La supervivencia diaria se está convirtiendo en un drama social, y lo peor es que nada indica que a corto plazo esta situación vaya a mejorar, más bien lo contrario.

Todo eso en un país donde hay recursos, pero están en muy pocas manos y quienes disponen de ellos y de capitales guardan buena parte en los llamados paraísos fiscales.

¿Y la gente joven? Pues muchos de ellos, sobradamente preparados, con imposibilidad manifiesta de acceder al mercado laboral local. De nuevo, como hicieron muchas de nuestras familias décadas atrás, emigran a otros países o piensan en como hacerlo. Un fenómeno cada vez más creciente. También hay quien no tiene esa suerte por no disponer de las titulaciones requeridas o aunque las tuvieran están empleados „quienes lo estén„ en trabajos inestables, sin derechos y con salarios que ni siquiera les permiten independizarse de sus padres. Juventud sin futuro se llama eso.

¿Y las personas mayores de 45 años? Pues ya se sabe, quienes entran en esa edad al desempleo tienen una enorme dificultad para reinsertarse en el mercado laboral y una parte de ellas, como reconocen diversas estadísticas, ni siquiera lo podrán hacer. Todo eso lo veo demasiado a menudo, como también veo a cada vez más personas recogiendo restos en los contenedores de basura o a las puertas de los supermercados. Esto por culpa de una crisis que han provocado los bancos y la especulacion.

Sí, personas recogiendo restos en los contenedores, como las que veo diariamente desde el lugar donde estoy en huelga de hambre, la parroquia de Santa Rosa de Lima en el Barrio de los Rosales de la pedanía murciana de El Palmar. Como también lo ven las personas de la comunidad de base que me acoge en su parroquia, con el cura Pepe Torner, de la HOAC, a la cabeza. Pero cosas peores se ven con frecuencia, como enfrentarse unos pobres contra otros en los puntos de recogida de alimentos que habitualmente se organiza en el barrio.

¿Qué futuro nos espera? Pues el que como ciudadanía nos queramos dar; la solución la tenemos los pueblos del sur de Europa si somos capaces de movilizarnos de forma global, estable y continuada, buscando un poder ciudadano que hasta ahora no tenemos y que sería la base para recuperar derechos perdidos y frenar los recortes que vienen.

Los Gobiernos tienen que mirar a las personas y no sólo a los bancos, repetimos constantemente desde la PAH. Aplicar políticas que empobrecen a la mayoría social no es el camino. El camino es otro, y ese camino lo tendremos que conquistar la ciudadanía.

(*) Activista de izquierdas

Consiguen la devolución de la prima por un mal asesoramiento en Caja Murcia

ALICANTE.- Un mediador colegiado alicantino se dirigió al Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante para solicitar asesoramiento jurídico sobre el caso concreto de un cliente que había firmado la hipoteca con el banco y, también, las pólizas de seguros que le habían recomendado.

Se trataba de una persona que estaba en el paro y que, según se publica en 'Información', “se vio forzada a suscribir y abonar, por recomendación de Caja Murcia, las pólizas de seguros que permitiesen se le concediera la hipoteca que solicitaba”. Entre estos seguros, concreta el diario, “se formalizó un seguro de desempleo, cuando, obviamente, no es posible la contratación de un seguro de desempleo cuando el asegurado está en paro”. Además, la situación se agravó porque se le sugirió contratarlo “con una prima de cinco años y en un pago único”.

Cuando el mediador tuvo toda la información acudió al Colegio de Alicante, donde desde la asesoría se redactaron todos “los escritos de reclamación oportunos”, que se dirigieron tanto a la entidad que había subscrito el seguros, CASER, según recoge el diario, como a Caja Murcia. Fue CASER quien devolvió la prima al cliente y “se disculpó por escrito de lo ocurrido”.

La información también pone de manifiesto que el Colegio de Alicante, como los de otras muchas provincias, trabajan desde hace tiempo en detectar y recoger información, entre los mediadores colegiados, sobre casos de clientes en los que “la información facilitada por el operador de bancaseguros deja mucho que desear”. 
 
Estos profesionales vienen llamando la atención sobre cómo con la crisis la banca viene incluyendo en la decisión de contratación de los seguros en sus clientes, ya que cuando estos acuden a la entidad financiera para solicitar la aprobación de alguna operación desde la entidad financiera se pone como condición que se la elija como intermediario de sus seguros, lo que hace que el cliente abandone a su mediador.

Por eso desde las instituciones colegiales se aboga por la unión para conseguir lo que de forma “individual sería una meta complicada” y piden a las compañías de seguros que trabajan a través de las entidades financieras que valoren si, viendo este tipo de prácticas, “de verdad quieren verse involucradas en esta forma de proceder”.
 

Elvira Rodríguez, ex diputada del PP por Murcia, asume desde este sábado la presidencia de la CNMV

MADRID.- La nueva presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ex diputada del PP por Murcia y ex ministra, desempeñará su cargo a partir de este sábado en sustitución de Julio Segura, y será quien pilote las decisiones sobre levantar o no el veto a las posiciones cortas y abordará las deficiencias en la comercialización de participaciones preferentes.

   Una de las primeras tareas que deberá afrontar la exdiputada del PP al frente del organismo supervisor será decidir si prolonga la prohibición de las ventas a corto, que expira el próximo 24 de octubre. No obstante, Rodríguez no tomará posesión oficialmente del cargo hasta pasados unos días.
   El mandato de Segura al frente del supervisor bursátil finaliza este sábado, después de cinco años encabezando la CNMV. El presidente saliente del supervisor tiene derecho a una compensación económica de 238.923 euros por su actividad al frente del supervisor desde 2007, y que podría percibir a partir del 6 de noviembre si renuncia a su jubilación, en virtud de la limitación de dos años para ejercer un cargo relacionado con el mercado de valores.
   Rodríguez es Licenciada en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid e Interventora y Auditora del Estado desde 1972. La exdiputada del PP era actualmente presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y vocal de las comisiones de Hacienda y Administraciones Públicas y Presupuestos.
   Rodríguez, de 62 años, respondió a las críticas de la oposición sobre su nombramiento, habida cuenta de su perfil político. "Ser de un partido no significa no poder ser buen presidente", se defendió, para después garantizar su "imparcialidad".
   Precisamente, la Comisión de Economía del Congreso avaló su nombramiento para dirigir la CNMV al considerar que no existe ningún conflicto de intereses.
   Lourdes Centeno, por su parte, ocupará el cargo de vicepresidenta de la CNMV en sustitución de Fernando Restoy, actual subgobernador del Banco de España. 
Centeno desempeñaba desde el pasado mes de diciembre el cargo de secretaria general técnica del Ministerio de Economía.

Las CC.AA. deberán informar cada mes a Hacienda de sus planes de tesorería y los ayuntamientos cada tres

MADRID.- Las comunidades autónomas remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda y Administración Públicas información sobre los planes de tesorería, el personal o ejecución presupuestaria. En el caso de las corporaciones locales, el envío será trimestral y la información se ampliará al grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad.

   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha emitido una Orden Ministerial, que se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las Administraciones autonómica y local faciliten una mayor información económica financiera y con mayor frecuencia, tal y como se contempla en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
   El objetivo es lograr una mayor transparencia y un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, "lo que contribuirá a fortalecer la confianza en la economía española y refuerza los compromisos europeos adquiridos", según Hacienda.
   La orden define el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de información económico-financiera a suministrar por las Administraciones Territoriales a la Administración General del Estado que se encargará de su publicidad.
   Por primera vez, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contará con información referida a: planes de tesorería; número de efectivos y costes asociados al personal al servicio de estas administraciones; información presupuestaria más completa y adelantada en el tiempo sobre marcos presupuestarios, líneas fundamentales del presupuesto, proyectos de presupuestos, presupuestos efectivamente aprobados, sus posibles modificaciones y su ejecución.
   Asimismo, se regulan los plazos y el contenido de la información económico-financiera de estas Administraciones que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas colgará en su página web.
Por primera vez, se van a publicar, mensualmente para las Comunidades Autónomas y trimestralmente para las Corporaciones Locales, información sobre la ejecución presupuestaria o el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Igualmente, se dará publicidad a los planes económicos financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste.
   En la orden ministerial publicada en el BOE hay un endurecimiento de las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión, dando lugar a un requerimiento y la aplicación de las medidas prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
   La orden establece que será la intervención general, o unidad equivalente, quienes centralicen la información tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como en las Corporaciones Locales.
   El primer informe mensual de los datos de ejecución presupuestaria será publicado en octubre, referido a julio y agosto. A partir del mes siguiente el periodo de referencia será mensual. A partir de 2013 se publicará también en términos de contabilidad nacional la información de CCAA, lo que representa un avance fundamental en el seguimiento continuo y control de las cuentas públicas.

El Gobierno regional elimina la figura del Defensor del Pueblo

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha estudiado, en su sesión de este viernes, el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Ordenación del Sector Público de Murcia para el próximo ejercicio, conocida como Ley de Acompañamiento, en la que se recoge la extinción de la figura del Defensor del Pueblo de la Región y de la Entidad Pública del Transporte. 

   Las competencias en materia de quejas a los ciudadanos serán ejercidas por la Comisión de Peticiones de los Ciudadanos de la Asamblea Regional, lo que garantiza la "adecuada" protección de los intereses de los ciudadanos ante el funcionamiento de las Administraciones públicas.
   Este proyecto se ha acordado remitirlo al Consejo Económico y Social y al Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus preceptivos dictámenes.
   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien prevé que la cuantía a ingresar por las modificaciones tributarias que se incluyen en dicho texto sea de unos 6,6 millones de euros.
   En concreto, en materia tributaria el documento incluye una serie de modificaciones, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se deroga el tramo autonómico de la deducción estatal por inversión en la compra de vivienda habitual, en consonancia con la medida anunciada por el Gobierno de la Nación de eliminación a partir del 1 de enero de 2013 de dicha deducción. Del mismo se estima una recaudación de 4,5 millones de euros.
   Mientras que en lo referido a Tributos sobre el juego, el efecto económico, según Bernal, se estima en dos millones de euros como consecuencia de la modificación de los tipos impositivos; y la repercusión que se prevé por la actualización de tasas regionales, como en ejercicios anteriores, asciende 45.000 euros.
   En este apartado de tasas regionales, se incorpora la de inscripción y realización de las pruebas de conjunto en las enseñanzas deportivas de régimen especial y por la apertura de expediente académico en las enseñanzas de Arte Dramático, Danza, Música, Deportivas y de Diseño.
   Bernal ha explicado que en Tributos sobre el juego se modifican los tipos impositivos en las apuestas, la regulación del impuesto regional sobre los premios del bingo, para dotar de una mayor cantidad neta a los premios, y sobre la gestión administrativa del padrón de máquinas recreativas.
   Asimismo, el texto incluye diversas modificaciones tributarias, para adaptarlas a la normativa estatal, se reordena el sector público regional mediante la creación y extinción de varios entes y se refuerza el control del sector público como garantía del equilibrio financiero de la Administración regional.
   En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elimina el requisito de que el donante tenga que estar ejerciendo funciones de dirección para poder aplicar la reducción autonómica en la base imponible por la adquisición inter vivos de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
   También se recoge la regulación del sector público autonómico, dando cumplimiento a lo previsto en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de mayo de 2012.
   Preguntado sobre la posibilidad de futuras desapariciones de otros entes, como el del Consejo Económico y Social, ha indicado que en esta ley "vienen lo que serían los organismos cuya supresión tiene que hacerse por ley".
   "Hay otro tipo de decisiones sobre el sector público empresarial que requieren acuerdos del Consejo de Gobierno y no modificación de una ley y, por tanto, entre sus tareas pendientes el Consejo de Gobierno tiene que estudiar una reordenación del sector público empresarial que viene fijada en el Plan de Reequilibrio, y es uno de los compromisos que adquirimos por nuestra adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)", ha argumentado.
   Por ello, ha confirmado que será en próximos Consejos de Gobierno cuando "se revisen algunos organismos, entes públicos, teniendo que ser sometido al análisis y decisión de dicho Consejo".
   La reordenación del sector público regional conlleva la creación y extinción de diversos entes públicos. Por una parte, se crea la Agencia Tributaria de la Región de Murcia como organismo autónomo que permitirá racionalizar la actual estructura de la Administración tributaria autonómica y en la que se integrarán las funciones de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Regional de Recaudación, con la consiguiente supresión de ambas.
   Se crea el Ente Público Empresarial Instituto del Turismo de la Región de Murcia, en el que se unifican las funciones atribuidas a la Dirección General de Turismo y a la empresa pública Región de Murcia Turística, S.A., lo que supone la supresión de éstas y su integración en el nuevo organismo.
   Y se crea el Ente Público Empresarial Instituto de las Industrias Culturales y las Artes la Región de Murcia, en la que se unifican las funciones atribuidas en la actualidad a la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes y a la empresa pública Murcia Cultural S.A., con la consiguiente eliminación e integración en el nuevo organismo.
   El régimen competencial de avales y garantías al sector privado se reordena, concentrándose todas las competencias dirigidas a la financiación de la economía productiva en el Instituto de Fomento. El Instituto de Crédito y Finanzas queda como órgano ejecutivo de la Administración regional y su sector público, para la gestión del endeudamiento público.
   Al respecto, Bernal ha avanzado que esta ley estará en vigor cuando "supere su tramitación parlamentaria y sea aprobada", desvelando que la nueva regulación sobre avales "presumiblemente estará en funcionamiento el 1 de enero de 2013".
   Mientras tanto, ha subrayado, "los avales que hay solicitados se están tramitando por su vía ordinaria y, en este sentido, en el que afecta al aval por el proyecto de Paramount está dentro del Icref y sigue en situación de análisis".
   La Ley de Acompañamiento introduce un refuerzo del control del sector público regional, con el fin de regular las relaciones económicas y presupuestarias para garantizar el equilibrio financiero de la Administración regional. Se refuerzan las competencias, en materia de Hacienda, para dictar instrucciones de obligado cumplimiento sobre presupuestos, control y optimización del gasto, contratos-programa, políticas de personal, contratación y control del gasto público.
   Estas medidas afectan a los entes públicos, entes fundacionales y consorcios, y demás entidades vinculadas o dependientes del sector público regional, que deberán elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en términos de equilibrio financiero o superávit presupuestario, con la obligación de remitir periódicamente información sobre su evolución.
   Asimismo, en estas medidas de control del sector público se recoge la regulación del régimen jurídico de los puestos directivos de máxima responsabilidad, para su homologación con la Administración General, prohibición de indemnizaciones, aplicación del régimen jurídico de incompatibilidades y principio de responsabilidad en su gestión.

Los 250 trabajadores de 7RM suspendidos de empleo recibirán una indemnización de 30 días por año

MURCIA.- Los 250 trabajadores de 7 Región de Murcia suspendidos de empleo recibirán una indemnización de 30 días por año más un complemento, después de que los empleados de la Televisión Autonómica llegaran a un acuerdo este jueves en una asamblea y firmaran este viernes la Carta de Preaviso de Despido, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Álvaro Pintado.

   De este modo, este jueves los trabajadores celebraron una referéndum para aceptar la propuesta de despido ofrecida por la empresa GTM, una votación que salió adelante con 168 votos a favor y 33 en contra, ya que 49 personas no asistieron a la asamblea convocada por los trabajadores.
   Pintado ha señalado que "mientras este viernes se firmaba el Preaviso de Despido, que se hará efectivo el próximo jueves 11 de octubre con la firma del finiquito, la empresa preparaba la transferencia de la indemnización de los 250 trabajadores".
  Los abogados que han ejercido la defensa de los trabajadores han sido Antonio Sempere y Fermín Gallego.
Propuesta
El portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, José María Ortega, ha instado al Gobierno regional a que cree una bolsa de trabajo con los empleados despedidos de la televisión autonómica pública, 7RM.    Ortega ha indicado que realizó esta propuesta en el Consejo de Administración de Radio Televisión Región de Murcia (RTRM) celebrado el jueves y contó con el apoyo del resto de miembros de ese organismo.
   Según la propuesta de IU-Verdes, las empresas que se comprometan en su oferta a contratar personal de esta bolsa de trabajo tendrá más puntos a la hora de obtener la adjudicación del servicio en un nuevo concurso.
   La citada bolsa incluirá en una primera fase a los desempleados de la 7RM, a los que se añadirían los trabajadores de Onda Regional de Murcia, también perteneciente a RTRM, en caso de que alguno de ellos sea despedidos.
   El dirigente de la federación de izquierdas ha señalado que no comparte la privatización de la televisión autonómica pública por la que apuesta el Ejecutivo regional, si bien ha matizado que en esta situación "hay que realizar propuestas que palien en parte las consecuencias negativas de los despidos".

El gasto del Fogasa en prestaciones ascendió a 37,7 millones en la Región de Murcia hasta septiembre

MADRID.- El gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en prestaciones se situó en 1.166,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 2,85% más que en el mismo periodo de 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, en Murcia el desembolso ascendió a 37,7 millones.

   De esta forma, hasta septiembre, el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, ha consumido algo más del 93% de su presupuesto para 2012, que rondaba los 1.250 millones de euros.
   Del gasto total efectuado entre enero y septiembre, 383,9 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que 782,2 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 5,4% más.
   Hasta septiembre, el Fogasa abonó 443,8 millones de euros, un 3,8% menos, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.
   Por su parte, el organismo dedicó algo más de 464,7 millones, un 2,3% más que hasta septiembre de 2011, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).
   Asimismo, destinó 257,5 millones de euros, un 18,1% más, a pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa.
   Un total de 198.574 trabajadores recibieron prestaciones por parte del Fogasa en los nueve primeros meses del año, un 4,5% más, en tanto que las empresas afectadas por los expedientes resueltos por el organismo fueron 91.294, un 8% más.
   Cataluña fue la Comunidad Autónoma en la que mayores pagos se efectuaron, con 274,9 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (147,7 millones), Andalucía (136,5 millones), Madrid (119,6 millones) y País Vasco (92,9 millones).
A continuación se situaron Castilla y León (65,8 millones), Galicia (58,6 millones), Castilla-La Mancha (51,6 millones), Aragón (40,5 millones), Murcia (37,7 millones), Canarias (30,5 millones), Asturias (26,2 millones), Navarra (20,09 millones), Baleares (19,4 millones), Cantabria (15,09 millones), Extremadura (14,4 millones), y La Rioja (12,5 millones).

Moody's rebaja la calificación de los bancos controlados por el FROB

MADRID.-   La agencia de calificación Moody's ha rebajado la calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los cuatro grupos bancarios controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y sujetos a reestructuración.

   Según un comunicado, la agencia de medición de riesgos ha rebajado la calificación de Bankia, su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Banc Catalunya, Banco NCG y Banco de Valencia.
   La calificación de la deuda subordinada y productos híbridos de los cuatro grupos bancarios, todos ellos clasificados como Grupo 1 en el marco del Memorando de Entendimiento firmado por los miembros de la zona euro en julio de 2012, queda degradada a 'C'.
   La agencia de calificación adopta esta decisión teniendo en cuenta las "muy elevadas" pérdidas previstas ya que el Gobierno "planea imponer pérdidas a los propietarios de estos instrumentos".
   Asimismo, Moody's rebaja la calificación de la deuda senior y calificaciones de depósitos de Banco de Valencia de B3 a Caa1 por "el mayor riesgo para los acreedores principales" por el proceso de reestructuración contemplado en el Real Decreto 24/2012.
   Las restantes calificaciones de deuda y las evaluaciones crediticias independientes de los bancos del Grupo 1 antes mencionado permanecen en revisión para una posible rebaja, en línea con la revisión que la agencia realizará para la rebaja a Baa3 de la calificación de la deuda pública de España.
   Al concluir el examen de Bankia, BFA, Banc Catalunya y Banco NCG, Moody's tendrá en cuenta la conclusión de la revisión de la calificación soberana de España, así como el impacto de la reestructuración de estos bancos.

La producción industrial en la Región de Murcia crece un 7,8% en agosto

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de agosto de 2012 creció un 7,8 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registra un descenso del 3,1 por ciento, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   El sector que más ha influido en el aumento interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de la energía con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del 44,6 por ciento y una repercusión en el índice general de 7,649. También presentan repercusión positiva los bienes de consumo no duradero con una tasa interanual de 8,0 por ciento y repercusión de 3,064.
   En sentido contrario, presentan repercusiones negativas los bienes intermedios con una tasa de -6,4 por ciento y repercusión de -2,355, la producción de bienes de equipo con un -8,4 por ciento de variación y una repercusión de -0,456 y, por último, la producción de bienes de consumo duradero con una variación interanual de -3,1 por ciento y una repercusión de -0,072.
   En el análisis por ramas de actividad, la mayor repercusión positiva la registra el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 44,7 por ciento y una repercusión de 7,671.
   Se registran las mayores repercusiones negativas en la metalurgia y fabricación de productos metálicos con una variación de -18,9 por ciento y un -1,473 de repercusión seguida de otras industrias con una tasa interanual de -19,7 por ciento y una repercusión de -1,004.
   Se observa que las ramas de actividad que más han aumentado su producción con respecto al mes de agosto del año anterior son el suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado y refino de petróleo (44,7 por ciento) y las industrias extractivas (18,5 por ciento).
   Presentan, por otro lado, las mayores variaciones interanuales negativas la industria del cuero y el calzado con un -22,3 por ciento y la fabricación de bebidas con un -22,0 por ciento.
   El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta una variación de 0,2 por ciento respecto al mes de agosto de 2011.

El alcalde de Lorca está ingresado por una "leve isquemia transitoria"

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, fue ingresado este jueves en el Hospital Rafael Méndez como consecuencia de un episodio generado por una "leve isquemia transitoria", lo que consiste "básicamente en que ha dejado de pasar en algún momento de terminado oxígeno al cerebro", según el parte médico hecho público por los facultativos que le atienden.

   Los médicos, que le están realizando las pruebas pertinentes, han precisado que el alcalde está bien, asintomático y se recupera bien, por lo que podrá recibir posiblemente el alta y regresar a su trabajo cotidiano en un plazo de 48 horas "si no hay otra cosa", según informaron fuentes del Consistorio.
   Todo ello, al margen de las pruebas que se le realicen por parte del equipo médico, según las mismas fuentes, que explican que el plazo "probablemente se ampliará".
   Respecto al origen de este episodio de isquemia, los médicos han reconocido que no saben por qué está provocado, pero que "todo el mundo conoce el ritmo de trabajo del primer edil, sobre todo en los últimos meses", que es "super alto".
   Las mismas fuentes municipales explican que si los niveles que arrojen los análisis sobre colesterol, azúcar y otras cosas, son normales, "lo único que puede deparar un caso así es un episodio de estrés prolongado".
   Al parecer, el alcalde se sintió indispuesto este jueves, con un poco de dolor de cabeza, y llegó el momento en el que decidió acudir por iniciativa propia al Hospital Rafael Méndez para ser atendido por los servicios médicos del citado centro hospitalario.
   El Ayuntamiento ha precisado que los servicios médicos que le tratan, este episodio no reviste gravedad y se trata de una consecuencia del estrés y del intenso trabajo llevado a cabo por Jódar durante los últimos meses.
   "Todos los ciudadanos de Lorca son testigos del ritmo de trabajo del alcalde de Lorca, que se ha intensificado en las últimas jornadas por los sucesos por todos conocidos y por la dedicación total y absoluta de Jódar a esta ciudad", añade el comunicado.
   El Consistorio ha reiterado que este episodio "no reviste gravedad y que el alcalde "se encuentra recuperándose acompañado por su familia". En este sentido, el Ayuntamiento mantiene contacto telefónico con él de manera constante y les ha comunicado que se encuentra bien y que su deseo es "recuperarse cuanto antes para poder retomar su agenda".
   El Consistorio lorquino ha activado los trámites administrativos correspondientes para que el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Félix Montiel Sánchez, supla al alcalde de manera accidental mientras éste se encuentre en reposo.
   Desde el Ayuntamiento de Lorca han pedido "el máximo respeto a la intimidad del alcalde en estos momentos" y agradecido por adelantado "las muestras de cariño y amistad que seguro recibirá".